Algunos sugieren que existe un vínculo entre el aumento de la violencia y la privatización de la seguridad y que ese vínculo podría romperse con educación y empleo, con desarrollo humano, con acabar con la cultura de la corrupción. La resistencia a las industrias extractivas sin embargo nos demuestra que el asunto es muchísimo más complejo.
“Pagamos impuestos y nos devuelven represión”
Mientras observan cómo los restos de sus pequeños negocios yacen en el piso, uno de los pobladores de Casillas dijo “nosotros pagamos impuestos y nos devuelven represión”. El 22 de junio la policía desalojó violentamente a un grupo de hombres, mujeres y niños que protestaban en Casillas contra la mina El Escobal, propiedad de la empresa canadiense Tahoe Resources. Ellos culpan a la mina de lo que ha pasado en sus comunidades y en sus vidas, en sus propiedades y en sus cuerpos. La resistencia pacífica empezó hace años cuando los pobladores de decenas de comunidades, pequeñas y grandes, se unieron para reclamar sus derechos. La resistencia es masiva. El plantón que mantienen en Casillas es otra forma de tratar de hacer que les escuchen. Los alcaldes de Nueva Santa Rosa y Santa Rosa de Lima les apoyan. Han realizado consultas, en todas excepto una de ellas, la población rechazó la mina. Los pobladores han hecho plantones. Y muchísimas veces han sido agredidos violentamente.
La geografía de la violencia
La fotografía del cuerpo de un anciano de 72 años, tirado en la palangana de un pick-up, muerto, calzando aún sus botas de hule me estremeció. Debajo de la fotografía se puede leer que fue asesinado por pedir que la finca San Gregorio Piedra Parada, Coatepeque, en donde trabajó durante veinticinco años, cumpla con sus obligaciones laborales. Que la finca regularizara los pagos al IGSS que robó a sus empleados durante un cuarto de siglo.
La policía nacional, agencias privadas de seguridad, la seguridad de las fincas y el ejército han estado involucrados en actos violentos y en algunos casos en asesinatos en lugares donde operan industrias extractivas durante los últimos años en toda Guatemala. Petén, Izabal, Alta Verapaz, Santa Rosa, Jalapa, San Marcos, Huehuetenango. En 2012 asesinaron a seis personas en Totonicapan. En Monte Olivo fueron asesinados dos niños. En 2013 la seguridad privada de la mina El Escobal disparó contra un grupo de hombres que regresaban de su trabajo, hiriendo a siete. El caso será juzgado en una corte canadiense.
Un estado contrainsurgente, corporativo y autoritario
Todos los episodios relacionados a la violencia en todos los sitios donde hay proyectos extractivos, podrían entenderse usando el concepto de “pacificación” sugerido por algunos académicos[i]. Es decir, un proyecto político llevado a cabo por las agencias del Estado, controlado por intereses de clase específicos [inversiones/dividendos/industrias extractivas/mercantilización de la naturaleza], que tienen por objetivo neutralizar la política de oposición. Como otros han observado, desde esta perspectiva la seguridad es constitutiva del poder, es un proceso y de ninguna manera se restringe al crimen, también moldea el espacio, el tiempo, los cuerpos. La violencia ejercida por la policía/seguridad privada es un continuo sobre el cual el orden capitalista se planea, se implementa y se resiste. La mercantilización de la seguridad (el “negocio” pues) no significa necesariamente que algo que estaba en la esfera del sector público, se haya transferido a la esfera del sector privado. La privatización de la seguridad constituye más bien el enlace entre la seguridad del Estado y la seguridad corporativa. Esa mercantilización permite que se legitime la fusión de las agencias corporativas de seguridad con las agencias públicas en el control del uso de la violencia, es decir, que se legitime el uso de la violencia por el Estado Corporativo. El control que ejercen ex-militares de la guerra sobre las agencias privadas de seguridad refuerza el componente contra-insurgente en Guatemala.
Afganistán-Irak-Casillas
Las agencias de seguridad privada y la policía colaboran, intercambian información, vigilan, elaboran listados, acuerdan estrategias, actúan. El caso de la mina El Escobal ilustra este punto de manera muy clara. Las grabaciones de conversaciones telefónicas entre el ex–jefe de seguridad de la mina, Rotondo, y sus subalternos que se han presentado en la corte son perturbadoras. En ellas él explica la estrategia violenta para reprimir y acabar con las manifestaciones. Además, cómo manipularían la escena del crimen, alterando la evidencia y dando órdenes de que se presente una versión falsa de los hechos. En la transcripción 4052 de una comunicación entre Rotondo y uno de los guardias bajo su mando dice:
“Limpien las armas pues […] Límpienlas bien, decimos ‘aquí no pasó nada.’ […] La versión es: que entraron y ellos nos atacaron. Y los hemos repelido. […] Hay que decirle a la gente, es de que no se preocupe, que ellos vienen todos los días a agredirnos, con machetes y con piedras y la gente se ha defendido pues. Ahí están, allí están los escudos rotos. Pero quiebren dos más, para que vean de que nos atacaron.”
La evidencia parece indicar también que la seguridad privada de la mina colaboró con la policía nacional para asegurar que ambos presentaran la misma versión de los hechos.
Pero, además, el caso de El Escobal develó que la seguridad privada de la mina mantenía vínculos globales con seguridad privada desplegada en Irak y Afganistán. Ahora la seguridad está en manos de una compañía inglesa. De manera creciente, las agencias privadas de seguridad actúan a nivel global casi como autoridades públicas. Pelean guerras, patrullan fronteras, manejan la migración y manejan centros de detención.
Frente a la violencia, ¿qué?
El conflicto entre miles de pobladores de Santa Rosa y Jalapa y la mina El Escobal parece enseñarnos algo más sobre los numerosos conflictos socio-ambientales en Guatemala. La violencia incesante que están viviendo a diario estas personas indica que los grupos económicos dominantes (capitales guatemaltecos, nicaragüenses, rusos, estadounidenses, canadienses, españoles, entre otros) no están interesados en contrarrestar el disenso con concesiones y compromisos sino a través de la exclusión violenta de las fuerzas sociales y políticas que se les oponen. Las condiciones de posibilidad de la resistencia y de imaginar alternativas políticas las están definiendo esas prácticas violentas del estado contrainsurgente y corporativo. Y eso lo sabe la gente de Santa Rosa, de Jalapa, de la Puya y de otros lugares. Porque lo saben eligieron el camino de la resistencia pacífica. Ellos mismos lo dicen: del estado de sitio del 2013 aprendieron muchas cosas. Por eso ante los ataques con bombas lacrimógenas y los golpes con bastones policiacos, ante el irrespeto a la propiedad privada y los insultos, rezan el rosario, cantan, celebran misas.
Noticia Publicada en Plaza Pública
Ver enlace original en: La Seguridad Privada no es solo un buen Negocio
