La Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), ubicada en El Estor, Izabal, está suspendiendo contratos laborales. Esto aumentó la tensión en el municipio porque los afectados culpan a quienes se han opuesto a la extracción minera. Las amenazas han llegado a tal punto que un grupo de defensores de derechos humanos teme por su vida.
La semana pasada la Compañía Guatemalteca de Níquel, una mina ubicada en El Estor, Izabal, notificó a un grupo de trabajadores sobre la suspensión de sus contratos laborales. La medida no se tomó porque la empresa sufriera pérdidas económicas derivadas de la pandemia de COVID-19, sino por la imposibilidad de la empresa de ingresar carbón y materia prima para continuar con su producción. Esto debido a bloqueos en las carreteras de acceso al municipio por parte de trabajadores que ya fueron despedidos y que llevan tres meses exigiendo ser restituidos y que se les pague la mitad del salario que no han devengado desde que se quedaron sin empleo.
“La conflictividad social que afecta al municipio y la dificultad de cumplir con los protocolos de prevención para el COVID-19 permiten las posibilidad de suspender contratos laborales y si las circunstancias no cambian, provocarían la terminación definitiva”, dice un comunicado que recibieron los trabajadores y que circuló a través de Facebook.
Los afectados organizaron a través de Facebook, una reunión en el campo municipal de El Estor, misma que se realizó el viernes 12 de junio en horas de la mañana.
Minutos después de haber empezado, la protesta se movilizó a la sede de la Defensoría Q’eqchi’ y la Radio Comunitaria Xyaab’ Tzuultaq’a, ambas ubicadas en el mismo inmueble en el centro de El Estor, Izabal. Según denunció la Defensoría en un comunicado, los trabajadores que recién perdieron sus empleos, los culparon por la suspensión de labores de la mina.
“Llegaron a gritarnos y a amenazarnos con prendernos fuego”, relató Robin Macloni, director ejecutivo de la Defensoría Q’eqchi’.
Amenazas hechas desde redes sociales.Los trabajadores mineros culpan a la Defensoría porque apoyó la petición del cierre temporal de la CGN por falta de consulta comunitaria, un requisito establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, al cual Guatemala está suscrito. Además, la entidad apoyó legalmente a los integrantes de la Gremial de Pescadores, quienes han promovido el cese del trabajo de la Compañía por denuncias de contaminación del Lago de Izabal.
Con la turba de gente frente a su sede, los defensores permanecieron encerrados hasta que llegó la Policía Nacional Civil. Ahora temen que las agresiones escalen al plano físico.
“Desde antes temía por mi vida, pero ahora más porque soy un blanco directo. Estaban gritando mi nombre a viva voz”, aseguró Macloni.
La Defensoría y la Radio Comunitaria solicitan que el Estado de Guatemala garantice su labor en defensa de derechos humanos y que el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil pongan atención a estas agresiones.
Por su parte, la Procuraduría de Derechos Humanos, está siguiendo las manifestaciones. El sábado 13 de junio la delegación de Izabal documentó una protesta de los trabajadores en contra de los bloqueos que impiden el ingreso de carbón para la planta minera.
Quienes se oponen al cese de operaciones de la mina aseguran que la empresa es la principal proveedora de empleo en la región y que cerrarla implicaría el aumento de la pobreza en el municipio. Trabajadores y proveedores de CGN/Pronico han llevado este tipo de protestas hasta la Corte de Constitucionalidad, en la Ciudad de Guatemala, donde incluso han bloqueado la salida de los magistrados exigiendo que levanten la suspensión.
#Izabal | Delegados de la Auxiliatura Departamental verifican respeto a #DerechosHumanos en manifestación realizada por trabajadores de CGN/PRONICO ante suspensión de labores de la empresa quienes aducen que por los constantes bloqueos no pueden continuar ejecutando labores.
Nómada buscó por días una postura de CGN-Pronico con el gerente de asuntos comunitarios, Mynor Álvarez. Al cierre de esta nota no había respondido las preguntas que le fueron enviadas al celular.
La Compañía Guatemalteca de Níquel y Pronico, su planta procesadora, son empresas con licencia para explotar y exportar níquel, cobalto, hierro, magnesio y cromo; ambas están ubicadas en el municipio de El Estor, departamento de Izabal. El 18 de julio de 2019, la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió de forma temporal sus operaciones porque el Estado de Guatemala no consultó a las comunidades ubicadas en su zona de impacto.Pese a ello la empresa nunca paró sus operaciones.
El Ministerio de Energía y Minas no ha tomado acciones para que inicie el proceso de consulta. Rafael Maldonado, abogado de la Gremial de Pescadores, pidió en mayo que la Corte de Constitucionalidad haga cumplir su orden. Mientras tanto la tensión sigue escalando en uno de los municipios con mayor conflictividad social del país.
