La tala indiscriminada, la explotación minera y la invasión de tierras degradan los bosques de la Costa Caribe del país centroamericano. En los últimos años, la Costa Caribe de Nicaragua se ha visto afectada por graves problemas ambientales reflejados por la tala sin control, una agresiva explotación minera que envenena los ríos y la invasión de tierras indígenas por parte de agricultores del Pacífico, con la venia gubernamental.
Aunque la deforestación se inició hace varias décadas, el deterioro en el litoral caribeño se aceleró en los últimos años, a partir de la invasión de territorios indígenas por parte de "colonos" (campesinos oriundos del Pacífico) que, según han denunciado organismos independientes y defensores de derechos humanos, cuentan con la protección del gobierno de Daniel Ortega, en el poder desde 2007.
Detrás de los colonos está la mafia maderera en la que directamente estarían implicados personajes ligados al régimen sandinista. Así lo afirma un informe de la ONG estadounidense Oakland Institute, publicado en agosto de 2020, que revela cómo el gobierno nicaragüense "no solo ha fallado en cumplir la protección legal de las tierras indígenas, sino que en realidad desempeña un papel activo en la colonización y explotación por parte de las empresas transnacionales", alentando además la ganadería invasiva y la minería en el país, principalmente en la alejada región caribeña, con el consecuente daño medioambiental.
La reserva de Bosawás, el "pulmón verde" de Centroamérica ubicado en el noreste de Nicaragua, ha perdido miles de hectáreas de bosques producto de la tala ilegal.
La fiebre del oro
A partir de la revisión de documentos oficiales, el estudio "Nicaragua: Una revolución fallida. La lucha indígena por el saneamiento", del Oakland Institute, revela que el gobierno ha ofrecido a potenciales inversionistas más de 7,1 millones de hectáreas para concesiones mineras, área equivalente al 60 por ciento de la extensión total del país centroamericano. Otras 3,5 millones de hectáreas (30 por ciento del territorio nacional) se ofrecieron para proyectos forestales, según el documento.
Consultada por DW sobre la problemática ambiental en la región caribeña, Lottie Cunningham Wren, presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), también apunta su mirada hacia el gobierno sandinista.
"El gobierno de Nicaragua ha jugado un papel activo en alentar la colonización de las tierras en la Costa Caribe. Ha alentado la fiebre del oro, ofreciendo millones de hectáreas disponibles para concesiones mineras, de las cuales más de 800.000 hectáreas se encuentran dentro de la Reserva de Biosfera de Bosawás", la mayor área protegida de Centroamérica, dice la activista.
Promesas de reforestación
Ya en 2015, el gobierno a través del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) admitía que en una década (2005-2015) se habían perdido más de un millón de hectáreas de bosques en Nicaragua. En octubre de 2019, el gobierno de Ortega anunció que invertiría 110 millones de dólares para reforestar Bosawás (noreste), la reserva de Indio Maíz (sur), los bosques de pinares y el Corredor Seco, estos últimos en el noroeste, mediante el denominado proyecto BIO Clima, apoyado por varios gobiernos y organismos internacionales. Sin embargo, a un año de aquel anuncio, las autoridades no han actualizado información sobre el programa.
Según ambientalistas, las áreas protegidas de Bosawás e Indio Maíz han sido paradógicamente las más afectadas por la deforestación en Nicaragua.
Lottie Cunningham, defensora de derechos humanos y recién galardonada con el Nobel Alternativo de la fundación sueca Right Livelihood Award, identifica tres grandes causas del dramático deterioro ambiental en el Caribe: la minería, la ganadería y la tala. Estas actividades "han devastado el bosque", se lamenta.
Lottie Cunningham, activista de derechos humanos.
En los últimos 50 años, el país ha visto reducida su cubierta fortestal del 76% al 25%, asegura Cunningam, una enfermera de origen miskito, que ha recibido amenazas de muerte por parte de funcionarios sandinistas molestos con su activismo en defensa de los indígenas y de los recursos naturales de la Costa Caribe.
El emporio ALBA Forestal
De acuerdo con el Oakland Institute, existe "complicidad" entre el gobierno de Nicaragua y las empresas extranjeras en la deforestación de la costa Caribe, que alberga la mayor parte de los bosques primarios del país.
Cunningham señala que ALBA Forestal, una empresa nacida en 2009 como parte del consorcio nicaragüense-venezolano Albanisa, está "directamente involucrada en la deforestación caribeña, pues su actividad inició con el pretexto de extraer la madera de miles de árboles" que fueron tumbados dos años antes por el huracán Félix.
"El régimen ha utilizado el negocio de la deforestación para enriquecer su capital familiar, también ha modificado la legislación ambiental para controlar (…) la extracción forestal", declaró en 2019 el ambientalista Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, una de las 11 ONG proscritas y confiscadas por Ortega a raíz de la crisis política de 2018. El propio Ruiz debió marchar al exilio tras recibir amenazas.
El rio Coco, en la frontera con Honduras (norte), es el más grande Nicaragua.
Ríos envenenados
Además de la tala indiscriminada, las concesiones mineras y la invasión de las tierras indígenas, también la minería artesanal propicia la contaminación de los principales ríos de la Costa Caribe.
"Casi todos los ríos están envenenados. El río Waspuk, el Coco y el Wawa están contaminados con mercurio. El río Bambana tiene cianuro. En el Caribe es más facil encontrar una botella con mercurio que un litro de leche", exclama Cunningham, tras criticar la inactividad del Estado ante esta situación.
Según la activista, desde las alcaldías municipales sandinistas se promueve la explotación sin control de los recursos naturales con indulgencias fiscales, mientras el gobierno central ofrece facilidades de inversión a empresas transnacionales de España, Canadá, Reino Unido y Australia, "irrespetando la autonomía de la Costa Caribe y la propiedad comunal, invadiendo reservas y desplazando a la población indígena que ahora ya no puede cazar, sembrar ni hacer uso de sus territorios".
Un conflicto entre excluidos
"Siempre hemos dicho que la usurpación (de los recursos naturales y las tierras) se practica con la anuencia del Estado, y esto no excluye al Ejército de Nicaragua", afirma Cunningham. "El batallón ecológico requisa a los indígenas cuando cortan un árbol para reparar sus casas, pero deja pasar los camiones llenos de madera frente a sus retenes militares", añade.
La situación es tan compleja que parece difícil encontrar una solución. Consultado por DW, el director ejecutivo del ecologista Centro Humboltd, Víctor Campos, dijo que es urgente concluir el proceso de legalización de los territorios indígenas y titular también las tierras ocupadas por "colonos" antes del año 2000.
"La invasión de tierras indígenas ha generado un conflicto entre excluidos, que debe solucionarse a partir del reconocimiento legal de los territorios por parte del Estado", indicó Campos. No obstante, este proceso "tiene como premisa la existencia de un Estado que asume y cumple sus responsabilidades, lo cual obviamente no está ocurriendo ahora", añadió.
Durante todo el año 2020 y pese a la pandemia del coronavirus, la tala no ha cesado, dicen los ecologistas. O como afirma con tristeza Lottie Cunningham: "Ahora hay más gente en los bosques instalando ranchos y haciendas ganaderas, mientras vemos desaparecer esta preciosa selva tropical".
Original: Deutsche Welle
