La firma y ratificación del Acuerdo de Escazú, podría cambiar la realidad de Centroamerica como la region mas peligrosa del mundo para defensores ambientales, pero menos de un mes de la fecha límite de su ratificación (el 26 de septiembre de 2020) los gobiernos de turno muestran poco interés por adoptar un acuerdo internacional vinculante que permita la regulacion y contraloria de empresas que destruyen el medio ambiente.
El Acuerdo de Escazú adoptado el 4 de marzo de 2018, es el primer tratado regional en contener disposiciones para la proteccion de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. El acuerdo es un instrumento jurídico internacional que plasma el compromiso politico de seguimiento al Principio 10 (LACP10), adoptado por los estados de Latinoamérica y el Caribe en la conferencia de las Naciones Unidas RIO+20 en Brazil, en 2012, para garantizar que “toda persona tenga acceso a la información, participe en la toma de decisiones y acceda a la justicia en asuntos ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y sostenible de las generaciones presentes y futuras”
¿Qué es el Acuerdo de Escazú?
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, tambien conocido como Acuerdo de Escazú, contiene 26 artículos, integrados en cuatro pilares: acceso a la información ambiental (artículos. 5 y 6), participación en procesos de toma de decisiones ambientales (artículo. 7), acceso a la justicia (artículo. 8) y protección para defensores de DDHH ambientales (artículo 9).
El 27 de septiembre 2018, La Asamblea General de la ONU abrió el proceso de firma y ratificación del convenio para los 33 países de américa latina y el caribe. Hasta el momento, 22 países han firmado y nueve de estos emitieron su ratificación, pero se necesitan 11 ratificaciones más para que el tratado entre en vigencia.
El para formar parte del convenio los presidentes de la República de cada país, o los ministros de relaciones exteriores deben firmar el tratado, luego el congreso de cada Estado debe ratificar la decisión de su Gobierno y notificar la ratificación a la Asamblea General de la ONU.
En Centroamérica, Nicaragua y Panamá han ratificado el acuerdo de Escazú; Costa Rica y Guatemala solo lo han firmado; mientras que el Salvador y Honduras no lo han firmado. Cabe mencionar, que Centroamérica es considerada como una de las regiones con mayor índice de conflictos socio-ambientales en el mundo.El Observatorio de Conflictos Mineros de America Latina, OCMAL, documenta 35 casos de conflictos entre comunidades y empresas mineras, el Atlas de Justicia Ambiental, EJATLAS, documenta 68 casos de conflicto en la regiona CA4, y el reporte mas reciente de la organizacion Global Witness, situa a Honduras, Guatemala y Nicaragua en la vergonzosa lista de los cinco paises mas peligrosos para defensores del agua y de la tierra.
El Salvador: Gobierno de Bukele sin interés en el acuerdo ambiental
Después de un año de gobierno del presidente, Nayib Bukele, su gestión no muestra interés en Escazú. Al contrario, activistas ambientales argumentan que la institucionalidad ambiental se encuentra en un proceso de deterioro.
César Artiga, analista ambiental y representante del Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú, dijo que el desinterés del actual gobierno para firmar el tratado obedece al abandono y la falta de compromiso en los temas ambientales dentro de la gestión pública. Además, señaló a Fernando López, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y a Alexandra Hill Tinoco, ministra de Relaciones Exteriores, de no priorizar la firma y ratificación de la legislación internacional.
“Fernando López debería estar liderando junto con cancillería y hablar con el presidente, haciendo conciencia de la importancia de que se agilice Escazú”, mencionó Artiga.
En El Salvador, existen las condiciones para firma y ratificar Escazú ya que no hay nada que impida que Nayib Bukele realice este proceso. Desde la adopción del LAC-P10 en rio, representes del país participaron en la negociación y elaboración del Acuerdo de Escazu, pese a ello, el gobierno anterior, presidido por Salvador Sanchez Ceren, del partido FMLN, y actual gobierno se han negado su firma hasta la fecha.
Escazú vendría a fortalecer y ampliar las leyes de Acceso a la Información Pública, la Ley de Medio Ambiente, promovería la participación ciudadana en consultas para la aprobación de proyectos empresariales y daría herramientas a los juzgados ambientales para garantizar la justicia y protección a personas que defiendan el medio ambiente, según explicó Artiga.
Carolina Amaya, ambientalista con 20 años de experiencia y vocera de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), indicó que los conflictos ambientales en el país continúan, sobre todo en proyectos extractivistas del monocultivo de caña de azúcar, construcción de represas y edificaciones para turismo en la zona costera.
“En la medida que avancen proyectos lesivos con el medio ambiente y vulneren los derechos ambientales como el agua, va a ver un incremento de la criminalización a todos aquellos que se opongan a la destruccion de bienes finitos”, analizó Amaya.
La ambientalista hizo mención de la construcción de una represa en el río Sesunapan, en Sonsonate, donde las lideresas indígenas han sido intimidadas tras oponerse al proyecto. Asimismo, la extracción de agua para los cultivos de caña de azucar, que genera desabastecimiento a las comunidades.
Nayib Bukele priorizó, desde el inicio de su gestión, la flexibilidad de los permisos ambientales a proyectos empresariales. El MARN se convirtió en “agencia tramitadora de permisos”, debilitando sus procesos de evaluación de impacto ambiental para las empresas, dijo Artiga.
Guatemala: conflicto de intereses en la aprobación de Escazú
En 2018, Guatemala lideró con 16 asesinatos el ranking de muertes en Centroamérica, según el informe “Enemigos del Estado”. Para la edición del 2020, el reporte anual de Global Witness contabilizó 12 guatemaltecos muertos tras oponerse a proyectos empresariales que amenazaban sus territorios.
El gobierno del presidente, Alejandro Giammattei, no se inmuta ante los altos números de ambientalistas asesinados en el país. Pese a las cifras, Guatemala aun no ratifica Escazú, para fortalecer instituciones que den protección a defensores del medio ambiente.
Julio Gonzales, representante del colectivo Madre Selva, mencionó “pocos avances” en el proceso de aprobación del tratado. Explicó que el convenio se encuentra en discusión entre instituciones del gobierno
“Se planteaban cuatro vías: sería analizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). Esos cuatro entes tenían que presentar un informe a Cancillería quien debia trasladarlo a la secretaria general de la presidencia” explicó Gonzales.
Conflictos de intereses económicos giran en torno a la aprobación del convenio, aseguró el líder ambiental. Además, indicó que la ratificación del tratado dentro del congreso guatemalteco tendrá muchos obstáculos, esto debido a los intereses empresariales que existen en el país.
La criminalización contra defensores se incrementó durante el contexto de la pandemia por la COVID-19. Julio Gonzales dijo que los ataques y desalojos de comunidades por conflictos de tierras siguen en Guatemala. Alejandro Giammattei aprovechó la emergencia del coronavirus para restringir derechos constitucionales como la movilidad, el acceso a la información y la libre expresión. Sin embargo, los proyectos mineros en los territorios no han tenido cuarentena.
El 19 julio 2020, el mandatario Giammattei ordenó estado de sitio en los municipios de El Estor, Livingston y Morales, de Izabal y, Santa Catalina La Tinta y Panzós, de Alta Verapaz. Bajo el decreto Ejecutivo 13-2020 se restringió los derechos de movilidad y manifestación, permitiendo las detenciones e interrogatorios sin justificación. Organizaciones sociales y ambientales rechazaron la medida del gobierno que luego fue derogada.
Desde noviembre 2019, Bernardo Caal, líder indígena del pueblo maya q’eqchi', guarda prisión injustamente por defender el Río Cahabón, en Alta Verapaz. El ambientalista se opuso a la empresa hidroeléctrica OXEC, que pretendían desviar el cauce de los ríos Cahabón y Oxec, afectando el acceso de agua para cientos de pobladores indígenas.
“Yo lo único que hice fue denunciar el secuestro del río Cahabón, que lo llevan en un túnel aproximadamente 30 kilómetros. Nosotros seguimos con mucha fuerza en esta lucha porque los ríos pertenecen a los pueblos”, dijo el líder indígena Bernardo Caal.
Honduras: El país más peligroso para defensores ambientales
Los defensores ambientales en Honduras son sometidos a persecución, intimidación, secuestros, desalojos, detenciones arbitrarias, capturas, y en el peor de los casos: la muerte. Los asesinatos en contra de ambientalistas aumentaron de 4 a 14 en los últimos dos años, según los informes de Global Witness.
Los conflictos ambientales en Honduras se recrudecieron con la llegada del presidente Juan Orlando Hernández, quien gobierna desde 2014. En los últimos seis años, el gobierno le apuesta a la inversión de proyectos extractivistas como el monocultivo de palma africana, la concesión de ríos para la construcción de hidroeléctricas y la industria minera, según dijo Pedro Landa, vocero del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de Honduras (Eric).
“Tenemos cerca de 125 ríos concesionados para la instalación de represas; por otra parte, hay más de 300 mil hectáreas de monocultivos de palma africana; y en estos momentos, existen aproximadamente 700 proyectos mineros que tienen permisos de exploración y explotación”, señaló Landa.
El Estado hondureños neutralizó el trabajo de los defensores que se oponían a los proyectos empresariales en los territorios. El gobierno junto al órgano judicial implementó “leyes y nuevos códigos penales” para beneficiar a las empresas extractivas y castigar al menos 200 personas que defiende el medio ambiente, mencionó el representante de ERIC.
Bajo este contexto de represión y criminalización, el presidente Juan Orlando Hernandez se niega a firmar Escazú, pese a que su gobierno participó en la negociación y discusión del contenido del acuerdo ambiental. Pedro Landa aseguró que los sectores empresariales y el Estado Hondureño serian los más afectados con la llegada del tratado internacional.
“El gobierno ha hecho lo imposible para que este acuerdo no se conozca por la población en general y los sectores interesados. El tema ha sido invisibilizado por la pandemia del COVID-19 y por la misma corrupción”, comentó Landa.
El escenario posCOVID-19 en Honduras no es nada alentador para los defensores ambientales, dijo el vocero de ERIC. Landa aseguró que las empresas llegarán con más voracidad y tratar de posicionarse del gobierno para desarrollar sus proyectos extractivos, utilizando los cuerpos de seguridad del Estado para reprimir la oposición de los ambientalistas.
Desde julio 2019, once ambientalistas guardan prisión por oponerse a la industria minera Inversiones los Pinares, a quien se les concesionó los ríos San Pedro y Guapinol, en el municipio de Tocoa, Colón. Los trabajos de exploración y explotación afectarían la biodiversidad de los afluentes intervenidos por el proyecto minero.
El 18 de julio 2020, cuatro dirigentes de la etnia garífuna fueron secuestrados por personas armadas que vestían de la Dirección de Investigación Policial (DPI), según activistas de organismos no gubernamentales. Las victimas pertenecen a la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh).
En 2015, el Estado de Honduras pretendía despojar de sus tierras a 10,000 habitantes garífunas, con el objetivo de construir un proyecto turístico de paraje natural. Ese año, La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) obligó al gobierno a otorgar títulos de propiedad colectiva sobre los territorios donde vivían la comunidad étnica.
Nicaragua: Intereses politicos vs intereses socio ambientales
El gobierno de Daniel Ortega firmó el acuerdo de Escazú el 27 de septiembre 2019. Tres meses después, el 11 de diciembre, La Asamblea Nacional ratificó el tratado internacional. Pero, la decisión del Estado nicaragüense no garantiza el cumplimiento de Escazú en la legislación del país, según dijo Heizel Torres, oficial de minería del Centro Humboldt.
Los motivos por el cual Daniel Ortega firmó el acuerdo, aseguró la oficial, fue para obtener el financiamiento que necesitaba el gobierno para sus proyectos y tener la aprobación de la comunidad internacional. Además, la representante de Centro Humboldt cuestionó la falta de transparencia durante el proceso de ratificación dentro del congreso nicaragüense.
“No se está cumpliendo con los tres pilares fundamentales del acuerdo. En términos de justicia ambiental no se hace las debidas diligencias para cumplir la protección de los recursos naturales, y en términos de acceso a la información, tenemos problema en acceder a los estudios de impactos ambiental, tanto de proyectos mineros como en otros proyectos de índole ambientales”, dijo la oficial.
Los casos de violencia contra ambientalistas y la ejecución de proyectos mineros en los territorios aumentaron durante la emergencia por el COVID-19, dijo Heizel Torres. El gobierno ha aprovechado el contexto para flexibilizar y otorgar permisos a las industrias extractivas para instalarse en diversos municipios en el país.
“Este nuevo contexto de la pandemia y la crisis socio política, se han aperturado nuevos proyectos en zonas donde anteriormente se había declarado territorios libres de minería, o bien se había determinado el no avance de los proyectos por la oposición de la población”, indicó la oficial de Centro Humboldt.
Las implicaciones de la no ratificación para Centroamérica
El no reconocer estos derechos, según organizaciones sociales y ambientales, incrementaría la criminalización de los defensores ambientales que buscan transparentar las operaciones de las industrias extractivas como los monocultivos, la minería, la agroindustria y las construcciones de hidroeléctricas.
Los conflictos en la región han desatado la violencia contra líderes y lideresas que defienden sus territorios, según indicó el último informe “Defender el Mañana”, presentado por Global Witness en julio 2020. El Estudio ubica a Guatemala, Honduras y Nicaragua, países que se niegan a la firma, ratificación o implementación del acuerdo de Escazú, en el ranking de asesinatos de defensores ambientales. Según las cifras, 12 guatemaltecos, 14 hondureños y 5 nicaragüenses fueron asesinados muerto por la defensa del medio ambiente en el 2019.
“En Honduras, los asesinatos aumentaron de cuatro en 2018 a 14 en 2019, convirtiéndolo en el país más peligroso del mundo para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2019, considerando los asesinatos per cápita. A su vez, es el país con el mayor aumento en el porcentaje de ataques letales contra activistas.”, cita el informe.
La base de datos de EJ-Atlas de Justicia Ambiental documenta hasta la fecha 68 conflictos internacionalmente reconocidos en la región CA4 que están relacionados a las disputas de tierra y agua generadas por sectores extractivos. A ese número se suman centenares de disputas locales de menor nivel (pero en muchos casos más trágicas) que se despliegan día a día en los territorios sin documentarse por la falta de capacidad en las comunidades, por falta de recursos para las organizaciones que proveen apoyo en la defensoría de derechos humanos y por la invisibilizacion sistemática por parte de las instituciones estatales.
