La Compañía Guatemalteca de Níquel, instalada en El Estor ha recibido apoyo del Estado de Guatemala desde los años 60. En más de cuatro décadas se repiten los patrones en los beneficios de los gobiernos para la empresa y la represión contra los que fiscalizan sus operaciones.
ILUSTRACIÓN: LUCÍA MENÉNDEZ
1. Las dudas sobre la consulta comunitaria
En 2018, 65 indígenas q´eqchíes de El Estor, Izabal, presentaron un amparo en la Corte Suprema de Justicia donde piden que las operaciones de la Compañía Guatemalteca de Níquel (GCN) sean suspendidas porque no se hizo una consulta comunitaria que les permitiera opinar sobre el megaproyecto que desde los años 60 impacta su territorio. Los pobladores reclaman que en el 2006 —cuando el gobierno de Óscar Berger renovó la licencia minera para la extracción de níquel— no fueron consultados pese a que Guatemala ya había ratificado el convenio internacional que regula ese derecho.
Los abogados de la mina afirman que sí realizaron la consulta, pero en el Ministerio de Energía y Minas la única constancia es un acta de una reunión de febrero de 2006, entre los líderes de algunos consejos comunitarios de desarrollo, cinco alcaldes, universidades, organizaciones del Estado y un grupo de pobladores de El Estor, donde las autoridades expusieron los beneficios que traería la minería de níquel. Ese día abrieron el micrófono a preguntas de los comunitarios.
El amparo lo tienen que resolver los trece magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la misma que suspendió las operaciones de la Mina San Rafael por el mismo problema, falta de consulta a los pueblos que viven en la zona de impacto de las compañías.
2. Los favores de los gobiernos
En los años 60 y 70 el poder político de INCO/EXMIBAL —los entonces dueños de la mina— sugirieron al gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes que aprobara una nueva ley de minería que redactaron abogados contratados por la compañía, con el argumento de estimular las inversiones en Guatemala.
La relación entre la minera y esos gobiernos se puso bajo la lupa a finales de los años 60, cuando se creó una comisión para analizar los detalles tras el otorgamiento de la concesión. Óscar Adolfo Mijangos López, Julio Camey Herrera, integrantes de esa comisión, fueron asesinados. Rafael Piedrasanta Arandi y Alfonso Bauer Paiz, fueron víctimas de ataques meses antes de que la compañía obtuviera los permisos para operar.
Bauer Paiz escribió que las concesiones de explotación se otorgaron en una época en la que en el país no regía ninguna Constitución, sino un gobierno de facto y que el Código de Minería fue hecho a la medida de los intereses de INCO/EXMIBAL.
En el 2006, el Ministerio de Energía renovó la licencia de explotación minera para 248 kilómetros cuadrados de tierra y montañas. Ese año, la conflictividad en El Estor llegó a un nuevo punto: los comunitarios reclamaban ser propietarios de espacios de terreno donde la mina quería operar y el gobierno ordenó desalojos que terminaron en quema de casas de los agricultores y violaciones en grupo a mujeres q´eqchíes.
El 30 mayo del 2014, cuando reinauguraron la planta, junto con los gerentes de la compañía, estaba el entonces presidente Otto Pérez Molina. Dos meses antes, los ministros Sergio de la Torre (Economía), Erick Archila (Energía y Minas) y Mauricio López Bonilla (Gobernación) viajaron a Londres para reunirse con representantes de Solway y 9 grandes compañías más para explorar oportunidades de comercio e inversión.
El 26 de marzo de 2015, Serguéi Lavrov, Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, se reunió con Otto Pérez Molina. El periodista australiano John Helmer, basado en Moscú, escribió que la visita habría tenido como fin intervenir por las inversiones rusas en el país y por los propietarios de Solway.
El entonces presidente Pérez Molina dijo que en la visita del canciller ruso “se habló del comercio, ya que en Guatemala una de las empresas más grandes es de origen ruso, que se dedica a la extracción de níquel”.
3. La importancia mundial de la mina
El níquel de Guatemala es muy apreciado en el mundo. Solway —que compró la mina en el 2011— describe el mineral que extraen del proyecto minero Fénix (CGN) como uno de los 10 más ricos y puros del mundo, y por ser un yacimiento de gran potencial en tamaño y calidad representa “un hito importante” en su estrategia para convertirse en uno de los cinco principales productores de níquel del mundo.
En un informe para la agencia de calificación Fitch, Solway dijo que en 2012 tuvo ingresos de US$557 millones y ganancias de US$119 millones. Dos tercios de los ingresos de Solway dependen de la mina guatemalteca y de la refinería ucraniana.
Dan Bronstein, director del Solway, reconoció en una entrevista que si no tuvieran el proyecto en Guatemala tendrían que detener su planta de operaciones en Ucrania, pues en el 2014 Indonesia prohibió la exportación de minerales; es decir, para sacar el níquel del país tendrían que procesarlo allí.
4. El destino del níquel de Izabal
El mineral es enviado en grandes buques a Ucrania, a la Planta de Procesamiento Pobuszhsky. Esa instalación era una empresa estatal soviética construida en 1972 para producir ferroníquel. Estuvo cerrada durante años “por la baja calidad del níquel local”. Solway la compró en el 2003 y reinició sus operaciones en el 2005 con una inversión de US$204 millones y echaron a andar la producción de ferroníquel a partir de minerales importados de Indonesia, Nueva Caledonia y Guatemala.
En su página la compañía asegura que la planta es el mayor productor de ferroníquel en Europa, “beneficiándose de una base de recursos de mineral seguro y de bajo costo de producción”. Los clientes de Solway, luego de procesar el mineral en Ucrania, son del sector de acero inoxidable.
5. Cuatro décadas de impunidad
Nunca se investigó qué pasó en el asesinato y los ataques a los miembros de la comisión que analizaría la relación de los gobiernos y la minera entre 1960 y 1970.
En enero de 2007 durante desalojos forzados de pobladores que supuestamente vivían en terrenos propiedad de la mina, los comunitarios se opusieron al desplazamiento y reubicación de sus hogares y comunidad. En esas fechas se registraron violaciones sexuales y ataques.
El 28 de marzo de 2011, once guatemaltecas presentaron una demanda ante la Corte Suprema de Ontario, Canadá, en contra de la entonces dueña de CGN, la canadiense Hudbay Minerals, por apañar las violaciones colectivas que ellas sufrieron a manos del personal de seguridad de la mina.
Los pescadores que trabajan en el Lago de Izabal denunciaron que la compañía estaba contaminando el agua. Presentaron denuncias y no tuvieron respuesta. En 2017 impidieron el paso de camiones de la mina para protestar. La CGN los denunció de vuelta alegando que sus pilotos fueron retenidos contra su voluntad.
Se emitieron diez órdenes de captura contra los pescadores. Cinco de las órdenes fueron canceladas por un juez por falta de evidencias de una actividad criminal. Otros cuatro tienen órdenes de captura vigente y aunque han pedido audiencia para presentarse al juzgado, no les ha sido programada.
La denuncia por la posible contaminación del lago no ha tenido ningún avance.
Leé el reportaje completo: El desastre ocasionado por el níquel en Izabal (y la posibilidad de cerrar la mina)
Original: Nómada
