En territorio indígena y afrodescendiente existen unas 54 concesiones mineras, 36 proyectos de generación de energía eléctrica y la única concesión de hidrocarburos del país, todas ellas con serios cuestionamientos al no cumplir con los procesos de consulta previa, libre e informada (CPLI) que lleven al consentimiento de los pueblos.
Esta información se encuentra en el Atlas de las Concesiones en Territorios Indígenas y Negros en la República de Honduras, publicado por el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo Social de Honduras (Fosdeh) y Oxfam, y en él se resalta, como estas concesiones han generado enormes impactos ambientales, sociales y políticos en las comunidades afectadas.
La analista en Transparencia y Derechos Humanos del Fosdeh, Emma Velásquez, explica que “Honduras dispone de un mapa de potencial minero, pero no de un plan estratégico de aprovechamiento sostenible, y en el que la población afectada no conoce sobre las inversiones en su territorio hasta que las mismas están instaladas”.
De esta forma, “los procedimientos de concesión en Honduras no contemplan una etapa de consulta antes de realizarlas y en los casos que presentan algunos elementos de consulta, son procesos cuya duración temporal es reducida” y que no cumplen con los estándares internacionales de derecho que lleven al consentimiento de los pueblos, señala Velásquez.
El Atlas de las Concesiones en Territorios Indígenas y Negros también designa que el concesionamiento minero y de generación de energía no ha producido desarrollo. En los territorios se manifiestan altos niveles de conflictividad, criminalización, estigmatización y hasta asesinato de defensoras y defensores del territorio y ambientalistas.
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De igual forma, el concesionamiento minero y de generación de energía en Honduras no está alcanzando elementos mínimos de desarrollo que aporten los medios para contribuir a la satisfacción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) a los y las hondureñas que viven en las zonas afectadas por las concesiones.
Velásquez profundiza en este tema señalando que las reformas a los marcos legales nacionales han servido para concentrar beneficios principalmente en manos de empresarios
hondureños y sus inversionistas nacionales e internacionales. Los fundamentos políticos para incrementar el empleo y reducir la pobreza fracasaron.
También puntualiza que existe una “fuerte tendencia a la imposición, la opacidad o falta de transparencia sobre los impactos sociales y ambientales que afectan a las comunidades. Dando paso a una compleja y perversa combinación de corrupción e impunidad con una actitud de acción sin consecuencia donde la impunidad se torna en inmunidad, debido a que el actor obligado a proteger y garantizar los derechos establece pactos de complicidad con sesgo a favor de las empresas”.
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En total el Atlas de las Concesiones en Territorios Indígenas y Negros identifica más de 137 concesiones mineras y de energía distribuidas alrededor o dentro de territorios indígenas a nivel nacional. La mayoría de estas concesiones se encuentran en estado de exploración y distribuidas más que todo en los departamentos de La Paz, Intibucá, Lempira y Yoro.
Desde el 2018, el gobierno de Honduras aceleró el otorgamiento de las licencias ambientales; primero simplificando los procedimientos en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) para la extensión de estas, y segundo mediante la aprobación del Acuerdo Ministerial no. 1402-2018 que clasifica los estudios técnicos, las licencias ambientales y ubicación de las concesiones como parte de la “Ley de Secretos”. Ambas acciones representan una amenaza a la transparencia y al acceso a la información pública y la participación ciudadana en la toma de las decisiones.
Original: Criterio HN
