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Pronunciamiento público sobre la detención de miembros de Santa Marta y ADES
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Durante la madrugada del pasado miércoles 11 de enero, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García y Pedro Antonio Rivas, miembros de la comunidad
Santa Marta, una repoblación integrada por exiliados y ex combatientes de la guerra civil, ubicada en el municipio de Victoria, departamento de Cabañas.
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COMUNICADO URGENTE AL PUEBLO DE ASUNCIÓN MITA Y A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
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LA RESISTENCIA LEGAL Y PACÍFICA DEL SOBERANO PUEBLO DE ASUNCIÓN MITA, QUE EJERCIÓ SU LIBRE DETERMINACION EN LA CONSULTA DE VECINOS REALIZADA EL PASADO 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DONDE 7,481 VOTOS EXPRESARON UN ROTUNDO NO A LA MINERÍA EN EL TERRITORIO DE ASUNCIÓN MITA, SUPERANDO EL 20 % DEL PADRÓN ELECTORAL, Y VALIDANDO LOS RESULTADOS QUE, DE ACUERDO A LA LEY Y EL CODIGO MUNICIPAL VIGENTE, SON VINCULANTES PARA EL ALCALDE Y SU CONCEJO, QUIENES YA HAN RECONOCIDO Y PUBLICADO LOS RESULTADOS OFICIALES EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA, EL 9 DE NOVIEMBREÍDE 2022, AMPARADOS EN LA CONSTITUCION POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, EL CÓDIGO MUNICIPAL Y LOS TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES RATIFICADOS POR GUATEMALA.
La respuesta del gobierno y de la empresa minera ante estos resultados, ha sido la interposición de dos acciones legales: un amparo por un ex trabajador aliado de la mina, y una acción de inconstitucionalidad por parte de la empresa ELEVAR RESOURCES, buscando deslegitimar la consulta de vecinos, con la complicidad del presidente Alejandro Giammattei y sus ministros. Sin embargo, el día 29 de noviembre del 2022, fuimos notificados de la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), en el caso del amparo interpuesto en el Juzgado de Jutiapa, la revocación del amparo provisional otorgado a favor del amparista minero, acción que devuelve credibilidad en espera de justicia, por esta razón estamos presentes para exigir justicia en defensa del derecho a la libre determinación y a la consulta libre, informada y previa.
EXPONEMOS:
- Que vemos con mucha indignación que la empresa minera canadiense BLUESTONE RESOURCES y su subsidiaria ELEVAR RESOURCES, con el apoyo del gobierno, ministros, Ministerio Público y la Cámara de Industria de Guatemala, pretenden impedir el reconocimiento de la Consulta Municipal de Vecinos, mediante Amparos y Acciones de Inconstitucionalidad espurias, actuando en contra de nuestros derechos constitucionales y humanos,
- Es vergonzoso ver que el ciudadano presidente Alejandro Giammattei y sus ministros, actúan como terceros interesados defendiendo los privilegios de una empresa extranjera, violadora de los derechos humanos. Ian Lundin, fundador y propietario de la empresa, actualmente está enfrentando ante la Corte Penal Internacional -CPI-, un proceso por crímenes de lesa humanidad cometidos en Sudán, contra comunidades nativas que les impedían la instalación de un campo petrolero, contando con la complicidad del ejército de ese país.
- La Resistencia Miteca rechaza que los funcionarios que juran defender la Constitución y defender los derechos de los guatemaltecos y guatemaltecas, pongan los intereses de la empresa minera delincuente, por encima del bien común, el territorio, bienes naturales, el agua, el aire, el suelo y la biodiversidad, que es el patrimonio de las futuras generaciones de mitecos.
- Rechazamos pública y rotundamente estas acciones, que pretenden hacer presión y manipulación de nuestras leyes para defender los intereses de una empresa, a la que han favorecido desde 2007, con la aprobación de un pésimo estudio de impacto ambiental; para lograr esto, tuvieron que despedir a profesionales dignos que lo habían rechazado dos veces, para que les pudieran dar la licencia de explotación, sin informar al pueblo y sin realizar la consulta social. Durante 15 años, este ha sido un proyecto fracasado, nunca extrajeron oro ni plata, solo han extraído grandes volúmenes de agua geo termal, con arsénico y metales pesados. Ante este fracaso, su anterior dueño, la minera Gold Corp, decidió venderlo, contando nuevamente con la complicidad del Ministerio de Energía y Minas que, incumpliendo la ley de Minería, no procedió a cancelar la licencia sino todo lo contrario, la mantuvieron vigente inventando que estaba en fase de mantenimiento, para que ahora, ya en propiedad de Bluestone Resources, mediante una reforma a la normativa ambiental, les pretenden actualizar un EIA que no sirvió, sin evaluar ni medir las graves consecuencias para las futuras generaciones y el patrimonio ambiental del pueblo de Asunción Mita, hasta ahí llega el egoísmo y la corrupción de la empresa minera y los traidores que demuestran el desprecio por el soberano pueblo de Asunción Mita.
POR LO TANTO, EXIGIMOS:
A LA EMBAJADA DE CANADÁ, tomar nota de nuestras denuncias, mismas que se harán llegar al encargado de negocios, al Defensor del Pueblo canadiense, y a los inversionistas de la empresa BLUESTONE RESOURCES y su subsidiaria ELEVAR RESOURCES, para que se enteren de las ilegalidades, corrupción y malas prácticas que esta empresa está cometiendo en contra de los derechos de la población de Asunción Mita, Jutiapa.
Solicitamos una investigación a fondo, por parte de autoridades y leyes canadienses, sobre el comportamiento en Guatemala de la empresa BLUESTONE RESOURCES y su subsidiaria ELEVAR RESOURCES, propiedad del holding de empresas de la familia Lundin, de Canadá, para establecer los agravios y violaciones a los derechos humanos de la población del municipio de Asunción Mita, y del hermano país de El Salvador, que también se verá afectado ante los impactos a la cuenca Ostúa-Guija-Lempa, que alimenta el principal río de El Salvador.
A los jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia -CSJ- y Corte de Constitucionalidad -CC- actuar en defensa de los derechos constitucionales y humanos de los guatemaltecos/as, respetando el derecho a la libre determinación y la consulta libre, previa e informada, así como atender las voces de expertos que han expresado opinión y recomiendan rechazar la actualización que daría paso a la minería a cielo abierto, que amenaza la vida, el agua y el ambiente; nuestra oposición no solo se fundamenta en leyes, también en principios técnicos y científicos, que apelando a la ética profesional, recomiendan la cancelación de esta licencia ambiental y de explotación, resaltando la negligencia e incumplimiento de deberes de la institucionalidad del Estado.
Al procurador de Derechos Humanos, exigimos su actuación como Defensor del Pueblo, fiscalizando las acciones y procesos legales, también el seguimiento a los agravios que constan en el expediente de Cerro Blanco, abierto en la PDH; así mismo, dar acompañamiento, conjuntamente con la PDDH de El Salvador, a las acciones binacionales en procuración de la defensa de los derechos humanos de los pueblos, y a la preservación de las aguas transfronterizas.
Al Ministerio de Relaciones Exteriores, actuar conjuntamente con la cancillería del El Salvador, a efecto de urgir la regulación de las aguas compartidas, asegurando la protección de la cuenca Ostúa-Guija-Lempa, impidiendo la operación del proyecto minero Cerro Blanco, para garantizar su sostenibilidad ambiental y la relación armoniosa entre países hermanos.
Al Pueblo de Guatemala, a defender el derecho a la libre determinación, y consulta libre previa e informada, actuando en resistencia ante la imposición de proyectos y políticas que no están apegadas a Derecho, llamamos a la unidad y defensa de los bienes comunes.
RESISTENCIA PACIFICA EN DEFENSA DE LA CONSULTA MUNICIPAL DE VECINOS
Asunción Mita, 30 de noviembre 2022.
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Ciudadanos de Asunción Mita, Guatemala, se avocan a la democracia ambiental ante la amenaza de contaminación
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- Escrito por Pedro Cabezas
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Este 18 de septiembre la población de Asunción Mita, Guatemala, tendrá la oportunidad de poner un alto a las actividades mineras que amenazan ecosistemas compartidos por las poblaciones de Guatemala y El Salvador.
La presión ejercida desde hace años, por pobladores de Asunción Mita, acompañados de organizaciones ambientales y la iglesia católica, obligo a las autoridades municipales a convocar a una consulta de vecinos, amparada en el artículo 64 del Código Municipal de Guatemala, para determinar si están de acuerdo con dichos proyectos en su territorio.
Desde hace más de 15 años, organizaciones sociales y ambientales y la población organizada han mantenido una campaña de denuncias ante la falta de transparencia sobre el proyecto minero Cerro Blanco y han demandado mayor información sobre sus impactos ambientales. A principios de este año, la campaña se intensifico a partir que la empresa Elevar Resources(subsidiaria de la canadiense Bluestone Resources) presentara una supuesta actualización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante el Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala.
El nuevo EIA busca autorización para una mina a cielo abierto que explotaría más de 3 millones de onzas de oro y 20 millones de onzas de plata por un periodo de 14 años. Los cambios propuestos por el nuevo proyecto son drásticos: de procesar 1.000 toneladas de material, a procesar 10.952 toneladas por día; de extraer un total de 3,31 millones de toneladas de escombros de un túnel de 73,4 km a extraer 200 millones de toneladas de escombros de un cráter de hasta 370mt de profundidad y un radio de 1200mt.
Un análisis del Estudio de Impacto Ambiental de la mina Cerro Blanco realizado por el Dr. Steven Emerman, experto en sistemas de desechos mineros, publicado recientemente por la Fundación Heinrich Boll confirma las preocupaciones expresadas por organizaciones ambientalistas, ya que identifica graves riesgos identificados en la propuesta del manejo de residuos de mina presentados por la empresa.
Según el análisis del Dr. Emerman:
- La pila de relaves filtrados se ubicará apenas 103 metros aguas arriba de la Quebrada El Marial, y, si colapsara, los relaves podrían correr por el Río Tancushapa, hasta el Río Ostua y finalmente al Lago de Guija, la fuente principal del Río Lempa.
- El borde de la pila de relaves filtrados se ubicará apenas 395 metros aguas arriba de la comunidad de Trapiche Vargas, con sus cientos de casas. Si la pila llegara a deslizar, la comunidad podría quedar enterrada en minutos y la contaminacion alcanzaría al lago de guija en 40 minutos.
- Las fuertes lluvias que caracterizan la zona presentan un grave riesgo de deslizamiento de los desechos toxicos que serán abandonados por la mina después del cierre de sus operaciones.
- El tamaño propuesto para la instalación sería demasiado alto y demasiado grande para la cantidad de lluvia que cae en Guatemala y este de instalación de residuos mineros ha sido diseñada usando un método de construcción que es ilegal en Chile, Ecuador, Perú, y Brasil por su probabilidad de colapso.
Las preocupaciones de la población sobre posibles daños ambientales y humanos causados por la operación minera están respaldas por la opinión otros expertos internacionales, como la Dra. Dina Larios, y Dr. Robert Robinson, quienes coinciden que el proyecto es de alto riesgo ambiental y que la empresa no ha hecho estudios suficientes para garantizar su viabilidad.
Antes los riesgos que supone la minería en su territorio, organizaciones locales con el apoyo de organizaciones ambientalistas y la iglesia católica, iniciaron un proceso de recolección de firmas para peticionar que la municipalidad de Asunción Mita iniciara una consulta de vecinos para determinar si la población está de acuerdo con la operación de proyectos de minería metálica.
Según los artículos 63,64,65 y 66 del Código Municipal, los votantes registrados de un municipio pueden peticionar a su gobierno local una consulta de vecinos para determinar si estan de acuerdo con políticas que afecten sus territorios, incluyendo todos los proyectos de infraestructura, desarrollo y explotación de los recursos naturales. Para que la consulta sea vinculante, el 10% de ciudadanos empadronados en el registro electoral deber firmar la petición y el 20% deben participar en la consulta.
Ante la peticion de la poblacion, el 8 de agosto del 2022 el concejo municipal de Asunción Mita, Jutiapa, hizo pública la convocatoria para la consulta ciudadana en el Diario Oficial, según consta en el acta 35, numeral 9, que establece que la consulta debera realizarse el 18 de septiembre del año 2022.
Ese día la población podra votar para determinar si está de acuerdo con un proyecto que amenaza la vida, el agua y los bienes naturales de Asunción Mita.
Los líderes sociales y representantes ambientales han manifestado que se mantendrán atentos para que la consulta ciudadana se realice con total transparencia y que la decisión sea tomada por los habitantes de Asunción Mita, tal como lo dicta la ley.
Mas allá del impacto local de sus resultados, este tipo de mecanismos de consulta ciudadana, que se encuentran codificadas en diferentes leyes y reglamentos en la región centroamericana, son importantes por que hacen posible fortalecer la democracia local y transparentar la gestión pública.
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Colectivos ambientales de El Salvador anuncian participación como observadores en consultasobre minería a realizarse en Asunción Mita, Guatemala (2)
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Este 18 de septiembre, delegaciones de El Salvador y varios países de la región centroamericana estarán acompañando a la población de Asunción Mita, Guatemala, como observadores internacionales en una Consulta de Vecinos que determinara si la población está de acuerdo con proyectos mineros en su territorio.
Asunción Mita es la sede del proyecto minero Cerro Blanco, el cual se encuentra ubicado en la cuenca Ostua-Guija-Lempa que es compartida por Guatemala y El Salvador.
En noviembre de 2021, Elevar Resources, subsidiaria de la empresa canadiense Bluestone Resources en Guatemala, presentó la actualización de un Estudio de Impacto Ambiental aprobado en 2007 solicitando al Ministerio del Medio Ambiente de Guatemala que autorice la conversión de una mina de túnel a una mina a cielo abierto.
Organizaciones de la sociedad civil de Guatemala y El Salvador alertaron poco después que Bluestone Resources intenta manipular las leyes ambientales de Guatemala, ya que la magnitud de los cambios propuestos son demasiado extremos para ser considerados como una simple actualización: desde procesar 1.000 toneladas de material, hasta procesar 10.952 toneladas por día, desde extraer un total de 3,31 millones de toneladas de escombros de un túnel de 73,4 km hasta extraer 200 millones de toneladas de escombros de un cráter de hasta 370mt de profundidad y un radio de 1200mt.
Por más de 15 años, organizaciones sociales y ambientales y la población organizada de Asunción Mita han mantenido una campaña de denuncias ante la forma irregular en la que se han asignado las licencias de dicho proyecto y la falta de información sobre sus impactos ambientales y sociales, en particular la posible contaminación de la cuenca Ostua-Guija-Lempa que abastece de agua a más de tres millones de personas en El Salvador a través del río Lempa.
En un reporte financiero publicado en junio de 2022, la empresa Bluestone Resources, que busca explotar 3.1 millones de onzas de oro y 20 millones de onzas de plata, califica la oposición contra su proyecto minero como “una oposición liderada por ONGs externas” y argumenta que estas no representan el sentir de las comunidades locales que apoyan a la mina.
Sin embargo, las denuncias han sido expresadas públicamente por muchas organizaciones sociales y ambientales de Guatemala y El Salvador, Autoridades Gubernamentales de El Salvador, la Conferencia Episcopal de El Salvador y la Conferencia Episcopal del Departamento de Jutiapa en Guatemala. Recientemente, los alcaldes de 26 municipios Honduras, Guatemala y El Salvador publicaron una declaración en la que reafirman que el gobierno de Guatemala está obligado a consultar con Honduras y El Salvador antes de permitir la minería en el área en virtud del Tratado trinacional del Plan Trifinio.
Contrario a lo que dice la empresa, también existe una oposición generalizada al proyecto a nivel local. El pasado mes de mayo, más de 4000 ciudadanos empadronados (casi el 20% de la población local votante) firmaron una petición la cual fue presentada al Consejo Municipal para exigir la realización de una Consulta de Vecinos sobre la presencia de proyectos mineros en el municipio.
Según los artículos 63,64,65 y 66 del Código Municipal de Guatemala, ciudadanos de un municipio pueden peticionar a su gobierno local una consulta de vecinos para determinar si están de acuerdo con políticas que afecten sus territorios, incluyendo proyectos de infraestructura, desarrollo y explotación de los recursos naturales. Para que la consulta sea vinculante, el 10% de ciudadanos empadronados en el registro electoral deber firmar la petición y al menos 20% deben participar en la consulta.
Ante la petición de la población, el concejo municipal de Asunción Mita, Jutiapa, realizo la convocatoria para la consulta ciudadana a través de un reglamento publicado en el Diario de Centroamérica, el cual establece que deberá realizarse el 18 de septiembre del año 2022. El reglamento también incluye, en su artículo 21, la posibilidad de que todas aquellas personas que representan a organizaciones nacionales e internacionales que deseen observar de cerca el proceso puedan participar y dar fe de su transparencia.
Como organizaciones interesadas en el futuro de proyectos mineros que puedan afectar El medio ambiente en El Salvador, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, el Movimiento Eco feminista de El Salvador y la Alianza Centroamericana frente a la Minería anuncian que sumaran delegaciones a las docenas de observadores internacionales que participaran en la consulta.
Felicitamos a las organizaciones de la sociedad civil Iglesia Católica y el Consejo Municipal de Asunción Mita por llevar adelante este ejercicio cívico que permite la participación ciudadana en la formulación de políticas que afectan el interés público.
Creemos que las consultas populares son mecanismos importantes por medio de los cuales se fortalece la democracia y el estado de derecho ya que garantizan que los vecinos de los municipios se expresen con relación al uso, goce o disfrute de los bienes naturales que se encuentran dentro del territorio de su municipio.
San Salvador, 16 de septiembre de 2022
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Presentan libro que sistematiza la lucha por la defensa del agua en El Salvador
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- Escrito por Acafremin
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La lucha organizada y permanente por el derecho humano al agua que libran las comunidades rurales, acompañadas de organizaciones sociales y ambientales, ha sido plasmada en el libro Defender el Agua, escrito por los esposos y activistas Robin Broad y John Cavanagh, que desde 2009 han vivido de cerca el proceso de organización y lucha del pueblo salvadoreño frente a las corporaciones mineras.
El libro Defender el agua, recoge los testimonios y sistematización de la lucha anti minería en El Salvador y cómo las comunidades han hecho retroceder a las empresas extractivistas hasta lograr que el país más pequeño de Centroamérica sea reconocido grandemente por ser el primero en tener una ley que prohíbe cualquier tipo de actividad minera.
El libro es presentado en el marco de la entrada en vigencia de la Ley de Recursos Hídricos, una normativa que ha sido impuesta por el oficialismo y que ha dejado de lado todos los aportes de la academia y de las organizaciones sociales y ambientales, y que además le apuesta a la comercialización y sobre explotación del agua.
John Cavanagh, uno de los autores del libro considera que en El Salvador la nueva ley del agua obliga nuevamente a que las organizaciones y comunidades se organicen y cierren filas en la defensa del derecho del agua, así como ha sido demostrado hace cinco años, 2017, en la lucha contra las mineras.
Pedro Cabezas, representante de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería, dijo que la Mina Cerro Blanco en el vecino país de Guatemala representa un detonante de contaminación que amenaza las aguas de los afluentes Lempa y Guija y que hasta el momento los gobiernos salvadoreño y guatemalteco permanecen pasivos ante esa crisis ambiental.
“Se quiere procesar 10,952 toneladas diarias y extraer 144.8 millones de toneladas en tajos con una profundidad de hasta 370mt y 1200mt de largo. Todo este material posteriormente se convierte en desechos tóxicos que se depositan en cerros y que eventual generará drenaje ácido que contaminan las aguas” dijo.
Las empresas mineras están acabando los bienes naturales de los países centroamericanos, mientras las comunidades rurales e indígenas que son propias de los territorios se niegan a cambiar el agua por el oro y siguen resistiendo en la defensa de sus territorios y de los bienes naturales que por derechos les corresponde.
En El Salvador, la entrada en vigencia de la nueva ley del agua ha obligado a las comunidades rurales a tomarse las calles, ya que la nueva ley pone a las Juntas de Agua, que son las responsables de proveer aguas a las comunidades, a competir con grandes empresas.
En El Salvador al igual que en los demás países de Centroamérica las comunidades no están dispuestas a ceder lo que por derecho les pertenece y se mantienen firmes para Defender el Agua.
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