Los recursos interpuestos por comunidades y una ONG han detenido las operaciones de tres grandes minas de Guatemala en los últimos años, lo que afianza la reputación del país como una de las jurisdicciones mineras menos favorables del mundo.
Tres años después de la suspensión de la licencia otorgada a la operación de plata, plomo y zinc Escobal, de Pan American Silver, BNamericas analiza las principales sentencias judiciales que han afectado a las minas desde 2013 y las perspectivas para los activos.
Las impugnaciones —que también han trabado la mina de níquel Fénix de Solway Investment Group y la operación de oro Tambor de Kappes, Cassiday & Associates (KCA)— han girado en torno a la falta de consultas previas a comunidades indígenas, requisito que exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Pero si bien Guatemala ratificó el convenio en 1996, representantes de la industria afirman que aún no se establece el reglamento para el procedimiento de consulta, lo que redunda en una incertidumbre constante.
CRONOLOGÍA DE DICTÁMENES JUDICIALES DE GUATEMALA
2013
4 de abril: El Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprueba una licencia minera para Escobal.
24 de julio: La ONG local Calas dice que la licencia minera de Escobal queda suspendida como resultado de un fallo judicial. Tahoe Resources responde que el permiso sigue siendo completamente efectivo.
2014
15 de enero: Tahoe declara la producción comercial de Escobal.
2016
24 de febrero: La Corte Suprema ordena la suspensión de actividades en la mina de oro Tambor, de KCA, ante el recurso judicial que interpuso Calas.
2017
24 de mayo: Calas interpone un recurso judicial para anular la licencia minera de Escobal bajo el argumento de que no se consultó a grupos indígenas en violación al Convenio 169. Tahoe dice que la pretensión carece de mérito, ya que no hay comunidades indígenas dentro de la mina ni en sus alrededores.
1 de junio: La Corte de Constitucionalidad confirma la suspensión de la mina Tambor, afirmando que las comunidades locales no fueron consultadas para otorgar la licencia minera.
19 de junio: Manifestantes en el municipio de Casillas bloquean la carretera principal que une Ciudad de Guatemala con la mina Escobal.
5 de julio: La Corte Suprema emite un fallo provisional que suspende la licencia minera de Escobal en respuesta a la impugnación interpuesta por Calas. Tahoe suspende las actividades en la mina y dice que apelará.
10 de septiembre: La Corte Suprema restablece la licencia minera de Escobal, pero ordena una consulta. La mina permanece paralizada debido a un bloqueo continuo. Calas apela el fallo en octubre.
2018
15 de enero: Tahoe despide a 250 empleados en Escobal culpando a los retrasos en la apelación de Calas contra la decisión del máximo tribunal de Guatemala de restablecer la licencia de la mina.
8 de marzo: La Corte de Constitucional pide más estudios antropológicos para redactar un dictamen sobre la suspensión de la licencia minera de Escobal.
24 de mayo: KCA confirma que presentará una demanda de arbitraje de US$300mn por la suspensión de la mina Tambor, lo que según dice redundó en una serie de actos y omisiones por parte del Estado que fueron arbitrarios, injustos y contrarios al debido proceso.
4 de septiembre: Casi un año después de la apelación de Calas, la Corte de Constitucionalidad confirma que la licencia minera de Escobal seguirá suspendida mientras el MEM no realice una consulta conforme a las normas del Convenio 169 de la OIT.
7 de septiembre: Tahoe señala que la resolución de 554 páginas de la Corte de Constitucionalidad allana el camino para reactivar la producción en Escobal, pero el cronograma sigue sin estar claro.
7 de noviembre: Tahoe contabiliza un deterioro de US$170mn en Escobal debido a que la reativación será posterior a lo previsto, la cual la compañía espera a fines de 2019.
14 de diciembre: KCA presenta su demanda de arbitraje ante el Banco Mundial por la suspensión de Tambor.
2019
22 de febrero: Pan American completa la adquisición de Tahoe Resources.
19 de julio: La Corte de Constitucionalidad ordena la suspensión de la mina de níquel Fénix, de Solway, luego de que comunidades indígenas en el municipio de El Estor interpusieran un recurso. Las operaciones continúan, y Solway dice más tarde que el MEM no ordenó legalmente que el proyecto dejara de operar.
2020
22 de junio: La Corte de Constitucionalidad confirma la suspensión de la mina Fénix mientras no se realice una consulta bajo las normas del Convenio 169 de la OIT, lo que se espera dentro de 18 meses. Solway detiene las actividades de explotación en Fénix, optando por fuentes de minerales alternativas.
PANORAMA
Es probable que las minas Escobal y Fénix permanezcan paralizadas por algún tiempo a raíz de las sentencias judiciales, mientras que el recurso de arbitraje de KCA sigue adelante.
Pan American ha resistido constantemente a la presión para que proporcione alguna estimación sobre el momento en que reativará Escobal, que se producirá tras la consulta en cuatro etapas que lleva a cabo el MEM.
Ya se completó una revisión dentro de la primera etapa, mientras que la consulta previa —de la segunda etapa— está en curso, dijo Pan American en mayo de 2019.
Sin embargo, surgen dudas sobre la consulta formal (etapa tres), puesto que el presidente Alejandro Giammattei, quien asumió el cargo el 14 de enero, indicó que aún no se han establecido las reglas de aplicación del Convenio 169 de la OIT.
También es probable que hayan retrasados debido a las medidas de bloqueo aplicadas por el gobierno ante la pandemia.
Solway ha dicho que está solicitando más aclaraciones sobre el último fallo judicial que suspende las operaciones en Fénix.
Fuentes alternativas de mineral le permitirán continuar con la producción de su planta de procesamiento ProNico.
Un aspecto positivo del fallo de la Corte de Constitucionalidad es que fija un plazo de 18 meses para que el MEM lleve a cabo la consulta, aunque queda por ver si este es realista. La consulta de Escobal parece haber finalizado después de 22 meses.
Original: BNAmericas
