En 2017 El Salvador se convirtió en el primer país en el mundo en aprobar una ley contra la minería metálica, pero aún quedan temas pendientes, que ya deberían haber sido superados.
La presencia de la industria extractiva en el país dejó una estela de violencia. “Hubo víctimas, muertes lamentables, entre esas la de mi hermano Marcelo Rivera. Un tema pendiente es el esclarecimiento de ese horrendo crimen y de quiénes estuvieron detrás de esa campaña de muerte, quiénes maquinaron para que estos compañeros no estén ya con nosotros” cuenta Miguel Rivera defensor ambiental en cabañas contra la minería.
Organizaciones que pertenecen a la Alianza Americana Frente a la Minería Metálica, ACAFREMIN (ADES, CRIPDES, UNES) hacen un llamado a que las instituciones estatales correspondientes retomen su responsabilidad en el cumplimiento de la ley contra la minería metálica, en todos sus aspectos.
La lucha contra las empresas extractivistas en El Salvador fue ganando terreno cuando las organizaciones sociales y civiles comenzaron a reclamar directamente a la empresa Pacific Rim/Oceana Gold por los daños ambientales causados en el país, sobre todo en el departamento de Cabañas.
En 2017 El Salvador se convertiría en el país que marcó un hito en la lucha ambiental, pero todo este esfuerzo dejo pérdidas materiales, económicas y muerte de ambientalista en el país, la victoria aún falta complementarla, según los activistas.
Uno de los representantes de CRIPDES, Rodolfo Calles, apunta que el cumplimento de la ley aún está a medias, ante el incumplimiento de ciertas cláusulas
“Logramos un triunfo en contra de la Pacific Rim, casi nunca un Estado le gana a una empresa trasnacional, pero le dio la posibilidad de ganarle la demandan por el Estado ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas), eran casi 3.000 millones de dólares, ese suceso le dio más fuerza a la resistencia antiminera del país. El 27 de marzo del 2017 aprueban la ley y fuimos el primer país que prohíbe la minería, el país blindó sus bienes naturales con esta ley. Pero dos años después todavía hay deudas pendientes del Estado, la ley específicamente le daba de plazo, le corresponde al Ejecutivo que hagan esa diligencia, para reconvertir en otro actividad económica eso también está pendiente”, dijo Calles.
Algunos de los temas pendientes para el cumplimiento de la prohibición minera, incluyen; el resarcimiento de víctimas de violencia por la muerte de cuatro defensores ambientales en Cabañas, el cierre técnico de minas y las alternativas económicas y sostenibles para pobladores de San Sebastián y prevenir la contaminación de la minería transfronteriza.
Organizaciones como ACAFREMIN y la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, también siguen insistiendo en que la ley actual se cumpla a cabalidad, en todos sus aspectos, y no a medias.
La representante del Comité de Comunidades Rurales de Chalatenango (CCR), Rubia Guardado, dice que el cierre de minas debe ser de inmediato, debido a los daños al ambiente, como el agua de quebradas y ríos en todo el país.
“Hacemos un llamado al gobierno central y las instituciones correspondiente a que cumplan con el cierre de minas, eso no se ha hecho, sabemos también que el reglamente interno esta y no se ha aplicado según la ley, se necesita un presupuesto, pero todavía no se cuenta, para aplicar la ley según su reglamento. Como comunidades exigimos al nuevo gobierno que deje un presupuesto para que apliquen la ley de minería en EL Salvador y los cierres de minas, que son una deuda pendiente de 25 minas que contaminan los mantos acuíferos”, señaló la activista.
El litigio ambiental a nivel internacional se ha catalogado como un hito para el pueblo salvadoreño en el tema de la lucha ambiental contra las empresas mineras.
El ambientalista de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), Luis González hace un llamado a estar pendiente del cumplimiento de la ley ante un posible retroceso.
“Gracias al pueblo salvadoreño, se abrió el momento para prohibir la minería metálica, pero esto no nos debe de poner en un estado de tranquilidad, la amenaza de la minería metálica aún continua. La ley que la prohibió se puede fácilmente derogar, pedimos que se hagan las acciones tendientes, que se le dé cumplimiento a lo que falta a implementar y nos preocupa fuertemente las declaraciones del Estado en las inversiones en temas económicos que puedan afectar al país, hay muchas leyes ambientales que existen pero que no se cumplen, la ley Ambiental, ley Foresta y ley de riego que no se le da monitoreo y cumplimiento”, detalló González.
En las últimas semanas las organizaciones sociales y ambientales se han mostrado preocupadas ante el tema ambiental, por lo que aseguraron seguir presionando para que las leyes funcionen a cabalidad.
Original: Vanguardia
