El Acuerdo de Escazú fue adoptado el 4 de marzo del 2018 en Escazú, Costa Rica. Encontrándose abierto para su firma, ratificación o adhesión desde le 27 de septiembre de 2018 hasta el 26 de septiembre de 2020, por 33 países de América Latina y el Caribe. A menos de 19 días para que finalice la cuenta regresiva para que el Estado de Honduras firme el Acuerdo de Escazú, no hay señales de compromiso por parte del gobierno. Es más, solo tres de las trece instituciones consultadas emitieron una respuesta afirmativa, el resto guarda silencio.
El Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (Idamho) y el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh), dan seguimiento a los avances por parte del Estado en relación a la firma de adhesión al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú.
La coordinadora de Incidencia del Idamho, Kelly Sorto, explicó a Criterio.hn que la firma del acuerdo requiere de la voluntad que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tengan para mejorar la situación ambiental y los conflictos socioambientales. “El Estado está haciendo el procedimiento que se requiere para lo que es firma […], sin embargo, están muy lentos. Imagino que se justificaran por la pandemia”.
Sin embargo, las razones para ralentizar el proceso de la firma van más allá de la pandemia. Sorto explica que el Acuerdo de Escazú insta al debido proceso, creación de tribunales de justicia ambiental, la reparación de daños causados al Estado y personas, por acciones presentes y futuras, entre otras.
Acciones que impactarían directamente en los sectores económicos, en especial las empresas extractivistas. Por medio del Acuerdo de Escazú, explica Sorto, no podrían modificar leyes, normas u otros documentos que permitan bajar los estándares en relación a la conservación del medio ambiente o protección a defensores. Un ejemplo es que ya no podrían reducir las zonas de los núcleos de las montañas protegidas, como ocurrió con el Parque Nacional de la Montaña de Botaderos; o pasar leyes que permitan la importación de basura de otros países como con el proyecto de ley de las baterías usadas.
Sorto, pormenoriza que el Acuerdo de Escazú también daría un empuje legal al acceso a la información y la participación pública, garantizando el consentimiento de las comunidades, grupos indígenas y afrodescendientes sobre acciones que realizará el Estado; tomando en cuenta que la socialización que se realiza actualmente de un proyecto no es realmente una consulta informada a la comunidad.
En el tema de los defensores ambientales y comunicadores, Escazú sustenta el deber de protección a quienes por su trabajo son agredidos física y psicológicamente, suprimiendo las debilidades legales que existen actualmente en el mecanismo de protección de Honduras.
Opacidad y caldo de conflictividad, el legado de Juan Hernández
Mientras el camino hacia la firma del Acuerdo de Escazú camina a paso lento, el gobierno de Juan Hernández no ha tenido ningún problema para incrementar el número de concesiones y licencias, sin importar el impacto ambiental que los mismos tengan en las comunidades.
Para la analista en Transparencia y Derechos Humanos del Fosdeh, Emma Velásquez, hay un gran número de elementos de poder económico y político detrás de la rápida aprobación de concesiones durante la pandemia que van desde inversiones mineras hasta generación de energía y actividades agroindustriales.
Velásquez señala que el Acuerdo de Escazú coloca la participación ciudadana y el acceso a la información, como temas centrales, algo que no favorece en nada a un gobierno que tiene tendencias claras hacia la opacidad y donde el peso de los intereses privados está por encima de los intereses sociales.
Si bien la demanda por la firma del Acuerdo de Escazú no se detendrá, Velásquez advierte que ante la militarización como respuesta estatal, el gobierno está preparando un caldo de conflictividad, en el que cada día habrá menos gobernabilidad. “Nosotros somos un país, un pueblo muy empático y hasta cierto punto pacífico, pero llegará un momento que la gente no va a soportar. Los gobernantes y el sector de poder deberían entender que esta olla de presión tarde o temprano va a explotar”.
Actualmente, el Acuerdo de Escazú ya fue ratificado por Bolivia, Guyana, Uruguay, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Panamá, Nicaragua, Ecuador y Antigua y Barbuda. Se encuentra en proceso de ratificación en Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú y México.
Entre los países que ya firmaron, pero aún no ratifican están: Brasil, Guatemala, Haití, Jamaica, Granada, Paraguay, República Dominicana y Santa Lucía. Por su parte Honduras, Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Dominica, El Salvador, Suriname, Venezuela, Chile y Trinidad y Tobago, siguen sin firmar.
Original: Criterio HN
