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Comunidades del municipio de Tecoluca, en San Vicente, denunciaron ser afectados por las malas políticas del gobierno en la gestión por la pandemia covid-19.

Representantes de CRIPDES en conferencia de prensa.

Con las comunidades también participaron la Asociación Para El Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN) y la Asociación ECOS El Salvador, quienes denunciaron impactos ambientales en la salud de las personas causadas el uso de agrotóxicos.

La quema de caña de azúcar y la explotación indiscriminada del agua por parte de la expansión del monocultivo de la caña en el territorio y la mala gestión del Covid-19, han profundizado los impactos de la salud y economía familiar en habitantes de las comunidades de Tecoluca, San Vicente.

El municipio de Tecoluca se ha caracterizado por ser uno de las más pobres de El Salvador; se estima que el 50% de la población local viven en condiciones de pobreza relativa o extrema.

El representante de ECOS El Salvador, Carlos Flores, manifestó que el sustento de la mayoría de los residentes del Bajo Lempa depende de la agricultura de subsistencia, incluida la producción de granos, hortalizas en pequeña escala, pesca y ganadería.

Sin embargo, señaló que estas formas de sobrevivencia se encuentran amenazadas no solo por la expansión agresiva de la industria cañera, sino también por la vulnerabilidad ambiental causada por la susceptibilidad de la región a los impactos del cambio climático y el calentamiento global.

Las comunidades de Bajo Lempa en Tecoluca sufren de las más altas tasas de prevalencia de casos de enfermedad renal crónica (ERC) e insuficiencia renal crónica (IRC) en el país, equivalente a 61.9 personas por cada 100 mil habitantes, de acuerdo a miembros de la comunidades existe hasta un miembro por familia con este padecimiento. Prevalencia que de acuerdo al informe NefroLempa elaborado por el MINSAL está fuertemente ligada al uso de agrotóxicos y las malas prácticas en producción del monocultivo de caña.

Ante esta realidad las comunidades y organizaciones exigieron lo siguiente:

  1. Al Gobierno Central y las municipalidades reactiva el protocolo de atención a las personas que sufren ERC e IRC de manera de evitar que siga empeorando su situación de salud y la economía de las familias.
  2. A los Ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y Agricultura y Ganadería a establecer regulaciones al uso del suelo y el agua para el cultivo de caña de azúcar de manera de controlar la expansión desordenada del mismo.
  3. Al Gobierno y a la Asamblea Legislativa a que suscriban y ratifiquen de manera urgente el Acuerdo de Escazú de manera que se facilite la participación, acceso a información pública y a la justicia ambiental.
  4. A la alcaldía municipal de Tecoluca la implementación efectiva de la “Ordenanza Municipal para Protección del Medio Ambiente con Énfasis en La Regulación de Cultivos de Caña de Azúcar, En El Municipio de Tecoluca, Departamento de San Vicente” la cual regula las practicas dañinas del monocultivo de caña de azúcar.

Original: Verdad Digital

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