La Alianza Centroamericana Frente a la Minería, ACAFREMIN, se suma a las manifestaciones de repudio por la arbitraria detención de 11 defensores y una defensora de los bienes comunes en el Departamento de Colón por parte de las instituciones judiciales del gobierno hondureño encabezado por Juan Orlando Hernández -JOH-.
Según testimonios del Comité en Defensa de los bienes Comunes y Naturales de Tocoa, 32 defensores y defensoras del medio ambiente han sido requeridos por el Ministerio Público hondureño con cargos fabricados de privación injusta de libertad, robo en perjuicio de Santos Hernández Corea, incendio agravado en perjuicio de la Empresa los Pinares, y asociación ilícita en perjuicio de la seguridad del Estado Hondureño.
Las denuncias que líderes y lideresas ambientales han hecho es contra la Empresa Los Pinares y al gobierno municipal de Tocoa por permitir el inicio de operaciones sin consulta previa a las comunidades afectadas y demandan que la municipalidad realice un cabildo abierto, requerido por la ley, para determinar un acuerdo con dicho proyecto. También han denunciado que, en octubre de 2017, el Congreso Nacional de Honduras, reformó el decreto No. 127-2012, que declara al Parque Nacional "Montaña de Botaderos" como área protegida, con la finalidad de reducir su zona núcleo y ampliar la zona de amortiguamiento para beneficiar la expansión del proyecto minero.
La persecución judicial por parte del Ministerio Público pone en evidencia la campaña sistemática de descalificación pública, violencia y represión ejecutada por políticos y empresarios locales, cuerpos de la policía y unidades militares en complicidad con la seguridad privada de la empresa minera Inversiones los Pinares contra aquellos que se oponen el proyecto minero Buena Vista I, propiedad del empresario Lenir Pérez.
La principal preocupación de los pobladores de Tocoa es la inminente destrucción de reservas ecológicas dentro del Parque Carlos Escaleras, conocido previamente como Parque Nacional Montaña de Botaderos, donde nacen los ríos Tinto, Mame, Monga, Cuaca, San Pedro, Guapinol, Tocoa, Taujica, Bonito, Izquierdo y Rio Chiquito; fuentes hídricas que alimentan de agua potable a las regiones de Tocoa y La Abisinia.
Como organización que buscan avanzar el interés público y la defensa de los bienes comunes, repudiamos los procesos irregulares en la obtención de licencias, el rompimiento del orden constitucional al reformar una ley para aprovechamiento de bienes comunes por intereses privados, el abuso del poder judicial y las violaciones a los derechos desatadas contra defensores y defensoras ambientales del Comité en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales de Tocoa.
Por lo establecido anteriormente, las organizaciones de la Alianza Centroamericana frente a la Minería:
• Demandamos la inmediata libertad de defensores y defensoras: Tulio Ramos, Reynaldo Domínguez Ramos, Juan Antonio López, José Eugenio Esquivel Villeda, Juventino Cruz Hernández, Ally Magdaleno Domínguez Ramos, Juan Manuel Cruz Hernández, Juan Francisco Cruz García, José Santos Hernández, Leonel George , José Adalid Cedillo Mendoza, Lourdes Elizabeth Gómez Rodas.
• Hacemos al gobierno de Juan Orlando Hernández, las autoridades Judiciales de Honduras responsables por la integridad física y moral de defensores y defensoras detenidos.
• Nos solidarizamos con las comunidades y las familias de defensores y defensoras ante esta campaña de criminalización judicial.
• Exigimos un cese a la criminalización sistemática de defensores y defensoras de territorios y sus bienes naturales y el cumplimiento por parte del gobierno hondureño a las recomendaciones emitidas por distintas instancias internacionales que garantizan la labor por defensa de derechos.
• Hacemos un llamado a la comunidad internacional, principalmente a las instituciones que velan por los derechos humanos y organizaciones sociales a emitir expresiones de solidaridad y estar vigilantes por el cumplimiento de la Justicia.
San Salvador, 26 de febrero de 2019
