En el caserío Los Naranjos, Carlos Alberto Barahona, de 38 años, rompe en llanto al recordar el giro de 90 grados que dio su vida hace ocho años, luego de diagnosticarle Insuficiencia Renal Crónica (ERC), una afectación en sus riñones que le impide filtrar normalmente la sangre de los desechos del organismo.
“Me siento débil y me duele la vesícula, estoy (en control) en el Hospital Rosales, que me da los medicamentos y es difícil para mí, ahora que no hay transporte; es dura la situación que paso porque he perdido citas y otros tratamientos y me ha dicho el doctor que hasta que pase la pandemia me van a atender”, relató.
El Bajo Lempa cuenta con tierra rica en nutrientes y biodiversidad, que para los pequeños productores era un buen lecho para el cultivo de granos básicos, que han ido perdiendo por la expansión de cientos de manzanas de caña de azúcar, que les ha arrebatado la seguridad alimentaria al quemar sus siembras por las fumigaciones de agroquímicos, altamente tóxicos; las quemas de rastrojos que acaban con los nutrientes que continúan y la extracción excesiva del agua de riego de las plantaciones.
De sus recuerdos, Carlos Alberto comentó que fue una mañana tomando su desayuno cuando se descompuso y decidió consultar en una clínica comunal, en donde le informaron que su cuerpo estaba inflamado. Le remitieron al hospital nacional Santa Teresa, Zacatecoluca, para más evaluaciones y colapsó antes de su ingreso.
“Fue hasta que llegó la doctora y me dijo que tenía Insuficiencia Renal (rompe en llanto)… Eso fue duro para mí, no es fácil esa situación y me refirieron al Hospital Rosales a diálisis cada 8 días, pero me dio una infección que, por muchos antibióticos, no la podían sacar. Después me pusieron el catéter blando y me mandaron a casa para que yo me haga las diálisis, en un cuartito que debe estar estéril; tengo que firmar en el Rosales para que me manden los líquidos de la diálisis”, explicó.
Atado de por vida a realizar como un ritual cuatro diálisis diarias, los siete días de la semana, Carlos señaló que se las aplica la primera a las 6 de la mañana, luego a las 12 del mediodía; la tercera es a las 3 de la tarde y la última a las 9 de la noche, que es la bolsa más grande, para dormir con tranquilidad. La diálisis, según textos médicos, es una terapia renal que se utiliza para proporcionar un “remplazo artificial a la función que pierde el riñón”.
Las afectaciones de la salud de las comunidades del Bajo Lempa, en especial los hombres que se dedican a las labores del campo o que venden su fuerza de trabajo a fincas cañeras, ha sido la motivación de la lucha social de CRIPDES, ACAFREMIN y MOPAO, que trabajan con las comunidades y que señalan la elevada incidencia de casos, pero es ignorada en el marco de la Emergencia Nacional por la pandemia de COVID-19 y un sistema de salud desmantelado.
Bernardo Belloso, coordinador de proyectos del Programa Ambiental de la Región CRIPDES-San Vicente, señaló que las afectaciones que sufren los pobladores de las comunidades del Bajo Lempa, y zonas costeras del país, subyace en el monocultivo de la caña de azúcar.
“Las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal inundaron muchas zonas del Bajo Lempa, como en esta laguna Los Conejos, que dejó peces y camarones, pero también se reconcentra los agroquímicos y metales pesados que contamina aguas superficiales y subterráneas. Y la población está haciendo uso de esta agua. Actualmente, han fallecido personas por insuficiencia renal, pero en los hospitales les aplican el protocolo por COVID-19, para tapar esta realidad”, señaló.
Sobre las condiciones de salud de más de veinte comunidades en el cantón San Carlos del Bajo Lempa, Belloso consideró que al limitar el acceso a la salud, como se había establecido a través de los Equipos Comunitarios de Salud Familiar (ECOSF), ya que algunos han sido cerrados, el Gobierno estaba determinando subsistencia de miles de personas en vulnerabilidad social y económica.
“Si el Gobierno central sabe que aquí tenemos problemas con personas con insuficiencia renal, qué le costaría desarrollar un programa, un plan, un centro de atención para esta población, porque la gente no tiene recursos económicos para ir cada tres días al Hospital Rosales a hacerse sus diálisis. Nosotros estamos preparando un muestreo de casos a través de las juntas comunales que nos informan de casos y en los últimos meses hay 2 o 3 personas por comunidad y, claro, mucha gente al no tener información ignora que la padece”, refirió.
Asimismo, abogó por la aplicación de ordenanzas municipales, leyes y regulaciones como el uso de “agroquímicos”, al considerar que muchos de los que circulan y venden agroferreterías han sido prohibidos en otros países por su alta toxicidad y peligrosos hasta en su manipulación por contaminantes.
José Arnulfo Alvarado aún se encuentra impactado al saber que sus riñones no funcionan normalmente del todo; “mi creatinina (funcionamiento de los riñones) anda en 4 y, cuando llegue a 7, es para las diálisis y de allí no tendré para dónde agarrar”, reflexionó al señalar que tiene esperanza de que se construya un centro de salud para atender a la población.
“Yo trabajé en una sandillera regando veneno, medio nos caía en la mano y nos pelaba la piel y, claro, nosotros sin botas, máscaras o guantes para proteger la nariz o los ojos, en ese tiempo así nos tocó; tenía 13 años cuando comencé y, luego, pase a trabajar en los cañales y allí los venenos eran más fuertes como el Paracuat y Glifosato, ahora no soporto esos olores, ese veneno sí mata”, expresó.
CRIPDES, MOPAO y ACAFREMIN reiteraron el llamado a aplicar el marco jurídico vigente, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), y dejar de otorgar permisos a los ingenios azucareros a ampliar el parque del monocultivo de la caña de azúcar en el país.
Original: Diario CoLatino
