Tristeza, impotencia, precariedad económica y emocional, sobresale en la vida de las familias de los ocho defensores del ambiente de Tocoa, Colón, quienes permanecen privados de libertad acusados de una serie de delitos. “Nosotros somos víctimas de la injusticia, el único delito que han cometido nuestros familiares, es luchar contra la empresa minera Los Pinares, que contamina los ríos Guapinol y San Pedro, que nacen en el parque nacional Carlos Escaleras, lugar donde está la concesión”.
Lo anterior lo manifestó Emma Soriano, madre de unos de los afectados. “Exigimos que los dejen en libertad porque están pagando lo que no deben. Para nosotros como familia ha sido un año duro. Yo duermo poco. Mi hijo dice que no me preocupe, pero, uno de madre sufre y más cuando sabe que es inocente de lo que se le acusa”, manifestó.
Fue el 1 de septiembre de 2019 que José Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero, Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Orbin Nahún Hernández, Arnold Javier Alemán y Ewer Alexis Cedillo, se presentaron de forma voluntaria ante el juez, mismo que los declaró inocentes de algunos delitos. Pero, por otros delitos no graves se les decretó un auto de formal procesamiento. El Ministerio Público los acusa de ser responsables de varios delitos: robo, usurpación, incendio agravado, daños, secuestro y asociación ilícita.
Antes que ellos, en febrero del mismo año, ya se habían presentado voluntariamente otros 5 líderes ambientales de Tocoa, acusados de los mismos delitos. Pero, después de una lucha legal, al cumplirse un mes recibieron sobreseimiento definitivo. Sin embargo, recientemente fue revocado y hoy corren el riesgo de volver a prisión.
En la actualidad siete defensores permanecen privados de su libertad en el centro penal de Olanchito, Yoro. Mientras por el mismo caso Jeremías Martínez, está tras las rejas desde diciembre de 2018 en la granja El Porvenir de La Ceiba, Atlántida, al norte de Honduras.
“Zozobra comunitaria”
“En Colón vivimos en zozobra. Todos los familiares de los que fueron acusados por defender los recursos naturales estamos en lucha contra la minería, pues la familia Pérez Facussé, (dueña de la concesión minera) llegó a nuestras comunidades a hacer estragos y a causar mucho sufrimiento”, Indicó Soriano.
“Por ejemplo mi hijo Arnold Alemán, tiene una niña pequeña y después de su privación de libertad su esposa la está pasando muy mal. Nosotros como familia tenemos que estar apoyándola para que pueda salir adelante. Le pedimos a Dios por la vida y libertad de todos los presos”, indicó entre lágrimas Emma Soriano.
Dijo que, como comunidades saben que si se explota la mina será afectado todo el departamento de Colón. Aunque los más perjudicado serán los municipios de Tocoa y Sabá, y el impacto se extendería a Santa Fe, Trujillo, y Bonito Oriental”.
Por su parte Dilma Cruz, esposa de Porfirio Sorto, indicó que la situación es fácil porque toda la responsabilidad de la familia recae sobre ella. “Tenemos hijos pequeños que mantener y él era el único proveedor. Ahora me toca difícil. Mi compañero de hogar hace mucha falta. El encierro y la distancia también nos matan a nosotras también”, indicó.
Manifestó que ha sido un año bastante difícil, y “lo peor es cuando los hijos peguntan ¿cuándo va a salir papá? ¿quiero ver a mi papá? A uno de madre se le vienen las lágrimas y no nos queda de otra que decirles que pronto va a salir libre”, acotó.
A reglón seguido aseguró que, “en casa no perdemos la esperanza que salgan libres porque todos son inocentes. Yo responsabilizo al Estado por nuestra situación económica precaria. Mientras mantienen encarcelados a nuestros familiares por estar en contra de la minería, la misma institucionalidad está permitiendo que la empresa continúe con el desarrollo de sus operaciones”.
Del mismo modo Elida Días, esposa de Daniel Marques, manifestó “estoy preocupada porque Daniel pasa enfermo. Esta situación es angustiante y uno se siente impotente porque podemos hacer poco. Lo que si tenemos claro es que defender los ríos y la montaña no es ningún delito. Por eso pedimos que, por favor los dejen en libertad. Sólo así acabará nuestro sufrimiento”.
Los líderes y lideresas comunitarias tienen claro que, si la minería continúa en poco tiempo el paisaje verde, con frondosos árboles, desaparecerá y tendrán una zona desértica. Lo que menos quieren los habitantes es que la mina avance y acabe con lo poco que va quedando en el lugar y por eso siguen en lucha.
El país más peligroso para el activismo ambiental
En años anteriores la organización internacional Global Wiyness, destacó a Honduras como “el país más peligroso del mundo para el activismo ambiental», por la alarmante cifra de asesinatos que desde el 2010 hasta 2017 se registraban 120 hondureños y hondureñas víctimas mortales por oponerse a la construcción de represas, la minería, tala de bosques y expropiación de tierras e invasión de territorios.
En 2016, Berta Cáceres fue asesinada por oponerse a la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca por la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), en el río Gualcarque. A más de cuatro años de su crimen, organizaciones nacionales e internacionales denunciando la falta de justicia teniendo pruebas de los autores intelectuales del asesinato.
Las concesiones de proyectos hidroeléctricos y mineros, han sido aprobadas por diputados y diputas del Congreso Nacional, sin la respectiva consulta previa, libre e informada. Lo que deja como consecuencia la muerte de hombres y mujeres que alzan su voz ante la amenaza de las montañas, los ríos y la vida misma de las comunidades.
