Este año, tres comunidades han recibido buenas noticias. Después de décadas de lucha y pulsos legales, finalmente la Corte de Constitucionalidad (CC) los ha reconocido como propietarios de sus tierras y ha ordenado al Estado reivindicar su derecho e identidad como poblaciones mayas. En un país caracterizado por la incertidumbre jurídica sobre la propiedad de las tierras, celebran esta victoria histórica con miedo a posibles represalias.
Asamblea comunitaria en Nebaj, Quiché. Foto: Plaza Pública.
Este año, al menos tres comunidades recibieron el respaldo de la Corte de Constitucionalidad para recuperar su derecho de propiedad sobre las tierras en las que viven y en las que han vivido sus generaciones pasadas.
Muchas comunidades indígenas viven bajo el amparo del derecho ancestral sobre sus territorios. En algunos casos, el Estado ha reconocido que sus tierras son comunitarias. Es decir, que están registradas en un régimen bajo el cual una propiedad pertenece a un grupo de personas con características culturales específicas. En esos casos, la porción de tierra total no es divisible, pues conforma un territorio necesario para que la comunidad pueda desempeñar las manifestaciones de su identidad y pertinencia cultural.
Sin embargo, en Guatemala esos derechos han sido irrespetados por el propio Estado y, específicamente, por autoridades municipales. Ese es el caso de comunidades de Morola, Jocotán y Nebaj, las cuales han luchado por tener certeza jurídica sobre grandes extensiones de tierra que les fueron arrebatadas por medio de registros fraudulentos.
Al no tener certeza jurídica, las comunidades indígenas quedan a merced del racismo y todas sus expresiones: institucionales (alcaldes), económicas (empresarios ladinos y extranjeros locales), culturales (el no reconocimiento de su existencia), territoriales (el robo o expropiación de su legítima propiedad), y políticos (el no reconocimiento de sus autoridades tradicionales legítimas), explica Diego Vásquez Monterroso, arqueólogo, antropólogo e investigador de la Universidad Rafael Landívar.
Los siguientes tres casos tienen eso en común: una batalla por la tierra y contra el racismo.
Morola, el contrabando y una comunidad en riesgo
La Comunidad Indígena de Morola está ubicada en el municipio de Camotán, Chiquimula. A más de 197 km de la Ciudad de Guatemala. La población es parte del pueblo maya Ch’orti’.
Hasta antes de junio de este año, toda la población vivía sobre unas tierras que les pertenecen desde el 2011 pero que las autoridades municipales se negaban a reconocer. “La lucha ha valido la pena”, cuenta Isabel Jerónimo, quien es parte de la comunidad y de la batalla por la propiedad del territorio.
Todo empezó en 2014, cuando el alcalde de ese tiempo les impuso a un representante que comenzó a tomar decisiones de forma fraudulenta, cuenta Isabel.
En principio, realizó una asamblea en la que sometió a votación el fraccionamiento del territorio que ocupan, a pesar de que este se encuentra sometido al régimen especial de propiedad comunitaria de pueblos indígenas. Así obtuvo los votos porque involucró a otras personas ajenas a la comunidad y dio luz verde al desmembramiento de 21 fincas.
“Algunos accedieron a vender sus tierras porque muchas familias adquirieron deudas con familias del narco y así fue como se fueron endeudando y las fueron obligando a que les entreguen las tierras. Esas 21 fincas son un primer grupo pero en realidad son más las que se han desmembrado. Hay alrededor de 150 propiedades que se desmembraron”, explica Rodimiro Lantán, quien ha acompañado todo el proceso y es miembro de la Coordinadora de Asociaciones y Comunidades para el Desarrollo Integral del Pueblo Ch'orti' (COMUNDICH).
El gran interés por apoderarse de estas tierras, tiene que ver con la ubicación de la comunidad. Por estar en un punto ciego fronterizo entre Guatemala y Honduras, se ha vuelto un punto estratégico para el paso ilegal de mercancía y narcotráfico.
El 11 de junio de 2020 la CC ordenó al Registro de la Propiedad cancelar los registros de las tierras desmembradas y reafirmó el derecho que tienen las comunidades indígenas para decidir sobre esas tierras. “Para nosotros es un logro histórico porque estábamos desesperados de no ser tomados en cuenta por las autoridades, después de sufrir discriminación, difamaciones, ataques y hasta asesinatos”, dice Isabel Jerónimo, uno de los líderes al frente de esta lucha.
Pero la alegría no es la única emoción que los invade.
En su informe anual de 2015, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (UDEFEGUA) alertó del peligro que corren los defensores de territorios en Chiquimula. En los últimos seis años, Isabel Jerónimo recuerda haber perdido al menos 5 compañeros.
Antes de hacer el último comentario, se le corta el entusiasmo: “Estamos bastante preocupados porque somos una comunidad bastante pequeña y la contraparte es mucho mayor y creemos que es gente que no actúa con el diálogo, sino con violencia”.
Las comunidades que se enfrentan a un monstruo hidroeléctrico
A pocos kilómetros de Morola, otras comunidades ch’orti’ ubicadas en Jocotán acaban de conocer una sentencia histórica que les ha devuelto la tranquilidad sobre sus tierras, pero también los atemoriza.
El municipio de Jocotán, en Chiquimula, se encuentra ubicado a 197 km de la Ciudad de Guatemala. Desde ahí, un grupo de comunidades indígenas maya ch’orti’, de las aldeas Las Flores, Ingenio, Guaraquiche, El Matazano, Suchiquer, Guareruche y Pelillo Negro se declararon ganadoras de una batalla legal por la propiedad de 635 caballerías.
En el 2011, la empresa Desarrollo de Generación Eléctrica y Manejo de Recursos Naturales “Las Tres Niñas”, S.A; que es propietaria de la Hidroeléctrica El Orégano, ubicada en Jocotán, fue autorizada por el Ministerio de Energía y Minas.
“El proyecto planteaba una cortina de 120 metros de altura en el único río que existe en el territorio ch’orti’. Nosotros nos opusimos y el Ministerio de Ambiente nos dio la razón y no aprobó el estudio de impacto ambiental de los proyectos hidroeléctricos”, relata Omar Jerónimo, quien habla en representación de la comunidad.
Años más tarde, la Municipalidad de Jocotán le otorgó a la hidroeléctrica una porción de las tierras de las comunidades ch’orti’ en usufructo. Pero las comunidades nunca fueron consultadas sobre esta decisión a pesar de ser las propietarias.
Desde 2000, la Municipalidad se registró como único propietario y administrador de nuestras tierras. Sin embargo, eso quedó sin efecto tras la resolución de la Corte, el 23 de julio de 2020, en la que la CC los reivindica como propietarios.
Con esta sentencia, la Corte ha reconocido el derecho que tiene el pueblo ch’orti’ sobre la propiedad de más de 600 caballerías, pero también reconoce la existencia del pueblo chortí, que ha sido negada por las propias autoridades municipales. Esta práctica, según el antropólogo Diego Vásquez, se trata de una dinámica reciente de muchas municipalidades, para hacer uso discrecional de las tierras comunitarias.
“Los Ch'orti', en muchos casos, son minoría en territorios amplios. Esto último ha sido utilizado por los ladinos y mestizos de la región no solo para subordinarlos económica y laboralmente, sino además para alegar su inexistencia en el presente como argumento para apropiarse de sus propiedades comunitarias”, agrega.
Por un lado, las comunidades celebran este fallo histórico, en donde se reconoce tanto su derecho de propiedad como la existencia del pueblo ch’orti’. Pero por otro lado, temen que podrían incrementarse los ataques en su contra, la criminalización y la violencia.
“En este país la violencia hace que las poblaciones terminen dejando que las empresas se queden en el lugar, cosa que no ha pasado en Jocotán”, dice Jerónimo.
Para ellos, aclara, apenas empieza la lucha para hacer cumplir esta resolución. “Esto implica obedecer a la autoridad constitucional y en los últimos dos gobiernos hemos visto un irrespeto total a las resoluciones de CC”.
Las 1 mil 148 caballerías de Nebaj
El 16 de junio de este año, doce comunidades indígenas ubicadas en el municipio de Santa María Nebaj, en Quiché, también festejaron una resolución que les devolvió el derecho de propiedad sobre más de 1 mil caballerías. El fallo fue resultado de una lucha que para ellos empezó desde el 2013.
Los abusos contra sus tierras comenzaron durante la época del conflicto armado, cuando los pobladores de la aldea Tzalbal, en Nebaj, dejaron sus tierras para huir de la guerra. Durante esos años de refugio, el entonces alcalde de Santa María Nebaj, Jacinto de Paz Pérez, supuestamente firmó una escritura pública en la cual cedía una fracción de las tierras otorgadas a los vecinos de ese municipio y miembros de la comunidad ixil. Fue una transacción fraudulenta que dio paso a una lucha por recuperar esas 33 caballerías. .
Juan Castro, integrante del Bufete para Pueblos Indígenas, dio acompañamiento al caso y cuenta cómo comenzó la batalla por la tierra. “Lo que la comunidad quería era restituir las 33 caballerías de Tzalbal pero vimos que la municipalidad y vecinos de Nebaj eran los dueños de todo, nos dimos cuenta que era la representación de la autoridad indígena quien ejercía la representación del pueblo. Pero en el 2010 la Municipalidad quitó a los vecinos de los títulos y dejaron la tierra a nombre de la Municipalidad”. señala.
El 16 de junio la CC falló a favor de la comunidad y ordenó restituir las propiedades para que los vecinos de Nebaj figuren como propietarios y puedan ejercer su derecho sobre esas tierras.
En todo este proceso, las entidades gubernamentales no han sido aliados para los vecinos de Nebaj. Al contrario, cuenta Castro, a partir de 2012, el Fondo de Tierras y la Secretaría de Asuntos Agrarios amenazaron con desalojar a las comunidades indígenas. Sumado a eso, asegura, diputados como Estuardo Galdamez han intentado intervenir en la lucha por la propiedad del territorio, por medio de chantajes y promesas a algunos de los pobladores.
Castro considera que detrás de todo, abundan los intereses económicos y por eso ejecutar esta sentencia histórica no resultará tan sencillo.
“Vemos que hay una estructura que está facilitando estas anomalías. Durante más de 100 años se mantuvieron las propiedades comunales y últimamente con el ingreso de industrias extractivas, para las empresas es más fácil negociar con un alcalde que con un pueblo”, concluye.
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En un país con muy poca certeza jurídica sobre las tierras, estas resoluciones representan grandes victorias, especialmente para las comunidades indígenas. Según Diego Vásquez, “el problema de la falta de esas resoluciones es que muchas veces los poderes locales y regionales aprovechan el racismo para imponer sus criterios pseudojurídicos donde desconocen a las comunidades indígenas, sus autoridades y sus propiedades”.
Incluso, su existencia misma.
Original: Nómada
