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Después de permanecer cuatro años injustamente en prisión, el guatemalteco Bernardo Caal Xol fue puesto en libertad, este 24 de marzo, por buen comportamiento. Lo irónico de esta resolución es que Bernardo Caal Xol nunca tuvo mal comportamiento, más bien fue criminalizado por defender al Rio Cahabon y los derechos de las comunidades Q´eqchi´ que de ahí se sustentan desde tiempos ancestrales.
La primera acción en libertad de Caal fue reafirmar, en conferencia de prensa, que su lucha por la defensa del agua se mantiene firme “le hablaría nuevamente a mi pueblo con la cara en alto porque las empresas fueron quienes me fabricaron los delitos, tan solo porque yo les gané los reparos de justicia porque ellos no hicieron las consultas y se instalaron ilegalmente… la lucha de los pueblos debe continuar”, sentenció.
El líder denunció ante la prensa la corrupción que impera en Guatemala y que tiene como finalidad apropiarse de todas las instituciones del Estado. Hizo el llamado a las comunidades para seguirse organizando, denunciando y luchando por detener todas esas injusticias y abusos que se sufren en Guatemala.
Además, dijo que en la prisión aún quedan detenidas personas que están encerradas injustamente y que se debe seguir denunciando y luchando para que también sean liberadas.
Bernardo Caal Xol indígena maya Q’eqchi, es maestro, sindicalista, conocedor y defensor de derechos humanos y ambientales ha mantenido una lucha en la defensa de los ríos sagrados Cahabón y Ox-eek debido a los impactos causados por la Empresa Hidrolectrica OXEC que despoja a la población originaria de su agua y sus territorios en complicidad con instituciones gubernamentales guatemaltecas.
El río Cahabón esta ubicado en el departamento de Alta Verapaz en Guatemala, una de las zonas que posee grandes riquezas en recursos naturales. A pesar de esa riqueza, la población mantiene índices altos en pobreza, desnutrición, alfabetización. Es en está zona donde las empresas que buscan explotar los bienes naturales de la región se encontraron con un movimiento denominado “la ultima resistencia”, liderado por el indígena y Maestro Caal Xol.
La denuncia de los abusos de la empresa OXEC transcendió las fronteras guatemaltecas, por haber destruido 15 hectáreas de bosque y tres colinas sagradas, y por haber violado acuerdos internacionales que consagra el derecho de los pueblos indígenas a dar su consentimiento previo, libre e informado a cualquier proyecto extractivo en sus territorios.
Lo que provocó que el 9 de noviembre de 2018, el tribunal de Cobán condenará a 7 años y 4 meses de prisión al defensor guatemalteco por los supuestos delitos de robo agravado y detención ilegal agravada.
El abuso y la arbitrariedad judicial han hecho de estos cuatro años una tortura para el maestro Caal. Sin embargo, no lograron callar la voz de denuncia, sino por el contrario, está se fortaleció a través de una campaña internacional, que llegó hasta Amnistía Internacional, quienes declararon a Bernardo prisionero de conciencia.
El equipo de abogados de Bernardo Caal informó este 23 de marzo que tras la reunión sostenida en audiencia con el Juzgado de Ejecución en el departamento de Chiquimula, se ordenó la libertad anticipada. Bernardo se encuentra libre pero con limitaciones en el ejercicio de sus derechos, con antecedentes penales y sin la posibilidad de optar por un cargo publico. Ademas, el Ministerio Publico todavía busca condenar a Bernardo por delitos de fraude en su accionar como líder sindical, aunque hasta la fecha no han podido presentar ninguna prueba que lo comprometa.
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El reciente anuncio del gobierno hondureño de declarar el territorio libre de minería a cielo abierto llena de expectativas a las organizaciones defensoras del ambiente y derechos humanos, quienes por años han sido sujetas a campañas agresivas de criminalización por defender el territorio y las fuentes de agua de las comunidades.
El anuncio que ademas deja sin efecto permisos de exploración y explotación minera a la industria minera en Honduras se dio a conocer a través de un comunicado de prensa de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas de Honduras, noticia que fue difundida por redes sociales y que alcanzó las reacciones de diversas organismos y organizaciones ambientalistas a nivel regional.
En Centroamérica, El Salvador fue el primer país a nivel global en prohibir la minería metálica en 2018, mientras que Costa Rica ya había prohibido la minería a cielo abierto en 2010.
En Honduras hay al menos 217 concesiones aprobadas para explotación minera, que abarcan un área de 131.515 hectáreas, según el Foro Social de la Deuda Externa
La Ley General de Minería de 2013 señala que las áreas protegidas son zonas de exclusión de derechos mineros. Sin embargo, hay 42 concesiones aprobadas y solicitadas en esos espacios.
El anuncio del gobierno hondureño representa un alivio y da confianza a las comunidades rurales. Sin embargo, se mantendrán alertas para que está declaratoria sea cumplida firmemente.
La huella de violencia de los proyectos mineros
Con la nueva medida tomada por el gobierno de Honduras se espera poner un alto al alto índice de violencia y asesinatos que marcaba la principal denuncia de las comunidades en territorios en disputa y además que se priorice el cumplimiento de los derechos y el bienestar de la población antes que los intereses financieros.
Las comunidades rurales en Honduras han sido las más afectadas por la introducción de la industria minera. El desalojo de tierras y desplazamiento forzado, la destrucción de la biodiversidad, la contaminación del agua y la violación de derechos humanos, principalmente la criminalización de defensores ambientales, son de las afectaciones más comunes que causan la minería.
Según el más reciente reporte de las Naciones Unidas “Informe alternativo para el Examen periódico universal”, más de 140 activistas de los bienes comunes y la tierra fueron asesinados entre 2010 y 2019. Honduras también aparece como uno de los países mas peligrosos para defensores ambientales del mundo en los reportes más recientes de la organización Global Witness.
Uno de los casos con mayor relevancia internacional, debido a la clara cooptación de las instituciones administradoras de justicia por parte de la industria minera fue el de los defensores del río Guapinol, con 8 privados de libertad por más de 29 meses, por defender el agua de sus comunidades en Tocoa, en el departamento de Colon.
En octubre del año 2018, más de 1,500 efectivos militares y policías desalojan a la fuerza al campamento de 200 personas de comunidades rurales del municipio de Tacoa que se mantenían en resistencia para proteger el río Guapinol ante el desarrollo ilegal de un proyecto minero propiedad de la empresa Inversiones los Pinares/Ecotek.
Ese operativo militar deja como resultado el requerimiento injustificado de 31 defensores ambientales por parte del Ministerio Público por los delitos de incendio agravado, privación de libertad y asociaciones ilícitas, cargos que fueron después clasificados por la defensa como una táctica de amedrantamiento e intimidación contra los opositores de la empresa minera Inversiones los Pinares/Ecotek.
En agosto del 2019, inicia la detención injustificada para siete defensores ambientales que voluntariamente se presentaron ante los juzgados para responder al requerimiento del ministerio público.
Un informe presentado por la Alianza Centroamericana Frente a la Mineria en junio del 2020 concluye que el Estado hondureño enfrento la oposición local al proyecto minero de ILP y sus impactos ambientales, con prácticas sistemáticas de criminalización, persecución y agresión física violenta contra los habitantes que buscan defender el territorio en el que habitan y sus recursos naturales. Las víctimas y los testigos, que hicieron declaraciones ante una delegación internacional de académicos convocada por ACAFREMIN, identificaron a los militares, la policía y hombres armados locales empleados como guardias de seguridad por la compañía como los principales responsables de estas acciones. Estas violaciones de derechos humanos son un ejemplo del daño generalizado y la intimidación que sufren los defensores y defensoras del medio ambiente, los y las líderes indígenas, campesinos/as y pequeños/as agricultores/en Honduras cuando desafían a las industrias extractivas y los mega proyectos.
Después de casi 900 días en custodia, los defensores del río Guapionol fueron liberados, después que una resolución de la Corte de Constitucionalidad que declarara la nulidad del juicio contra los defensores.
El 24 de febrero del 2022 es histórico porque demuestra la resistencia y firmeza de los defensores ambientales y de las comunidades, organizaciones y organismos que se mantuvieron unidos en la lucha por la defensa del agua. Con la prohibición de la minería a cielo abierto, el gobierno de Honduras escribe una nueva fase y marca un antes y después en la explotación y defensa de los bienes naturales y del derecho de los pueblos de conservar el agua y sus territorios.
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138 organizaciones de 33 países piden en una carta abierta una legislación sólida sobre la cadena de suministro de la Unión Europea.
En una carta abierta, 138 organizaciones de 33 países piden a la Comisión Europea que imponga a las empresas fuertes obligaciones en materia de protección del medio ambiente y los derechos humanos en la ley de la cadena de suministro de la UE, con el fin de combatir las violaciones de los derechos humanos y la degradación del medio ambiente causadas por la minería y la agroindustria en el Sur Global.
Las organizaciones piden que los derechos de participación ambiental contenidos en el Acuerdo de Escazú, vigente en Latinoamérica y el Caribe, se incluyan como norma obligatoria en la Ley de la Cadena de Suministro europea.
Lea la carta abierta a la Comisión Europea aquí.
La ley de la cadena de suministro de la UE debe repercutir en la extracción de materias primas
La Comisión Europea está elaborando un reglamento para la UE que obligaría a las empresas a evitar las violaciones de los derechos humanos y la destrucción del medio ambiente en sus cadenas de suministro mundiales. El año pasado, el Bundestag (Parlamento Federal Alemán) aprobó una ley sobre la cadena de suministro para las empresas alemanas, lo cual supone un primer paso importante en materia de empresas y derechos humanos. Sin embargo, esta contiene numerosas deficiencias, por ejemplo, establece obligaciones débiles para las empresas de la cadena de suministro más profunda. En el caso de los proveedores indirectos, empresas que extraen materias primas, por ejemplo, no tienen que aplicar medidas de debida diligencia de forma sistemática, sino solo de forma puntual.
"La minería y la agroindustria suelen ser los sectores donde se cometen las más graves violaciones de los derechos humanos. Por lo tanto, la ley de la cadena de suministro de la UE debe agotar todas las medidas para proteger a las personas afectadas. Entre ellas se encuentran: Obligaciones de diligencia debida a lo largo de toda la cadena de suministro, fuertes obligaciones de protección del medio ambiente y el derecho de acción civil para los afectados", exige Christian Wimberger, responsable de Responsabilidad Social Corporativa de la Iniciativa Cristiana Romero (CIR).
Hay que prevenir la violencia en la minería
Muchas de las organizaciones firmantes de los países de América Latina y otras regiones del Sur Global conocen de primera mano los efectos de la producción de materias primas. En el caso de los proyectos mineros y los monocultivos, se destruyen ecosistemas enteros y se priva a las personas de sus medios de vida. Si se resisten, a menudo son reprimidos por las autoridades estatales o incluso asesinados por grupos criminales.
La agresividad con la que se satisface la demanda de materias primas de la industria se puso de manifiesto en el conflicto por una mina de níquel en el departamento guatemalteco de El Estor, a finales de 2021. Cuando las comunidades indígenas bloquearon una carretera de acceso en protesta por los graves impactos ambientales de la explotación minera, el gobierno declaro un estado de emergencia parcial que permitió que cuerpos militares reprimieran las manifestaciones con violencia. En los últimos años, varios opositores al proyecto minero, dirigido por la empresa ruso-suiza Solway Investments, han sido asesinados.
"A pesar de que el Tribunal Constitucional ha anulado la licencia minera, la empresa simplemente sigue operando. Las comunidades afectadas se quejan de la intensidad de la minería y de la contaminación que provoca. Representantes del pueblo originario Q'eqchi' están detenidos por resistirse. Al imponer el estado de excepción, el gobierno está restringiendo derechos básicos como la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de circulación. Pedimos a la Unión Europea que garantice la salvaguarda de los derechos de las comunidades q'eqchi´ y que envíe una misión de observación a la región", exige la organización guatemalteca Colectivo Madre Selva.
La UE importa grandes cantidades de materias primas
Desde hace años, Guatemala exporta a Grecia níquel que se utiliza en el acero y en las baterías de los coches eléctricos. Los países de la UE, sobre todo Alemania, importan enormes cantidades de materias primas: desde materias primas agrícolas como el aceite de palma y el azúcar hasta minerales como el litio, el cobre y el cobalto. Por tanto, las empresas europeas deben ser obligadas a luchar eficazmente contra las violaciones de los derechos humanos y la degradación del medio ambiente a lo largo de toda su cadena de suministro.
"Con la implementación de los derechos ambientales en la Ley de la Cadena de Suministro de la UE, ésta tiene la oportunidad de dar un primer paso para corregir por fin la desigualdad y la violencia que históricamente ha caracterizado la extracción de materias primas para sus empresas", afirma Pedro Cabezas, coordinador de la Alianza Centroamericana contra la Minería en Centroamérica (ACAFREMIN).
La importancia del Acuerdo de Escazú
Las organizaciones firmantes consideran que el Acuerdo de Escazú, que entró en vigor en 12 países de América Latina y el Caribe en 2021, es una herramienta importante para promover la justicia ambiental en las cadenas de suministro. El innovador acuerdo establece los siguientes derechos para los afectados:
- acceso a la información medioambiental
- participación en los procesos de toma de decisiones sobre intervenciones medioambientales
- acceso a la justicia
- la protección de los defensores de los derechos humanos
Las 138 organizaciones piden a la Unión Europea que añada el acuerdo y sus principios a la lista de normas internacionales que deben cumplir las empresas en sus actividades de debida diligencia.
Para mayor informacion:
- Pedro Cabezas, ACAFREMIN: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Christian Winberger, Christliche Initiative Romero (CIR): Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
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Los principales afluentes de dar vida tanto en Guatemala, como en El Salvador ya no soportan más contaminación y están a punto de recibir el tiro de gracia.
Los ríos Ostúa, Guija y Lempa se pueden convertir en resumideros en donde se recojan las aguas contaminadas por minerales pesados provenientes de la mina a cielo abierto Cerro Blanco.
Si bien la mina se encuentra en el vecino país Guatemala, los ríos se conectan gracias a sus vertientes naturales y arrastran no solo el agua, sino también la contaminación e impurezas que arroja la mina, por lo que organizaciones ambientalistas de ambos países se unen para demandar de los gobiernos la prohibición unánime y el cierre definitivo de la mina Cerro Blanco.
El Salvador mantiene la ley de prohibición de minería metálica, aprobada por la asamblea legislativa en marzo del año 2017. Sin embargo, hasta el momento y pese a que el gobierno conoce sobre la amenaza que significa la mina vecina Cerro Blanco de Guatemala para los ríos Guija y Lempa, no se ha dado ningún pronunciamiento oficial al respecto, lo que pone en alerta a las organizaciones sociales y ambientalistas.
En conferencia de prensa representantes y defensores ambientales de El Salvador y Guatemala advirtieron que es preciso que la población conozca que existen proyectos mineros transfronterizos que amenazan con contaminar el agua y agravar la crisis hídrica de los países.
La amenaza más inmediata la representa el proyecto minero Cerro Blanco, un proyecto de mina subterránea ubicado en Asunción Mita Jutiapa, que desde el año 2007, hace 14 años, intenta fallidamente extraer oro y plata, pero acertadamente es una bomba contaminante para los ríos y ahora busca convertirse en una mina a cielo abierto.
La minería a cielo abierto es una forma de minería mucho más agresiva para el medio ambiente y peligrosa para la salud humana. Como defensores ambientales alertamos sobre este nuevo intento del proyecto minero Cerro Blanco de intentar doblar las leyes ambientales de Guatemala y evitar realizar todo el debido proceso que implica entre otras cosas la realización de una consulta amplia en las comunidades que se se verían directamente afectadas por este cambio.
Las magnitudes de los cambios solicitados van desde procesar 1000 toneladas diarias de material a procesar 10,952 toneladas diarias y de extraer 3.31 millones de toneladas de material en túnel de 73.4 km a extraer 144.8 millones de toneladas en tajos con una profundidad de hasta 370mt y 1200mt de largo. Todo este material posteriormente se convierte en desechos que se depositan en cerros que generará drenaje ácido y polvos dañinos para la salud.
En total la mina estima que extraerá durante los 12 años de explotación cerca de 38.4 millones de m3 de agua, una extracción que afectará el acuífero local por más de 32 años. Según el modelo que presentan los ríos y riachuelos afectados principalmente serán Tancushapa, Tempisque, San Francisco y el río Ostúa que drena a El Salvador. Todas muestran reducciones fuertes del caudal entre 10% y 70%. El río Ostúa drena en el Lago de Güija y por lo tanto al Rio Lempa.
Los defensores ambientales advierten que la mina Cerro Blanco traerán desplazamiento, pobreza, enfermedades, y conflictividad, pero también la mina con los 500 trabajadores que pondrán para la construcción, traerá prostitución, trata y violencia para las mujeres de las comunidades. Estos impactos no se contemplan en el actual estudio. Denunciamos también ante las autoridades competentes, la poca o nula transparencia en la adquisición del proyecto por parte de la empresa Bluestone y su subsidiaria Elevar Resources.
Hacen un llamado a la población de El Salvador y Guatemala a exigir el cierre definitivo del proyecto minero Cerro Blanco, que en 14 años de operación ha contaminado con arsénico y metales pesados el río Ostúa tributario del lago de Guija y el río Lempa, violentando el derecho humano al agua, al ambiente sano, a la vida y la salud de la población de Asunción Mita, las comunidades de Metapán que viven en la ribera del lago de Guija y a los más de 3 millones de salvadoreños y salvadoreñas que dependen del río Lempa.
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Los cultivos de la caña de azúcar se expanden cada vez más en El Salvador acabándose el agua que antes era de las comunidades rurales y exponiendo la vida de cientos de familias debido a la quema descontrolada que se realiza durante la zafra.
Los problemas que genera la industria azucarera cada vez son más graves por la falta de vigilancia y control por parte de las distintas instancias del gobierno.
Durante la época de la zafra los cultivos de caña son incendiados de manera descontrolada lo que obliga a las familias rurales a salir de sus hogares para buscar refugio lejos de los incendios, ya que estos provocan humo intenso que invade los cercos que dividen sus casas de los cañales.
Los habitantes han denunciado cientos de veces su temor de que sus viviendas sean incendiadas o sus familiares sufran asfixia debido a los incendios, sin que hasta el momento ninguna autoridad haga algo al respecto.
En cuanto al agua los cañeros han invadido los terrenos en las zonas rurales del país y están explotando el agua de los pozos sin que ninguna autoridad ejerza algún tipo de control.
Además, están haciendo uso abusivo de los plaguicidas provocando contaminación de los acuíferos, enfermedades respiratorias y renales en la población por el uso indiscriminado de avionetas para la fumigación de los cultivos, químicos nocivos que son arrastrado por el viento hasta los hogares de las comunidades vecinas.
Debido a que estos problemas han sido denunciados en repetidas veces sin que ninguna autoridad haga algo al respecto, las familias rurales acompañadas por diversas organizaciones sociales y ambientales se han dado a la tarea de llevar las demandas hasta los ministerios incompetentes para solicitar a los funcionarios públicos demandas específicas que están enfocadas en priorizar la salud de la población y brindar protección al medio ambiente, en especial al agua. Asimismo, se solicita que se visiten las zonas afectadas para que verifiquen la problemática ambiental y de salud de las zonas.
Estas acciones son una medida de presión y hasta el momento se han realizado dos plantones, el primero de ellos realizado en el Ministerio de Salud, realizado en diciembre de 2019; el segundo planto realizado en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en febrero 2022.
La problemática que genera la industria cañera es abordada mediante una campaña de denuncia y concientización que desarrollara la campaña denominada Azucar Amarga, donde se pone al descubierto la crisis que genera el monocultivo.
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A nivel nacional entre las problemáticas más sentidas por causa del monocultivo de caña de azúcar son las quemas de los cultivos para la zafra. Las afectaciones en las comunidades son diversas y van desde enfermedades respiratorias producto del humo, incendios forestales en bosques y áreas naturales protegidas cercanas al monocultivo de caña, muerte de fauna silvestre por el fuego, afectación de cultivos de alimentos, y generación de gases de efecto invernadero que agravan el cambio climático. Es urgente que el Estado salvadoreño actúe.
Las quemas son realizadas por los productores de caña de azúcar, violentando el articulo 262 A del Código Penal que prohíbe la quema de cualquier cultivo. Ante esta ilegalidad, evidenciada y constantemente denunciada por las comunidades afectadas y organizaciones ambientalistas, la agroindustria azucarera afirma que no son responsables de los siniestros, si no que es obra de mano criminal. Se trata de un absurdo y una mentira si se cae en cuenta que estos hechos de quema, siempre coinciden con el tiempo de la zafra.
Las quemas de cultivo están vinculadas a los incendios forestales. En 2021, solo durante los meses de enero a abril sucedieron 44 incendios forestales que afectaron más de 800 hectáreas de territorio y según el Ministerio de Gobernación, el 95% de dichos incendios son provocados.
Sin embargo, el accionar de las autoridades siempre es reactivo, no se ve una gestión preventiva como podría ser la aplicación efectiva de la ley y la vigilancia oportuna para evitar la quema de cultivos, especialmente de caña de azúcar.
Por estas razones, las comunidades afectadas y las organizaciones que impulsamos la campaña Azúcar Amarga, exigimos al Estado salvadoreño, particularmente al MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A LA PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, con sentido de urgencia:
1. Al MARN: Que asuma un rol activo y protagonista en un esfuerzo para prohibir explícitamente la quema en los cultivos de caña de azúcar. Se trata de una práctica agrícola dañina para las personas y la naturaleza.
2. A la FGR: Que investigue de oficio y proceda judicialmente contra los responsables de los incendios forestales y las quemas en los campos de caña de azúcar.
3. A la PDDH: Que retome su rumbo en el sentido de acompañar a las víctimas de violaciones a sus derechos, como lo que está pasando con las comunidades afectadas por el monocultivo de caña de azúcar.
San Salvador, 16 de febrero de 2022.
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Desde que la Asamblea Legislativa legisló de manera unánime la prohibición de la minería metálica, en marzo del 2017, organizaciones ambientalistas han demandado que el Gobierno Salvadoreño tome la iniciativa para generar un dialogo con Gobiernos vecinos de Guatemala y Honduras para proteger las cuencas compartidas.
Esta demanda se basa en la existencia de proyectos mineros transfronterizos que amenazan con contaminar el agua y agravar la crisis hídrica de nuestro país. Actualmente, la amenaza más inmediata la representa el proyecto minero Cerro Blanco, un proyecto de mina subterránea ubicado en Asunción Mita Jutiapa, que desde el 2007 (14 años) intenta fallidamente extraer oro y plata y que ahora busca convertirse en una mina a cielo abierto.
Desde sus inicios organizaciones ambientalistas hemos demandado la clausura de dicho proyecto ya que la empresa minera nunca supero observaciones técnicas realizadas por el entonces equipo de evaluación del Ministerio de Energía y Minas y no informo debidamente a la población de Asunción Mita sobre los graves impactos a la salud, al medio ambiente y el agua que la minería tendría. Violentando así el derecho a la consulta previa, libre e informada de la población.
El pasado 21 de diciembre, la empresa desarrolladora del proyecto minero Cerro Blanco Elevar Resources quien es una subsidiaria de la empresa minera canadiense Bluestone Resources quien compro la mina en 2017, entregó al Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala una actualización del Estudio de Impacto Ambiental 2007 (EIA-329-2007) solicitando se le autorice convertir la mina subterránea a minaría a cielo abierto.
La minería a cielo abierto es una forma de minería mucho más agresiva para el medio ambiente y peligrosa para la salud humana. Alertamos sobre este nuevo intento del proyecto minero Cerro Blanco de intentar doblar las leyes ambientales de Guatemala y evitar realizar todo el debido proceso que implica entre otras cosas la realización de una consulta amplia en las comunidades que se se verían directamente afectadas por este cambio.
Recalcamos que, sin haber aun comenzado la etapa de explotación, la mina Cerro Blanco ya ha causado graves impactos sociales y ambientales de la Cuenca Ostúa – Guija – Lempa y pone en riesgo a las poblaciones de Guatemala y El Salvador. El drenaje permanente de aguas termales y en bombeo en los pozos de abatimiento por más de 13 años, ha contribuido a la desecación de fuentes de agua de aldeas aledañas y obliga a las comunidades a profundizar los pozos artesanales para poder acceder a agua. Como organizaciones sociales de Guatemala, El Salvador, comunidades de Metapán y Asunción Mita, expresamos nuestra preocupación ante la posibilidad de que el Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala considere suficiente la “actualización” del Estudio de Impacto Ambiental presentada.
Las magnitudes de los cambios solicitados van desde procesar 1000 toneladas diarias de material a procesar 10,952 toneladas diarias y de extraer 3.31 millones de toneladas de material en túnel de 73.4 km a extraer 144.8 millones de toneladas en tajos con una profundidad de hasta 370mt y 1200mt de largo. Todo este material posteriormente se convierte en desechos que se depositan en cerros que generará drenaje ácido y polvos dañinos para la salud.
En total la mina estima que extraerá durante los 12 años de explotación cerca de 38.4 millones de m3 de agua, una extracción que afectará el acuífero local por más de 32 años. Según el modelo que presentan los ríos y riachuelos afectados principalmente serán Tancushapa, Tempisque, San Francisco y el río Ostúa que drena a El Salvador. Todas muestran reducciones fuertes del caudal entre 10% y 70%. El río Ostúa drena en el Lago de Güija y por lo tanto al Rio Lempa.
Según la actualización presentada, este será utilizado para el vertimiento de las aguas extraídas de los pozos de abatimiento y de las aguas mina. Preocupa además que en el actual plan de monitoreo presentado para las aguas vertidas, no existe un control para otros metales pesados y la planta de tratamiento solamente contempla el tratamiento de arsénico.
Todos estos efectos traerán desplazamiento, pobreza, enfermedades, y conflictividad, pero también la mina con los 500 trabajadores que pondrán para la construcción, traerá prostitución, trata y violencia para las mujeres de las comunidades. Estos impactos no se contemplan en el actual estudio. Denunciamos también ante las autoridades competentes, la poca o nula transparencia en la adquisición del proyecto por parte de la empresa Bluestone y su subsidiaria Elevar Resources.
En sus comunicados de prensa y reportes a sus accionistas, Bluestone Resources manifiesta que, ya cuenta con los permisos por parte del gobierno guatemalteco y que solamente necesitan la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental para iniciar la explotación de la mina por un periodo de 11 años y extraer 3 millones de onzas de oro y 10 millones de onzas de plata.
AsImismo, es de nuestro conocimiento que el Ministerio de Relaciones exteriores de Guatemala informó a El Salvador el 21 de diciembre de 2021 que el río Ostúa no sería utilizado por la minera y que por lo tanto no afectaría la cuenca del río Lempa. Ante este inminente riesgo para las comunidades de Asunción Mita y para todas las que habitan y se abastecen del río Lempa exigimos:
1- Al Sistema de Integración Centroamericana y a los gobiernos de Guatemala y El Salvador, que retomen con carácter de urgencia una comisión binacional al más alto nivel para trabajar en un Tratado Regional de Aguas Transfronterizas que busque la protección de cuencas compartidas.
2- A las instituciones multilaterales, velar por la implementación de una Evaluación Ambiental Estratégica garantice la sostenibilidad hídrica para la población guatemalteca y salvadoreña.
3- Que ante la falta de certeza científica sobre los impactos verdaderos de la minería a cielo abierto en una región ambientalmente sensible, se aplique el principio precautorio y se adopten medidas de protección para garantizar los derechos de la población. Llamamos a los gobiernos de la región a adoptar políticas de desarrollo económico que fomenten la sostenibilidad y la utilización de los bienes comunes en beneficio de las grandes mayorías y no en beneficio de empresas transnacionales o nacionales que ponen en riesgo y destruyen la vida de esta y las próximas generaciones.
Llamamos a la población de El Salvador y Guatemala a exigir el cierre definitivo del proyecto minero Cerro Blanco, que en 14 años de operación ha contaminado con arsénico y metales pesados el río Ostúa tributario del lago de Guija y el río Lempa, violentando el derecho humano al agua, al ambiente sano, a la vida y la salud de la población de Asunción Mita, las comunidades de Metapán que viven en la ribera del lago de Guija y a los más de 3 millones de salvadoreños y salvadoreñas que dependen del río Lempa.
San Salvador 15 de febrero de 2022
¡Fuera mineras de nuestras fronteras¡
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Las organizaciones aglutinadas en la Alianza Centroamericana frente la Minería celebramos el veredicto de la Corte Suprema de Justicia de Honduras que declara nulo el proceso criminal iniciado por la empresa minera Inversiones Los Pinares contra 32 personas defensoras del agua del municipio de Tocoa Colón, en noviembre del año 2018.
Los acusados han sido objeto de una campaña sucia de desprestigio público y criminalización estatal por sus actividades de defensa ante la ilegalidad de un proyecto minero de óxido de hierro que pone en riesgo las reservas ecológicas dentro del Parque Nacional Carlos Escaleras, donde nacen los ríos Cauca, San Pedro, Guapinol, Ceibita y Tocoa; que se extienden a la región del Aguán en los departamentos de Colón, Olancho y Atlántida y abastecen de agua potable a la población.
Ocho de los 32 defensores que fueron acusados por la empresa han permanecido injustamente bajo prisión desde agosto del año 2019 y seis fueron declarados culpables por el Tribunal de Sentencia de Trujillo por delitos de daños agravados y detención agravada el pasado 9 de febrero.
A pesar que durante el proceso de audiencia la defensa evidenció la fabricación de pruebas por parte del Ministerio Público, la falsedad de los testimonios de los testigos, quienes son empleados de la seguridad privada de Inversiones Los Pinares, y la colusión entre el ministerio público, la empresa y los miembros del Tribunal de Sentencia.
El proceso de criminalización de las personas defensoras de Tocoa refleja un patrón que se repite en toda la región Centroamericana y que manifiesta la captura de las instituciones estatales por parte de intereses empresariales. Bajo este escenario, la acusación, investigación y audiencias públicas contra personas defensoras del medio ambiente se realizan bajo contextos judiciales que transgreden la garantía de derechos humanos fundamentales como el debido proceso y presunción de inocencia, consagrados en las constituciones de nuestros países y en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Como Alianza celebramos el fallo de la Corte Suprema de Honduras lo consideramos como un buen primer paso para corregir injusticias perpetradas contra personas defensoras de derechos por más de una década. Nos unimos al espíritu celebratorio de las diversas organizaciones de derechos humanos e instituciones internacionales que han acompañado esta lucha y felicitamos al equipo defensor y los miembros del Comité para la Defensa de los Bienes Públicos y Comunes de Tocoa por su férrea defensa de los derechos humanos y la vida de las comunidades de Tocoa.
Enviamos un mensaje fraterno, solidario y firme a nuestros compañeros quienes todavía guardan prisión, demandamos su pronta liberación y la reparación por daños y prejuicios a sus familias. Finalmente, afírmanos nuestro compromiso de seguir acompañando la lucha por la cancelación de las licencias mineras otorgadas de manera ilegal en Tocoa.
11 de febrero de 2022
¡Justicia y libertad para los defensores de Guapinol! #GuapinolInocent
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