A tres años del fallo del CIADI a favor de El Salvador, y a dos años y medio de la aprobación de la ley, “todavía hay deudas pendientes para el Estado”, afirman las organizaciones.
“En este proceso de resistencia hubo víctimas. En el marco de la violencia que generaron las empresas (mineras) y su estrategia de amendrentar a los que estábamos al frente, dejaron como saldo lamentable 4 muertos, entre ellos mi hermano, Marcelo Rivera”. Esto expresó Miguel Rivera, hermano del líder ambientalista asesinado el 18 de junio de 2009. Junto con Dora Sorto y Ramiro Rivera, son considerados mártires de la lucha antiminera en el país.
“Este es uno de los temas pendientes, tenemos derecho a saber la verdad”, asevera Miguel, ante la falta de investigación sobre este caso por parte del sistema de justicia, por lo que pide no quedar en la impunidad.
La exploración minera en El Salvador dejó también graves daños ambientales en diferentes partes del territorio. En la zona nor oriental, decenas de ríos terminaron envenenados por cianuro y otros metales pesados. Las exploraciones en Cabañas por parte de la transnacional minera Pacific Rim secó varios mantos acuiferos, dejando sin agua a centenares de familias, según han constatado diversos estudios de organizaciones sociales, organismos internacionales y han confirmado las mismas comunidades.
Y fue precisamente la canadiense Pacific Rim, ahora Oceana Gold, quien al no obtener respuesta para continuar con la exploración minera, demandó en 2009 al Estado Salvadoreño ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, por 250 millones de dólares.
Luego de un litigio de siete años, el 14 de octubre de 2016, la resolución del CIADI absolvió al país de pagar una millonaria suma, y determinó que la empresa debía pagar 8 millones de dólares por costes procesales. Meses después, llegó otra de las victorias de esta resistencia, y quizás la más significativa: La aprobación de la Ley contra la Minería Metálica, aprobada el 29 de marzo de 2017.
A tres años del fallo del CIADI a favor de El Salvador, y a dos años y medio de la aprobación de la ley, “todavía hay deudas pendientes para el Estado, las cuales no se han cumplido”, dice Rodolfo Calles, de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería Metálica, ACAFREMIN, quienes junto a otras organizaciones ven con preocupación que muchos de los mandatos de la ley aún no se cumplen, por ejemplo, piden un plan de cierre técnico de minas abandonadas que evite la continuidad de la extracción minera artesanal y provea alternativas económicas sostenibles.
Rubia Guardado, de CRIPDES, lamenta que la ley tampoco cuente con un reglamento para su aplicación. Asegura que las comunidades de El Salvador “hacen un llamado a las instituciones correspondientes, para que también dejen un presupuesto y se pueda aplicar (la ley). Sabemos que el reglamento ya está, y tampoco se ha aplicado, y para ello se necesita presupuesto”.
Las organizaciones hacen un llamado al El Estado a reafirmar su compromiso de mantener a El Salvador como el primer país de la región que prohíbe la industria minera extractivista en todas sus modalidades; y que redoble los esfuerzos para garantizar la protección del medio ambiente, además de mantener al país libre de cualquier amenaza minera.
Fuente: ARPAS
