En tres días de vigencia del estado de Sitio en cinco municipios del Nor-Oriente del país, ya se presentaron acciones en la Corte de Constitucionalidad para frenarlo por preocupación de abusos contra las comunidades en resistencia. Gobernación señala hitos en lucha contra el narcotráfico.
Operativo durante el estado de Sitio. Foto: PNC.
El pasado domingo 19 de julio fue publicado el Decreto Gubernativo 14-2020, que establece un estado de sitio en los municipios de El Estor, Morales y Livingston, en Izabal; y Panzós y Santa Catarina la Tinta, en Alta Verapaz.
La justificación del gobierno para decretar el estado de Sitio es que en los municipios referidos se ha detectado presencia de grupos de crimen organizado que realizan actividades ilícitas como narcotráfico, migración ilegal, contrabando, entre otros.
“Las acciones de esos grupos de crimen organizado han provocado la pérdida de empleos, ejecución de múltiples delitos contra personas y sus bienes, y pretenden convertir la región en un área controlada por criminales”, dice el comunicado de prensa del gobierno de Alejandro Giammattei.
Con esa medida los pobladores de esos municipios tiene restringidos los derechos de libertad de acción y locomoción, derecho a una detención legal, reunión y manifestación, interrogatorio a detenidos y portación y tenencia de armas.
En dos días se presentaron varias acciones en contra de la medida. La Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León y la Asamblea Social y Popular interpuso una acción de inconstitucionalidad y la Comisión Internacional de Juristas, el Comité Campesino del Altiplano y el diputado Aldo Dávila, presentaron un amparo.
Además, más de 125 organizaciones nacionales e internacionales publicaron un comunicado rechazando las medidas, advirtiendo que pone en peligro el respeto de los derechos humanos de las comunidades, especialmente las indígenas maya q’eqchi’ y garífuna.
Sin mayores índices de criminalidad
Diálogos Guatemala, una organización que realiza análisis de datos e investigaciones de violencia homicida, principalmente, publicó un mapa con información de la Policía Nacional Civil. Allí se observa que de los cinco municipios con derechos restringidos, solo en Morales, Izabal, se reportan altos índices de homicidios y delitos contra la propiedad privada.
Ramón Cadena, presidente de la Comisión Internacional de Juristas, fue uno de los interponentes del amparo contra el estado de Sitio. Su argumento es que el presidente Giammattei está utilizando las restricciones de derechos para limitar a la oposición.
“Lo que está haciendo es que con el argumento de que hay una crisis de narcotráfico, procura limitar derechos para controlar la oposición política de gente que no quiere la explotación de níquel, en Izabal, e Hidroeléctricas en Alta Verapaz. No se puede acallar a la oposición”, dijo al ser entrevistado.
La legislación internacional manda a que los gobiernos justifiquen con datos por qué son necesarias estas medidas. En Guatemala, el Congreso debe aprobar el estado de Sitio si hay pruebas de que es imprescindible. Sin embargo, señaló Cadena, no existe un contrapeso entre los diputados para que realmente verifiquen el trasfondo de la medida.
Las empresas versus la resistencia
La Cámara del Agro, la Gremial de Palmicultores y la Cámara de Industria respaldaron el estado de Sitio que decretó el presidente y pidieron que se ejecuten órdenes de desalojo pendientes.
El año pasado, cuando Jimmy Morales restringió derechos en la región Nor-Oriente del país, Nómada viajó a El Estor, Izabal, para comprobar en el terreno que el efecto principal del estado de Sitio fue neutralizar la organización comunitaria que se opone a megaproyectos y grandes empresas como la Compañía Guatemalteca de Níquel y Naturaceites, productora de palma africana.
Las comunidades de la zona sur de El Estor están rodeadas de 32 kilómetros cuadrados de las plantaciones de palma africana. Regadas entre la plantación hay 37 aldeas en pobreza y extrema pobreza y las comunidades de la zona sur de El Estor, llevan años pidiendo mesas de diálogo para resolver la conflictividad por la propiedad de la tierra.
Mientras las plantaciones de palma se expanden, las aldeas se hacinan y se giran órdenes de captura contra líderes comunitarios. En época de estados de Sitio los líderes comunitarios viven escondidos por miedo a ser capturados por el ejército sin necesidad de que un juez gire orden de captura.
La Compañía Guatemalteca de Níquel también se beneficia del estado de Sitio. Sobre todo porque ha enfrentado protestas por parte de un grupo de personas despedidas. Este tipo de manifestaciones, por ejemplo, ahora estarán prohibidas.
Bloques derivados de dichas manifestaciones impidieron que la CGN pudiera ingresar carbón y materia prima a la mina, lo que provocó que la empresa suspendiera contratos laborales. Los afectados culparon a la Defensoría Q’eqchi’, una organización que se ha opuesto a la extracción minera.
“Aquí lo que hay es un patrón de represión en contra de las autoridades locales”, finalizó Cadena.
Instalaciones de la mina CGN en el Estor, Izabal.
Las acciones de la PNC
El Ministerio Público, el Ministerio de la Defensa y la Policía Nacional Civil han estado realizando decenas de allanamientos diarios en los municipios donde se decretó la restricción de derechos. Entre los hallazgos se reportan plantaciones de marihuana y de amapola.
Jorge Santos, de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA), señala que durante los estados de sitio han detectado que aumenta el seguimiento, vigilancia y detención arbitraria en contra de activistas.
Con la crisis sanitaria por COVID-19 aumenta la vulneración de derechos humanos, ya que hay personas que fueron capturadas en el estado de Sitio en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, que todavía están esperando rendir primera declaración, acotó Santos.
El decreto gubernativo 13-2020 debe ser aprobado por el Congreso; sin embargo, el gobierno no lo ha remitido. En una citación con la bancada UNE, Oliverio García Rodas, ministro de Gobernación, dijo que no estaba enterado de que el documento no ha llegado físicamente al Congreso.
Oliverio Castañeda también dijo que el estado de Sitio tiene como objetivo investigar la migración ilegal, donde también han identificado trata de personas.
“Las actividades de narcotráfico en esa área son obvias y visibles. Se está usando esa área como una especie de plan piloto para ver si el negocio de cocaína puede rendir frutos en la república de Guatemala”, acotó.
A la fecha la PNC reporta 12 detenidos por orden de captura o delito flagrante, 10 armas de fuego incautadas y 23 mil matas de hoja de coca destruidas.
Original: Nómada
