El secuestro de 4 garífunas en la comunidad Triunfo de la Cruz, del municipio costero de Tela, Atlántida, ha evidenciado la violencia a la que han sido sometidos los garífunas durante décadas. Sus líderes, como Miriam Miranda de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), sostienen que el Estado es cómplice. En los últimos 10 años, el pueblo garífuna ha reportado 105 ataques contra sus comunidades y la situación se ha agudizado desde 2015, cuando el Estado de Honduras perdió dos demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), por violación al derecho ancestral y colectivo del territorio que habitan.
Desde que la pandemia por COVID19 llegó a Honduras, los fines de semana hay una restricción total de circular, pero esto no detuvo a quienes se llevaron a Alberth Snaider Centeno, presidente del patronato, a Milton Martínez y Suamy Aparicio Mejía, miembros del Comité de Tierras y también a Alberth Santana Thomas y Gerardo Mizael Róchez, que son allegados a la comunidad. Los vecinos creen que las desapariciones están directamente relacionadas con un viejo conflicto de tierras, pero los organismos a cargo de la investigación guardan silencio sobre el posible móvil.
Este no parece ser un hecho aislado, pues según la Ofraneh de 2008 a 2019, se registraron 105 hechos de violencia contra el pueblo garífuna, entre asesinatos, amenazas, criminalización, desplazamiento, desapariciones y acoso judicial.
Información recabada por Contracorriente, para el proyecto Tierra de Resistentes, revela que en los últimos 11 años se reportaron 685 casos de violencia contra defensores del medio ambiente en Honduras, de los cuales la población más atacada fue la garífuna. De 138 asesinatos vinculados a la defensa de la naturaleza, 7 fueron perpetrados contra este pueblo.
El Estado de Honduras ha dado pocas respuestas a estos hechos, incluso fue vencido en sendas demandas internacionales en 2015 por las comunidades del Triunfo de la Cruz (Tela, Atlántida) y Punta Piedra (Iriona, Colón), que reclamaron violaciones al derecho a la propiedad colectiva de la tierra. 5 años después, estos poblados siguen esperando el cumplimiento de la sentencia.
En el fallo del año 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le reconoció a los habitantes del Triunfo de La Cruz, los territorios que le fueron otorgados en dominio pleno y también los consignados en garantía de ocupación. Según el organismo internacional, el Estado no garantizó el derecho a la consulta, de la que goza la comunidad, mediante sus propias instituciones y órganos de representación para la planificación y ejecución de los proyectos turísticos Marbella, Laguna Negra y Playa Escondida, que actualmente ocupan tierras otorgadas a los garífunas.
En las entradas a El Triunfo de la Cruz, aún se encuentran hileras de piedras, un poco más grandes que un balón de fútbol, con las cuales los vecinos intentaron, sin éxito, que los secuestradores no se llevaran a sus amigos. Nada los detuvo, los delincuentes. que usaban uniforme policial, según testigos, se bajaron de sus vehículos para hacer a un lado los obstáculos. «Hubiese sido una masacre», comenta uno de los líderes de la comunidad.
La Policía Nacional, llegó una hora después, pese a que fueron avisados casi en el momento en que ocurría el secuestro y que la ciudad de Tela, donde está el cuartel principal de la Policía Nacional, queda a 10 minutos de la comunidad.
Por tradición, las playas de El Triunfo de la Cruz han sido de las más apetecidas por los turistas nacionales. Sin embargo, debido a las medidas de confinamiento por la cuarentena de COVID-19, ahora se encuentran vacías y, desde el sábado 18 de julio, tampoco los niños de la comunidad conviven con el mar, como lo hacían antes.
«Miramos a nuestros mayores, que cuando entra un carro salen corriendo y entran a sus casas. Antes los niños jugaban en nuestras playas, ahora no podemos ver a ninguno ahí, están escondidos, llenos de terror», reconoce Edgardo Benedith, un exmilitar, que entre los años 2000 y 2003 fungió como presidente del patronato de la aldea.
El exdirigente afirmó que las comunidades garífunas están acostumbradas a vivir en paz, con respeto a la vida, a los padres y a los mayores: «deberíamos ser un ejemplo en eso, no solo en nuestra música. Psicológicamente ha sido un daño terrible para el Triunfo de la Cruz, no estamos acostumbrados a vivir en un ambiente así».
César Benedith, hermano de Edgardo y miembro del comité de ambiente comunitario y de la Ofraneh, coincide que en la comunidad no se había vivido un hecho así, aunque reconoce que sí hubo amenazas y hay líderes que han tenido que abandonar la comunidad. Aunque la Policía Nacional no ha hecho pública su hipótesis sobre el secuestro, César se atreve a brindarnos una teoría: «nosotros lo que pensamos es que fue por el asunto de nuestras tierras. El presidente (del patronato) ha estado haciendo acciones de trabajo y recuperación».
El 10 de julio, 8 días antes ser sacado por la fuerza de su casa, Centeno y la comunidad de El Triunfo, habían celebrado una asamblea comunitaria en la que desconocieron las actuaciones de una organización llamada Plataforma de Desarrollo, la cual estaba sosteniendo reuniones con emisarios de la municipalidad de Tela.
«Sus asesores (de la plataforma) son los responsables de las ventas de tierras que han habido en la comunidad. La historia no prescribe. La comunidad ha dicho no a esa plataforma.Tenemos una sentencia que cuidar», dijo en esa reunión Centeno.
Además, preguntó a quienes impulsaban ese organismo paralelo al patronato «¿Por qué no hacemos una organización para puyar (presionar) al Estado y decirle: “hey necesitamos que cumpla esa sentencia”? y decirle: “necesito que me den los documentos de mi tierra” ¿Por qué no hacer eso? Hay 11 diputados garífunas en el Congreso y ninguno pelea por las 2 sentencias que han ganado los garífunas, ¿en qué estamos?» sentenció Centeno, a través de un Facebook Live, realizado después de la asamblea.
César contó que hace un año, Centeno denunció persecución en su contra ante la Fiscalía de Etnias e incluso acudió en noviembre de 2019 al Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos, pero no obtuvo respuesta. «Por eso sentimos que hay complicidad del Estado. Si ellos respetaran esos convenios, estas cosas no pasarían», dicen sus compañeros del patronato.
Mientras nos explican el caso, vemos a 3 mujeres saliendo de su casa, han salido a tomar algo refrescante y se unen a la plática. Después cantan una canción en su idioma, no la entendemos. ¿Hace falta la música verdad?, les decimos en plan de conversación e inmediatamente la más sonriente nos dice: «ahora no hay música, estamos de luto, se llevaron a nuestros hermanos, y no pregunte más porque de eso yo no sé nada».
Protestas reprimidas
Desde el lunes 20 de julio, las comunidades de El Triunfo, realizaron protestas pacíficas en la carretera CA-13, que va de San Pedro Sula a La Ceiba, para exigir al Estado de Honduras una investigación sobre el secuestro. Siguen pidiendo a los captores que la vida de sus amigos y compañeros sea respetada.
El viernes 24 de julio, una comitiva integrada por el diputado Osman Chávez y la gobernadora política de Atlántida, ambos garífunas, intentaron sostener una reunión con la comunidad, pero la misma fue rechazada por los manifestantes quienes dejaron claro que el patronato no había sido convocado a la reunión y que la intención era celebrarla con un grupo afín al partido de gobierno.
«No han estado en la lucha, podemos decir que esas personas son contrarias a la lucha. No importa que sean diputados o gobernadores, nosotros queremos unión de la comunidad para la búsqueda de nuestros compañeros. Aquí no queremos políticos», sostuvo la manifestante Francis López.
La comunidad decidió que para los siguientes días se buscaría una reunión con la dirigencia de la comunidad que ha estado participando en la lucha. Los pobladores sostienen que la única organización que ha estado con ellos exigiendo justicia es Ofraneh.
Bajo el lema «Las vidas garífunas importan», varias comunidades se han unido al reclamo. Habitantes de Travesía y Baja Mar, comunidades de Puerto Cortés, de Santa Fe, Colón y de La Ceiba, también manifestaron su repudio por esta acción de violencia. Algunas protestas en El Triunfo de la Cruz han sido reprimidas por la Policía Nacional, y el sábado 25 de julio, incluso, hubo disparos en contra de los presentes en las manifestación. No se reportó ninguna persona herida.
En El Triunfo esperan que sus amigos regresen. César Benedith pide que la vida les sea respetada y regresen al seno familiar: «Vivos se los llevaron, vivos los queremos», dice, repitiendo el lema de la campaña que se ha levantado en redes sociales desde el 18 de julio.
Respuesta de las autoridades
Días después del secuestro, llegaron a El Triunfo de La Cruz 2 equipos de diferentes agencias de investigación del gobierno. Los primeros fueron los miembros de Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC.
Un equipo de 3 investigadores se entrevistó con los líderes de la comunidad y nos pidió mantener la distancia durante las pesquisas. Lo único que respondieron a nuestras preguntas es que el caso había sido trasladado a la Fiscalía de Etnias y que ellos habían sido enviados para iniciar la investigación.
Unas horas más tarde se incorporó un equipo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). Ambas unidades realizaron un recorrido por la comunidad y tomaron declaración a algunos testigos. «Les pedimos que mantengan la distancia», nos repitieron, mientras realizaban la investigación forense en una escena, seguramente contaminada luego del tiempo transcurrido.
El mutismo rodea esta investigación. Buscamos detalles de la misma en la sede del Ministerio Público en Tela, pero no había ningún fiscal, todos se encontraban en audiencias. Tampoco hubo respuesta por parte de Yuri Mora, vocero de la Fiscalía General de la República. No contestó los mensajes en los que solicitamos información respecto al caso.
No obstante, ya hubo una captura que la Policía Nacional vinculó con el secuestro de los líderes. El sospechoso fue identificado como «El Gringo», y aparece registrado con 2 nombres: Renie Michael Ugalde y Gustavo Alonso Cáceres. Las autoridades determinarán cuál es el verdadero. Según las investigaciones pertenece a una banda criminal que siembra terror en el litoral atlántico. El individuo fue atrapado en la colonia Las Palmas, de Tela, y en el allanamiento a su vivienda se encontró indumentaria policial parecida a la que usaron quienes perpetraron el rapto, además decomisaron tres armas de fuego.
La pelea por territorios de paso de droga, ha convertido al litoral atlántico en uno de los principales escenarios del crimen organizado en Honduras. Esas disputas han provocado que 7 municipios ubicados en este corredor aparezcan en la lista de los 25 lugares del país con más homicidios en el año 2019: La Ceiba (101), Puerto Cortés (106), Tela (69), Tocoa (55), Trujillo(34), Jutiapa (34) y Omoa (38).
Antes de su entrega a la justicia de Estados Unidos, en el año 2015, Javier y Leonel Rivera Maradiaga, jefes del cartel de Los Cachiros, controlaron el corredor del Atlántico. Esa organización criminal dominó el 90 % del tráfico de drogas en Honduras. En ese sector también operaba Wilter Blanco, jefe del cartel del Atlántico, que fue detenido en Costa Rica en 2016 y extraditado a los Estados Unidos un año más tarde. Se declaró culpable y fue sentenciado a 20 años de prisión.
Pese a la caída de los capos antes mencionados, la narcoactividad continúa siendo una constante en el litoral atlántico y en todo el país. Las comunidades garífunas, por su ubicación, se encuentran en contacto permanente con el crimen organizado.
La vocera de la Policía Nacional, Dania Cruz, fue consultada por Contracorriente, sobre los avances de la investigación del secuestro y sostuvo que el equipo encargado ya tiene perfiladas a las personas vinculadas a los hechos, pero que hasta el momento no se puede dar más detalles. No obstante, aseguró que «hay equipos de búsqueda y se realiza un fuerte trabajo de investigación de forma estratégica».
El viernes 24 de julio, hubo nuevos indicios sobre el caso. En una hacienda ubicada en la colonia Lomas del Carmen, en San Pedro Sula, se encontró una bolsa con 2 pasaportes que identifican a Alberth Snaider Centeno y la cédula de Milton Martínez, 2 de los líderes secuestrados en El Triunfo de la Cruz. En ese lugar también se encontraron 3 armas de fuego, 4 celulares, una laptop, una cámara fotográfica, entre otros objetos.
Por otro lado, familiares y vecinos de los secuestrados piden claridad en la investigación, pues justo en la entrada a El Triunfo de la Cruz, hay cámaras de vigilancia, pero desconocen si hay imágenes del momento en que salieron los vehículos. El comisionado de la Policía, Héctor Ruiz, confirmó a Contracorriente que las cámaras habían registrado imágenes de los vehículos con que realizaron el secuestro. Días después de dar esas declaraciones, el oficial fue separado de la investigación.
En un comunicado, los vecinos de El Triunfo, afirmaron que el oficial hacía un trabajo transparente. «Con el retiro del comisionado Ruiz y los 30 elementos asignados como apoyo, una vez más la comunidad se siente indefensa y desprotegida», sostienen.
El Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (Conadeh), emitió un comunicado en el que sostiene que se están realizando acciones de defensa pertinentes ante las autoridades del Estado para que se realice una eficiente investigación de los hechos ocurridos el sábado 18 de julio. Además, recuerda que «el Estado de Honduras tiene la obligación ineludible de proteger y hacer respetar el derecho a la vida de los habitantes y el adicional deber de protección especial a los grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos, pueblos indígenas y afrohondureños».
Las sentencias ignoradas por el Estado
En el año 2015, el Estado de Honduras perdió 2 demandas que las comunidades garífunas de El Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, interpusieron en su contra, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se declaró al Estado culpable de la violación de varios derechos de estas comunidades, sin embargo, casi 5 años después, el Estado no ha cumplido con dicha sentencia.
En el caso de El Triunfo de La Cruz, la sentencia de la CIDH señala la violación del derecho a la propiedad colectiva, establecido en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por el incumplimiento de delimitar y demarcar las casi 380 hectáreas de territorio que le habían sido conferidas a la comunidad, en calidad de título ejidal en el año 1950 y en dominio pleno en 1993. Tampoco se delimitaron 408 hectáreas que fueron reconocidas como territorio tradicional al Triunfo de la Cruz, por el Instituto Nacional Agrario (INA).
El conflicto de Punta Piedra se remonta a una invasión promovida por un militar en el año de 1992. Casi 3 décadas después y pese a existir una sentencia internacional a favor de la comunidad, no hay interés por parte del Estado en retornar las tierras en litigio a sus propietarios.
La sentencia que le restituyó a la comunidad de El Triunfo de la Cruz sus derechos sobre tierras ancestrales, también contiene medidas cautelares o de protección debido a los conflictos por esos territorios. Esta protección tampoco ha sido dada por el Estado, tal como lo evidencia el secuestro de 5 personas.
«No miramos voluntad política de parte del gobierno para darle cumplimiento a esta sentencia», sostiene César Benedith. Explicó que la sentencia internacional ordena indemnizar a las personas que están ahí y devolver esas tierras al pueblo garífuna.También se habla de reparaciones a la comunidad, «pero hasta el sol de hoy no hay respuesta», dijo.
En las tierras sobre las que la CIDH reconoció derechos ancestrales de los garífunas, se encuentran actualmente los proyectos privados Marbella, Playa Escondida y proyecto Laguna Negra. Benedith relata que el proyecto Playa Escondida Beach Club entró a la fuerza en su territorio. «A pesar que nosotros tenemos medidas cautelares y que la ley dice que debemos tener una consulta previa, libre e informada antes que entre cualquier tipo de proyecto en la comunidad», explicó.
Este proyecto es un desarrollo turístico dedicado al alquiler de casas y apartamentos vacacionales. En sus redes sociales anuncian apartamentos que van desde 4915 lempiras (199 dólares) la noche, hasta un penthouse por 7500 lempiras (300 dólares) la noche. El sitio cuenta con 30 condominios totalmente amueblados y con vista al mar.
El proyecto Club Marbella, pertenece a Inversiones y Desarrollo El Triunfo, S.A. (Idetrisa), según cita la sentencia de la Corte IDH. Idetrisa es una sociedad conformada por parte de la élite del país ubicada en San Pedro Sula. Como socios aparecen Williams Chaín, Jorge Canahuati, Roberto Constantino Larach, Elías Andonie, Jorge J. Faraj, Taufick Canahuati, Camilo Atala y Nicolás Chaín.
Club Marbella y Laguna Negra, son dos proyectos habitacionales que no han logrado concluirse. Contracorriente preguntó a la Municipalidad de Tela sobre el estado de dichas edificaciones a lo que la oficina de relaciones públicas respondió que se encuentran detenidas porque no hay trámites de ninguna índole en la comuna.
Un empleado de esa Alcaldía, que prefirió mantenerse en el anonimato, afirmó desconocer la situación de esos proyectos. Dijo no tener la certeza si se estaban desarrollando o no, pero sí confirmó que en la actual administración (que ya tiene 2 años y medio) no han realizado ningún trámite con respecto a Marbella y Laguna Negra. «No conozco la documentación de esos proyectos. También desconozco quiénes son los propietarios. Con el Ministerio Público se realizó una visita y ni siquiera había un rótulo que identificara el proyecto» comentó.
«Creo que he escuchado de Laguna Negra, pero no tenemos una documentación sobre el lugar. Lo que le podría decir es que ahí existen todas las condiciones para no montar un proyecto en esas tierras», aseveró el empleado municipal. Entre las cosas que el entrevistado considera hacen a estos terrenos inviables para la construcción, mencionó las disputas por la tierra y que también bordean áreas de manglares en área protegida.
En conversación con Contracorriente, Miriam Miranda, coordinadora de Ofraneh, denunció que desde que Punta Piedra y El Triunfo de la Cruz, recibieron la sentencia favorable por parte de la CIDH se ha generado mayor conflictividad hacia ambas comunidades y ella considera que «es un mensaje no solamente de desprecio y desconocimiento a la sentencia, es también un mensaje de desprecio a los derechos del pueblo garífuna y es necesario entender esto».
Edgardo Benedith, era el presidente del patronato en El Triunfo de la Cruz, cuando se interpuso la demanda internacional en 2003. «Solo son promesas y más promesas, querían que se llegara a un acuerdo con la gente que está establecida y que fueran saneadas las tierras que están sin ocupación para devolverlas a El Triunfo de la Cruz, pero todavía no hay una propuesta seria para nuestros abogados», expresó.
Para ellos la tierra es esencial en aras de mantener su cultura. El idioma, música y danza garífuna fueron declaradas por la Unesco, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2001. «Queremos seguir manteniendo nuestra cultura, nuestra cosmovisión, nuestras danza y creencia, nuestros valores y ética», dice Benedith.
Por eso no están dispuestos a ceder en una lucha en la que está en peligro su vida. Así lo deja claro, por su parte, César Benedith: «sería lo último que pudiésemos hacer. Sería un gran pecado como dirigentes, hijos de esta comunidad y como pueblo garífuna».
Persecución y memoria
Doña Ernesta, a quien de cariño le dicen “Neta”, cumplió 79 años. Puede hablar con propiedad de la historia de El Triunfo de La Cruz. Algunas cosas se esconden en las rendijas de la memoria, pero ella recuerda que la paz ha sido interrumpida en varias ocasiones por la misma razón: la disputa de su tierra.
El primer evento que ella recuerda fue en 1945, cuando un oriundo de la comunidad llamado Cirilo Colón vendió una parcela y esta fue cercada por el nuevo propietario. Los pobladores no podían pasar. Entonces hubo revuelta y recuperaron el terreno en 1949. «Yo estaba pequeña», aclara doña Neta, en El Triunfo de la Cruz la propiedad es colectiva, nadie puede vender «la tierra es de todos», sentenció.
En 1993, empezó el conflicto que la comunidad aún no puede resolver. Durante la aprobación de la Ley de Modernización Agrícola, impulsada por el nacionalista Rafael Leonardo Callejas y que desmanteló la Reforma Agraria, varias personas de la comunidad — principalmente los mayores— fueron convencidos de vender parcelas de tierra por 700 lempiras a la municipalidad de Tela, la que luego traspasó la propiedad para la ejecución del proyecto turístico Marbella. En total se vendieron unas 44 hectáreas de tierra, pero nadie podía vender individualmente y la asamblea comunitaria desestimó la propuesta.
Desde entonces se inició una lucha en la comunidad que no ha encontrado solución a través de los entes estatales, al extremo que en 2003 tuvieron que demandar al Estado de Honduras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa batalla se ganó en 2015, pero se espera aún que se cumpla la sentencia que ordena la devolución de los terrenos.
Doña Neta, cuenta que sus abuelos fueron despojados de sus tierras por invasores guatemaltecos, quienes echaron las vacas a sus cultivos. «Nuestros abuelos tenían miedo, no eran como nosotros, en lugar de pelear por su tierra, prefirieron salir de ahí», nos cuenta con su vista puesta en el mar. Sus abuelos luego llegaron al El Triunfo de La Cruz.
Múltiples formas de violencia contra el pueblo garífuna
También en Tela, a pocos kilómetros de El Triunfo de la Cruz, se encuentra San Juan, un lugar en la bahía de Tela que también está siendo asediado por sus tierras. El jueves 23 de julio, Ofraneh denunció que hombres vestidos de militares armados habían entrado a la aldea para intimidar a sus habitantes.
El presidente del patronato de esta comunidad, Marvin Güity, denunció estar recibiendo amenazas y ser víctima de seguimiento por parte de hombres armados que han llegado al menos en 2 ocasiones a San Juan. Dijo que se hacen pasar por miembros de la Policía Militar y a raíz de esta situación, él ha decidido ocultarse. Ahí también hay zozobra.
Vallecito, en el departamento de Colón, es el hogar de Miriam Miranda, la mayor líder garífuna del país. Ese municipio también tiene una historia de lucha. Sus terrenos fueron ocupados por un narcotraficante que murió en el mar. Ahora el lugar donde era una narcopista es un terreno donde los garífunas cultivan cocos. Pero no todo es bueno, Miranda tiene medidas cautelares y es acompañada permanentemente por 4 militares.
«No es un hecho aislado (el rapto del Triunfo), el pueblo garífuna ha denunciado públicamente tanto nacional como internacionalmente todo el acoso, persecución, criminalización y judicialización de defensores y defensoras garífunas, que hemos estado en lucha permanente para que se respeten nuestros derechos ancestrales, territoriales y culturales», dijo en entrevista a Contracorriente la coordinadora de Ofraneh, Miriam Miranda.
En septiembre de 2019, fue asesinada en Masca, Puerto Cortés, la lideresa Mirna Teresa Suazo. Ella era la presidenta del patronato de la comunidad, que está en la zona de influencia de una de las ciudades modelo. En diversas ocasiones han rechazado la instalación de 2 plantas hidroeléctricas en el Río Masca.
En 2013, cuando Juan Orlando Hernández era presidente del Congreso Nacional, se aprobó la Ley de Regiones Especiales de Desarrollo, que da la posibilidad de crear zonas de empleo y desarrollo económico, Zedes, que tienen autonomía del gobierno y muchos interpretan como una cesión de la soberanía nacional. Esto no lo aceptan en la comunidad de Masca.
La violencia en contra de líderes negros continuó. En octubre del año pasado, la comunidad garífuna de Cuzuna, ubicada en Iriona, Colón, fue sacudida por el asesinato de María Digna Montero, maestra y parte del grupo de trabajo de educación intercultural bilingüe de la Ofraneh.
El 19 de junio, fue asesinado Antonio Bernárdez, de 71 años, que era un respetado líder de la comunidad de Punta Piedra en Colón. Este poblado, al igual que El Triunfo de La Cruz, le ganó una demanda al Estado de Honduras y está a la espera de que se cumpla y de que les devuelvan las tierras que les han pertenecido desde la llegada de los garífunas al país, hace 223 años.
Líderes garífunas también denuncian la expulsión de sus pueblos de la Bahía de Trujillo, por empresarios canadienses. A eso se suma la expansión de las plantaciones de palma africana, que también son utilizadas por el crimen organizado para apropiarse de vastos territorios que facilitan su actuar al margen de la ley.
En los narcotraficantes, los garífunas han encontrado otro enemigo feroz en la disputa por sus tierras. Así lo reconoció Miriam Miranda, en una entrevista para el medio alemán DW, cuando recibió en 2019 el premio de Fundación Friedrich Ebert por su lucha en pro del respeto de los derechos humanos: «hay una gran presencia del crimen organizado. El Estado hondureño lo sabe. Y responsabilizamos al Estado porque no brinda seguridad a nuestras comunidades. El gobierno sabe quiénes están alrededor de los territorios del pueblo garífuna. En el pueblo garífuna siempre hemos vivido en armonía. Esta violencia tiene por objetivo que la gente salga de las comunidades», resaltó Miranda.
En concordancia con esta idea, César Benedith, oriundo de El Triunfo de la Cruz, asegura que «hay una persecución, aquí hay 4 compañeros perdidos y en Santa Rosa de Aguán, han matado los pescados de la laguna que alimenta la comunidad. Han venido asesinando los líderes en diferentes aldeas y a este momento no hay respuesta».
La respuesta del gobierno para esclarecer los crímenes contra los líderes y comunidades garífunas y evitar su repetición ha sido nula. Las investigaciones inician pero se pierden en la indiferencia, el silencio y, en algunos casos, la intimidación contra las personas que insisten en preguntar por su avance. La impunidad llega incluso al extremo de desobedecer sentencias internacionales como las emitidas por la CIDH.
En el caso del secuestro en El Triunfo de la Cruz, Juan Orlando Hernández, en su cuenta de Twitter expresó que su gobierno «está enfocado en lograr justicia para los 4 garífunas de la comunidad garífuna, por su supuesto rapto el 28 de julio». A esto, la Ofraneh respondió con un comunicado en el que indican que «el Estado de Honduras aduce ser “garante” de los derechos humanos, pero desafortunadamente las estadísticas indican lo opuesto. En los últimos años más de una docena de garífunas han sido asesinados por la defensa del territorio ancestral y, hasta la fecha, el Estado no presenta resultados concretos, y más bien en ciertos casos se ha limitado a desacreditar los argumentos que relaciona los crímenes con la defensa del territorio».
¿Justifican acaso el turismo, la palma africana y el narcotráfico la muerte, persecución y desplazamiento forzado del pueblo garífuna en Honduras? La resistencia garífuna y la solidaridad hacia ella nos demuestran que no. Algo que contrasta con la indiferencia, la opacidad y la complicidad del Estado y de empresarios nacionales e internacionales.
Original: Contracorriente
