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Algunos sugieren que existe un vínculo entre el aumento de la violencia y la privatización de la seguridad y que ese vínculo podría romperse con educación y empleo, con desarrollo humano, con acabar con la cultura de la corrupción. La resistencia a las industrias extractivas sin embargo nos demuestra que el asunto es muchísimo más complejo.

Aunque el CIADI ordenó que Oceana Gold pagara a El Salvador 8 millones de dólares el pasado marzo, luego de siete años de arbitraje, la empresa aún no ha entregado dicha cifra al país. Ejecutivos de la transnacional señalan que aún se está trabajando para pagar dicha deuda y lograr una salida “pacífica” y definitiva del país.

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