• Prensa Slider 1
Fotografias por: Julissa Berríos

El Movimiento Nacional Ambientalista Frente a la Minería Industrial (MONAFMI), informó que la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial (BM), canceló el financiamiento al proyecto minero ubicado en la comunidad Santa Cruz de la India, departamento de León, desarrollado por la empresa Cóndor Gold.

Cerro Blanco, proyecto minero de origen canadiense ubicado en el municipio de Asunción Mita en Guatemala, ha puesto en peligro por más de una década a más de medio millón de habitantes debido a la minería transfronteriza que destruye fuentes de agua, la superficie forestal que impacta la salud y vida de las personas.

El cabildo abierto mediante el cual la corporación municipal de Tocoa declaró libre de la actividad minera a este territorio ubicada en el departamento de Colón, provocó el malestar de los pobladores porque las autoridades se abstrajeron de tomar decisiones alrededor del conflictivo proyecto de la empresa  Inversiones Los Pinares.

Un día histórico para los tocoeños será el próximo 29 de noviembre, donde la Corporación Municipal del municipio de Tocoa Colón, ha convocado a la población a través de redes sociales a un cabildo abierto que tiene como objetivo hablar sobre el tema de concesiones mineras.

Movimientos sociales y ambientales en la defensa de derechos humanos, colectivos de mujeres ambientalistas, y pueblos indígenas, rechazaron la criminalización contra los defensores del medio ambiente. Los movimientos sociales realizaron el V Encuentro Regional de la Alianza Centro Americana Frente a la Minería, para abordar el tema: Criminalización a defensores y defensoras ambientales de los movimientos en Centroamérica. 

En el V Encuentro Regional Contra la Minería los defensores medioambientales comparten sus experiencias en la lucha contra la minería metálica que realizan en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. La criminalización de ambientalistas es un eje temático de La Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN).

Organizaciones defensoras de derechos humanos solicitaron a la Fiscalía Especial de Protección para Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia investigar las amenazas, hostigamiento y persecución contra Cesar Obando Flores, corresponsal de Radio Progreso y Diario Colón.

Luego de la presión de familiares, organizaciones y la defensa legal, el Instituto Nacional Penitenciario se vio obligado a obedecer las órdenes judiciales que establecían el traslado de los siete ambientalistas del río Guapinol a la granja penal de Olanchito, Yoro, tras pasar un mes en detención ilegal en la cárcel de máxima seguridad La Tolva, en Morocelí, El Paraíso.

Website by Heavy Web Design