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Xiomara Castro prometió prohibir la minería a cielo abierto, los defensores del rio Guapinol todavía estan a la espera
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El anuncio del gobierno hondureño de declarar su territorio libre de minería a cielo abierto creó la expectativa de regular a esta industria que por décadas ha atentado contra los bienes naturales, ha puesto en riesgo la salud pública y ha limitado el acceso al agua como derecho humano de las poblaciones centroamericanas. Sin embargo, cinco meses después surgen las interrogantes ¿hasta dónde llega el compromiso real de esta declaratoria?
La promesa inaugural de la presidenta Xiomara Castro de sumar a honduras al grupo de países que se han declarado libres de minería a cielo abierto, generó una serie de reacciones positivas por parte de las organizaciones sociales y ambientales y comunidades al rededor del mundo que por años han luchado contra los impactos negativos y las violaciones de derechos generados por la economía extractivista.
Pero un análisis reciente publicado por el especialista de CESPAD, Bladimir López, destaca la falta de acciones que dejan en duda el alcance de la declaratoria, por ejemplo, todavía no existen garantías para la protección de defensores de derechos ambientales, no se han removido los obstáculos que enfrentan, ni tampoco se están generando las condiciones para que puedan ejercer su labor en un contexto de seguridad.
En Honduras, particularmente en los últimos años del gobierno de Juan Orlando Hernández, se hicieron reformas a la Ley de Minería para ampliar los beneficios fiscales a los inversionistas nacionales y extranjeros, lo cual genero una gran cantidad de concesiones y permisos que en muchos casos fueron obtenidos de manera irregular. Un reporte presentado por CEHPRODEC en el año 2018, concluyo que el total de las concesiones metálicas alcanzan 115 y las no metálicas 187 para un total de 302. De estas concesiones, 173 se encuentran en calidad de exploración y 129 en calidad de explotación. El reporte ademas determino que existian 193 solicitudes en proceso en el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin)
En este ambiente de permisividad administrativa es que Inversiones ECOTECK recibió en el año 1919, una licencia provisional para el proyecto “Planta de Beneficio y Peletizado de Óxido de Hierro”, a través de un proceso corrupto y engañoso.
El Comité para la Defensa de los Bienes Públicos y Comunes de Tocoa ha presentado un amparo ante la Secretaría del Medio Ambiente por la extensión de dichas licencias, argumentando que las actas y listados de participación en la consulta requerida por la Ley de Medio Ambiente presentadas por la empresa a las autoridades locales fueron claramente alteradas.
Esto suma a una serie de ilegalidades en la extensión de permisos y licencias a la empresa Inversiones Los Pinares y la empresa Inversiones Ecotek que son responsables por impulsar el mega proyecto de explotación de óxido de hierro que contiene concesiones para explotación a cielo abierto en áreas protegidas del parque Carlos Escaleras, permisos para la construcción de la planta peletizadora ECOTEK, permisos para la planta eléctrica ECOTEK; y permisos para la explotación de aguas del río guapinol para uso privado de la empresa.
Mientras tanto, la empresa continúa dirigiendo una campaña de calumnias y criminalización contra más de 32 opositores del proyecto minero que resultó, en el año 2019, en la privación de libertad de 8 defensores del rio guapinol por más de dos años y medio.
Hasta la fecha, el anuncio realizado por el nuevo gobierno de Honduras de poner fin a la minería a cielo abierto y cancelar permisos que fueron extendidos de manera irregular no ha resultado en acciones concretas para las comunidades de Tocoa que por años han librado una ferrea batalla por defender la integridad de sus territorios.
Al contrario, el alcalde Adán Funes, quien es nombrado como responsable de la falsificación de documentos públicos para apoyar de manera fraudulenta a la empresa Inversiones Ecotek, ha sido recompensado por el gobierno de Xiomara Castro con el puesto de Gobernador del departamento de Colón lo que aumenta su caudal político.
Con este nuevo poder político, Adán Funes continúa robusteciendo su alianza con la empresa, lo que se demuestra claramente con la firma del nuevo convenio entre la municipalidad y la empresa Ecotek, donde se le permite llevar a cabo obras de construcción de vías públicas a pesar de la oposición ciudadana.
El gobierno de Xiomara Castro sigue arrastrando la deuda de instalar un mecanismo eficiente para atender los reclamos históricos de justicia socio ambiental en honduras; y como el resto de gobiernos de la región Centroamericana, se muestra apático a saldar esta deuda con los pueblos y comunidades afectadas, al continuar favoreciendo intereses particulares por encima de los bienes comunes y la vida.
Un primer paso para comenzar a saldar esta deuda sería buscar la adhesión al Acuerdo de Escazú, el cual compromete a los Gobiernos a implementar medidas para garantizar derechos ambientales como el acceso a información, la consulta ciudadana, el acceso a mecanismos de justicia y la protección de defensores de derechos.
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Población organizada de Asunción Mita exige consulta ciudadana para determinar futuro de mina Cerro Blanco
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La población de Asunción Mita pide decidir sobre el destino de la mina Cerro Blanco y una explicación sobre los impactos reales de salud y medio ambiente que provocará la extracción de minerales, sobre todo la contaminación de los principales afluentes de ambas naciones Guatemala y El Salvador a través de las aguas de los ríos Ostúa, Lempa y el lago de Guija.
La consulta ciudadana se llevará a cabo gracias al esfuerzo de lideresas y líderes comunitarios que se dieron a la tarea de recolectar más de 4 mil firmas de ciudadanos registrados en el padrón electoral para solicitar al gobierno municipal de Asunción Mita a realizar la Consulta de Vecinos como lo establece el reglamento del código municipal.
Según los artículos 63,64,65 y 66 del código municipal, el gobierno de Asunción Mita está obligado a consultar toda medida legislativa o administrativa que afecte el territorio, incluyendo todos los proyectos de infraestructura, desarrollo y explotación de los recursos naturales y son los ciudadanos quienes le darán el aval a este tipo de proyectos, luego que se les explique los impactos ambientales que provocarán.
La mina Cerro Blanco esta en desarrollo desde hace 14 años, pero su explotación ha sido un fracaso debido a que las diferentes empresas que la han operado no han hecho un estudio de impacto ambiental adecuado y han encontrado dificultades técnicas debido a la presencia de agua termales. La propuesta más reciente de transformar la mina a una mina a cielo abierto, hecha por la empresa Bluestone Resources de Canada, ha sonado las alarmas en la población de Asunción Mita y organizaciones ambientales de Guatemala y El Salvador debido a la magnitud de los impactos ambientales.
Los cambios solicitados van desde procesar 1000 toneladas diarias de material a procesar 10,952 toneladas diarias y de extraer 3.31 millones de toneladas de material a extraer 144.8 millones de toneladas en tajos con una profundidad de hasta 370mt y 1200mt de largo. Todo este material posteriormente se convierte en desechos tóxicos que se depositan en cerros que generarán drenaje ácido y polvos dañinos para la salud.
En total la mina estima que extraerá durante los 12 años de explotación cerca de 38.4 millones de m3 de agua, una extracción que afectará el acuífero local por más de 32 años. Según el modelo que presentan los ríos y riachuelos afectados principalmente serán Tancushapa, Tempisque, San Francisco y el río Ostúa que drena a El Salvador.
La empresa Bluestone Resources promociona la mina como el segundo yacimiento de oro más grande de Guatemala y mantiene una campaña engañosa referente a los permisos ambientales ante sus inversionistas, y la compra de voluntades en las comunidades.
Ante esta grave amenaza, la población organizada de Asunción Mita, Jutiapa, con el apoyo de organizaciones ambientalistas de Guatemala y El Salvador, presentaron la petición de consulta con más de 4 mil firmas de vecinos al alcalde René Guardado, quien, acompañado del consejo municipal, se comprometió a hacer “lo que sea mejor para la población.”
Sin embargo, no pudo responder cuando se le cuestionó porque la alcaldía ha facilitado permisos de construcción a la empresa minera sin tener un permiso ambiental por parte del Ministerio de Medio Ambiente y conociendo los impactos irreversibles que este proyecto ocasionara al medio ambiente.
El concejo municipal en pleno, junto con el alcalde, también escucharon la presentación de la experta Ingrid Haulsinger, master en Geología, modelaje ambiental y coordinadora de la Fundación Heinrich Böll de El Salvador, quien señaló los daños irreversibles que este proyecto podría ocasionar al agua y la salud de la población, los cuales dijo están citados en la actualización del estudio de Impacto Ambiental que la empresa minera ha presentado al Ministerio del Medio Ambiente.
Este primer encuentro con las autoridades municipales y la población organizada sienta un precedente importante en la lucha contra la minería en Guatemala y demuestra la fuerza de la organización comunitaria.
Los líderes organizados de ambas naciones Guatemala y El Salvador, se mostraron muy satisfechos con el primer logro alcanzado y si aseguraron que continuarán luchando hasta que la mina Cerro Blanco sea clausurada.
En las próximas semanas se espera que el gobierno municipal anuncie el proceso de la consulta ciudadana.
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CONCLUYE LA ZAFRA 2021 / 2022 Y CONTINUAN LOS IMPACTOS DEL MONOCULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR.
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Cada año, al concluir la zafra, la agroindustria azucarera anuncia, con aires de grandeza, un incremento en la producción de azúcar. La cosecha 2018 / 2019 mostró un incremento del 4.6% en relación al periodo anterior. De igual manera, la cosecha 2019 / 2020 cerró con un nuevo récord en el que se produjo un total de 17.9 millones de quintales de azúcar; en el periodo 2020 / 2021 fue de 17.04 millones y en la zafra 2021 / 2022, que concluyó el pasado mes de abril, se produjo 17.5 millones de quintales de azúcar.
Además, la última cosecha produjo 53.9 millones de galones de melaza, con lo cuál los productores de caña y especialmente los ingenios azucareros obtienen ganancias millonarias; no obstante, la bonanza económica de este sector, contrasta con la realidad de las poblaciones aledañas a los campos en los que se desarrolla el monocultivo y con la vida de las y los trabajadores en él.
Las comunidades que habitan en las regiones circundantes a los cañales, son poblaciones empobrecidas, en condición de vulnerabilidad a quienes se les transgrede el derecho a la salud, agua y medio ambiente sano, que han sufrido por largos años los graves impactos del monocultivo de la caña de azúcar a partir de quemas, aplicación de químicos tóxicos y la contaminación del suelo y agua.
Los productores de la caña aplican fertilizantes, fungicidas y herbicidas en grandes cantidades. Entre los productos comúnmente usados están: el paraquat 2 4D, Actara 25-WG, Jade 23, Benomyl y Carbendazium; pero el que más se utiliza en El Salvador es el Glifosato, que se usa como herbicida y también como madurante. Se aplica unos 20-25 días antes de la cosecha generalmente a través de medios aéreos que además son ineficientes.
Las malas prácticas mencionadas han sido denunciadas y algunas están prohibidas, pero se han mantenido generado, entre otros males, una epidemia de insuficiencia renal crónica. El padecimiento y las muertes por esta enfermedad aumentan en la proximidad a las zonas agrícolas donde se aplican los agroquímicos, especialmente en los cultivos de la caña de azúcar y la cantidad de enfermos y muertos por esta enfermedad va en aumento cada año. A pesar de la gravedad de este fenómeno, el Estado, por negligencia o incapacidad, no ha logrado decretar una prohibición de los agroquímicos.
Con respecto a la quema de los cañales, además de daños a la salud, tiene altos costos ambientales como el deterioro del suelo, la destrucción de biodiversidad, la alteración del microclima, la contaminación y la generación de gases de efecto invernadero. En 2021, solo durante los meses de enero a abril sucedieron 44 incendios forestales que afectaron más de 800 hectáreas de territorio y según el Ministerio de Gobernación, el 95% de dichos incendios son provocados. Por otra parte, cultivar caña y producir azúcar requiere un elevado uso de agua.
La caña se produce en la época más calurosa y seca del año y los cultivos dependen en gran medida de la irrigación, lo que agota los suministros de agua para los pequeños productores y comunidades locales. Solo en la zona costero marina de El Salvador existen aproximadamente 36 mil hectáreas cultivadas con caña y utilizan 205 millones de metros cúbicos de agua. Todos estos impactos han sido denunciados, reiteradamente por comunidades afectadas, por organizaciones ambientalistas y de derechos humanos; sin embargo, este tipo de prácticas que afectan los derechos de la población , continúan con total impunidad, por lo que nuevamente, en el marco de la finalización de la zafra 2021 / 2022, las organizaciones y comunidades incorporadas en la campaña “Azúcar Amarga” exigimos al gobierno prohibir el uso de agrotóxicos, así como la aplicación de la ley ante el delito de quema en los cultivos de caña de azúcar, regular y controlar los usos del agua para garantizar el consumo humano, y frenar la expansión de este monocultivo que tanto afecta a la población en general.
¡¡Otra agricultura es posible, sin monocultivos, ni agroquímicos!!
Campaña Ciudadana “Azúcar Amarga”
San Salvador, 06 de mayo de 2022
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Zafra incrementa el riesgo colectivo en las comunidades rurales
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El cultivo de la caña de azúcar genera males colectivos que siguen sin ser atendidos por las autoridades gubernamentales de los países de Centroamérica. Recién finaliza la zafra en El Salvador y el recuento hecho por las comunidades y organizaciones sociales y ambientales reflejan datos alarmantes en cuanto a contaminación y explotación excesiva de fuentes de agua, riesgo por enfermedades crónica y contaminación ambiental.
Mientras los países de primer mundo venden la idea del mercado azucarero como una buena oportunidad e incentiva a la región centroamericana a expandir sus producciones a estos cultivos. Sin embargo, no dicen las consecuencias que deja a las poblaciones el cultivar la azúcar amarga.
Según datos de una investigación de mercado ejecutado por la CentralAmericaData en Centroamérica, Guatemala y El Salvador son los países con mayor producción de azúcar y por ende los más afectados por las malas prácticas que implementa esta industria.
Los representantes de organizaciones sociales y ambientales que acompañaron, en conferencia de prensa, a líderesas y líderes comunitarios para denunciar la expansión descontrolada de cañales que ocupan cada vez más territorio y la extracción de agua, dejando a las comunidades en relegadas y sin el vital líquido.
Otra de las problemáticas denunciada son los riegos aéreos con agroquímicos tóxicos que ponen en riesgo la vida de las poblaciones colindantes. Según los denunciantes el aire hace que el veneno se extienda en las casas de habitación y en los cultivos o huertos caseros, lo que les esta provocando serios problemas de salud e intoxicación.
Los productores de la caña aplican fertilizantes, fungicidas y herbicidas en grandes cantidades. Entre los productos comúnmente usados están: el paraquat 2 4D, Actara 25-WG, Jade 23, Benomyl y Carbendazium; pero el que más se utiliza en El Salvador es el Glifosato, que se usa como herbicida y también como madurante, el cual lo aplican unos 20-25 días antes de la cosecha a través de medios aéreos.
Los incendios descontrolados por la quema de la caña también se han vuelto un riesgo para las poblaciones que viven en las comunidades aledañas a los cultivos, ya que lo único que separa las viviendas de las quemas de caña son unos cercos de alambre.
Durante el 2021 en los meses de enero a abril sucedieron 44 incendios forestales que afectaron más de 800 hectáreas de territorio y según el Ministerio de Gobernación, el 95% de dichos incendios son provocados. Solo en la zona costero marina de El Salvador existen aproximadamente 36 mil hectáreas cultivadas con caña y utilizan 205 millones de metros cúbicos de agua.
Todos estos impactos han sido denunciados, reiteradamente por comunidades afectadas, por organizaciones ambientalistas y de derechos humanos. Sin embargo, este tipo de prácticas que afectan los derechos de la población, continúan con total impunidad, por lo que nuevamente, en el marco de la finalización de la zafra 2021 / 2022 las organizaciones y comunidades incorporadas en la campaña “Azúcar Amarga” exigen al gobierno prohibir el uso de agrotóxicos, así como la aplicación de la ley ante el delito de quema en los cultivos de caña de azúcar, regular y controlar los usos del agua para garantizar el consumo humano, y frenar la expansión de este monocultivo que tanto afecta a la población en general.
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El día de la Tierra se conmemora con una marcha acuática en defensa del agua
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El día internacional de la Tierra, 22 de abril, el lago de Guija, en la frontera de El Salvador y Guatemala, se volvió el punto de encuentro de dos pueblos que mantienen una lucha permanente por la defensa del agua y el lugar donde hicieron un llamado de atención para que se garantice la conservación y protección de los afluentes hídricos que dan la vida a cientos de comunidades en ambos lados de la frontera.
Las Organizaciones ecológicas de El Salvador y Guatemala realizaron en conmemoración del Día de la Tierra, una marcha acuática para denunciar la contaminación de afluentes trasfronterizos causada por la mina a cielo abierto Cerro Blanco que se desarrolla en una propiedad de 174 hectáreas ubicadas en Asunción Mita, departamento de Jutiapa, Guatemala, a 14 kilómetros de El Salvador.
Los defensores ambientales recorrieron en lancha el lago de Guija para demandar a las autoridades de ambos países centroamericanos frenen la minería a cielo abierto que genera una cadena de contaminación en las cuencas compartidas iniciando en el río Ostúa tributario del lago de Guija que a su vez alimenta al río Lempa.
El pasado 21 de noviembre, la empresa Elevar Resources, subsidiaria de Bluestone en Guatemala, entregó al Ministerio de Medio Ambiente una actualización del Estudio de Impacto Ambiental 2007 (EIA-329-2007) solicitando se le autorice convertir la mina subterránea a minería a cielo abierto. Pero, organizaciones ambientalistas señalan que la minería a cielo abierto es una de las industrias más contaminantes del planeta y peligrosa para la salud humana.
Esta extracción pone en riesgo los afluentes hídricos de ambos países por la liberación de metales pesados como el arsénico, que a su vez pone en riesgo la vida de las familias en las comunidades.
Julio González activista del Colectivo Madre Selva asegura que es necesario que los gobiernos se comprometan a proteger el medio ambiente, especialmente el agua que está amenazada por la industria extractiva que es altamente contaminante.
“Se está alentando y permitiendo que se puedan desarrollar más proyectos mineros, en el caso de la mina Cerro Blanco esta es un contaminante tanto para Guatemala como para El Salvador”, dijo.
La empresa Elevar Resources, subsidiaria de la canadiense Bluestone Resources, pretende incrementar la extracción de 1000 toneladas diarias de material a procesar a 10,952 toneladas diarias y de extraer 3.31 millones de toneladas de material en túnel de 73.4 km a extraer 144.8 millones de toneladas en tajos con una profundidad de hasta 370mt y 1200mt de largo.
Todo este material posteriormente se convierte en desechos tóxicos que se depositan en cerros y que eventualmente generará drenaje ácido que contaminan las aguas, el suelo y el aire y son dañinos para la salud de las familias en las comunidades.
Todos estos efectos traerán desplazamiento, pobreza, enfermedades, y conflictividad, pero también la actividad económica de la mina, con los 500 trabajadores que pondrán para la construcción, traerá prostitución, trata y violencia para las mujeres de las comunidades.
Las familias que viven en la comunidad Las Cuevitas en Metapán, El Salvador, a las orillas del lago de Guija aseguran sentirse preocupadas pues la contaminación que ya presenta el lago es un problema que afecta sus tareas diarias y las actividades mineras en el vecino país de Guatemala incrementarían aún más los niveles de contaminación.
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