La reciente elección del presidente Nayib Bukele en El Salvador ha puesto en alerta al cumulo de organizaciones sociales, religiosas y ambientales que lucharon por más de una década para lograr prohibición de la minería metálica.
El acercamiento del presidente electo a los sectores económicos nacionales, regionales y transnacionales amenaza una de las pocas reivindicaciones ambientales ganadas a sangre, sudor y lucha durante la gestión del FMLN.
A nivel regional, Centroamérica permanece como un destino de inversión atractivo y rentable para empresas mineras transnacionales, inducidas por un comportamiento favorable de los precios internacionales del oro y otros metales; los compromisos adquiridos en tratados comerciales y la implementación de un régimen económico de corte neoliberal por los gobiernos locales.
Para consolidar este sistema de explotación de recursos naturales, se han erigido marcos normativos desde una lógica que prioriza la explotación y acumulación de riqueza a costa de la dominación socioeconómica de los bienes comunes y sectores vulnerables de la población.
Estos marcos normativos han profundizado fragilidades jurídicas e institucionales existentes, que muestran una crónica incapacidad regulatoria para garantizar una gobernanza socioambiental democrática en los territorios afectados por la industria minera.
En la década del 2006 al 2016, El Salvador fue el único país de la región CA4 que se inclinó a la opción por el desarrollo sostenible al prohibir la minería metálica. Los demás países siguieron un patrón de reformas y derogaciones parciales que fomentan vacíos y debilidades jurídicas tanto en su contenido como en su aplicación.
Un estudio publicado por la Alianza Centroamericana Frente a la Minería - ACAFREMIN, señala serias debilidades encontradas en el andamiaje jurídico y regulador de la industria minera, tales como: a) la premura en los plazos de trámite del régimen concesionario; b) ausencia de consultas previas y públicas, algunas prácticas que contradicen los parámetros establecidos por el Convenio 169 de la OIT; c) régimen ambiental y fiscal muy favorable a los inversionistas en detrimento de los bienes públicos y los derechos de las comunidades; d) deficiencia en la verificación y fiscalización de estudios de impactos ambiental - EIA, y sus planes de remediación; y e) débil proceso de control del cierre de minas. Según los hallazgos del estudio, la industria minera no aporta beneficios económicos significativos para región.
El aporte del sector minas y canteras al PIB total, entre los años 2006 y 2016, osciló en un promedio anual de 0.26% para El Salvador a 1.26% para Honduras y Nicaragua. La contribución de las exportaciones, en relación a las exportaciones totales, indican que Guatemala y El Salvador mantuvieron contribuciones promedias de 0.44% y 0.05%, respectivamente, en tanto que Nicaragua refleja un 12.03% y Honduras, del 5.7%. El aporte tributario proveniente del sector minero como porcentaje del PIB nacional en diferentes períodos fue para Guatemala de 0.15%, en los años 2009 al 2015; para El Salvador representó 0.03% entre los años 2010 y 2015 y para Honduras refleja el 0.21% sólo para el año 2015.
El costo social y ambiental para la región ha sido mucho más alto. La respuesta estatal a la movilización y resistencia social de las comunidades ha sido la violencia por parte de cuerpos represivos en complicidad con la seguridad privada de las empresas. Esto ha generado un notorio incremento en los índices de violencia, persecución en contra defensoras de la tierra y del medioambiente con el amparo de leyes antiterroristas, la militarización de los territorios, y la declaración de estados de sitio que han desembocado en el abuso de la fuerza pública y la perpetración de violaciones a los derechos humanos.
Este patrón de conflictos tiene el potencial de agudizarse a medida que los estados de la región muestran una regresión al autoritarismo, y a medida que las industrias extractivas ejercen mayor presión para controlar las áreas protegidas, el uso de suelos, recursos hídricos y territorios de comunidades campesinas, poblaciones indígenas y afro descendientes.
Ante el nuevo escenario político de El Salvador, es preocupante que el nuevo gobierno de El Salvador ceda ante presiones de la industria minera e instituciones financieras multinacionales y que el programa económico del gobierno de GANA/NI pueda dar paso a replicar la política de explotación de bienes comunes y persecución contra defensores ambientales que se perfila en la región.
El presidente electo Nayib Bukele prometió, en su programa de gobierno, implementar medidas para profundizar las políticas de sostenibilidad ambiental iniciadas por el Gobierno del FMLN, creemos que eso pasa por que aplique de la prohibición de la minería metálica, que se garantice la transición de la minería artesanal, que se desarrolle una estrategia clara para generar alternativas económicas a la minería y por qué se implemente una estrategia diplomática ante la amenaza de contaminación por la minería transfronteriza. En vinculación a la prohibición minera, esperamos que el presidente electo trabaje con todos los partidos representados en la Asamblea Legislativa por la aprobación de una Ley General de Aguas que garantice la administración pública del recurso hídrico y priorice condiciones para el consumo humano mientras se regula de manera adecuada el uso comercial e industrial.
Como organizaciones y ciudadanos con conciencia ambiental nos declaramos en estado de alerta y esteremos pendientes a que las políticas de desarrollo económico del nuevo gobierno no fomenten la fragilidad ecológica de nuestro país.
