“En las emergencia de la pandemia del coronavirus y la emergencia por las inundaciones de las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, las personas con enfermedades crónicas han sido los más afectados y afectadas”, argumentó, Bernardo Belloso, de CRIPDES, al señalar el aumento en los costos económicos por el traslado de los pacientes renales a los establecimientos de salud o compra de medicamentos en San Salvador.
Las comunidades del municipio de Tecoluca en San Vicente, la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), la Alianza Centroamericana frente a la Minería (ACAFREMIN) y la Asociación ECOS El Salvador denunciaron el impacto en la salud y el medioambiente, causados por la industria cañera que se encuentra diseminada a lo largo del territorio nacional.
Belloso agregó que el uso indiscriminado de agrotóxicos (herbicidas, madurantes, plaguicidas), la quema de caña de azúcar para eliminar malezas o alimañas y la sobre explotación de los mantos acuíferos para riego del monocultivo de la caña de azúcar mantiene a la población rural que se mantiene de la agricultura de subsistencia en una situación comprometida con su salud.
“Con la cuarentena domiciliaria, los costos que se tienen por paciente se han triplicado, porque los vehículos particulares piden 40 o 50 dólares, para venir al hospital a la consulta o el tratamiento de diálisis. ¿Qué hace la gente? pues vende sus pocas pertenencias y así cubre los gastos. Y si bien los atienden, creemos que la lejanía que existe y en muchos casos, cuando no se da prioridad al paciente, empeora su estado de salud. Creemos que debe de hacerse una investigación y generar una política (pública) y protocolo de atención a personas con enfermedades renales, acercando ese servicio a la zona rural”, afirmó Belloso.
Sobre la denuncia señalaron, además, que el municipio de Tecoluca, en San Vicente, ha sido clasificado como uno de los más pobres de El Salvador, al afirmar que el 50 % de la población local se encuentra en la condición de pobreza relativa a extrema. Y que la mayoría de esa población se mantiene por la agricultura de subsistencia entre granos básicos o pesca.
Sonia Hernández (CRIPDES San Vicente) manifestó que las comunidades del Bajo Lempa en Tecoluca, además de sufrir las tasas más altas de prevalencia de casos de Enfermedad Renal Crónica (ERC) con 61.9 personas por cada 100,000 habitantes (Informe NefroLempa y MINSAL) se ha identificado que este padecimiento está vinculado con el uso de agrotóxicos y malas prácticas en la producción de la caña de azúcar.
“A pesar de las demandas de las comunidades, las autoridades competentes, como los ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y Agricultura y Ganadería y gobiernos locales, no han tomado acciones claras para mejorar la calidad de vida de la población. En particular, en Tecoluca, esta industria destruye la biodiversidad, extrae altas cantidades de agua y contaminan con agrotóxicos la salud de la población y no acatan las ordenanzas municipales y la normativa ambiental de país”, afirmó.
Sobre la contaminación, Carlos Flores (ECOS El Salvador) señaló que es por dos vías: la primera es por agrotóxicos y su regulación, por lo que consideró necesario llevar la discusión de nuevo a la Asamblea Legislativa y superar el veto presidencial (2013) al decreto legislativo en materia de prohibición de los 54 agrotóxicos más contaminantes de uso en el país; que por presión de la industria cañera y empresas importadoras de estas sustancias, que quedaron sin regulación.
“La segunda vía de contaminación es por el avance de la cuña salina, que ocurre cuando de manera descontrolada se extrae agua de los acuíferos costeros. Si tenemos de frente todo el mar y extraemos toda el agua dulce de los acuíferos, cuya agua es menos densa que la salada, ese espacio sin agua dulce la ocupará el agua salada, lo que contamina los pozos de las familias, que deben consumir agua salinizada y esto tiene un impacto en la salud de la gente, por esto debemos de regular el agua con una ley, que debe ser rígida con su uso, porque es toda la agroindustria y la ganadería la que afecta a la población”, recalcó.
Asimismo, Flores opinó que la expansión del cultivo de la caña de azúcar, que sobrepasa las 120,000 manzanas de las mejores tierras del país, que según documentan varias organizaciones ambientalistas está ocupando casi el 30 % del agua disponible del territorio, termina generando impactos negativos al medioambiente y la población.
“El llamado es este: evitar que la gente se siga deteriorando con Insuficiencia Renal Crónica, que en el marco de la pandemia no la han atendido debidamente y las muertes las han reportado por el protocolo COVID-19, cuando no ha sido así. Y para evitar que la gente se siga enfermando con esta contaminación, se debe atender y cumplir con las leyes existentes”, indicó.
Asimismo, CRIPDES, ACAFREMIN y ECOS El Salvador pidieron a la Asamblea Legislativa y Gobierno suscribir y ratificar de manera “urgente” el Acuerdo de Escazú, a fin de facilitar la participación ciudadana, el acceso a la información pública y la justicia ambiental.
Original: Diario Co Latino
