El Cahabón, uno de los ríos más importantes de Guatemala, tiene de media un caudal de 164,2 m³/s, la misma que el Guadalquivir a su paso por Sevilla. El Cahabón abastece de agua para la agricultura, uso doméstico y supervivencia general a cientos de miles de personas en todo su recorrido. La construcción por parte de ACS, empresa de Florentino Pérez, de un complejo hidroeléctrico bautizado como Renace, y situado en la cuenca de este río, está teniendo un “grave impacto en los derechos humanos” para los 29.000 indígenas que viven en este territorio.
Todo esto ha sucedido sin la consulta y el consentimiento de los pueblos indígenas afectados. El complejo Renace comenzó a construirse en 2002. Aunque estuvo precedido por la construcción de otra hidroeléctrica, Oxec, que ya se enfrentó a las mismas problemáticas. Renace consta de cinco fases repartidas en un extenso tramo del río Cahabón y desde el principio ha tenido graves carencias en los procedimientos de evaluación medioambiental.
Alianza por la Solidaridad, dentro de su campaña TieRRRa, que defiende que las empresas sean Rentables, pero Responsables con los Recursos naturales, lanzada para sensibilizar sobre el control del impacto de las inversiones extranjeras de compañías privadas con sede o capital en España, exige a Florentino Pérez que paralice de inmediato su participación en las obras en marcha y no las reanude hasta que no se realice un exhaustivo informe del impacto social y ambiental de la hidroeléctrica en su conjunto.
CS/Cobra ha entubado el 80% del río en en una zona en la que afecta en su uso a 29 000 personas. El 20% restante corre entre dos muros de cemento. La gente de las comunidades afectadas, en su gran mayoría indígenas maya quekchí, tienen que pasar un control de seguridad, a modo de checkpoint, para tomar agua.
Las comunidades de la región utilizaban el río para lavar, para pescar y, sobre todo, para proveerse de agua potable tanto para consumo personal como para abastecer sus cultivos.
Tras una amplia investigación que ha durado dos años, Alianza por la Solidaridad ha constatado los graves y negativos impactos en el medioambiente y en los derechos de las comunidades que viven junto al río. Por ello, desde las comunidades aseguran que necesitan parar, al menos, «las dos últimas fases que están en construcción y planificación antes de que el río Cahabón se seque«.
Las comunidades que se están oponiendo al proyecto también denuncian que «están siendo amenazadas y criminalizadas por manifestarse e intentar hacerse oír abiertamente, siendo víctimas de casos de espionaje, grabaciones ilegales y difamaciones«.
La Corte Suprema de Justicia de Guatemala dictó el pasado día 10 de julio una sentencia que obliga a realizar una consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas afectadas por la hidroeléctrica .
“La parte agridulce de este logro es que la sentencia no paraliza la obra ni pone la fecha para la consulta, pero es un gran paso hacia la justicia social”, afirma Almudena Moreno, de Alianza por la Solidaridad.
La sentencia hace referencia también a dos recursos planteados anteriormente por la constructora en los que varios líderes comunitarios alegaban el desarrollo que suponía para la zona la construcción de la hidroeléctrica. Señalaban también que el Convenio Internacional es posterior al inicio de la obra. La Justicia desestimado sus argumentos y condena incluso al abogado que llevó la sentencia por improcedente, ya que aunque la primera fase de Renace se aprobó en 1991, las siguientes ampliaciones se dieron por válidas en 2004, 2008, 2013 y 2015.
El fallo judicial también señala que está probado que los efectos de la decisión tomada para la ejecución de la obra tiene consecuencias sobre la vida de los indígenas.
Original: Contra Información
