Juan López ha decidido oponerse a un proyecto minero por el que se ha reducido el área protegida del Parque Nacional “Montaña Botaderos Carlos Escaleras”, al norte de Honduras. Por su lucha, Juan enfrenta un proceso judicial junto con otras 31 personas que se opusieron al proyecto, de las cuales ocho llevan ya un año en prisión. Esta historia hace parte de la serie periodística #DefenderSinMiedo coordinada por Agenda Propia en alianza con Contracorriente.
El Parque Nacional “Montaña de Botaderos Carlos Escaleras” lleva en su nombre la ironía. Ubicado en Colón, al norte de Honduras, la zona comprende una de las 89 áreas naturales protegidas del país y su nombre rinde honor a un ambientalista de Tocoa (la ciudad más grande de ese departamento), asesinado en 1997 por intentar impedir la instalación de una procesadora de palma africana. Dieciséis años después de su muerte, en 2013, el Congreso Nacional redujo 217 hectáreas de la zona núcleo del Parque (la porción más protegida) para beneficiar un proyecto minero. La aprobación de la explotación minera en esta zona creó un conflicto en al menos veinte comunidades, tanto de la montaña –colindante con el parque– como del valle –donde se está construyendo una planta peletizadora para el procesamiento de óxido de hierro, que se extraerá de la montaña de Botaderos–.
Juan López, líder comunitario de la iglesia Católica en la Parroquia San Isidro Labrador, decidió liderar una resistencia contra los proyectos mineros que afectarían al Parque Nacional y a la ciudad de Tocoa. Juan dice que siempre le huye a la idea de ser un mártir y que cuando conversa con sus compañeros, evitan hablar de la posibilidad de acabar muertos, como Escaleras.
En el parque existen 34 microcuencas de las que se benefician 42.000 habitantes de diferentes comunidades colindantes a la Montaña de Botaderos. Para defender este parque, pobladores de diversas comunidades, Juan incluido, se organizaron en el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (Cmdbcp).
A Juan se le conocía en Tocoa y sectores aledaños como coordinador de pastoral de la Iglesia católica, pero ahora, por su liderazgo, se le ha hecho ver como a un criminal. Según explica, él solamente quiere defender las microcuencas que abastecen de agua potable no solo a los pobladores del área de influencia directa de la mina, sino también de los municipios de Tocoa, Sabá, Gualaco, Olanchito, Bonito Oriental y San Esteban. Estas urbes forman parte del sector conocido como El Aguán, área del valle, rico en recursos naturales y, desde hace décadas, codiciado por las mineras y la agroindustria.
La defensa de Juan se remonta a 2016 cuando las comunidades del sector San Pedro (conjunto de aldeas colindantes con el Parque Nacional) decidieron protestar en contra de la explotación minera en la zona de la montaña. En 2018, la comunidad de Guapinol cerca de Tocoa se organizó en un campamento que impidió durante un año el acceso de la maquinaria de la empresa Los Pinares S.A. a la montaña aduciendo que la construcción de la carretera hacia la minera estaba ensuciando el río Guapinol.
La situación se había salido de las manos y de cualquier otro molde. La comunidad estaba enfurecida porque el 7 de septiembre de 2018 uno de sus pobladores había terminado herido de bala tras un intento de desalojo. En dos ocasiones, las Fuerzas Armadas y la policía desalojaron el campamento, y la última vez se convirtió en un enfrentamiento. Miembros de la comunidad decidieron ir a las instalaciones de la empresa ubicada en Tocoa y allí discutieron con el jefe de seguridad de la minera, recuerda Juan.
Cuatro meses después, la firma Los Pinares S.A., dueña de dos concesiones (de cien hectáreas cada una) para explotar óxido de hierro en la montaña de Botaderos, denunció a 32 personas por daños, incendio, privación injusta de la libertad, asociación ilícita y usurpación por hechos ocurridos durante un campamento de protesta organizado por pobladores de Guapinol.
El expediente judicial relata que los acusados retuvieron entre tres y cinco horas a Santos Corea, jefe de seguridad de la minera, mientras quemaban uno de sus contenedores y destruían un vehículo en un plantel ubicado en Tocoa. El informe de inteligencia policial en el que se basa la acusación, asegura que 51 personas estuvieron involucradas en la actividad delictiva en contra de la compañía y que al menos otras 300 las habrían apoyado.
Las autoridades hondureñas acusaron a este grupo de personas por asociación ilícita, un delito comúnmente atribuido a estructuras criminales como las maras y pandillas, pero que en esta ocasión fue aplicado a los ambientalistas como miembros de una supuesta estructura criminal denominada “Los antimineros”. Juan, señalado como el cabecilla, asegura que el día en el que ocurrieron los hechos él estaba en Tocoa, en la ONG en donde trabaja, Fundación San Alonso Rodríguez, escribiendo un comunicado por el desalojo del campamento de Guapinol.
Esa denuncia llevó a Juan a la cárcel, quien estuvo preso en la Penitenciaría Nacional por doce días, periodo que tomó la audiencia en la que se determinó que él y once de sus compañeros que se presentaron voluntariamente ante las autoridades, serían liberados.
El proceso judicial se ha desarrollado en dos grupos: el primero, cuando Juan y once de sus compañeros decidieron entregarse a las autoridades tras la acusación en marzo de 2019; y el segundo cuando ocho más decidieron presentarse también. A este último grupo se le dictó prisión preventiva en septiembre de 2019 y desde entonces los hombres se encuentran encarcelados. Antonio Martínez Ramos, uno de los acusados, había fallecido el 5 de abril de 2015, mucho antes de que el conflicto estallara. Es decir: acusaron a un muerto de participar en numerosos delitos. Los once restantes no han podido ser capturados.
La decisión de resistirse a la minería en este país centroamericano ha sido una pesadilla para Juan y le ha costado más de un dolor de cabeza. Todo porque el proyecto al que decidió enfrentarse está protegido por el Estado.
El 3 de marzo de 2020, poco antes de que la pandemia de la covid-19 llegara al país, la Corte de Apelaciones resolvió un recurso que fue presentado en septiembre de 2019 por la empresa Los Pinares S.A. y el Ministerio Público, y revocó la absolución que existía a favor de Juan y cuatro de sus compañeros. Esto implica que el proceso judicial para ellos, los supuestos cabecillas, vuelve a comenzar. Además, en ese mismo proceso, la Corte ratificó la libertad para los otros siete acusados. Juan ahora teme volver a la cárcel.
A inicios de agosto, la Corte les notificó esta resolución. Es decir, cinco meses después, en un momento en el que Juan y el Comité Ambientalista estaban inmovilizados y no tenían contacto directo con los grupos poblacionales en los que quieren incidir. Debido a las restricciones que implica la pandemia por covid-19 en Honduras, Juan explica que varios procesos que ya habían iniciado han quedado detenidos: la exigencia de cancelación de la licencia ambiental ante la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Mi Ambiente), la revocación del permiso de explotación del proyecto y los procesos legales para exigir la liberación de sus compañeros en prisión.
“Estar esperando, porque solo una persona recibe los recursos legales y por correo electrónico, y que a veces tardan incluso en responder si el recurso se recibió o no… Entonces se vuelve muy tedioso hacer todo este trabajo. Esto genera agotamiento, crisis emocional, tanto como en el que está privado de libertad, como en las familias, las esposas, los hijos, las hijas, las mamás, los tíos”, cuenta Juan en una entrevista vía videollamada.
Mientras Juan espera su proceso judicial, después de que sus abogados presentaran un amparo en contra de la reapertura de su caso, los otros ocho ambientalistas (Porfirio Sorto, José Abelino, Orbin Hernández, Ewer Cedillo, Daniel Márquez, Arnold Alemán, Kelvin Romero y Jeremías Martínez) continúan esperando en prisión. Las revisiones de medidas cautelares presentadas por sus abogados han sido denegadas.
Para Juan otra de las preocupaciones es no sobrevivir a la pandemia en el hacinamiento de una cárcel. Al 19 de septiembre, los casos de covid-19 reportados por el gobierno en Honduras ascendían a 70.611. El nuevo coronavirus llegó a los centros penitenciarios desde abril de este año, cuando se reportó un muerto en la cárcel de máxima seguridad El Pozo. En julio, el Instituto Nacional Penitenciario confirmó al menos 1.980 casos entre las personas privadas de libertad, aunque especificó que en el centro penal de Olanchito, donde están siete de los presos de Guapinol, aún no había reportes.
Juan dice que él decidió esto, enfrentarse a un Goliat siendo quizá más como un David, y que lo hace porque su fe en dios y en la iglesia lo llevan. Pero él sabe que en Honduras esto le puede costar la vida y ya está viviendo la amenaza a su libertad.
Cronología de los mártires del Aguán
El sector del Aguán, rica zona agroindustrial del norte de Honduras, es conocido en el país por ser muy peligroso. No por la violencia de maras y pandillas, por la que se reconoce a Honduras en el mundo, sino por una que es rural y vinculada al abandono estatal, que ha generado conflictos por el acceso a la tierra; y también por el narcotráfico, luego de que los carteles de la droga se apoderaron de esta área como parte de sus rutas.
“Es una zona tan apetecida por los grandes capitales. Las empresas extractivas siempre van a provocar unos niveles de violencia extrema donde lleguen, para ellos la vida no tiene valor alguno. Hay que pasarse por encima de la dignidad humana, de los cuerpos de los pobladores, porque hay que sacar y sacar esa riqueza de la naturaleza”, alerta Juan.
La mayor parte de la población en el valle del Aguán es campesina, y desde tiempos de la reforma agraria en Honduras, en la década de 1970, la palma africana copó las tierras y se convirtió en el monocultivo que genera la mayor parte de empleos en esta zona del país. Allí, las comunidades que se oponen a la minería sobreviven con la palma africana, que también ha sido nociva para las fuentes de agua. Mientras tanto, las personas que viven en la montaña, en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional, viven de la agricultura de subsistencia (maíz y frijoles), en medio de un área abandonada por el Estado y utilizada para cultivos ilícitos como la marihuana.
El caso más emblemático de los defensores ambientales en Honduras es el de Berta Cáceres, líder del pueblo indígena Lenca quien en 2015 recibió el Premio Ambiental Goldman por su activismo, y un año después fue asesinada por oponerse a la construcción de una hidroeléctrica en Río Blanco, al occidente del país. Sin embargo, como ya se mencionó, diversos informes han advertido sobre el riesgo que conlleva ser un defensor del medio ambiente en el país. Las cifras más actuales presentadas por Global Witness en julio pasado reportan que solo en el año 2019 fueron asesinados catorce cuidadores de los recursos naturales. Así mismo, el proyecto periodístico Tierra de Resistentes mostró cómo los ambientalistas de este país están más propensos a ser procesados judicialmente y encarcelados que asesinados: de 685 casos de ataques contra ambientalistas registrados entre 2009 y 2019, 138 fueron asesinatos y 424 acosos judiciales.
Esta situación de riesgo también ha sido constatada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en casos entre 1995 y 2005 como el de Kawas Fernández vs. Honduras y Luna López vs. Honduras, ambos sobre asesinatos contra ambientalistas que no fueron investigados con diligencia por las autoridades responsables.
Por el caso de Carlos Escaleras, la CorteIDH sentenció un acuerdo amistoso entre la familia de la víctima y el Estado de Honduras, entre varias reparaciones el Estado le daría su nombre al Parque Nacional Montaña de Botaderos. La declaratoria de esta área protegida se hizo en 2011, catorce años después del asesinato de Escaleras, y la sentencia de la CorteIDH llegó hasta 2018. Justicia tardía.
La montaña de Botaderos era una zona inaccesible, no solamente por su ubicación geográfica, sino también por estar en el área de influencia del cartel de drogas más grande de Honduras en ese momento, “Los Cachiros”. Este grupo, liderado por los hermanos Devis Leonel y Javier Maradiaga, se desarticuló en 2015 cuando se entregaron a la justicia estadounidense. En su proceso de colaboración, ambos involucraron a altas figuras de la política hondureña, entre ellas, al hermano del presidente Juan Orlando Hernández, Antonio Hernández, quien fue condenado en la Corte de Manhattan por traficar drogas y armas a Estados Unidos. En casos posteriores, en las acusaciones se ha mencionado al presidente Hernández como co-conspirador en el tráfico de drogas y como beneficiario de altas sumas de dinero para pagar sus campañas políticas.
En agosto de 2016, cuando las protestas por la exploración minera en la montaña ya habían comenzado, Adán Fúnez, entonces alcalde de Tocoa, dijo durante un cabildo abierto (reunión de los pobladores con la municipalidad para resolución de conflictos) que todas las concesiones en el sector eran de la familia Rivera Maradiaga (Los Cachiros). El cabildo fue promovido por las comunidades del sector San Pedro para solicitar que se declarara el municipio libre de explotación minera, aunque actualmente hay cuatro exploraciones activas, incluyendo la de Los Pinares S.A.
En un video del noticiero local, Noticias de Colón, se puede ver cómo Fúnez dice, entre los murmullos y expresiones de indignación de la gente: “No creo que ustedes del sector San Pedro siendo amigos de Javier [Rivera Maradiaga] y de toda la familia Rivera, no se dieran cuenta [de] que él había solicitado esas concesiones, incluso la de arriba de la laguna. ¿Ustedes no se daban cuenta? (…) Esa [concesión] que tiene EMCO era de Javier Rivera, el amigo de ustedes y amigo mío”.
Según un reporte de prensa de 2017, en 2014 el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) les canceló dieciocho procesos de concesión minera a “Los Cachiros” y dos concesiones que ya les habían sido otorgadas por estar involucrados en acciones de lavado de activos. El vocero del Ministerio Público aseguró en ese momento que los contratos mineros fueron secuestrados (requisados) por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en el marco de las investigaciones contra la operación económica de este grupo criminal.
EMCO Mining Company –la empresa que menciona Fúnez– es el primer nombre de la compañía registrada por los empresarios de la construcción Lenir Pérez y Ana Facussé. Ahora esta se llama Inversiones Los Pinares, y fue la que solicitó en abril de 2013 dos concesiones para exploración minera en lo que aún era parte de la zona núcleo del Parque Nacional. Es decir: pidieron una concesión en un área natural protegida declarada como tal apenas dos años atrás. Pero ese mismo año, en diciembre, el Congreso Nacional de Honduras, mediante Decreto 252-2013, redujo 217 hectáreas del parque en la ubicación donde se había solicitado la concesión y esta fue aprobada, sin modificaciones, en 2014.
En 2015, la Comisión para la Defensa y la Promoción de la Competencia de Honduras resolvió la concentración económica de esta empresa y dos más de los mismos socios en un holding en Panamá: NE Holdings Subsidiary y NE Holdings Inc., donde Pérez y Facussé siguen siendo socios. Aparte, está Eco Tek S.A. de C.V. la firma encargada de la peletizadora en Tocoa, de la cual Pérez también es el propietario.
Según el Informe de Conciliación de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas en Honduras para el período 2014 en ese momento, el país ya contaba con 227 concesiones mineras, 32 de las cuales se encontraban en Tocoa. Tres años después del informe, las concesiones mineras ya habían subido a 306. En ese periodo se realizaron en el país tres Congresos Internacionales para promover la inversión en el marco de la entrada en vigencia de la Ley de Minería, lo que llevó a un aumento en las concesiones. Si bien en 2017 ocho artículos de esta ley se declararon inconstitucionales (porque atentaban contra la Constitución de la República al favorecer a las mineras y obviar los procesos de consulta a los afectados), la reforma cobró vigencia en 2019.
“Mientras uno mantenga la boca cerrada y si la abre sea para agradecer el desarrollo, todo va bien. Pero en el momento en el que uno cuestiona, debe estar uno consciente de que va a tener inmediatamente una reacción violenta en términos mediáticos, una reacción violenta en términos de criminalización, judiciales y, en el peor de los casos, como les ocurrió a Carlos Escaleras, Jairo Ayala, Guadalupe Carney, Chungo Guerra, gente que habló, cuestionó, criticó, denunció y recibió este tipo de reacción de parte de los grandes capitales”, dice Juan y recuerda que no se puede entender este conflicto sin ver al pasado reciente. Además, subraya que le parece simbólico que donde está Inversiones Eco Tek, que es la empresa que va a procesar el hierro que extraiga Inversiones Los Pinares, quede “exactamente donde Corporación Dinant quería ubicar la planta procesadora de aceite de palma africana en 1996 y 1997, por la cual asesinaron a Carlos Escaleras”.
La CorteIDH, en su sentencia del 26 de septiembre de 2018 por el caso Escaleras, relata que “meses antes de su homicidio, el señor Escaleras Mejía se opuso a la instalación de una planta extractora de aceite de palma africana en la ribera del río Tocoa, que sería contaminado por los desechos tóxicos que se depositarían en su cauce. Dicha instalación era gestionada por el empresario M.F. El hermano de la presunta víctima, René Escaleras, manifestó que poco antes del homicidio, dicho empresario –para quien trabajaba– le pidió que hablara con Carlos Escaleras Mejía a fin de que desistiera de su lucha por el medio ambiente, ya que ello le habría provocado una pérdida millonaria por no haber podido instalar la planta procesadora de palma africana. Al conversar con su hermano, este le indicó que continuaría dirigiendo el movimiento en pro del medio ambiente, respuesta que dio lugar a que René Escaleras fuera despedido de la empresa de M.F. Tres meses después de este hecho, Carlos Escaleras Mejía fue ejecutado”.
A quien la resolución de la CorteIDH identifica como “M.F.” es a Miguel Facussé, un empresario hondureño que creó un imperio agroindustrial gracias a la producción de palma africana en todo el país, sobre todo en El Aguán. Lenir Pérez, dueño de Los Pinares S.A. y Eco Tek, es su yerno. Todo queda en familia.
El Estado castiga pero no protege
Las empresas Los Pinares S.A. y Eco Tek cuentan con licencias de impacto ambiental tipo 4, es decir, se les permite operar como proyectos, obras o actividades consideradas de muy alto impacto ambiental potencial o riesgo ambiental. Los megaproyectos de desarrollo se consideran como parte de esta categoría. La licencia de Eco Tek aún es provisional.
En 2013, el Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), redactó un plan de manejo para la Montaña de Botaderos que será vigente hasta 2024. En el mismo documento establecen que hay poca investigación sobre la biodiversidad en este parque, ya que las actividades de subsistencia de la población en esta zona y el abandono estatal lo han impedido.
El Plan de Manejo resalta que la Montaña de Botaderos “es el hábitat de una diversidad de mamíferos como el tigrillo, venados, ardillas, monos; aves (loros, guaras, tucanes), serpientes, así como una gran variedad de especies forestales maderables y no maderables. Sin embargo, son muy pocos los estudios e investigaciones biológicas que se han desarrollado en esta área”. Según una referencia incluida por este reporte, muchas de las montañas hondureñas, como las de Yoro y Botaderos, siguen sin estudiarse y son básicamente desconocidas para la ciencia.
El documento además precisa que algunos de los problemas más comunes incluyen: inseguridad de tenencia de la tierra, presión sobre la administración del agua, prácticas inadecuadas de producción y ampliación de frontera agrícola, proceso inadecuado de explotación forestal, presión en áreas con potencial para actividad minera dentro del Parque, presión para la utilización de áreas con potencial hidroeléctrico e intervención de hábitats naturales provocando la pérdida de especies de flora y fauna.
Inversiones Los Pinares S.A. publica constantemente en su página de Facebook sus acciones a favor del medioambiente, en las que destaca la reforestación en áreas “que habían sido deforestadas”, o la mitigación del polvo en la zona donde construyen la planta peletizadora. Una publicación de la empresa en esta plataforma el 21 de agosto pasado resaltaba que “Inversiones Los Pinares es referencia en programas y protección ambiental, y cuenta con un equipo de expertos que velan por el cuidado de bosques, agua, flora, fauna, aires y suelos. Avanzamos, con los más estrictos protocolos de bioseguridad, generando empleo y desarrollo para Tocoa”. A través de la misma página solicitamos una entrevista con los encargados de las relaciones públicas de esta empresa, pero la solicitud no fue respondida.
Los Pinares S.A. ha asegurado que con la construcción de la planta peletizadora al menos dos mil personas tendrán un empleo directo y unas 600 más serán beneficiadas con empleo. Una gran oferta en un país cuya alicaída economía ha quedado aún más devastada por la pandemia. Según un reciente informe de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, 928 empresas cerraron por el impacto de la pandemia y 127.184 personas perdieron sus empleos. Por otro lado, el sector privado pidió al inicio de la emergencia sanitaria reducir la recaudación fiscal este año. Pero las empresas de este proyecto minero siguieron operando, incluso desde antes que comenzara la reapertura gradual de la economía.
Las personas que se opusieron al proyecto en Guapinol relatan que el río homónimo que pasa por su comunidad se contaminó por el sedimento causado por la construcción de la carretera que Inversiones Los Pinares, S.A. aún no culmina. Los técnicos de esa empresa han expuesto en diversos medios de comunicación que el río sufriría un daño “temporal” que además se agrega a la suciedad que ya tienen sus aguas por las lluvias en el sector.
Juan, por su parte, asegura que “si colapsa el río Guapinol, saldrá toda la gente en caravana, migrando hacia Estados Unidos. Es una estrategia de desestabilización, por esto la empresa ha conseguido que el Estado le dé seguridad, la policía y los militares están cuidando ahora esta zona”.
Además, Juan añade que el mismo Estado pudo haber empleado a las personas de las comunidades para desarrollar el plan de manejo del Parque Nacional. Sin embargo, él cree que el gobierno ha permitido la explotación minera en áreas protegidas; lo que se suma a los cultivos extensivos y la ganadería que están acabando con los bosques, ante la ausencia de control por parte del Estado.
En Honduras todo sucede en el marco de la Ley. La disminución de la zona núcleo del bosque del Parque Nacional “Montaña Botaderos Carlos Escaleras” fue mediante Decreto Legislativo, en una sesión sin debate pero legal. El otorgamiento de licencias ambientales a empresas que pretenden explotar una zona con un plan de manejo contrario a este tipo de actividades, también es legal. Pero el uso de la ley, en el caso de los ambientalistas con procesos judiciales, ha sido nocivo para los derechos de las comunidades a oponerse a un proyecto con impacto ambiental.
El 31 de agosto de 2020, la Clínica Jurídica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Virginia, Estados Unidos, presentó su informe “Acompañamiento al antejuicio de los defensores del río Guapinol y San Pedro”, en el que señaló una serie de irregularidades judiciales como el uso de jurisdicciones nacionales destinadas a conocer exclusivamente casos de crimen organizado y alto perfil contra los ambientalistas. Al mismo tiempo, afirma que de acuerdo con el derecho nacional e internacional, la prisión preventiva debe reservarse para circunstancias extremas y debe tratarse como una excepción y no una regla. “El Estado hondureño debe reconocer y proteger el papel fundamental de los defensores de los derechos humanos y respetar las normas internacionales relativas a la participación de las comunidades locales en los procesos de adopción de decisiones sobre el otorgamiento de concesiones o la ejecución de proyectos extractivos que las afecten”, establece el informe.
Los abogados de Juan y sus compañeros aseguran que en este caso se viola el debido proceso y se puede considerar un arma legal en contra de quienes se oponen a proyectos extractivos. El Estado de Honduras, mientras tanto, sigue sin aprobar una ley de consulta previa para que las comunidades expresen sus dudas y opiniones con respecto a los proyectos extractivos, y este limbo ha permitido la explotación y ha condenado a quienes se opongan a ella.
Mientras Juan estaba seguro de que ni la pandemia había logrado asustar a la resistencia en Guapinol y San Pedro, recibió una buena noticia. Tiene días buenos y días malos. El pasado 17 de septiembre el Grupo de Izquierda del Parlamento Europeo anunció su postulación para el Premio Sakharov a la Libertad de Expresión, los defensores de Guapinol son los nominados, a la par de Berta Cáceres como un reconocimiento post mortem. “Es una nominación que puede ayudar mucho. No se todavía si lo entregarán al Comité, pero ya es algo que dice mucho de esta lucha”, dice Juan, sin demasiada emoción.
“No sabemos si hay gente (de la comunidad) decepcionada. Probablemente sí. Antes de la pandemia supimos de gente que se fue para EEUU., pero no es mucha. La gente está esperando la convocatoria. No podemos convocar ahora (a movilizaciones) por la pandemia pero sentimos que la gente está consciente”, cuenta Juan, en medio de la ruleta de emociones que ha significado su rol como ambientalista en Honduras, donde hacerlo le puede costar la vida.
Original: Contracorriente
