• Slide Honduras - NO DESPUBLICAR

A cuarenta y ocho días de la desaparición forzada de Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía, Alber Santana Thomas y Snider Centeno, la comunidad Garífuna reclama respuestas certeras por parte del Estado de Honduras y exige que las mismas estén apegadas a la verdad.

Comunidad Guapinol, Tocoa, Colón, donde empresa minera se instaló a pesar del rechazo de la población.

Comunidades y organizaciones territoriales en Honduras, plantean la necesidad urgente de firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú, considerado el pacto regional más importante sobre el acceso a la información pública, participación ciudadana y justicia en asuntos ambientales de América Latina y el Caribe.

Hace un año, la jueza Lisseth Vallencillo, dictó la prisión preventiva para 7 de los 8 defensores de los ríos Guapinol y San Pedro en Tocoa, Colón, acusados de privación injusta de libertad e incendio agravado, en perjuicio de la empresa minera Inversiones Los Pinares.

La empresa minera denominada MINOSA y su gerente general, Luis De Lima, fueron denunciados ante el Ministerio Público por presuntas operaciones indiscriminadas realizadas en el municipio de La Unión, del departamento de Copán, zona occidente de Honduras, informó este jueves el abogado Víctor Fernández, fundador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).

La desaparición de cuatro jóvenes afrodescendientes evidencia la violencia y la persecución que viven estas comunidades.  "No es un caso aislado. Es un proceso de exterminio hacia el pueblo garífuna que no es reciente. Estorbamos porque estamos en los territorios de la costa caribe. Somos un pueblo en lucha y resistencia permanente".

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