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Ante el nuevo escenario político del país, asociaciones manifestaron su preocupación sobre el nuevo gobierno de El Salvador, para que este ceda ante presiones de la industria minera e instituciones financieras multinacionales.

FOTO Equilibrium

 Organizaciones que integran la Alianza Centroamericana Frente a la Minería Metálica (ACAFREMIN), UNES y CRIPDES, manifestaron su opinión sobre la reciente elección presidencial, señalando que para El Salvador, el nuevo presidente electo, Nayib Bukele, ha puesto en alerta al cumulo de organizaciones sociales, religiosas y ambientales que han luchado para lograr la prohibición de la minería metálica.

De acuerdo con miembros de las organizaciones, a nivel regional, Centroamérica permanece como un destino de inversión atractivo y rentable para empresas mineras transnacionales, inducidas por un comportamiento favorable de los precios internacionales de metales; los compromisos adquiridos en tratados comerciales y la implementación de un régimen económico por los gobiernos locales.

 “El territorio centroamericano no permite la viabilidad del tema minero. Centroamérica es un corredor biológico, centro y origen de especies, es patrimonio de la humanidad y estamos amenazados a la voluntad de querer cambiar un modelo económico que según los estudios no nos deja nada”, manifestó Julio González, miembro del Colectivo ecologista Madre Selva.

 Según los hallazgos de un estudio realizado por ACAFREMIN, la industria minera no aporta beneficios económicos significativos para la región. El aporte del sector minas y canteras al PIB total, entre los años 2006 y 2016, osciló en un promedio anual de 0.26% para El Salvador a 1.26%. La contribución de las exportaciones, en relación con las exportaciones totales, indican que el país mantuvo contribuciones promedias de 0.05%.

En vinculación a la prohibición minera, los asociados esperan que el presidente electo trabaje con todos los partidos representados en la Asamblea Legislativa por la aprobación de una Ley General de Aguas que garantice la administración pública del recurso hídrico y priorice condiciones para el consumo humano mientras se regula de manera adecuada el uso comercial e industrial.

Noticia Orginal: Periódico Equilibrium

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