La elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones, sentencias sobre funcionamiento de la hidroeléctrica Renace y de la mina a cargo de la compañía Guatemalteca de Níquel, son algunas resoluciones que deja pendiente el magistrado Bonerge Mejía por falta de tiempo y la emergencia sanitaria por el coronavirus, y que la magistrada Gloria Porras tendrá que gestionar.
Gloria Porras asume este martes 14 de abril la Presidencia de la Corte de Constitucionalidad (CC), la última de esta magistratura, en sustitución de Bonerge Mejía. A principios del próximo año se llevarán a cabo elecciones y designaciones para elegir a los nuevos magistrados, cinco titulares y cinco suplentes, para un período de cinco años.
La magistrada asume la Presidencia en medio de una emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, que lleva en Guatemala más de 160 contagios y cinco fallecidos.
Durante su gestión se deberá emitir sentencia sobre la elección que tiene que hacer el Congreso de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones, quienes este 13 de abril cumplieron seis meses al frente de sus judicaturas de manera interina.
Durante su presidencia al frente de la CC, Porras también tendrá que emitir sentencia sobre las operaciones de la Hidroeléctrica Renace, la cual se ubica en San Pedro Carchá, Alta Verapaz.
Aunque las operaciones no están suspendidas, está pendiente de que se emita sentencia en apelación sobre la misma.
Los comunitarios obtuvieron un amparo de la CSJ en la que se establece que se violó el derecho de consulta establecido en el convenio 169 de la OIT. La empresa asegura que al momento de otorgarle el permiso aún no estaba vigente el convenio.
Otra de las resoluciones que tiene que emitir la Corte es la sentencia sobre las operaciones de la mina Fénix, que se ubica en El Estor, Izabal, a cargo de la Compañía Guatemalteca de Níquel.
La CC otorgó amparo provisional al revocar la resolución de la CSJ del 7 de marzo de 2018.
La directora ejecutiva del Movimiento ProJusticia, Carmen Aída Ibarra, indicó que el reto de la magistrada Porras en la presidencia de la Corte de Constitucionalidad será lograr sentencias definitivas en temas sensibles por la coyuntura política que había antes de la pandemia.
“Hay rumores en el Congreso de que están tratando que haya una resolución pronta para que la elección pueda tener lugar en el Congreso en medio de la emergencia sanitaria y así se reduce el impacto político de las decisiones que tome, pero no sabemos la decisión que vaya a tomar la Corte”, explicó Ibarra.
La experta en temas de justicia indicó que Porras siempre fue cuestionada por su cercanía con Sandra Torres, y que de hecho ella fue electa no solo por tener un respaldo de la embajada de Estados Unidos y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), sino porque contaba con mucha condescendencia de parte de la UNE de Torres, pero que no se sabe cómo está Porras con la nueva situación de esa agrupación política.
“No se puede indicar que ella por sí sola haya maniobrado, como se le atribuye la Corte de Constitucionalidad en pleno, porque para asuntos constitucionales se requieren de siete votos y no basta con solo su voto. Ella -Porras- ha estado liderando ciertas corrientes internas dentro de la Corte, eso sin duda es cierto, y si bien tiene mucho peso su criterio, de toda, manera, se requiere del concurso de otros magistrados para concretar las resoluciones”, añadió la experta.
Ibarra afirma que Porras cierra dos períodos en la CC que han sido importantes para el país, aunque a muchos no les perezca por ser partidarios de una interpretación muy restrictiva de la Constitución. “Las dos Cortes han legado al país una serie de disposiciones que han sido buenas para la democracia”, añadió.
“Ella -Porras- junto a Roberto Molina Barreto y Alejandro Maldonado Aguirre cuando eran amigos y no estaban en bandos contrarios, hicieron aportes muy importantes al orden constitucional, a la vigencia de Derechos Humanos y a la interpretación de cómo se debe adecuarse las políticas públicas”, explica Ibarra.
“En ambas magistraturas hay resoluciones en la que es posible confiar y que si bien molestan a algunos en términos concretos están haciendo valedero los límites que deben tener el poder político en el país”, refiere.
Original en Prensa Libre
