Campaña de criminalización a los derechos humanos.Un juez decidió procesar este martes al periodista guatemalteco Carlos Choc y a tres activistas indígenas contra una empresa minera suiza por supuestamente haber cometido detenciones ilegales en contra de trabajadores de la mina en mayo de 2017.
El único de los cuatro procesados que fue enviado a prisión preventiva fue el presidente de la Gremial de Pescadores de El Estor, del nororiental departamento de Izabal, Cristóbal Pop, pues el juez Aníbal Arteaga aseguró que existía “peligro de fuga”.
Sin embargo, el periodista Choc y los pescadores y activistas Vicente Rax y Tomás Che fueron “beneficiados” con medida sustitutiva de prisión domiciliar con la obligación de firmar cada 30 días ante el Ministerio Público (Fiscalía) y les prohibió consumir bebidas alcohólicas ni ingresar a sitios donde las vendan.
El abogado del periodista, Francisco Vivar, miembro del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, lamentó a Acan-Efe la decisión del juez de procesar a su defendido y a los activistas indígenas, pues incluso la Fiscalía indicó durante la audiencia de este martes que tras haber analizado el expediente estos no encontraron medios de prueba suficientes.
El juez Arteaga adujo que sí había indicios razonables para enviar a prisión a Pop y procesar a Choc, Rax y Che sin profundizar en su argumento, comentó el abogado.
Vivar expuso que el juez fue “muy escueto” en sus explicaciones, lo cual le pareció “raro”, además detalló que le puso a la vista un documento que comprobaba que el periodista se encontraba trabajando para la Municipalidad de El Estor (a más de 230 kilómetros de la capital del país) el día de la supuesta detención, “pero el juez no lo tomó en cuenta”.
El proceso contra Choc, corresponsal del medio Prensa Comunitaria, “afecta y restringe el derecho de libre emisión del pensamiento y su libertad de prensa”, afirmó Vivar.
El juez ordenó a la Fiscalía que profundice en la investigación preliminar en un lapso de 3 meses y fechó la próxima audiencia para el 9 de mayo.
Según las pesquisas que había expuesto el Ministerio Público inicialmente, el 3 y 4 de mayo de 2017, los cuatro imputados bloquearon una carretera de El Estor y retuvieron de forma ilegal a trabajadores de la mina Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de la empresa suiza Solway Investment Group.
Según el abogado del periodista, los manifestantes habían bloqueado la ruta para que las autoridades los escucharan y pusieran atención a la denuncia de la contaminación del Lago de Izabal y el caudal de Río Dulce, lo que afecta a los pescadores artesanales.
Más de 20 días después, los pobladores, activistas y pescadores realizaron otra protesta y bloquearon nuevamente la carretera, ante lo cual la Policía Nacional Civil desplegó un fuerte operativo con unos 500 agentes que terminó con un manifestantes muerto y seis policías heridos de bala.
Noticia original: Contacto Hoy
