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Los principales afluentes de dar vida tanto en Guatemala, como en El Salvador ya no soportan más contaminación y están a punto de recibir el tiro de gracia.
Los ríos Ostúa, Guija y Lempa se pueden convertir en resumideros en donde se recojan las aguas contaminadas por minerales pesados provenientes de la mina a cielo abierto Cerro Blanco.
Si bien la mina se encuentra en el vecino país Guatemala, los ríos se conectan gracias a sus vertientes naturales y arrastran no solo el agua, sino también la contaminación e impurezas que arroja la mina, por lo que organizaciones ambientalistas de ambos países se unen para demandar de los gobiernos la prohibición unánime y el cierre definitivo de la mina Cerro Blanco.
El Salvador mantiene la ley de prohibición de minería metálica, aprobada por la asamblea legislativa en marzo del año 2017. Sin embargo, hasta el momento y pese a que el gobierno conoce sobre la amenaza que significa la mina vecina Cerro Blanco de Guatemala para los ríos Guija y Lempa, no se ha dado ningún pronunciamiento oficial al respecto, lo que pone en alerta a las organizaciones sociales y ambientalistas.
En conferencia de prensa representantes y defensores ambientales de El Salvador y Guatemala advirtieron que es preciso que la población conozca que existen proyectos mineros transfronterizos que amenazan con contaminar el agua y agravar la crisis hídrica de los países.
La amenaza más inmediata la representa el proyecto minero Cerro Blanco, un proyecto de mina subterránea ubicado en Asunción Mita Jutiapa, que desde el año 2007, hace 14 años, intenta fallidamente extraer oro y plata, pero acertadamente es una bomba contaminante para los ríos y ahora busca convertirse en una mina a cielo abierto.
La minería a cielo abierto es una forma de minería mucho más agresiva para el medio ambiente y peligrosa para la salud humana. Como defensores ambientales alertamos sobre este nuevo intento del proyecto minero Cerro Blanco de intentar doblar las leyes ambientales de Guatemala y evitar realizar todo el debido proceso que implica entre otras cosas la realización de una consulta amplia en las comunidades que se se verían directamente afectadas por este cambio.
Las magnitudes de los cambios solicitados van desde procesar 1000 toneladas diarias de material a procesar 10,952 toneladas diarias y de extraer 3.31 millones de toneladas de material en túnel de 73.4 km a extraer 144.8 millones de toneladas en tajos con una profundidad de hasta 370mt y 1200mt de largo. Todo este material posteriormente se convierte en desechos que se depositan en cerros que generará drenaje ácido y polvos dañinos para la salud.
En total la mina estima que extraerá durante los 12 años de explotación cerca de 38.4 millones de m3 de agua, una extracción que afectará el acuífero local por más de 32 años. Según el modelo que presentan los ríos y riachuelos afectados principalmente serán Tancushapa, Tempisque, San Francisco y el río Ostúa que drena a El Salvador. Todas muestran reducciones fuertes del caudal entre 10% y 70%. El río Ostúa drena en el Lago de Güija y por lo tanto al Rio Lempa.
Los defensores ambientales advierten que la mina Cerro Blanco traerán desplazamiento, pobreza, enfermedades, y conflictividad, pero también la mina con los 500 trabajadores que pondrán para la construcción, traerá prostitución, trata y violencia para las mujeres de las comunidades. Estos impactos no se contemplan en el actual estudio. Denunciamos también ante las autoridades competentes, la poca o nula transparencia en la adquisición del proyecto por parte de la empresa Bluestone y su subsidiaria Elevar Resources.
Hacen un llamado a la población de El Salvador y Guatemala a exigir el cierre definitivo del proyecto minero Cerro Blanco, que en 14 años de operación ha contaminado con arsénico y metales pesados el río Ostúa tributario del lago de Guija y el río Lempa, violentando el derecho humano al agua, al ambiente sano, a la vida y la salud de la población de Asunción Mita, las comunidades de Metapán que viven en la ribera del lago de Guija y a los más de 3 millones de salvadoreños y salvadoreñas que dependen del río Lempa.
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Los cultivos de la caña de azúcar se expanden cada vez más en El Salvador acabándose el agua que antes era de las comunidades rurales y exponiendo la vida de cientos de familias debido a la quema descontrolada que se realiza durante la zafra.
Los problemas que genera la industria azucarera cada vez son más graves por la falta de vigilancia y control por parte de las distintas instancias del gobierno.
Durante la época de la zafra los cultivos de caña son incendiados de manera descontrolada lo que obliga a las familias rurales a salir de sus hogares para buscar refugio lejos de los incendios, ya que estos provocan humo intenso que invade los cercos que dividen sus casas de los cañales.
Los habitantes han denunciado cientos de veces su temor de que sus viviendas sean incendiadas o sus familiares sufran asfixia debido a los incendios, sin que hasta el momento ninguna autoridad haga algo al respecto.
En cuanto al agua los cañeros han invadido los terrenos en las zonas rurales del país y están explotando el agua de los pozos sin que ninguna autoridad ejerza algún tipo de control.
Además, están haciendo uso abusivo de los plaguicidas provocando contaminación de los acuíferos, enfermedades respiratorias y renales en la población por el uso indiscriminado de avionetas para la fumigación de los cultivos, químicos nocivos que son arrastrado por el viento hasta los hogares de las comunidades vecinas.
Debido a que estos problemas han sido denunciados en repetidas veces sin que ninguna autoridad haga algo al respecto, las familias rurales acompañadas por diversas organizaciones sociales y ambientales se han dado a la tarea de llevar las demandas hasta los ministerios incompetentes para solicitar a los funcionarios públicos demandas específicas que están enfocadas en priorizar la salud de la población y brindar protección al medio ambiente, en especial al agua. Asimismo, se solicita que se visiten las zonas afectadas para que verifiquen la problemática ambiental y de salud de las zonas.
Estas acciones son una medida de presión y hasta el momento se han realizado dos plantones, el primero de ellos realizado en el Ministerio de Salud, realizado en diciembre de 2019; el segundo planto realizado en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en febrero 2022.
La problemática que genera la industria cañera es abordada mediante una campaña de denuncia y concientización que desarrollara la campaña denominada Azucar Amarga, donde se pone al descubierto la crisis que genera el monocultivo.
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Organizaciones sociales y ambientales de El Salvador denunciaron los impactos negativos que genera la agroindustria azucarera en el consumo abusivo del agua, lo que deja a las comunidades en desventaja y empeora la crisis hídrica que ya padecen.
El monocultivo de caña de azúcar utiliza más de 5,600 metros cúbicos de agua por hectárea cultivada, adicionalmente los ingenios usan 10 metros cúbicos de agua para lavar cada tonelada métrica, por lo cual producir un kilo de azúcar requiere entre 1,500 y 3,000 litros de agua.
Este uso excesivo del agua para cultivar caña y producir azúcar, es sumamente preocupante, más aún, considerando que El Salvador es el único país en la región centroamericana que se encuentra con tendencia a una situación de estrés hídrico (1,700 m3 per cápita por año), lo que lo sitúa entre los países en Latinoamérica y el Caribe con la más baja disponibilidad de agua por habitante.
Debido a esas cantidades de agua que demanda la agroindustria es que existe gran preocupación por las familias rurales, ya que cultivar caña y producir azúcar se realiza en la época más calurosa y seca del año y las plantaciones de caña extraen grandes cantidades de agua para su irrigacion.
Las organizaciones mantienen una campaña de concientización pública que pone al descubierto las prácticas nocivas que se generan en la industria azucarera debido a la contaminación ambiental por el uso de agrotóxicos, quemas de las plantaciones, lo que contamina el agua y aire, por mencionar algunas.
Según los representantes de las organizaciones todas esas acciones nocivas impactan negativamente en la salud de la población generándoles graves padecimientos como insuficiencia renal y enfermedades respiratorias.
La creciente demanda de azúcar en los mercados internacionales estimula la producción a gran escala en el país y en países centroamericanos, lo que conlleva altos costos ecológicos y sociales, por lo que demandan del gobierno salvadoreño que desarrolle políticas públicas para mitigar los daños que causa esta industria y que sus beneficios sean en favor de las mayorías; que reforme la reciente aprobada Ley del agua, ya que está da cabida a la injusticia hídrica y violenta uno de los derechos fundamentales de los humanos como lo es el derecho humano al agua.
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En noviembre del 2021, la empresa Elevar Resources de Guatemala, presentó de manera sigilosa un Estudio de Impacto Ambiental ante el Ministerio de Energía y Minas para operar en modalidad a cielo abierto la mina Cerro Blanco, ubicada en Asunción Mita, Guatemala, a escasos 6 kilómetros de la frontera con El Salvador.
Defensores ambientales han alertado que la mina es una amenaza grave que pone en peligro la vida, la salud, el medio ambiente y los derechos de las poblaciones de Guatemala y El Salvador, porque contaminaría la cuenca compartida del río Ostúa, lago de Guija y río Lempa, debido a las cantidades de metáles pesados (como el arsénico) y químicos (cianuro) que se liberan en el medio ambiente por la actividad minera.
En enero del 2017, la empresa canadiense Goldcorp anunció la venta de su proyecto minero Cerro Blanco a la empresa de capital de alto riesgo Bluestone Resources. Desde entonces, Bluestone ha logrado posicionar el proyecto efectivamente en la bolsa de valores de Toronto, Canadá, alcanzando un capital de 94 millones de dólares canadienses para explotar la mina, según el último reporte financiero emitido por la empresa en septiembre del año 2020.
Goldcorp, inició trabajos de exploración para una mina subterránea desde el año 2005. Sin embargo, un Estudio de Impacto Ambiental, que fue denunciado por organizaciones sociales por ser aprobado de manera irregular, no previó la presencia de aguas termales en la zona, lo que hizo imposible la explotación.
Hoy la amenaza de contaminación y afectaciones ambientales es mucho más grave. Bluestone pretende explotar la mina en modalidad cielo abierto, devastando el cerro y generando un cráter aproximado de 275 metros de profundidad. Ambientalistas argumentan que la empresa no ha presentado un mapa hidrológico de aguas termales de alto contenido de arsénico, que son el detonante de contaminación para las cuencas hidrológicas altas, medias y bajas que proveen de agua a las poblaciones de ambas naciones.
Bluestone Resources promociona la mina como el segundo yacimiento de oro más grande de Guatemala y mantiene una campaña agresiva de engaño y compra de voluntades en las comunidades.
Según Julio González, defensor ambiental y miembro del Colectivo Madreselva, la empresa minera esta obligada a realizar una consulta pública con las comunidades para informarles sobre el impacto que genera la minería a cielo abierto. Pero en lugar de la consulta se montó una exposición donde se brindan regalos a las personas que asisten y en donde la empresa se compromete a realizar una que otra obra en beneficio de las comunidades.
Un comunicado emitido el 27 de noviembre por la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES), lanza un energíco mensaje que exige frenar la mina guatemalteca Cerro Blanco por considerarla una amenaza ambiental para el país, los obispos de la iglesia católica señalaron que los principales ríos de El Salvador nacen en Honduras y Guatemala, como es el caso del río Lempa, que nace en el departamento guatemalteco de Chiquimula. El 15 de diciembre, en una conferencia de prensa conjunta, organizaciones de Guatemala y El Salvador denunciaron en la Ciudad de Guatemala la falta de transparencia administrativa en la adjudicación de licencias a la empresa Bluestone.
El proyecto Cerro Blanco, se desarrolla en una propiedad de 174 hectáreas ubicadas en el municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa, Guatemala - a 14 kilómetros de El Salvador, y opera a través de la subsidiaria Sociedad Entre Mares de Guatemala, S. A.
En el año 2004, la empresa presentó un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), para la exploración y explotación de oro al Ministerio de Energía y Minas de Guatemala (MEM), y fue denegado en dos ocasiones debido a deficiencias técnicas. Pero, según denuncias de organizaciones ambientales, en el año 2007, el MEM otorgó un permiso de exploración por 25 años de forma irregular, violentando así normas de derecho administrativo de la República de Guatemala y poniendo en riesgo la salud de comunidades en Guatemala y El Salvador debido a los posibles impactos ambientales generados por la mina.
Tanto el gobierno de Guatemala como el de El Salvador mantienen una política de persecución y hostigamiento a los defensores ambientales, de derechos humanos y organizaciones sociales, mientras facilitan el camino a empresas multinacionales para la explotación de los recursos naturales, sin priorizar las necesidades y derechos de poblaciones.
Asimismo, las instituciones de justicia mantienen un perfil bajo y alineado a la disposición de los gobiernos, es por esta razón que González manifiesta que “la justicia esta comprada, debemos hacer énfasis en el actuar de los ciudadanos para defender los derechos, ya no solo humanos sino constitucionales para detener esos impactos que son irreversibles”, consideró.
El ambientalista es firme cuando dice que se mantendrán vigilantes ante las anomalías de este nuevo Estudio de Impacto Ambiental y que no permitirán que se retomen las actividades mineras en el lugar. Asegura que acudirán a las instancias que sean necesarias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Hace un llamado a las poblaciones y comunidades de ambos países a prestar atención y defender los derechos humanos y proteger el medio ambiente, ya que estos daños que se ocasionarán en los recursos naturales y en las personas serán irreversibles.
González manifiesta que se ha librado una lucha de oposición de 14 años a este proyecto porque cualquier intervención minera es un impacto ambiental que destruye ecosistemas, genera desplazamiento de poblaciones y aumenta los niveles de arsénico y químicos que se utilizan en el proceso de explotación, lo que provoca enfermedades crónicas como el cáncer, enfermedades respiratorias e insuficiencia renal en las poblaciones.
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Sin mayor análisis ni discusión y con la aprobación y apoyo de 65 votos los parlamentarios en El Salvador aprobaron la Ley General del Recurso Hídricos que a todas luces agrede los derechos humanos de las familias más vulnerables en el país.
La ley aprobada con los votos de los partidos Nuevas Ideas, PCN, PDC, GANA y Nuestro Tiempo, favorece a proyectos de carácter privado con la sobre explotación del bien público al conceder 15 años de permisos renovables para la extracción, a costa de la posible escasez que estos puedan generar en las comunidades.
Asimismo, condena a los sistemas comunitarios de agua los cuales funcionan sin fines de lucro, a pagar impuestos por el uso de los sistemas comunitarios que han sido gestionados por las mismas comunidades para auto abastecerse del vital líquido, ante la incapacidad del estado de hacerles llegar el servicio.
En El Salvador existen más de 2500 juntas de agua potable rurales y urbanas que abastecen casi al 25% de la población salvadoreña; donde el estado se encuentra históricamente ausente, por lo que la necesidad ha obligado a que el abastecimiento rural sea asumido por las propias comunidades, con apoyo de las ONG y cooperación internacional.
La ley del agua abre las puertas para la explotación privada, incluso en aquellas áreas catalogadas como protegidas y establece en el artículo 71 de la ley, la autorización del uso del agua a sectores privados en cantidades iguales o mayores a 365,000 metros cúbicos de agua al año por 15 años renovables, sin un techo de uso ni estudio de impacto ambiental adecuado. El uso indiscriminado de estas grandes cantidades de agua socava el uso prioritario para el consumo humano doméstico, y genera condiciones para violaciones al derecho humano al agua de la población y en especial de poblaciones vulnerables.
La nueva ley, lejos de ordenar y dar respuesta la crisis hídrica que existe en el país, sigue obedeciendo el interés del presidente de la República de generar mayores posibilidades para grandes proyectos de carácter privado y extractivo, como la construcción y monocultivos, a expensas del interés público representado por los sistemas comunitarios de agua.
La Ley, tampoco desarrolla o promueve la gestión sustentable de cuencas a nivel nacional, ni toma medidas encaminadas a su protección y conservación y pesar que el Río Lempa, la reserva estratégica acuífera más importante del país y que se encuentra en crisis. Según ambientalistas, la ley debería tener claro un Régimen de Administración Especial para el Río Lempa, y un Sistema de Planificación Hídrica que tome en cuenta las amenazas transfronterizas amenaza las principales cuencas del país.
Durante una conferencia de prensa las organizaciones sociales y ambientales aglutinadas en la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, El Foro del Agua, La Mesa de Iglesias y la Universidad Centroamericana hicieron un llamado a la población salvadoreña a no dejarse engañar, ya que la ley del agua es una manipulación que deja a un lado 15 años de lucha por el derecho humano al agua y se enfoca únicamente en dar paso a la privatización del bien público.
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