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138 organizaciones de 33 países piden en una carta abierta una legislación sólida sobre la cadena de suministro de la Unión Europea.
En una carta abierta, 138 organizaciones de 33 países piden a la Comisión Europea que imponga a las empresas fuertes obligaciones en materia de protección del medio ambiente y los derechos humanos en la ley de la cadena de suministro de la UE, con el fin de combatir las violaciones de los derechos humanos y la degradación del medio ambiente causadas por la minería y la agroindustria en el Sur Global.
Las organizaciones piden que los derechos de participación ambiental contenidos en el Acuerdo de Escazú, vigente en Latinoamérica y el Caribe, se incluyan como norma obligatoria en la Ley de la Cadena de Suministro europea.
Lea la carta abierta a la Comisión Europea aquí.
La ley de la cadena de suministro de la UE debe repercutir en la extracción de materias primas
La Comisión Europea está elaborando un reglamento para la UE que obligaría a las empresas a evitar las violaciones de los derechos humanos y la destrucción del medio ambiente en sus cadenas de suministro mundiales. El año pasado, el Bundestag (Parlamento Federal Alemán) aprobó una ley sobre la cadena de suministro para las empresas alemanas, lo cual supone un primer paso importante en materia de empresas y derechos humanos. Sin embargo, esta contiene numerosas deficiencias, por ejemplo, establece obligaciones débiles para las empresas de la cadena de suministro más profunda. En el caso de los proveedores indirectos, empresas que extraen materias primas, por ejemplo, no tienen que aplicar medidas de debida diligencia de forma sistemática, sino solo de forma puntual.
"La minería y la agroindustria suelen ser los sectores donde se cometen las más graves violaciones de los derechos humanos. Por lo tanto, la ley de la cadena de suministro de la UE debe agotar todas las medidas para proteger a las personas afectadas. Entre ellas se encuentran: Obligaciones de diligencia debida a lo largo de toda la cadena de suministro, fuertes obligaciones de protección del medio ambiente y el derecho de acción civil para los afectados", exige Christian Wimberger, responsable de Responsabilidad Social Corporativa de la Iniciativa Cristiana Romero (CIR).
Hay que prevenir la violencia en la minería
Muchas de las organizaciones firmantes de los países de América Latina y otras regiones del Sur Global conocen de primera mano los efectos de la producción de materias primas. En el caso de los proyectos mineros y los monocultivos, se destruyen ecosistemas enteros y se priva a las personas de sus medios de vida. Si se resisten, a menudo son reprimidos por las autoridades estatales o incluso asesinados por grupos criminales.
La agresividad con la que se satisface la demanda de materias primas de la industria se puso de manifiesto en el conflicto por una mina de níquel en el departamento guatemalteco de El Estor, a finales de 2021. Cuando las comunidades indígenas bloquearon una carretera de acceso en protesta por los graves impactos ambientales de la explotación minera, el gobierno declaro un estado de emergencia parcial que permitió que cuerpos militares reprimieran las manifestaciones con violencia. En los últimos años, varios opositores al proyecto minero, dirigido por la empresa ruso-suiza Solway Investments, han sido asesinados.
"A pesar de que el Tribunal Constitucional ha anulado la licencia minera, la empresa simplemente sigue operando. Las comunidades afectadas se quejan de la intensidad de la minería y de la contaminación que provoca. Representantes del pueblo originario Q'eqchi' están detenidos por resistirse. Al imponer el estado de excepción, el gobierno está restringiendo derechos básicos como la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de circulación. Pedimos a la Unión Europea que garantice la salvaguarda de los derechos de las comunidades q'eqchi´ y que envíe una misión de observación a la región", exige la organización guatemalteca Colectivo Madre Selva.
La UE importa grandes cantidades de materias primas
Desde hace años, Guatemala exporta a Grecia níquel que se utiliza en el acero y en las baterías de los coches eléctricos. Los países de la UE, sobre todo Alemania, importan enormes cantidades de materias primas: desde materias primas agrícolas como el aceite de palma y el azúcar hasta minerales como el litio, el cobre y el cobalto. Por tanto, las empresas europeas deben ser obligadas a luchar eficazmente contra las violaciones de los derechos humanos y la degradación del medio ambiente a lo largo de toda su cadena de suministro.
"Con la implementación de los derechos ambientales en la Ley de la Cadena de Suministro de la UE, ésta tiene la oportunidad de dar un primer paso para corregir por fin la desigualdad y la violencia que históricamente ha caracterizado la extracción de materias primas para sus empresas", afirma Pedro Cabezas, coordinador de la Alianza Centroamericana contra la Minería en Centroamérica (ACAFREMIN).
La importancia del Acuerdo de Escazú
Las organizaciones firmantes consideran que el Acuerdo de Escazú, que entró en vigor en 12 países de América Latina y el Caribe en 2021, es una herramienta importante para promover la justicia ambiental en las cadenas de suministro. El innovador acuerdo establece los siguientes derechos para los afectados:
- acceso a la información medioambiental
- participación en los procesos de toma de decisiones sobre intervenciones medioambientales
- acceso a la justicia
- la protección de los defensores de los derechos humanos
Las 138 organizaciones piden a la Unión Europea que añada el acuerdo y sus principios a la lista de normas internacionales que deben cumplir las empresas en sus actividades de debida diligencia.
Para mayor informacion:
- Pedro Cabezas, ACAFREMIN: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Christian Winberger, Christliche Initiative Romero (CIR): Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
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A nivel nacional entre las problemáticas más sentidas por causa del monocultivo de caña de azúcar son las quemas de los cultivos para la zafra. Las afectaciones en las comunidades son diversas y van desde enfermedades respiratorias producto del humo, incendios forestales en bosques y áreas naturales protegidas cercanas al monocultivo de caña, muerte de fauna silvestre por el fuego, afectación de cultivos de alimentos, y generación de gases de efecto invernadero que agravan el cambio climático. Es urgente que el Estado salvadoreño actúe.
Las quemas son realizadas por los productores de caña de azúcar, violentando el articulo 262 A del Código Penal que prohíbe la quema de cualquier cultivo. Ante esta ilegalidad, evidenciada y constantemente denunciada por las comunidades afectadas y organizaciones ambientalistas, la agroindustria azucarera afirma que no son responsables de los siniestros, si no que es obra de mano criminal. Se trata de un absurdo y una mentira si se cae en cuenta que estos hechos de quema, siempre coinciden con el tiempo de la zafra.
Las quemas de cultivo están vinculadas a los incendios forestales. En 2021, solo durante los meses de enero a abril sucedieron 44 incendios forestales que afectaron más de 800 hectáreas de territorio y según el Ministerio de Gobernación, el 95% de dichos incendios son provocados.
Sin embargo, el accionar de las autoridades siempre es reactivo, no se ve una gestión preventiva como podría ser la aplicación efectiva de la ley y la vigilancia oportuna para evitar la quema de cultivos, especialmente de caña de azúcar.
Por estas razones, las comunidades afectadas y las organizaciones que impulsamos la campaña Azúcar Amarga, exigimos al Estado salvadoreño, particularmente al MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A LA PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, con sentido de urgencia:
1. Al MARN: Que asuma un rol activo y protagonista en un esfuerzo para prohibir explícitamente la quema en los cultivos de caña de azúcar. Se trata de una práctica agrícola dañina para las personas y la naturaleza.
2. A la FGR: Que investigue de oficio y proceda judicialmente contra los responsables de los incendios forestales y las quemas en los campos de caña de azúcar.
3. A la PDDH: Que retome su rumbo en el sentido de acompañar a las víctimas de violaciones a sus derechos, como lo que está pasando con las comunidades afectadas por el monocultivo de caña de azúcar.
San Salvador, 16 de febrero de 2022.
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Desde que la Asamblea Legislativa legisló de manera unánime la prohibición de la minería metálica, en marzo del 2017, organizaciones ambientalistas han demandado que el Gobierno Salvadoreño tome la iniciativa para generar un dialogo con Gobiernos vecinos de Guatemala y Honduras para proteger las cuencas compartidas.
Esta demanda se basa en la existencia de proyectos mineros transfronterizos que amenazan con contaminar el agua y agravar la crisis hídrica de nuestro país. Actualmente, la amenaza más inmediata la representa el proyecto minero Cerro Blanco, un proyecto de mina subterránea ubicado en Asunción Mita Jutiapa, que desde el 2007 (14 años) intenta fallidamente extraer oro y plata y que ahora busca convertirse en una mina a cielo abierto.
Desde sus inicios organizaciones ambientalistas hemos demandado la clausura de dicho proyecto ya que la empresa minera nunca supero observaciones técnicas realizadas por el entonces equipo de evaluación del Ministerio de Energía y Minas y no informo debidamente a la población de Asunción Mita sobre los graves impactos a la salud, al medio ambiente y el agua que la minería tendría. Violentando así el derecho a la consulta previa, libre e informada de la población.
El pasado 21 de diciembre, la empresa desarrolladora del proyecto minero Cerro Blanco Elevar Resources quien es una subsidiaria de la empresa minera canadiense Bluestone Resources quien compro la mina en 2017, entregó al Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala una actualización del Estudio de Impacto Ambiental 2007 (EIA-329-2007) solicitando se le autorice convertir la mina subterránea a minaría a cielo abierto.
La minería a cielo abierto es una forma de minería mucho más agresiva para el medio ambiente y peligrosa para la salud humana. Alertamos sobre este nuevo intento del proyecto minero Cerro Blanco de intentar doblar las leyes ambientales de Guatemala y evitar realizar todo el debido proceso que implica entre otras cosas la realización de una consulta amplia en las comunidades que se se verían directamente afectadas por este cambio.
Recalcamos que, sin haber aun comenzado la etapa de explotación, la mina Cerro Blanco ya ha causado graves impactos sociales y ambientales de la Cuenca Ostúa – Guija – Lempa y pone en riesgo a las poblaciones de Guatemala y El Salvador. El drenaje permanente de aguas termales y en bombeo en los pozos de abatimiento por más de 13 años, ha contribuido a la desecación de fuentes de agua de aldeas aledañas y obliga a las comunidades a profundizar los pozos artesanales para poder acceder a agua. Como organizaciones sociales de Guatemala, El Salvador, comunidades de Metapán y Asunción Mita, expresamos nuestra preocupación ante la posibilidad de que el Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala considere suficiente la “actualización” del Estudio de Impacto Ambiental presentada.
Las magnitudes de los cambios solicitados van desde procesar 1000 toneladas diarias de material a procesar 10,952 toneladas diarias y de extraer 3.31 millones de toneladas de material en túnel de 73.4 km a extraer 144.8 millones de toneladas en tajos con una profundidad de hasta 370mt y 1200mt de largo. Todo este material posteriormente se convierte en desechos que se depositan en cerros que generará drenaje ácido y polvos dañinos para la salud.
En total la mina estima que extraerá durante los 12 años de explotación cerca de 38.4 millones de m3 de agua, una extracción que afectará el acuífero local por más de 32 años. Según el modelo que presentan los ríos y riachuelos afectados principalmente serán Tancushapa, Tempisque, San Francisco y el río Ostúa que drena a El Salvador. Todas muestran reducciones fuertes del caudal entre 10% y 70%. El río Ostúa drena en el Lago de Güija y por lo tanto al Rio Lempa.
Según la actualización presentada, este será utilizado para el vertimiento de las aguas extraídas de los pozos de abatimiento y de las aguas mina. Preocupa además que en el actual plan de monitoreo presentado para las aguas vertidas, no existe un control para otros metales pesados y la planta de tratamiento solamente contempla el tratamiento de arsénico.
Todos estos efectos traerán desplazamiento, pobreza, enfermedades, y conflictividad, pero también la mina con los 500 trabajadores que pondrán para la construcción, traerá prostitución, trata y violencia para las mujeres de las comunidades. Estos impactos no se contemplan en el actual estudio. Denunciamos también ante las autoridades competentes, la poca o nula transparencia en la adquisición del proyecto por parte de la empresa Bluestone y su subsidiaria Elevar Resources.
En sus comunicados de prensa y reportes a sus accionistas, Bluestone Resources manifiesta que, ya cuenta con los permisos por parte del gobierno guatemalteco y que solamente necesitan la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental para iniciar la explotación de la mina por un periodo de 11 años y extraer 3 millones de onzas de oro y 10 millones de onzas de plata.
AsImismo, es de nuestro conocimiento que el Ministerio de Relaciones exteriores de Guatemala informó a El Salvador el 21 de diciembre de 2021 que el río Ostúa no sería utilizado por la minera y que por lo tanto no afectaría la cuenca del río Lempa. Ante este inminente riesgo para las comunidades de Asunción Mita y para todas las que habitan y se abastecen del río Lempa exigimos:
1- Al Sistema de Integración Centroamericana y a los gobiernos de Guatemala y El Salvador, que retomen con carácter de urgencia una comisión binacional al más alto nivel para trabajar en un Tratado Regional de Aguas Transfronterizas que busque la protección de cuencas compartidas.
2- A las instituciones multilaterales, velar por la implementación de una Evaluación Ambiental Estratégica garantice la sostenibilidad hídrica para la población guatemalteca y salvadoreña.
3- Que ante la falta de certeza científica sobre los impactos verdaderos de la minería a cielo abierto en una región ambientalmente sensible, se aplique el principio precautorio y se adopten medidas de protección para garantizar los derechos de la población. Llamamos a los gobiernos de la región a adoptar políticas de desarrollo económico que fomenten la sostenibilidad y la utilización de los bienes comunes en beneficio de las grandes mayorías y no en beneficio de empresas transnacionales o nacionales que ponen en riesgo y destruyen la vida de esta y las próximas generaciones.
Llamamos a la población de El Salvador y Guatemala a exigir el cierre definitivo del proyecto minero Cerro Blanco, que en 14 años de operación ha contaminado con arsénico y metales pesados el río Ostúa tributario del lago de Guija y el río Lempa, violentando el derecho humano al agua, al ambiente sano, a la vida y la salud de la población de Asunción Mita, las comunidades de Metapán que viven en la ribera del lago de Guija y a los más de 3 millones de salvadoreños y salvadoreñas que dependen del río Lempa.
San Salvador 15 de febrero de 2022
¡Fuera mineras de nuestras fronteras¡
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Las organizaciones aglutinadas en la Alianza Centroamericana frente la Minería celebramos el veredicto de la Corte Suprema de Justicia de Honduras que declara nulo el proceso criminal iniciado por la empresa minera Inversiones Los Pinares contra 32 personas defensoras del agua del municipio de Tocoa Colón, en noviembre del año 2018.
Los acusados han sido objeto de una campaña sucia de desprestigio público y criminalización estatal por sus actividades de defensa ante la ilegalidad de un proyecto minero de óxido de hierro que pone en riesgo las reservas ecológicas dentro del Parque Nacional Carlos Escaleras, donde nacen los ríos Cauca, San Pedro, Guapinol, Ceibita y Tocoa; que se extienden a la región del Aguán en los departamentos de Colón, Olancho y Atlántida y abastecen de agua potable a la población.
Ocho de los 32 defensores que fueron acusados por la empresa han permanecido injustamente bajo prisión desde agosto del año 2019 y seis fueron declarados culpables por el Tribunal de Sentencia de Trujillo por delitos de daños agravados y detención agravada el pasado 9 de febrero.
A pesar que durante el proceso de audiencia la defensa evidenció la fabricación de pruebas por parte del Ministerio Público, la falsedad de los testimonios de los testigos, quienes son empleados de la seguridad privada de Inversiones Los Pinares, y la colusión entre el ministerio público, la empresa y los miembros del Tribunal de Sentencia.
El proceso de criminalización de las personas defensoras de Tocoa refleja un patrón que se repite en toda la región Centroamericana y que manifiesta la captura de las instituciones estatales por parte de intereses empresariales. Bajo este escenario, la acusación, investigación y audiencias públicas contra personas defensoras del medio ambiente se realizan bajo contextos judiciales que transgreden la garantía de derechos humanos fundamentales como el debido proceso y presunción de inocencia, consagrados en las constituciones de nuestros países y en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Como Alianza celebramos el fallo de la Corte Suprema de Honduras lo consideramos como un buen primer paso para corregir injusticias perpetradas contra personas defensoras de derechos por más de una década. Nos unimos al espíritu celebratorio de las diversas organizaciones de derechos humanos e instituciones internacionales que han acompañado esta lucha y felicitamos al equipo defensor y los miembros del Comité para la Defensa de los Bienes Públicos y Comunes de Tocoa por su férrea defensa de los derechos humanos y la vida de las comunidades de Tocoa.
Enviamos un mensaje fraterno, solidario y firme a nuestros compañeros quienes todavía guardan prisión, demandamos su pronta liberación y la reparación por daños y prejuicios a sus familias. Finalmente, afírmanos nuestro compromiso de seguir acompañando la lucha por la cancelación de las licencias mineras otorgadas de manera ilegal en Tocoa.
11 de febrero de 2022
¡Justicia y libertad para los defensores de Guapinol! #GuapinolInocent
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El pasado 21 de diciembre, la empresa minera Elevar Resources desarrolladora del proyecto minero Cerro Blanco en Asunción Mita Jutiapa, entregó al Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala una actualización del Estudio de Impacto Ambiental 2007 (EIA-329-2007) en la cual, solicita transformar la mina subterránea a una mina a cielo abierto, una forma de minería mucho más agresiva para el medio ambiente y peligrosa para la salud humana.
En 2017 la empresa minera canadiense Bluestone Resources, matriz de la empresa Elevar Resources (antes Entremares), adquirió los derechos del proyecto sin tomar en cuenta que: la empresa minera Entremares nunca supero observaciones hechas por un equipo técnico del Ministerio de Energía y Minas sobre la viabilidad de la misma, no informo debidamente a la población de Asunción Mita sobre los graves impactos a la salud, al medio ambiente y el agua que la minería tendría en su territorio, violentando así el derecho a la consulta previa, libre e informada de la población y que en 14 años Cerro Blanco no ha logrado extraer ni una onza de oro o plata. Evidencia del fracaso de la mina es que de los 63 elementos de infraestructura que fueron aprobados en el EIA-329-2007, solamente 19 se han construidos. Sin embargo, desde 1998 hasta 2020 la empresa ha realizado 739 perforaciones para exploración y 17 pozos de abatimiento que desde 2007 han bombeado agua termal continuamente para intentar bajar el nivel freático del acuífero y poder iniciar la extracción.
Sin haber comenzado la etapa de explotación, la mina ya ha causado graves impactos sociales y ambientales de la Cuenca Ostúa – Guija – Lempa, afectando y poniendo en riesgo a las poblaciones de Guatemala y El Salvador. El drenaje permanente de aguas termales y en bombeo en los pozos de abatimiento de la mina por más de 13 años ha contribuido a la desecación de fuentes de agua de las aldeas Trapiche Vargas y el Tule, reduciendo el nivel de las capas de agua subterránea y obligando a las comunidades a profundizar los pozos artesanales para poder acceder al agua. Esto en un contexto de cambio climático y de extrema sequía en el corredor seco Centroamericano.
Como organizaciones sociales de Guatemala y El Salvador, y comunidades de Asunción Mita, expresamos nuestra preocupación ante los impactos socio-ambientales que este proyecto de minería a cielo abierto pueda generar y exigimos que se realice un estudio de impacto ambiental nuevo junto a una evaluación integral de la cuenca que sea de carácter binacional con participación de ambos gobiernos.
No aceptamos que se presente una “actualización” de un proyecto que iba a procesar 1000 toneladas diarias, para uno que ahora busca prosear 10,952 toneladas diarias. Un proyecto que iba a extraer 3.31 millones de toneladas en un túnel de 73.4 km a uno que ahora busca extraer 144.8 millones de toneladas en tajos con una profundidad de hasta 370 m. Material que posteriormente se convierte en desechos que se depositan en cerros que generará drenaje ácido y polvos dañinos para la salud. En total la mina estima que extraerá durante los 12 años de explotación cerca de 38.4 millones de m3 de agua, extracción que afectará el acuífero local por más de 32 años. Según el modelo que presentan los ríos y riachuelos afectados principalmente serán Tancushapa, Tempisque, San Francisco y el río Ostúa que drena a El Salvador. Todas muestran reducciones fuertes del caudal entre 10% y 70%.
El río Ostúa además según la actualización presentada, será utilizado para el vertimiento de las aguas extraídas. Esto a pesar que el Ministerio de Relaciones exteriores de Guatemala informó a El Salvador el 21 de diciembre de 2021 que el río no sería utilizado por la minera y que por lo tanto no afectaría la cuenca del río Lempa. Preocupa además que en el actual plan de monitoreo presentado para las aguas vertidas, no existe un control para otros metales pesados y la planta de tratamiento solamente contempla el tratamiento de arsénico.
Todos estos efectos traerán desplazamiento, pobreza, enfermedades, y conflictividad, pero también la mina con los 500 trabajadores que pondrán para la construcción, trae prostitución, trata y violencia para las mujeres de las comunidades. Este no se contempla en el actual estudio.
Denunciamos también ante las autoridades competentes, la poca o nula transparencia en la adquisición del proyecto por parte de la empresa Bluestone y su subsidiaria Elevar Resources.En sus comunicados de prensa, Bluestone Resources manifiesta que, ya cuenta con los permisos por parte del gobierno guatemalteco y que solamente necesitan la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental para iniciar la explotación de la mina por un periodo de 11 años y extraer 3 millones de onzas de oro y 10 millones de onzas de plata. Ante esta situación:
- Llamamos a la población a exigir el cierre definitivo del proyecto minero Cerro Blanco, que en 14 años de operación ha contaminado con arsénico y metales pesados el río Ostúa tributario del lago de Guija y el río Lempa, violentando el derecho humano al agua, al ambiente sano, a la vida y la salud de la población de Asunción Mita, las comunidades de Metapán que viven en la ribera del lago de Guija y a los más de 3 millones de salvadoreños y salvadoreñas que dependen del río Lempa.
- Exigimos a los gobiernos de Guatemala y El Salvador que retomen con carácter de urgencia una comisión binacional al más alto nivel que fomente la negociación de un Tratado Regional de Aguas Transfronterizas, que establezca la protección de cuencas compartidas, auxiliándose del Sistema de Integración Centroamericana y de Instituciones Multilaterales para la implementación de una Evaluación Ambiental Estratégica de cuencas transfronterizas, que garantice la sostenibilidad hídrica para la población guatemalteca y salvadoreña.
- Ante la falta de certeza científica sobre los impactos verdaderos de la minería a cielo abierto en una región ambientalmente sensible demandamos que se aplique el principio de “precaución” y que adopten de medidas de protección para garantizar los derechos de la población.
- A los gobiernos de la región a adoptar políticas de desarrollo económico, que fomenten la sostenibilidad y la utilización de los bienes comunes en beneficio de las grandes mayorías de nuestra región, regulando las Inversiones Extranjeras Directas (IED), a efecto de reducir los impactos socio ambientales, que pongan en riesgo el futuro y la vida de esta y las próximas generaciones.
Firman
Asociación de Mujeres Ambientalistas de El Salvador
Alianza Centro American frente a la Minería
Consejos Comunitarios de Desarrollo de Asunción Mita
Colectivo Madre Selva Red
Trinacional por el Rescate del Río Lempa
Movimiento Ecofeminista de El Salvador
Guatemala 7 de enero de 2022
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- Escrito por Acafremin
- Categoría: Comunicados
Está ampliamente documentado que el monocultivo de caña con sus perjudiciales métodos de producción destruye la biodiversidad, deteriora los suelos agrícolas, agota y contamina las fuentes de agua, altera el microclima, contamina el aire y provoca enfermedades crónicas en la población.
La creciente demanda de azúcar en los mercados internacionales estimula la producción a gran escala en el país, pero esto conlleva altos costos ecológicos y sociales.
Una de las grandes preocupaciones son los impactos en el agua. Cultivar caña y producir azúcar requiere de un elevado suministro de agua. Este monocultivo se produce en la época más calurosa y seca del año y los cultivos dependen en gran medida de la irrigación. Las comunidades circundantes a los campos de caña reportan que los niveles freáticos han caído dramáticamente en años recientes y lo atribuyen al aumento de la producción de caña y la falta de regulación gubernamental del uso del agua.
Si bien, el pasado mes de diciembre se aprobó la Ley General de Recursos Hídricos, nos preocupa que esta tiene un enfoque privatizador y que lejos de enfrentar la problemática hídrica del país, los profundiza, beneficiando y protegiendo a los sectores que históricamente han abusado y contaminado el agua, como es el caso de la agroindustria azucarera.
En la actualidad, el monocultivo de caña de azúcar utiliza más de 5,600 metros cúbicos de agua por hectárea cultivada, adicionalmente los ingenios usan 10 metros cúbicos de agua para lavar cada tonelada métrica de caña, por lo cual producir un kilo de azúcar requiere entre 1,500 y 3,000 litros de agua.
Este uso abusivo del agua para cultivar caña y producir azúcar, es sumamente preocupante, más aún, considerando que El Salvador es el único país en la región centroamericana que se encuentra con tendencia a una situación de estrés hídrico (1,700 m3 per cápita por año), lo que lo sitúa entre los países en Latinoamérica y el Caribe con más baja disponibilidad de agua por habitante.
Por tanto, como organizaciones que acompañamos a comunidades en condición de vulnerabilidad, que reivindicamos los derechos humanos de la población y que trabajamos por la justicia ambiental, exigimos:
- Que el Estado salvadoreño cumpla y haga cumplir efectivamente la legislación vigente para regular y evitar los abusos que comete la agroindustria del azúcar.
- Que se implementen políticas públicas dirigidas a eliminar los impactos que causa esta industria en la salud, la calidad de vida y los ecosistemas a nivel
- Que reformen los aspectos contenidos en la Ley General de Recursos Hídricos que promoverían una privatización del agua (asocios públicos privados y concesiones) y la injusticia hídrica en El
Finalmente, hacemos saber a la opinión pública que continuaremos, cada vez con mayor fuerza, con la campaña “Azúcar Amarga” denunciando los graves impactos del monocultivo de caña de azúcar y los abusos de la agroindustria azucarera, así mismo, estaremos vigilantes del rol que asuma el Estado, ante todos estos crímenes sociales y ambientales.
#AzucarAmarga
San Salvador, 31 de enero de 2022.
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- Escrito por Pedro Cabezas
- Categoría: Campañas
PRESS HERE TO SIGN ON TO THE LETTER
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The importance of environmental rights for the Sustainable Corporate Governance of the European Union
Dear President of the European Commission, Ursula von der Leyen,
Dear Vice-President Věra Jourová,
Dear Commissioner Didier Reynders,
Dear Commissioner Thierry Breton,
The European Union is currently developing a Sustainable Corporate Governance on the duties of companies for responsible supply chains, which aims to require European companies to carry out due diligence in their supply chains and business relationships with the objective of analyzing risks and developing measures to prevent and remedy violations of human rights and environmental standards. The undersigned organizations believe that this measure is an important opportunity to contribute to prevent severe impacts that occur in the production of raw materials for the European market. To achieve this, it is necessary that the regulation is fully applied to the whole supply chain, that it introduces civil liability and that it is in force for all companies operating in high risk sectors. In terms of environmental rights, the Escazú Agreement provides a guideline for the application of regulations for the mining and agro-industrial sectors. Therefore, we urge the European Union to include the principles of this important agreement into the regulation.
The extraction of minerals such as lithium, copper, gold or nickel as well as large agro-industrial monocultures contribute greatly to the destruction of biodiversity in Latin America. As a consequence, many rural and indigenous communities are losing their means of subsistence at a rapid rate. In addition, these megaprojects cause social conflicts and serious human rights violations. The organization Global Witness warns that every year numerous land defenders are killed as a result of conflicts in relation to these projects. In many cases, companies establish extractive and monoculture projects with the support of government corruption networks and without consulting the affected populations in a free, prior and informed manner. When affected communities protest against these projects, they are often violently repressed by security forces and criminalized by the judicial systems in these countries. As organizations that work in the defense of human rights of these communities, we know very well the human pain that these conflicts generate.
The European Union is one of the largest consumers of these raw materials. Therefore, as environmental and human rights organizations, it is clear to us that the European Union has a responsibility to prevent and mitigate these impacts by promoting responsible production and consumption patterns and by requiring companies to comply with environmental and human rights due diligence.
It is particularly important that the regulation refers to and supports international conventions that seek to achieve these objectives. One of these most innovative instruments is the Escazú Agreement, which entered into force in Latin America and the Caribbean in April 2021 and has as its objectives to guarantee the right to a healthy environment and sustainable development, strengthening the rights of communities involved in environmental conflicts. Currently, the convention has already been ratified by 12 countries and it is based on four central pillars:
- access to environmental information
- public participation in environmental decision-making processes
- access to justice in environmental concerns
- protection of human rights defenders
We consider these key principles central to promoting environmental justice in supply chains and raw material production not only in Latin America and the Caribbean, but also in other countries where extractive companies are operating. The Escazú Agreement and its principles must be integrated into the list of relevant international standards that companies must comply with as part of the due diligence measures prescribed in the regulation.
The fulfilment of these standards should be a minimum condition for European companies that seek to establish business relationships with local companies operating mines, monocultures, hydroelectric power stations and other mega-projects. In this way, the European Union would support Latin American countries in their attempts to build more sustainable economic systems and more democratic societies. Finally, a reference to the Escazú Agreement would be in tune with the UN Sustainable Development Goals and the Aarhus Convention.
Sincerely
PRESS HERE TO SIGN ON TO THE LETTER
PROMOTING ORGANIZATIONS
- Abogados Defensores de DDHH(Guatemala)
- Colectivo Wasi Pacha (Bolivia)
- Grupo de trabajo cambio climático y justicia (GTCCJ) (Bolivia)
- Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (Perú EQUIDAD)(Peru)
- Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales (Latinoamerica)
- Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)(Honduras)
- Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales (Colectivo CASA) (Bolivia)
- Germanwatch e.V. (Germany)
- Reacción Climatica (Bolivia)
- Institute for Global Peace Work (Tamera)(Portugal)
- Movimiento en Defensa del Valle de Tucabaca (Bolivia)
- Carrera de Biología, Universidad mayor de San Andrés (Bolivia)
- Bolivia Libre de Transgenicos (Bolivia)
- Consumidores Conscientes (Bolivia)
- NOAH Friends of the Earth Denmark (Denmark)
- Deutscher Caritasverband e.V. (Bermany)
- Universidad Mayor de San Andres UMSA (Bolivia)
- Asociacion para el Desarrollo de la Población afectada por el Nemagon (Costa Rica)
- Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (IDAMHO)
- European Environmental Bureau (Bolivia)
- Sub Central de cabildos indígenas del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure)(Bolivia)
- Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey (Bolivia)
- Territorios en Resistencia (Bolivia)
- Comunidad Indígena el Portón Roboré (Bolivia)
- Coordinadora Nacional en Defensa de Territorios Indígena Originarios Campesinos y Áreas Protegidas - CONTIOCAP (Bolivia)
- SOMOS SUR (Bolivia)
- Circolo Culturale "primomaggio" (Italia)
- Confederación Sindical de Comisiones Obreras (España)
- Guatebelga VZW (Belgica)
- SOLdePAZ.Pachakuti (Asturies)
- RED INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS RIDH (Suiza)
- Reds - Red de Solidaridad para la transformación social (España)
- Cafe Cortado (Germany)
- Nación Indígena Qhara Qhara (Bolivia)
- Plataforma en Defensa de las Áreas Protegidas De Abel Iturralde (Bolivia)
- Centro de Desarrollo Humano CDH (Honduras)
- Fundacion COMUNIDEC (Ecuador)
- Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES (Honduras)
- Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES (El Salvador)
- Resistencia Tucabaca Roboré (Bolivia)
- Fundacion RENICC (Nicaragua)
- Red nacional de Comunidades Afectadas por la Mineria Honduras - RENACAMIH
- Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras - FOSDEH (Honduras)
- Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) (Honduras)
- Asociacion Nayra Pacha (Bolivia)
- Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales - Colectivo CASA (Bolivia)
- RED NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL (Bolivia)
- Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika - FDCL (Germany)
- Oekumenisches Netz Rhein-Mosel-Saar/Ecumenical Network Rhine-Moselle-Saar (Germany)
- Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt e.V. ASW (Action for World Solidarity) (Germany)
- Asociacion de Comites de Vigilancia de Santa Cruz - ACOVICRUZ (Bolivia)
- Aid/Watch (Australia)
- Colectivo Madre Selva (Guatemala)
- Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública (Bolivia)
- Project on Organizing, Development, Education, and Research (PODER)(Mexico/Latin America)
- Otros Mundos Chiapas (Mexico)
- Zentrum für Mission und Ökumene - Nordkirche weltweit (Germany)
- INKOTA-netzwerk e.V. (Germany)
- Action Solidarité Tiers Monde (ASTM) (Luxembourg)
- Fundación Gaia Pacha (Bolivia)
- MISEREOR (Germany)
- Our Food Our Future (EUROPE)
- IM Swedish Development Partner (Sweden)
- Cora Network for Corporate Accountability (Germany)
- Campaña Minería Perú – "La riqueza se va, la pobreza se queda” (Germany)
- Earthworks (United States)
- CATAPA vzw (Belgium)
- Chico Mendes Alemania (Germany)
- Centro de Promoción y Educación Profesional Vasco de Quiroga(Mexico)
- Philippines Australia Solidarity Association (Australia)
- Reacción Climática (Bolivia)
- Centro de Informacion y Documentacion - CEDIB (Bolivia)
- Colectiva Feminista para el Desarrollo Local (El Salvador)
- Asociación comunitaria para el desarrollo SERJUS - ASERJUS (Guatemala)
- Movimiento Nacional Ambientalista Frente a la Mineria Industrial (Nicargua)
- Servicion Ecumenico para la Reconciliacion y Reconstruccion SERR (United States)
- Centro de Derechos de Mujeres, CDM (Honduras)
- Comité de Unidad Campesina de Guatemala
- CENTRO DE INVESTIGACION Y SERVICIO POPULAR (Bolivia)
- FOS - socialistische solidariteit vzw (Belgium)
- TROCAIRE (Irlanda)
- Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos - UDEFEGUA (Guatemala)
- Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericano - IETI (Spain)
- Defensa y Conservacion Ecologica de Intag, DECOIN (Ecuador)
- Protection International (PI) (Global)
- International Movement of Catholic Agricultural and Rural Youth-MIJARC (Belgium)
- Escritores Contra el Cambio Climático (Honduras)
- Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA (Chile)
- TerraJusta (Bolivia)
- Instituto Alameda - Democracia y Desarrollo (Peru)
- Plataforma Internacional contra la Impunidad (Suiza)
- GegenStroemung – INFOE e. V. (Germany)
- Instituto de Permacultura de El Salvador
- PowerShift e.V. (Germany)
- Armenian Environmental Front Civic Initiative (Armenia)
- London Mining Network (United Kingdom)
- Igapo Project (France)
- The Andrew Lees Trust (United Kingdom)
- Vanguardia Torrijista (Panama)
- Asociacion para el Desarrollo Economico y Social de El Salvador - ADES
- Organización Comunal de la Mujer Amazonica (Bolivia)
- ASOCIACIONDE MUJERS DEFENSORAS DE LA VIDA (Honduras)
- SalvAide Canada
- Ökumenische Initiative Mittelamerika e.V. (Germany)
- Fair Trade Town Hamburg (Germany)
- DEFENSORAS DE LA VIDA Y DE LA PACHAMAMA (Peru)
- Red europea de Comités Oscar Romero (SICSAL-Europa)
- Earth Thrive (United Kingdom and Serbia)
- Focus Association for Sustainable Development (Slovenija)
- FUNDACIÓN ECUMÉNICA PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ - FEDEPAZ(Peru)
- Leapfrog2SD (Belgium)
- Movimento Saude Mental (Brazil)
- Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor (Peru)
- INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO (INCADE)(Colombia)
- Articulação Comboniana de Direitos Humanos (Brazil)
- Iglesias y Minería (Latin America)
- Rettet den Regenwald (Germany)
- Salva la Selva (Spain)
- Almanaque del Futuro (Bolivia, Ecuador, Peru)
- Forum Fairer Handel (Germany)
- Alianza Centroamericana Frente a la Mineria (ACAFREMIN)
- Christliche Initiative Romero
- Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazu-El Salvador
- Union de Comunidades Rurales de El Salvador- UCRES
- Derecho Ambiente y Recursos Naturales(Peru)
- Goliathwatch(Germany)
- Informationsstelle Peru
- WEED - World Economy, Ecology & Development - Germany
- Guatemala Solidarität Österreich (Austria)
- Association of Ethical Shareholders Germany
- Mines mineral and people (India)
- Asociacion para el Desarrollo de El Salvador - CRIPDES
- Deakin University (Australia)
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- Escrito por ACAFREMIN
- Categoría: Campañas
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La importancia de los derechos ambientales para la Gobernanza Empresarial Sostenible de la Unión Europea
Estimada Presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen,
Estimada Vice-Presidenta Věra Jourová,
Estimado Comisario Didier Reynders,
Estimado Comisario Thierry Breton,
La Unión Europea está actualmente elaborando una gobernanza empresarial sostenible sobre los deberes de las empresas en cadenas de suministro responsables. Esta pretende obligar a las empresas europeas a cumplir con su debida diligencia en sus cadenas de suministro y sus relaciones comerciales, analizando los riesgos y llevando a cabo medidas para prevenir y reparar violaciones a los derechos humanos y estándares medioambientales. Las organizaciones abajo firmantes creemos que esta medida es una oportunidad importante para contribuir a evitar graves impactos que se dan en la producción de materias primas para el mercado europeo. Para lograr esto, es necesario que la regulación se aplique a toda la cadena de suministro, introduzca responsabilidad civil y que sea vigente para todas las empresas que operan en sectores de riesgo. En materia de derechos ambientales, el Acuerdo de Escazú da una pauta para la aplicación de la regulación a los sectores minero y agroindustrial. Por lo tanto, exhortamos a la Unión Europea a incluir los principios de este valioso acuerdo en la regulación.
La extracción de minerales como litio, cobre, oro o níquel así como los grandes monocultivos agroindustriales contribuyen enormemente a la destrucción de la biodiversidad en los países del sur global. Como consecuencia, muchas comunidades rurales e indígenas están perdiendo sus medios de subsistencia de manera acelerada. Además, estos megaproyectos causan conflictos sociales y graves violaciones a los derechos humanos. La organización Global Witness advierte cada año que una gran cantidad de personas defensoras de la tierra son asesinadas a raíz de conflictos relacionados con estos proyectos. En muchos casos, las empresas establecen proyectos extractivos y de monocultivos con el apoyo de redes de corrupción gubernamental y sin consultar debidamente a las poblaciones afectadas de manera previa, libre e informada. Cuando las comunidades afectadas protestan contra estos proyectos, estas son frecuentemente reprimidas violentamente por cuerpos de seguridad y criminalizadas por órganos del sistema judicial en estos países. Como organizaciones que trabajamos en la defensa de los derechos en estas comunidades, conocemos muy bien el dolor humano que estos conflictos generan.
La Unión Europea es uno de los consumidores más grandes de materias primas. Por lo tanto, como organizaciones ambientales y de derechos humanos tenemos claro que la Unión Europea tiene la responsabilidad de mitigar y prevenir estos impactos, promoviendo patrones de producción y consumo responsables y obligando a las empresas a cumplir con la debida diligencia medioambiental y de derechos humanos.
Es particularmente importante que la regulación se refiera y apoye a convenios internacionales que buscan alcanzar estos objetivos. Uno de estos instrumentos más innovadores es el Acuerdo de Escazú, que entró en vigor en América Latina y el Caribe en abril de 2021. El acuerdo regional tiene como objetivo garantizar el derecho a un ambiente sano y al desarrollo sustentable, fortaleciendo el ejercicio de los derechos de comunidades involucradas en conflictos medioambientales. Actualmente, el convenio ha sido ratificado ya por 12 países y tiene a su base en cuatro pilares centrales:
- el acceso a la información ambiental
- la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales
- el acceso a la justicia en asuntos ambientales
- la protección de personas defensoras de derechos humanos
Consideramos estos principios claves para promover la justicia ambiental en las cadenas de suministro y la producción de materias primas no solo en América Latina y el Caribe, sino también en países de otras regiones donde operan empresas extractivas y agroindustriales. El Acuerdo de Escazú y sus principios deben ser integrados en la lista de estándares internacionales que las empresas deben cumplir como parte de las medidas de debida diligencia prescritas en la regulación.
El cumplimiento de estos estándares debe ser condición mínima para que empresas europeas establezcan relaciones comerciales con empresas locales que operan minas, monocultivos, hidroeléctricas y otros megaproyectos. De esa manera, la Unión Europea apoyaría a los países latinoamericanos en sus esfuerzos de construir sistemas económicos más sostenibles y sociedades más democráticas. Finalmente, una referencia al Acuerdo de Escazú estaría en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y la Convención de Aarhus.
Atentamente,
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ORGANIZACIONES FIRMANTES
- Abogados Defensores de DDHH(Guatemala)
- Colectivo Wasi Pacha (Bolivia)
- Grupo de trabajo cambio climático y justicia (GTCCJ) (Bolivia)
- Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (Perú EQUIDAD) (Peru)
- Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales (Latinoamerica)
- Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)(Honduras)
- Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales (Colectivo CASA) (Bolivia)
- Germanwatch e.V. (Germany)
- Reacción Climatica (Bolivia)
- Institute for Global Peace Work (Tamera)(Portugal)
- Movimiento en Defensa del Valle de Tucabaca (Bolivia)
- Carrera de Biología, Universidad mayor de San Andrés (Bolivia)
- Bolivia Libre de Transgenicos (Bolivia)
- Consumidores Conscientes (Bolivia)
- NOAH Friends of the Earth Denmark (Denmark)
- Deutscher Caritasverband e.V. (Bermany)
- Universidad Mayor de San Andres UMSA (Bolivia)
- Asociacion para el Desarrollo de la Población afectada por el Nemagon (Costa Rica)
- Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (IDAMHO)
- European Environmental Bureau (Bolivia)
- Sub Central de cabildos indígenas del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure)(Bolivia)
- Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey (Bolivia)
- Territorios en Resistencia (Bolivia)
- Comunidad Indígena el Portón Roboré (Bolivia)
- Coordinadora Nacional en Defensa de Territorios Indígena Originarios Campesinos y Áreas Protegidas - CONTIOCAP (Bolivia)
- SOMOS SUR (Bolivia)
- Circolo Culturale "primomaggio" (Italia)
- Confederación Sindical de Comisiones Obreras (España)
- Guatebelga VZW (Belgica)
- SOLdePAZ.Pachakuti (Asturies)
- RED INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS RIDH (Suiza)
- Reds - Red de Solidaridad para la transformación social (España)
- Cafe Cortado (Germany)
- Nación Indígena Qhara Qhara (Bolivia)
- Plataforma en Defensa de las Áreas Protegidas De Abel Iturralde (Bolivia)
- Centro de Desarrollo Humano CDH (Honduras)
- Fundacion COMUNIDEC (Ecuador)
- Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES (Honduras)
- Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES (El Salvador)
- Resistencia Tucabaca Roboré (Bolivia)
- Fundacion RENICC (Nicaragua)
- Red nacional de Comunidades Afectadas por la Mineria Honduras - RENACAMIH
- Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras - FOSDEH (Honduras)
- Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) (Honduras)
- Asociacion Nayra Pacha (Bolivia)
- Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales - Colectivo CASA (Bolivia)
- RED NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL (Bolivia)
- Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika - FDCL (Germany)
- Oekumenisches Netz Rhein-Mosel-Saar/Ecumenical Network Rhine-Moselle-Saar (Germany)
- Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt e.V. ASW (Action for World Solidarity) (Germany)
- Asociacion de Comites de Vigilancia de Santa Cruz - ACOVICRUZ (Bolivia)
- Aid/Watch (Australia)
- Colectivo Madre Selva (Guatemala)
- Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública (Bolivia)
- Project on Organizing, Development, Education, and Research (PODER)(Mexico/Latin America)
- Otros Mundos Chiapas (Mexico)
- Zentrum für Mission und Ökumene - Nordkirche weltweit (Germany)
- INKOTA-netzwerk e.V. (Germany)
- Action Solidarité Tiers Monde (ASTM) (Luxembourg)
- Fundación Gaia Pacha (Bolivia)
- MISEREOR (Germany)
- Our Food Our Future (EUROPE)
- IM Swedish Development Partner (Sweden)
- Cora Network for Corporate Accountability (Germany)
- Campaña Minería Perú – "La riqueza se va, la pobreza se queda” (Germany)
- Earthworks (United States)
- CATAPA vzw (Belgium)
- Chico Mendes Alemania (Germany)
- Centro de Promoción y Educación Profesional Vasco de Quiroga(Mexico)
- Philippines Australia Solidarity Association (Australia)
- Reacción Climática (Bolivia)
- Centro de Informacion y Documentacion - CEDIB (Bolivia)
- Colectiva Feminista para el Desarrollo Local (El Salvador)
- Asociación comunitaria para el desarrollo SERJUS - ASERJUS (Guatemala)
- Movimiento Nacional Ambientalista Frente a la Mineria Industrial (Nicargua)
- SERR (United States)
- Centro de Derechos de Mujeres, CDM (Honduras)
- Comité de Unidad Campesina de Guatemala
- CENTRO DE INVESTIGACION Y SERVICIO POPULAR (Bolivia)
- FOS - socialistische solidariteit vzw (Belgium)
- TROCAIRE (Irlanda)
- Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos - UDEFEGUA (Guatemala)
- Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericano - IETI (Spain)
- Defensa y Conservacion Ecologica de Intag, DECOIN (Ecuador)
- Protection International (PI) (Global)
- International Movement of Catholic Agricultural and Rural Youth-MIJARC (Belgium)
- Escritores Contra el Cambio Climático (Honduras)
- Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA (Chile)
- TerraJusta (Bolivia)
- Instituto Alameda - Democracia y Desarrollo (Peru)
- Plataforma Internacional contra la Impunidad (Suiza)
- GegenStroemung – INFOE e. V. (Germany)
- Instituto de Permacultura de El Salvador
- PowerShift e.V. (Germany)
- Armenian Environmental Front Civic Initiative (Armenia)
- London Mining Network (United Kingdom)
- Igapo Project (France)
- The Andrew Lees Trust (United Kingdom)
- Vanguardia Torrijista (Panama)
- Asociacion para el Desarrollo Economico y Social de El Salvador - ADES
- Organización Comunal de la Mujer Amazonica (Bolivia)
- ASOCIACIONDE MUJERS DEFENSORAS DE LA VIDA (Honduras)
- SalvAide Canada
- Ökumenische Initiative Mittelamerika e.V. (Germany)
- Fair Trade Town Hamburg (Germany)
- DEFENSORAS DE LA VIDA Y DE LA PACHAMAMA (Peru)
- Red europea de Comités Oscar Romero (SICSAL-Europa)
- Earth Thrive (United Kingdom and Serbia)
- Focus Association for Sustainable Development (Slovenija)
- FUNDACIÓN ECUMÉNICA PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ - FEDEPAZ(Peru)
- Leapfrog2SD (Belgium)
- Movimento Saude Mental (Brazil)
- Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor (Peru)
- INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO (INCADE)(Colombia)
- Articulação Comboniana de Direitos Humanos (Brazil)
- Iglesias y Minería (Latin America)
- Rettet den Regenwald (Germany)
- Salva la Selva (Spain)
- Almanaque del Futuro (Bolivia, Ecuador, Peru)
- Forum Fairer Handel (Germany)
- Alianza Centroamericana Frente a la Mineria (ACAFREMIN)
- Christliche Initiative Romero
- Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazu-El Salvador
- Union de Comunidades Rurales de El Salvador- UCRES
- Derecho Ambiente y Recursos Naturales(Peru)
- Goliathwatch(Germany)
- Informationsstelle Peru
- WEED - World Economy, Ecology & Development - Germany
- Guatemala Solidarität Österreich (Austria)
- Association of Ethical Shareholders Germany
- Mines mineral and people (India)
- Asociacion para el Desarrollo de El Salvador - CRIPDES
- Deakin University (Australia)
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