Comunidades y organizaciones territoriales en Honduras, plantean la necesidad urgente de firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú, considerado el pacto regional más importante sobre el acceso a la información pública, participación ciudadana y justicia en asuntos ambientales de América Latina y el Caribe.
En 2018, después de seis años de arduas discusiones, 24 países de América Latina y el Caribe en diálogo con representantes de la sociedad civil lograron una propuesta que de hacerse realidad garantizaría el derecho de todas las personas a vivir en un medio ambiente sano.
Naciones Unidas a través de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), informó que el 26 de septiembre del 2020 vence el plazo para que los países firmen y ratifiquen el tratado. Honduras está dentro de los países que aprobaron el Acuerdo de Escazú, pero hace falta que el titular del Poder Ejecutivo Juan Orlando Hernández, lo firme y envíe al Congreso Nacional para aprobarlo y ratificarlo.
En entrevista con Radio Progreso, la abogada y directora del Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (IDAMHO), Clarissa Vega, explica la importancia de ese acuerdo y los beneficios que acarrea para las comunidades como Guapinol en Tocoa, Colón, donde existe un conflicto socio ambiental por la instalación de la empresa minera Inversiones Los Pinares en el parque nacional Carlos Escaleras.
La abogada relata que “es trascendental porque permite a las comunidades tener la información de manera oportuna sobre los proyectos extractivos aprobados por el Gobierno”, las personas podrían participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y entorno.
Con el Acuerdo de Escazú se podrá obtener justicia cuando derechos como la vida, libertad de expresión y organización sean vulnerados por el Estado para beneficiar cualquier proyecto extractivo, “porque permite la creación de juzgados especiales y obliga al Estado a garantizar el bienestar humano por encima de la inversión privada”, dijo.
En la actualidad el Estado promueve la instalación de proyectos extractivos como la única alternativa para desarrollar las comunidades, bajo el argumento que las empresas generan empleos, construyen escuelas, centros médicos y carreteras. “Sin embargo, hasta la fecha no se conoce un tan solo proyecto que haya generado lo que promocionan las autoridades”, cuestionó la abogada Clarissa Vega.
En la mayoría de los casos las comunidades desconocen la ubicación exacta de los proyectos mineros e hidroeléctricos, porque las concesiones se aprueban en un ambiente de privacidad entre la minera, instituciones públicas encargadas y el gobierno local. “Hasta que ven llegar la maquinaria y personal de la empresa se dan cuentan que hay una concesión. Escazú permite que las comunidades tengan información del proyecto antes de que eso suceda”, dijo.
América Latina es constantemente asediada por actividades extractivas y destructivas impulsadas por multinacionales y corporaciones locales con aval de los gobiernos. Honduras está catalogado como uno de los países más peligroso para defensores de derechos humanos y ambiente según la organización Global Witness. Desde el año 2010 a la fecha unas 130 personas habrían sido asesinadas por oponerse a proyectos extractivos: entre las víctimas está la lideresa indígena Berta Cáceres.
La abogada reconoce que la ratificación del acuerdo no es la solución para los problemas que enfrentan comunidades como Guapinol, donde 8 de sus líderes están presos a raíz de una denuncia interpuesta por la empresa Inversiones Los Pinares. “Es necesario informar a las comunidades sobre el acuerdo y sobre las normativas que garantizan sus derechos ciudadanos”.
La directora del IDAMHO, concluye que hay poco interés de las autoridades en ratificar el Acuerdo de Escazú, sin embargo, es responsabilidad de las organizaciones y la ciudadanía presionar para que Honduras lo firme y con él se respete el derecho a vivir en un ambienta sano.
Original: Radio Progreso
