El día 9 de junio en horas de la mañana un grupo de trabajadores de la empresa Cementos Progreso (Cempro), ingresaron sin autorización en uno de los terrenos de la comunidad Pilar II, en San Juan Sacatepéquez. Los trabajadores rompieron la cerca de alambre, una retroexcavadora ingreso sobre el terreno y comenzaron escavar dejando una zanja de por lo menos 3 metros de profundidad y unos 15 metros de largo, denunciaron las autoridades indígenas maya kaqchikel.
La autoridad indígena se presentó al lugar, también los propietarios llegaron a verificar lo que estaba ocurriendo, les pidieron explicación a los trabajadores de la empresa el por qué ingresaron al terreno, exigieron además que colocaran de nuevo los postes y la alambrada. Las autoridades les hicieron ver que están cometiendo un delito al ocupar una tierra que no es de la empresa, y finalmente los trabajadores instalaron de nuevo los postes y el alambre, dejaron la zanja abierta y se retiraron del lugar.
No es la primera vez que ocupan los terrenos de los comunitarios, desde el 2019 las comunidades kaqchikel instalaron varios campamentos de resistencia pacífica para proteger los terrenos. El 14 de mayo pasado la comunidad recuperó uno de los terrenos, luego de que la empresa se retirara de este. En San Juan Sacatepéquez, recuperaron un terreno ocupado por la cementera.
Esto también ocurrió en la comunidad Santa Fe Ocaña, Denuncian a cementera por robo de tierras en Santa Fe Ocaña
Una empresa socia de Cementos Progreso acusada de corrupción
El problema con la tierra en las comunidades indígenas del municipio se originó con el inicio de la construcción del Anillo Regional –una mega carretera privada de la empresa Cementos Progreso- construida por la Constructora Nacional Sociedad Anónima CONASA, empresa que construyó de forma simultanea la controversial carretera Libramiento de Chimaltenango. Álvaro Mayorga Girón y Juan Argueta Tejada gerentes generales de la empresa fueron señalados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad CICIG y el Ministerio Público MP de pagar 36 millones de quetzales en sobornos al ex ministro Alejandro Sinibaldi Aparicio en el caso conocido como Construcción y Corrupción.
