Las diócesis de Trujillo, Juticalpa y La Ceiba emitieron un pronunciamiento rechazando el modelo económico extractivista promovido desde el gobierno de Honduras y que amenaza los recursos naturales y la soberanía de Honduras. De igual forma recordaron que la iglesia defiende la verdad, la justicia y el derecho por lo que la construcción de un modelo económico que no represente un riesgo para la vida humana y natural, es urgente.
En el comunicado, las tres diócesis señalaron al gobierno de Honduras como responsable de la situación en los departamentos de Gracias a Dios, Olancho, Colón, Atlántida e Islas de la Bahía; amenazados por la explotación del bosque, la agroindustria, el tráfico de drogas, Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y la minería en áreas protegidas.
Condenaron que desde las instituciones bajo el mando del Poder Ejecutivo, tales como la Secretaría del Ambiente, el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) y el Instituto de Conservación Forestal (ICF), así como la Municipalidad de Tocoa, no se respete el derecho a la consulta libre, previa e informada; dando “carta de legalidad a proyectos extractivos que en derecho y con argumentos técnicos no proceden en zonas protegidas de gran importancia biológica, ecológica, hídrica y ambiental para garantizar la vida de la población”.
Asimismo, recordaron que la protesta pública y pacífica en la exigencia de respeto y protección del agua y el ambiente es un derecho constitucional y no hay razón para la represión como ha ocurrido en el Municipio de Tocoa. “La opresión del gobierno sobre las comunidades ha implicado represión policial, militar y judicial, la cual ha venido alimentando las amenazas y campañas de desprestigio de parte de sectores afines a la empresa minera en contra la dirigencia comunitaria y de organizaciones, particularmente en Guapinol y sector San Pedro”, lee el numeral tres del comunicado.
Las diócesis de Trujillo, Juticalpa y La Ceiba rechazaron la decisión de la corte de apelaciones de Francisco Morazán que revocó el sobreseimiento definitivo de marzo 2019 y abrió auto de formal procesamiento contra Juan Antonio López, Carlos Leonel George, Reynaldo Domínguez Ramos, Marco Tulio Ramos y Adalid Cedillo, junto a las ocho personas privadas de libertad desde hace más de un año; señalando que es “un proceso judicial carente de garantías constitucionales, violación al debido proceso, propio de un gobierno que ha roto y desmantela todo el andamiaje institucional y marco jurídico de un Estado de derecho”.
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También expresaron que se unen “a quienes el Ministerio Público califica de criminales y nosotros conocemos como defensores de la casa común” y afirman que “la investigación técnica que sustenta la acusación, tiene la intencionalidad de perjudicar la labor social y cristiana en defensa de los bienes comunes y públicos”.
En la conferencia de prensa participaron el sacerdote Víctor Cámara por La Ceiba; el sacerdote franciscano, Arturo Trinidad Espinal por Juticalpa; Leonel George del Comité Municipal Ambiental de Tocoa; e Isidro Cruz Cedillo, en representación del obispo Luis Solé de la diócesis de Trujillo. Los clérigos urgieron a las organizaciones sociales, políticas y religiosas a unirse a la defensa de la casa común y expresar “su protesta y solidaridad sobre el modo injusto y abusivo con que el gobierno de Honduras y empresas extractivas tratan a las personas, organizaciones y comunidades que defienden sus bienes naturales y sus territorios”.
Original: CriterioHN
