Una mina de níquel en Guatemala se encuentra en medio de acusaciones de mala conducta después de, supuestamente, haber puesto en peligro a los residentes locales al seguir en funcionamiento durante la pandemia del coronavirus, a pesar de la orden del gobierno de cerrar y de que su licencia se suspendió el año pasado. El operador de la mina, el grupo suizo Solway Investment Group, ha negado que haya incumplido las normas y ha afirmado que tenía permiso oficial de los ministros para continuar con las operaciones.
Cuando Cristóbal Pop, de 41 años, empezó a pescar en el lago Izabal en el este de Guatemala con su tío hace casi 30 años, siempre volvía a la orilla con un gran botín de róbalo, tilapia y mojarra. Ahora tiene suerte si saca 7 u 8 dólares al día por su pequeña captura.
“Es por la contaminación”, dijo Pop, presidente de la Gremial de Pescadores de El Estor, en una entrevista telefónica. Él y otros activistas atribuyen la contaminación a la cercana mina de níquel. “Los peces han migrado y ya no es lo mismo”.
Con el cierre de fábricas y la reducción de los viajes durante la pandemia del coronavirus, la contaminación y la degradación se han frenado en algunas partes del mundo. Sin embargo, eso no ha pasado en El Estor, Guatemala, donde los residentes han tenido disputas con una empresa minera multinacional durante más de 15 años.
En lugar de eso, los residentes acusan a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), una filial de la empresa minera suiza Solway Investment Group, de continuar las operaciones en la mina Fénix a pesar del cierre de todos los negocios innecesarios en marzo y de una orden judicial que suspendió su licencia en julio de 2019.
Dicen que la empresa pone a toda la comunidad en peligro al permitir que sus empleados y conductores sigan trabajando con normalidad, ya que algunos viajan desde otras regiones y podrían estar propagando el virus sin saberlo. Les preocupa que la contaminación que llevan tiempo denunciando porque causa problemas respiratorios pueda ser más peligrosa durante una pandemia que ataca al sistema respiratorio.
“Nos dicen que nos tenemos que quedar en casa, y eso está bien, pero ¿qué pasa? Las grandes empresas multinacionales aún tienen derecho a trabajar”, dijo a Mongabay María Cuc Choc, activista local. “¿Qué pasa con nuestra vida?”.
En una declaración para Mongabay, Solway dijo que “ha sido autorizada por los ministros de economía y de energía y minas para continuar con sus operaciones”, a pesar de la suspensión de su licencia y de que el gobierno no haya clasificado las industrias extractivas como exentas.
“Hemos tomado estrictas medidas preventivas para proteger la salud y la seguridad de nuestro personal”, se añadía. “Los procesos internos para una respuesta de emergencia están preparados”.
La tensión culminó en una protesta a finales de abril para bloquear carreteras para restringir el movimiento en la zona, una acción dirigida a los empleados de CGN.
Historial conflictivo
Las protestas más recientes son parte de un largo historial de disputas entre la empresa y los residentes locales desde 2004, algunas de las cuales han sido mortales. Al menos tres personas han muerto en los enfrentamientos y una docena han sido detenidas de forma arbitraria, según los activistas.
CGN ha negado tener responsabilidad en los asesinatos y los enfrentamientos violentos entre los protestantes y la policía. En la página web de la empresa, pone que está “absolutamente comprometida con los estándares más elevados de salud y seguridad, protección ambiental, sostenibilidad y desarrollo comunitario local”.
Los activistas y residentes han organizado múltiples demandas judiciales contra la mina en los tribunales nacionales e internacionales. La respuesta era lenta antes de la pandemia del coronavirus, según cuentan los demandantes, y no ha hecho más que empeorar. Durante la pandemia, los limitados recursos legales disponibles para los activistas se agotaron por la paralización del sistema judicial en el país.
“No podemos decir que solo nos enfrentamos al coronavirus”, dijo Cuc Choc en referencia a la discriminación, a las dificultades de acceso a la justicia y la pobreza extrema en El Estor. “No estamos preparados para enfrentarnos a otra calamidad”, añadió.
El gobierno guatemalteco otorgó por primera vez la concesión para la mina de níquel Fénix a EXMIBAL, la filial local de la empresa minera canadiense INCO, en los 60 durante los primeros años del conflicto armado nacional de 36 años. Incluso entonces, causó tensiones con los residentes locales. Cuando el gobierno aumentó las tarifas a la mina en los 80, la empresa abandonó las operaciones y la mina quedó inactiva durante años.
Después, en 2004, la empresa canadiense Skye Resources compró los derechos de la mina y volvió a encender el conflicto en El Estor. El gobierno de Guatemala otorgó una concesión minera a Skye Resources en 2006. En 2008, se fusionó con otra empresa minera, Hudbay Minerals.
Los derechos territoriales, la degradación ambiental y el derecho de los indígenas a ser consultados son el foco del conflicto. Algunas comunidades indígenas se disputan las fronteras de la concesión minera y dicen que el territorio es suyo por derecho ancestral. Como no cuentan con títulos de propiedad legales, un problema habitual en las comunidades indígenas que suele llevar a conflictos con las industrias extractivas, los activistas han trabajado para legalizar esos títulos, entre ellos un ganador del prestigioso Premio Goldman para defensores ambientales, Rodrigo Tot. Los residentes también han exigido su derecho a ser consultados según el Convenio internacional sobre los pueblos indígenas y tribales de 1989, que Guatemala ratificó en 1996.
“Ellos [la empresa] dicen que están haciendo algo bueno, algo para el desarrollo de las personas, pero no es cierto”, dijo Cuc Choc, la activista. “Lo que vemos es la destrucción [del ambiente], la violación de derechos y la usurpación de territorios que no les pertenecen”.
Las tensiones han llevado a situaciones de violencia sexual, asesinatos y criminalización de los defensores de los derechos territoriales en El Estor, según los activistas.
En 2007, unos guardias de seguridad privados armados que trabajaban para el régimen, presuntamente, violaron a 11 mujeres de la comunidad del Lote 8 durante un desalojo forzado. El caso, que aún está en los tribunales canadienses, se ha convertido para muchos en un símbolo emblemático de la impunidad por los crímenes cometidos durante las disputas por los recursos en Guatemala, uno de los países más mortíferos del mundo para los defensores ambientales.
“No hay justicia para nosotros”, dijo Angélica Choc, activista y hermana de María Cuc Choc, en una entrevista telefónica. “Solo hay justicia para los propietarios de tierras y el gobierno”.
La violencia contra esas mujeres no fue un incidente aislado. En septiembre de 2009, Adolfo Ich Chaman, activista y marido de Angélica Choc, fue atacado por los guardias de seguridad privados de la mina, según un testigo murió de una herida de bala en la cabeza.
Al menos siete otros resultaron heridos en el enfrentamiento, entre ellos German Chub, quien recibió un disparo cuando dejó de jugar a fútbol para ver qué estaba pasando. Ahora está paralizado del pecho para abajo, pero desde entonces ha testificado en los tribunales que la persona que le disparó fue Mynor Padilla, el jefe de seguridad de la empresa. Padilla fue absuelto en 2017 por el asesinato de Ich, pero hay un recurso pendiente.
“Es una pelea larga”, dijo Angelica Choc. “Pero no hay otro mundo en el que pueda buscar justicia. Solo aquí y es por eso [que continúo]”.
Nuevos propietarios, viejas tácticas
En 2011, Skye Resources-Hudbay Minerals vendió los derechos de la mina a Solway Investment Group, una empresa minera con sede en Suiza, pero a la que los residentes se refieren como rusa por la presencia de trabajadores rusos y ucranianos en el lugar. La estructura de la empresa está “oscurecida por una red deslocalizada que va de Chipre a Malta, las Islas Vírgenes Británicas y San Vicente y las Granadinas”, según informó The Guardian el año pasado.
La empresa extrajo más de 2.6 millones de toneladas métricas de níquel de la mina Fénix en 2018, según el último informe anual. Parte del níquel de la mina Fénix está destinado a la exportación a Ucrania, según su informe de 2016.
La violencia no acabó cuando la empresa cambió de manos, según cuentan los activistas. En 2017, los residentes divisaron una “mancha roja” en el Lago Izabal. Sospechaban que la mina podía ser responsable y pidieron una investigación. Las tensiones aumentaron y, en una protesta en mayo de 2017, el pescador Carlos Maas, de 31 años, fue asesinado. “Siempre recordaré el día que mataron a Carlos Maas”, dijo Pop, su tío. “Fue un día de mucha tristeza”.
En junio de 2017, CGN presentó //medium.com/@PrensaComunitar/la-persecuci%C3%B3n-penal-injusta-contra-periodistas-atenta-contra-la-libertad-de-expresi%C3%B3n-9c770502e4ea" rel="external noopener noreferrer" style="box-sizing: inherit; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; color: rgb(69, 170, 232); text-decoration: none; background-color: transparent; touch-action: manipulation;" data-wpel-link="external">acusaciones de amenazas, detención ilegal, reunión ilícita y otras cosas contra varios activistas y dos periodistas.
“Nunca pensé que me fueran a hacer esto”, dijo Carlos Choc (que no está relacionado con María y Angélica Choc), periodista de Prensa Comunitaria que dice que las acusaciones no tienen fundamento. La intimidación ha continuado en forma de amenazas telefónicas, hombres armados en el exterior de su casa y un robo reciente. “La libertad de prensa no se ha respetado y es un derecho constitucional”, dijo.
Las acusaciones pretendían desestabilizar la oposición organizada contra la mina, dijo Pop, quien también se enfrenta a acusaciones. “Pero no importa”, dijo, “seguiré a pesar de las dificultades”.
Las hermanas María y Angélica también han recibido amenazas por su trabajo, como llamadas de teléfono anónimas, hombres armados estacionados delante de sus casas y al menos una vez hubo disparos hacia la casa de Angélica. María ha sido acusada de “usurpación y detención ilegal” en un caso que sigue adelante, según ella y sus abogados, esas acusaciones son en represalia por su activismo.
En abril de 2018, su sobrino Héctor Manuel Choc Cruz fue golpeado hasta la muerte. La familia cree que los asesinos buscaban al primo de Héctor, Jose Ich, un testigo clave en la muerte de su padre. “Han pasado dos años y no tenemos respuesta sobre la investigación”, dijo Angélica Choc. Mongabay no pudo contactar con el Ministerio Público de Guatemala para que comentara sobre el caso.
Después en septiembre de 2019, el gobierno de Guatemala declaró el estado de sitio en El Estor después de la muerte de tres soldados en un caso que parece no estar relacionado con el conflicto entre los residentes y la mina de níquel. “Durante el estado de sitio, se aprovecharon para intimidarnos”, dijo Angélica Choc. “El terror y el miedo prevalecen. El estado de sitio no nos beneficia”.
Después de notar un aumento de presencia militar frente a su casa, Angélica dejó el área durante un tiempo a petición de su hijo.
“No tengo dudas de que toda la violencia grave en El Estor está relacionada con la minería de una forma u otra”, dijo Grahame Russell, director de Rights Action, una organización de derechos humanos de Canadá que acompaña a grupos de defensores de los derechos humanos en Centroamérica, entre ellos a los activistas en El Estor. “La causa fundamental es la impunidad y la corrupción de las autoridades políticas guatemaltecas y la industria minera”.
A su vez, la empresa y los políticos locales dicen que los activistas son los responsables de la violencia. Por ejemplo, en 2017, el alcalde de El Estor dijo a los medios locales que había huido por miedo después de ser amenazado con un linchamiento por negarse a suspender las operaciones mineras.
Búsqueda de justicia
Al final, decidir quién tiene la culpa es cosa de los tribunales, pero los activistas dicen que la resolución se retrasará aún más a causa de la pandemia.
La Gremial de Pescadores presentó una reclamación a través la Corte Suprema del país en 2018, en la que alegaban que la licencia minera de la empresa no es válida porque no se consultó a la comunidad tal como requiere el tratado internacional. CGN dice que llevó a cabo dos consultas, una en 2005 y otra en 2018, según el periódico guatemalteco Prensa Libre.
La corte no suspendió la licencia minera, así que la gremial recurrió en la Corte Constitucional, que se encarga de las disputas constitucionales. En julio, la Corte Constitucional decidió suspender temporalmente la licencia minera de la empresa mientras se determinaba la resolución final del caso. “El objetivo de esta lucha es tener una consulta como establece el convenio”, dijo Pop, presidente de la Gremial de Pescadores. “Somos leales a nuestro objetivo, siempre seguimos pase lo que pase”.
La empresa declaró en julio que seguiría la orden de la corte. “Sin embargo, como empleador responsable de la vida de más de 2000 trabajadores y sus familias, tomaremos todas las medidas necesarias para no detener nuestras operaciones dentro de lo que sea posible según el marco legal”, se podía leer.
A pesar del fallo, CGN sigue operando, según los residentes de El Estor que proporcionaron videos de actividad reciente a Mongabay. Mongabay no pudo verificar los videos de forma independiente.
Ahora depende del Ministerio de Energía y Minas aplicar la orden de la Corte Constitucional, pero el ministerio no lo ha hecho, según Rafael Maldonado, abogado que representa a la Gremial de Pescadores. Ahora la pandemia ha hecho que la justicia sea incluso más inaccesible, dice.
Desde mediados de marzo, el sistema judicial del país ha estado operando con servicios limitados y la mayoría de casos se han suspendido de forma indefinida. “Y no está volviendo a la normalidad”, dijo. No hay una fecha programada para la próxima audiencia de la Corte Constitucional ni forma de saber cuándo la habrá.
Hay otros casos aplazados indefinidamente, como el recurso por el asesinato de Adolfo Ich, los casos contra el periodista Carlos Choc y la activista María Choc, y el caso en tribunal canadiense por la violación de 11 mujeres en el Lote 8 en 2007.
Cuanto más tarde el proceso, peor serán los daños para la salud mental de los que buscan justicia. “Llevo más de diez años frente a los tribunales, sufriendo psicológicamente”, dijo Angélica Choc. “Ha habido momentos en los que he dicho ‘voy a tirar la toalla’ ”.
“La pandemia es un virus más que ha causado mucho daño”, dice Angélica. “Que nos ha explotado, nos ha desplazado de nuestros recursos en favor de las empresas y los propietarios de tierras”.
Imagen principal: El Proyecto minero de ferroníquel Fénix operó durante unos años a finales de los 70. El Solway Group, el conglomerado ruso que es ahora propietario del proyecto, reinició las operaciones en 2014. Foto de Sandra Cuffe para Mongabay.
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Original: Mongabay
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