El próximo 26 de septiembre se cumple el plazo de dos años establecido para que los países de América Latina y el Caribe firmen el Acuerdo de Escazú, el primer tratado regional que promueve la democracia ambiental y ofrece protección específica a los defensores ambientales.
A pesar de que el Salvador, Guatemala y Honduras participaron de las negociaciones del Tratado y estuvieron presentes en su adopción en marzo de 2018, hasta el momento solo Guatemala lo ha firmado. Los Presidentes de Honduras y el Salvador deben darle prioridad a la firma de este tratado y comprometerse de manera efectiva con la garantía del derecho a un medio ambiente sano y la protección de los defensores y defensoras ambientales.
En Honduras 8 defensores del agua en Guapinol llevan más de un año en detención preventiva por su oposición a un proyecto minero en el área protegida “Carlos Escalares” que impacta las fuentes de agua de su región. En Guatemala en los últimos meses 4 defensores indígenas que trabajan por la protección de sus territorios han sido asesinados y uno más se encuentra desaparecido. En El Salvador defensores indígenas denunciaron abusos policiales cuando ejercían su derecho a la protesta pacífica en contra de un proyecto de infraestructura que no cuenta con licencia ambiental en el municipio de Cuisnahuat.
Por años, Centroamérica ha ocupado los primeros lugares en asesinatos y ataques contra defensores de derechos humanos y del medio ambiente. La organización Global Witness, en su reporte anual sobre defensores ambientales lanzado el pasado 30 de julio, incluyó a Honduras, Guatemala y Nicaragua dentro de los diez países más peligrosos del mundo para ejercer la defensa ambiental en el año 2019.[1] [2] El CIVICUS Monitor, una plataforma en línea que documenta violaciones a las libertades cívicas, a menudo ha registrado casos de acoso, difamación y criminalización contra tales defensores, que han contribuido al entorno hostil que sustenta las condiciones para ataques violentos en la región.
El Acuerdo de Escazú, adoptado en 2018, nace como respuesta a la necesidad de contrarrestar esta espiral de violencia que viven los defensores ambientales en América Latina y el Caribe, y de fortalecer la democracia ambiental en toda la región.
El Acuerdo crea estándares regionales en materia de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales, y un marco de cooperación para que los países y sus instituciones fortalezcan sus capacidades en relación con estos derechos. Además, el Acuerdo ha sido reconocido por ser el primer tratado en el mundo que establece obligaciones específicas para la protección de los defensores y defensoras del medio ambiente, incluyendo el reconocimiento de su importante rol en nuestra sociedad y la prevención de los ataques en su contra.
En El Salvador una amplia coalición de la sociedad civil lleva varios meses pidiendo al Presidente Nayib Bukele que se comprometa con la defensa del Ambiente en el país y firme el Acuerdo de Escazú. El mismo pedido hace la sociedad civil en Honduras, que ha denunciado cómo el gobierno de Juan Orlando Hernández ha tenido un avance muy lento en el proceso de consultas internas para la firma de Escazú, mientras que el número de concesiones mineras y de agroindustria concedidas durante su mandato ha crecido exponencialmente.
La hora cero para firmar el Acuerdo de Escazú ya llegó. Es necesario que Nayid Bukele y Juan Orlando Hernández evidencien su compromiso político con la protección del medio ambiente y de las personas que exponen sus vidas por defenderlo y firmen el Acuerdo antes del próximo 26 de septiembre.
La firma de Escazú y su posterior ratificación es un paso importante para los gobiernos de Centro América y será una nueva herramienta para las comunidades que buscan tener una participación significativa en los procesos de toma de decisiones ambientales. Hasta ahora, el Acuerdo ha sido firmado por 22 países, y ratificado por 9. Escazú requiere que 11 países lo ratifiquen para entrar en vigor. En estos momentos los congresos de Costa Rica y Perú también están en proceso de aprobar sus respectivas ratificaciones. El Salvador y Honduras no se puede quedar atrás en este importante paso para la protección de los derechos ambientales en el continente.
Original: Prensa Comunitaria
