La crisis sanitaria y económica no detuvo a la industria extractiva ni tampoco a quienes se resisten a dichos proyectos. En Santa Rosa, las comunidades modificaron sus estrategias de resistencia para cumplir con el distanciamiento social; mientras en El Estor, Izabal, la Compañía Guatemalteca de Níquel, encontró una forma de operar pese a las restricciones legales.
Instalaciones de la mina CGN en el Estor, Izabal.
FOTO: CARLOS SEBASTIÁN
El 12 de marzo pasado, para contener los contagios de COVID-19, el gobierno de Alejandro Giammattei suspendió, con algunas excepciones, las labores del sector público y privado. Entre esas excepciones no se encontraban las industrias extractivas.
Luego el Acuerdo Ministerial 141-2020 del Ministerio de Energía y Minas (MEM), estableció que las empresas mineras podían operar entre las 5:00 y 17:00 horas. Solo con la prohibición de hacerlo durante el toque de queda total del 22 al 25 de mayo. Durante ese tiempo estas compañías debían permanecer cerradas, a menos que realizaran “servicios mínimos de mantenimiento de calderas, hornos, equipos conexos y de seguridad en sus instalaciones”.
Justo ese fin de semana, en las instalaciones de una mina ocurrió algo.
En la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), una mina con licencia para explotar níquel, cobalto, hierro, magnesio y cromo, ubicada en el municipio de El Estor, departamento de Izabal, horas después de que esa restricción empezara, murió una persona.
El pasado 23 de mayo, la empresa publicó un comunicado de prensa para informar sobre el fallecimiento de Raúl Alberto Pacay, geólogo que trabajaba como técnico minero y supervisor. Según información de medios locales, falleció arrollado por una motoniveladora.
“Raúl se encontraba supervisando al equipo de trabajo que, debido a las fuertes lluvias de anoche, daban mantenimiento a un camino interno dentro de nuestras instalaciones que lleva al área de mina”, dijo la CGN en su comunicado.
En ese mismo comunicado la CGN, hace pública la justificación de sus operaciones y describe que “las empresas que tienen calderas, hornos y equipos conexos pueden seguir operando con los servicios mínimos o necesarios de mantenimiento”, aunque el MEM dice de forma literal que “se pueden hacer servicios mínimos de mantenimiento”.
“La empresa hizo una interpretación dolosa del acuerdo para seguir operando y el Ministerio de Energía y Minas lo permitió”, dijo el abogado Rafael Maldonado, quien representa a la Gremial de Pescadores de El Estor.
Operar pese a la CC
Esta no es la primera vez que la compañía encuentra una forma para continuar con la extracción de minerales pese a órdenes de legales o gubernamentales de frenar operaciones.
Hace casi un año, el 18 de julio de 2019, la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió de forma temporal las operaciones de la CGN porque el Estado no consultó a las comunidades ubicadas en su zona de impacto, tal como lo ordena el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al cual está suscrita Guatemala.
La empresa nunca paró sus operaciones. En octubre de 2018 Mynor Álvarez, representante de la CGN, dijo a Nómada que no se detuvieron porque ellos tienen “miles de operaciones” y la CC, en su resolución, no especificó cuál de todas debían suspender.
El abogado de la gremial de pescadores, Rafael Maldonado, presentó un documento en la Corte de Constitucionalidad donde denuncia la inacción del Ministerio de Energía y Minas, ya que no ha desarrollado ninguna acción administrativa y durante todo el año 2020 tampoco han realizado alguna verificación en el área.
Maldonado pide a la CC que solicite un informe al Ministerio de Energía sobre las acciones que ha tomado para que se cumpla con la suspensión de la licencia minera Fénix, con la que opera la CGN.
Por su parte, el Ministerio informa que no han tomado ninguna medida para hacer cumplir la orden de la CC de suspender las operaciones porque no cuentan con la “ejecutoria de la sentencia”.
Alrededor de la mina también hay protestas por trabajo, por recontratación y por mejoras laborales.
Victor Bin es parte de un grupo de 30 personas que fueron despedidas de la mina en febrero. En las últimas semanas han estado manifestando y bloqueando caminos en El Estor para exigir que la CGN les pague el 50% del salario de los meses que no han trabajado, ya que señalan que fueron despedidos sin justificación. Las manifestaciones también se dan por parte de empleados que exigen mejoras de seguridad y aumentos salariales ya que cada técnico minero gana el salario mínimo. También hay protestas de vecinos que exigen una oportunidad de empleo.
Hasta el momento no se ha reportado ningún caso de coronavirus en el municipio de El Estor. En otras regiones del departamento de Izabal, el último dato actualizado señala que hay 44 personas infectadas.
Por su parte la CGN publicó. en redes sociales. fotografías de sus trabajadores repartiendo víveres entre vecinos de El Estor.
La mina San Rafael
En Santa Rosa, donde está ubicada la planta de la Minera San Rafael, subsidiaria de Pan American Silver, la situación es diferente. Según datos del Ministerio de Salud, en ese departamento se han detectado 100 personas con diagnóstico positivo de coronavirus.
El el territorio está asentada la comunidad Xinca, cuyas estrategias de resistencia a la actividad minera cambiaron debido a la crisis sanitaria.
Kelvin Jiménez, abogado del Parlamento Xinca, explica que uno de los campamentos que bloqueaba una de las rutas de acceso a la mina, fue levantado para cumplir con las medidas de distanciamiento social implementadas para prevenir contagios de COVID-19. Actualmente solo hay dos personas en plantón permanente las 24 horas horas del día.
Aunque el proyecto minero sigue suspendido, Jiménez denuncia que personas de la compañía han repartido víveres y han recolectado nombres y números de DPI de los vecinos. El abogado teme que esos datos sean utilizados para aparentar que la población está a favor de la empresa.
La empresa niega tener esa intención. En una carta firmada por Brent Bergeron, Vicepresidente Senior de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Pan American Silver, asegura que la compañía recibió muchas solicitudes de apoyo de la comunidad y que están respondiendo con donaciones de alimentos y suministros sanitarios y médicos.
“Esta ayuda humanitaria se proporciona sin condiciones, incluida la intención de utilizar la aceptación de esta ayuda como una indicación del apoyo de la comunidad a la mina Escobal”, asegura Bergerson en el documento.
Jiménez explica que sí ha percibido apertura de parte de las nuevas autoridades del Ministerio de Ambiente, ya que antes de que iniciara la crisis por COVID-19, se reportaron avances en el proceso de consulta comunitaria ordenado por la Corte de Constitucionalidad.
Se espera que cuando se levanten las restricciones sanitarias se retome la discusión alrededor de la consulta.
Informe mundial
Lo que está pasando en Santa Rosa e Izabal se repite en otras regiones del mundo.
Esta semana se publicó un informe que analiza cómo la industria minera de diferentes regiones del mundo ha operado durante la pandemia de COVID-19 y qué efecto ha tenido en los trabajadores y sus comunidades. La investigación fue elaborada por las organizaciones Earthworks, Institute for Policy Studies, Global Economy Program, London Mining Network, MiningWatch Canada, Terra Justa, War on Want, y Yes to Life No to Mining.
Una de las conclusiones del informe es que las personas afectadas por la minería ya enfrentan otras pandemias, no solo sanitarias, sino económicas, de violencia, de militarización y de captura corporativa. Frente a esto, las restricciones para resguardar la salud de la población también limitan las posibilidades de proteger los recursos naturales que rodean sus comunidades, como en el caso de Santa Rosa y la Minera San Rafael.
“Los protectores de la tierra y el agua se ven obligados a permanecer en sus casas para proteger su salud y la de sus comunidades. Corren un riesgo aún mayor de sufrir violencia, persecución legal y represión”, señala el documento.
Sobre Santa Rosa, el estudio recoge la declaración de Luis Fernando García Moroy, representante del Parlamento Xinca:
“El COVID-19 no es la única crisis que estamos enfrentando. Durante una década las comunidades afectadas por la mina El Escobal han luchado para proteger su salud frente a las actividades mineras”.
Según el documento, más de 3 mil trabajadores mineros en 18 países han reportado brotes en sus campamentos mineros, lo que hace temer que el virus se propague entre las poblaciones vecinas ya vulnerables por enfermedades preexistentes.
“(Las compañías) siguen explotando a pesar de los riesgos que corren los trabajadores y las comunidades, así como impulsando proyectos no deseados en contra de la voluntad de las personas afectadas”, concluye el documento.
El informe puede ser descargado aquí.
Original: Nómada
