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El secuestro de 4 garífunas en la comunidad Triunfo de la Cruz, del municipio costero de Tela, Atlántida, ha evidenciado la violencia a la que han sido sometidos los garífunas durante décadas. Sus líderes, como Miriam Miranda de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), sostienen que el Estado es cómplice. En los últimos 10 años, el pueblo garífuna ha reportado 105 ataques contra sus comunidades y la situación se ha agudizado desde 2015, cuando el Estado de Honduras perdió dos demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), por violación al derecho ancestral y colectivo del territorio que habitan. 

"El Congreso de los Estados Unidos pidió que se agilicen las investigaciones de su desaparición. Hoy se cumplen 14 días desde el suceso y todavía no hay un resultado contundente sobre su paradero".

Las comunidades maya ch’ortí celebran una sentencia que la Corte de Constitucionalidad dejó en firme y que les hace copropietarios de tierras que adquirieron sus ancestros en la época de la colonia.

El más reciente informe de Global Witness destaca que 212 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados durante el 2019; la mitad de los homicidios ocurrieron en Colombia y Filipinas.Entre los países que registraron el mayor número de asesinatos también se encuentran Brasil, México, Honduras, Guatemala, Venezuela y Nicaragua.

Fotografias por: Ludwin Vanegas

“La población rural necesita de la atención en salud, educación y seguridad alimentaria”, dijo Gertrudis Mejía, tesorera de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), al señalar que la Emergencia Nacional por la pandemia del coronavirus ha perjudicado a fondo la frágil economía de las comunidades rurales.

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