Ante el proceso de criminalización del cual es victima la actual Diputada y Comisionada en retiro María Luisa Borjas en el que el empresario Camilo Atala la ha querellado a raíz de que ésta valiente mujer se atreviera a develar un informe que se mantenía en estado de secretividad por parte de la Policía Nacional en el cual se mencionaban nombres de empresarios, banqueros, diputados, alcaldes y ministros y en el que se detallaban varias líneas de investigación basadas en la información pericial levantada por la ATIC y agentes del FBI a través de la Embajada de los Estados Unidos y la Policía Nacional a través del MP.

El proyecto minero El Escobal, también conocido como Derivada VII, propiedad de la firma Kappes, Cassid & Asociados y de la empresa subsidiaria Exploraciones Mineras de Guatemala (Exmingua), que fuera suspendido desde junio de 2016 tras años de resistencia por parte de las comunidades de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo (denominada Resistencia Pacífica de La Puya), demandó al Estado de Guatemala por 2 mil millones de quetzales.

Los estadounidenses Daniel W. Kappes, Kappes, Cassidy & Associates han presentado una demanda de arbitraje contra Guatemala ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) relacionada con su subsidiaria Exmingua (Exploraciones Mineras de Guatemala).

Después de la visita de un equipo de verificación designado por Oficina del Asesor de Cumplimiento / Ombudsman (CAO), del Banco Mundial al proyecto minero Mina La India, líderes del Movimiento Comunal Santa Cruz de La India reportan el recrudecimiento de la represión, de la cual han sido sujetos desde hace varios años.

La Compañía Guatemalteca de Níquel, instalada en El Estor ha recibido apoyo del Estado de Guatemala desde los años 60. En más de cuatro décadas se repiten los patrones en los beneficios de los gobiernos para la empresa y la represión contra los que fiscalizan sus operaciones.

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