• Slide Honduras - NO DESPUBLICAR

En Honduras los pueblos indígenas habitan en condiciones inhumanas debido al abandono estatal y al saqueo desmesurado de sus bienes naturales, y ahora con la llegada del covid-19 su situación empeoró, denunció el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).

Fotografias por: Seth Berry

En el exuberante valle del Bajo Aguán, los sucesivos conflictos por la tierra y el agua han dejado más de 150 personas muertas. Y la lucha no ha terminado todavía. La mina no se puede alcanzar desde la puerta del camino, que está custodiada por soldados que llevan M-16 y un capataz con casco y una escopeta en el pecho.

El Acuerdo de Escazú fue adoptado el 4 de marzo del 2018 en Escazú, Costa Rica. Encontrándose abierto para su firma, ratificación o adhesión desde le 27 de septiembre de 2018 hasta el 26 de septiembre de 2019, por 33 países de América Latina y el Caribe.

Crece la indignación ante la criminalización de la lucha en defensa de los bienes comunes en el Aguán. Son ocho los defensores de los bienes comunes de la comunidad de Guapinol, al noreste de Honduras, que todavía guardan prisión - siete en Olanchito y uno en La Ceiba - por defender el territorio y los ríos que bajan del Parque Nacional Montaña de Botaderos, cuya zona núcleo está siendo amenazada por la empresa minera Los Pinares.

Ser mujer y defensora de los derechos humanos, los pueblos indígenas o la tierra es una combinación peligrosa. Y más en América Latina. A las amenazas, las detenciones y las agresiones se suma la violencia sexual.

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