Protección y legislación sobre el recurso hídrico
Andrés Mckinley, especialilsta en los temas de agua y minería y catedrático universitario de la Universidad Centroamericana (UCA), conversa con Vatican News sobre la realidad del agua en El Salvador y Centro América. Desde su experiencia, insistió en la necesidad de proteger el recurso hídrico, así como ratificar la legislación para considerarlo un derecho humano.
La consideración del agua desde el enfoque de derechos humanos se enfrenta hoy con la visión del agua como mercancía. Esta última visión contempla el derecho de propiedad sobre el recurso hídrico, así como sobre los procesos de su producción, distribución recolección y depuración. Esta visión es discriminatoria porque afecta a quienes tienen menos recursos económicos para poder adquirirla.
El docente universitario planteó en la entrevista, la relación del agua con otras realidades, como el uso del recurso en la agricultura, en la industria y comercio, así como por la población en general. Subrayó que “El Salvador sufre una crisis dramática de agua”, por lo que considera urgente una legislación que ratifique el agua de calidad, como un derecho de acceso universal, así como la necesidad de leyes secundarias que regulen los usos particulares.
Después de más de doce años de lucha
Mckinley considera que él, como los colectivos e instituciones de las que participa, siguen la lógica de la incidencia política, “la lucha propositiva”, que “No es una lucha de resistencia, no es una lucha solo de consignas, no solo de marchas en la calle, sino una lucha basada en la presentación de propuestas de políticas públicas y la elaboración de campañas con una variedad de estrategias”. En este sentido, en 2017, la UCA, la Conferencia Episcopal, las Iglesias protestantes y numerosos gremios ciudadanos presentaron un proyecto de Ley General de Aguas. Esta no fue considerada para aprobación por parte de la Asamblea Legislativa.
Tres años después, han presentado un nuevo proyecto que retoma aspectos consensuados de la propuesta anterior, así como aportes del Ministerio del Medio Ambiente (MARN). Mckinley subraya que la presentación al Congreso “Tuvo mucha cobertura y generó comentarios de diferentes sectores apoyando la propuesta”. Para el catedrático esto significa “un salto en términos de unidad de la sociedad civil para hacer avanzar un proyecto de ley”.
El agua y la necesidad de políticas públicas
Para Mckinley, la agenda ambiental debe contener al menos tres elementos: el primero, la defensa y aplicación de la ley contra la minería metálica. “El Salvador es el único con una ley que prohíbe la minería metálica”, las empresas mineras no aceptan esta decisión soberana y están tratando de revertir esta decisión, por eso, afirmó: “Hay que defender esa ley, hay que garantizar que el gobierno implemente esa ley”.
El segundo elemento es considerar el agua como un derecho humano. Y recuerda que esto no está reflejado en la constitución. “Estamos luchando por la ratificación de una reforma constitucional que reconoce el agua como un derecho humano”, pero reconoce que “la gran empresa en El Salvador no quiere regular el uso del agua. Están cómodos sin regulación del agua, porque eso les permite seguir sobreexplotando y contaminando el agua como lo han venido haciendo a través del tiempo”.
El tercer elemento es la aprobación de una ley general de agua, “que permitiría la buena gestión y gobernanza del sector hídrico” y que permita “regular este recurso tan esencial para la vida y para la viabilidad del país”.
Participación de la sociedad en la preservación del recurso hídrico
Mckinley evidencia que el 97 por ciento del territorio salvadoreño está deforestado y los suelos están destruidos por prácticas agrícolas inadecuadas y aunque la cantidad de lluvias es alta, no se recargan los acuíferos porque que el agua fluye hacia el mar. A este hecho se añaden las actividades económicas que amenazan el medio ambiente, así como propician la sobreexplotación de los acuíferos. La intervención del Estado en crear conciencia entre la población de que el país es viable solo si pone atención a la situación medioambiental es otro elemento a tener muy en cuenta.
El docente de la UCA considera que el papel del Estado es importante, pero “hay algunas instituciones, como las iglesias que pueden jugar, y de hecho lo hacen, un gran papel en la protección del medio ambiente. No hay institución con más poder de generar conciencia en el país que la Iglesia. El Papa Francisco con su Laudato Si ha mostrado su interés por los temas medioambientales. La Iglesia local tiene que asumir su papel en este sentido”.
Aunque el resto de países centroamericanos poseen marcos legales reguladores del recurso hídrico, un mayor acceso de la población al agua y medidas de saneamiento más eficaces, todavía hace falta acercar más esas bondades a los sectores más vulnerables de la población. Los poderes locales y transnacionales no renuncian a considerar el agua como una mercancía con la cual pueden lucrarse.
