es-ES
- Detalles
- Escrito por ACAFREMIN
- Categoría: Blog
Tras cinco peticiones de revisión de medidas y 15 meses de encarcelamiento injusto para 7 ambientalistas, un juzgado del municipio de Tocoa ordenó una audiencia para los defensores del Río Guapinol.
El Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos en Honduras se refirió a la decisión del Juzgado de Letras Seccional, del municipio de Tocoa, en Colón, en cuanto a la notificación de la audiencia de revisión de medidas para los siete defensores ambientales del Río Guapinol, quienes fueron criminalizados y encarcelados injustamente desde hace 15 meses.
La audiencia se realizará el día viernes 18 de diciembre en Tocoa a las 9 de la mañana. Se tiene previsto que la revisión de medidas para los ambientalistas: Ewer Cedillo Cruz, José Cantarero, José Daniel Márquez, Kelvin Romero Martínez, Porfirio Sorto Cedillo, Orbin Nahúm Hernández, Arnol Alemán y Jeremías Martínez.
El proceso judicial en contra de defensores ambientales está plagado irregularidades y hay preocupación por su bienestar debido a las condiciones de hacinamiento durante la pandemia. En todo el 2020, el equipo defensor solicito en cinco ocasiones la revisión de medidas, pero el sistema judicial se ha negado a brindarle ese derecho a los detenidos, algo que fue criticado por el equipo jurídico, familiares y organizaciones ambientalistas.
“El Juzgado de Tocoa, Colón, a petición nuestra ha señalado una audiencia de revisión de medidas para los defensores de Guapinol”, indicó el abogado Edy Tábora, quien forma parte del equipo de defensa de los ambientalistas.
Los familiares de los detenidos se mostraron complacido con la decisión del Juzgado de Letras Seccional ante la audiencia de revisión de medidas.
“Hemos recibido esta noticia con mucha alegría, nos invade lágrimas, emoción; pero a la vez tristeza de darnos cuenta de cómo este Estado ha tenido a nuestros compañeros por más de 15 meses”, dijo Juana Zuniga, en representación de las familias de los defensores ambientales.
Jeremías Martínez, ambientalista criminalizado y procesado en libertad, enfatizó en la inocencia de todos los defensores del Río Guapinol y criticó el proceso irregular que lleva el sistema judicial en contra de los detenidos.
En el año 2018 la preocupación de 13 comunidades de Tocoa se hizo pública al denunciar impactos nocivos del proyecto minero de la empresa Inversiones los Pinares, como la reducción del agua en sus hogares, la deforestación y la contaminación de ríos como el río Guapinol y el río San Pedro del municipio de Tocoa. El controversial proyecto, propiedad de Lenir Pérez, fue adquirido con irregularidades, amenaza con la contaminación y afectación de las principales fuentes de agua la región del Bajo Aguan. Ante la protesta organizada de las comunidades el gobierno, en complicidad con la empresa, han lanzado una campaña de criminalización contra los defensores del río guapinol.
La Alianza Centroamericana Frente a la Minería presentó este año el informe “Conflicto minero en el Bajo Aguán, zona norte de Honduras”, cuál describe las violaciones de derechos humanos contra defensores ambientales que se oponen al proyecto minero del empresario Lenir Pérez y familia Facussé.
Estado de Honduras ha empleado a sus instituciones legales y represivas, como el Ministerio Público, la Policía y el Ejército, con el propósito de proteger los intereses de la empresa Inversiones los Pinares, según el informe Guapinol Resiste. Además, el derecho a la protesta pacífica y derecho de organización, han sido negados a los defensores del rio Guapinol y en su lugar han sido criminalizados por el estado en beneficio de los derechos empresariales.
- Visto: 1247
- Detalles
- Escrito por ACAFREMIN
- Categoría: Blog
La violencia se intensifica contra guatemaltecos que protegen el medio ambiente. En las últimas dos semanas se han registrado asesinatos, desapariciones y criminalización.
La violencia y criminalización contra los defensores ambientales en Guatemala se ha intensificado. En las últimas horas se han registrado asesinatos, desapariciones y condenas para los protectores del medio ambiente.
Abelardo Quej Ixim, ambientalista y líder comunitario, fue asesinado la noche del domingo seis de diciembre en la zona de la garita que se encuentra en el cruce de la comunidad Nuevo Amanecer Pancoc, en la región de Ribacó. Según medio locales, el activista se encontraba haciendo vigilancia de rutina en el sector y se alejó para hacer sus necesidades fisiológicas. “Fue que escuchamos un disparo y salimos a ver dónde había sucedido y encontramos a nuestro compañero herido en la espalda”, cita.
El sector donde fue asesinado el ambientalista es una zona de alto riesgo para los que protegen el medio ambiente, según la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC).
“La zona es peligrosa para quienes velan por la defensa de la madre tierra, los pobladores q’eqchi’s y poqomchi’s sufren desde hace varios años ataques por parte de compradores ilegales de tierra, madereros, empresarios alemanes y personas relacionadas con el narcotráfico”, cita la nota periodística.
Familiares de las víctimas dijeron que Abelardo Quej Ixim había recibido amenazas de muerte tres días antes del suceso. Además, informaron que el hecho ya fue denunciado antes las autoridades guatemaltecas para que investiguen y den con los responsables del asesinato del ambientalista.
Abelardo Quej Ixim líder comunitario del caserío Nueva Gloria en Purulhá Baja Verapaz Guatemala. El ambientalista ostentaba el cargo de alcalde auxiliar del sector.
Por otra parte, UVOC exigió el esclarecimiento de las desapariciones del activista, Carlos Enrique Coy, quien fue privado de libertad el pasado 3 de agosto. Desde esa fecha, se intensificó los actos de violencia contra campesinos y ambientalista del lugar. Además, criticaron al Estado guatemalteco por anteponer los derechos empresariales antes las necesidades de las comunidades indígenas.
“El Estado hoy en día está para proteger los intereses económicos empresariales de las hidroeléctricas, minerías, cafetales y terrateniente, y en efecto para criminalizar, perseguir y amenazar a las familias campesinas e indígenas, defensores y defensoras de derechos humanos”, dijo UVOC en un comunicado.
Emiten segunda orden de captura contra Bernardo Caal Xol
El pasado 8 de diciembre, el líder comunitario y defensor ambiental, Bernardo Caal Xol, denunció una segunda orden de captura en su contra por el supuesto delito de estafa y robo agravado. La decisión del juez Ricardo Isaías Caal Caal, del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, responde a las acusaciones de la empresa hidroeléctrica OXEC S.A., quien amenaza los ríos de las comunidades del pueblo q’eqchi'.
Desde 2015, Bernardo Caal se opuso al proyecto hidroeléctrico de la empresa OXEC S.A. en el río Cahabón, en Alta Verapaz. La represa hidroeléctrica representaba una amenaza para el río y para las comunidades del pueblo q’eqchi', quienes se abastecen de agua del afluente.
En 2016, el defensor ambiental denunció a la empresa OXEC y al Ministerio de Energía y Minas tras haber permitido la concesión del río de los pueblos sin haber realizado una consulta previa, libre e informada. Tras denunciar a la hidroeléctrica, Caal fue acusado falsamente por empleados de la empresa NETZONE, constructora subcontratada por OXEC, por los delitos de robo, detenciones ilegales e incitar a delinquir. En octubre de 2018, un tribunal sentencio a Bernardo a siete años y cuatro meses de prisión.
- Visto: 1398
- Detalles
- Escrito por Acafremin
- Categoría: Blog
El MINSAL reportó 9,908 personas con insuficiencia renal; muchos de los casos están asociados a las malas prácticas del monocultivo de la caña de azúcar.
- Visto: 2321
- Detalles
- Escrito por Acafremin
- Categoría: Blog
La región es una de las más vulnerables ante fenómenos naturales extremos causados por el cambio climático, situación que empeora el avance de proyectos extractivos en los territorios, aumentando el riesgo de las poblaciones.
- Visto: 8769
- Detalles
- Escrito por ACAFREMIN
- Categoría: Blog
Comunidades rurales junto a organizaciones sociales y entes gubernamentales realizaron un foro titulado “Acuerdo de Escazú, su importancia para la cooperación internacional y el cumplimiento de La Agenda 2030” como parte de las actividades públicas que dan prioridad a dicho acuerdo.
La actividad que tuvo como principal objetivo el acercamiento de la sociedad civil con entes del órgano legislativo como el grupo parlamentario de jóvenes, para discutir y demandar que la asamblea legislativa comience el proceso de adhesión al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como el Acuerdo de Escazú. Con la ratificación de México como el Onceavo país que se suma a la firma del instrumento para la protección de derechos ambientales, el acuerdo toma vigor como acuerdo internacional.
En dicho evento participaron comunidades de Chalatenango, Cabañas, Tecoluca, Suchitoto y Jiquilisco que han sido zonas vulneradas en los temas ambientales y han denunciado diferentes tipos de violaciones a los derechos de defensores y defensoras de la tierra y el agua ante megaproyectos de la escala de minería, hidroeléctricas, urbanizaciones y las malas practicas del monocultivo de la caña de azúcar.
Vidalina Morales, lideresa en el Departamento de Cabañas y presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES) menciona “Esperabamos que el 26 de septiembre este Gobierno firmara este Acuerdo, cosa que no sucedio. Eso nos da la pauta para seguir luchando para que en El Salvador sea aprobado este Acuerdo de vital importancia para nuestro medio ambiente, para nuestros luchadores y luchadoras sociales, en defensa de los derechos humanos. Lo que nos tiene en este foro es seguir profundizando y seguir haciendo fuerza para que el ejecutivo apruebe este acuerdo“.
Cesar Artiga, coordinador del Equipo Impulsor del Acuerdo de Escazú hace énfasis ante la negativa del presidente Nayib Bukele para firmar este acuerdo.
“El 26 de septiembre fue el plazo límite para que el país lo firmara y ratificara y esa vía ya está descartada que el país no honro su compromiso, la única vía posible es la adhesión que vienen siendo el equivalente a firmar y ratificar en un solo paso, sin embargo, si el presidente Nayib Bukele no presenta el proyecto de adhesión a la Asamblea Legislativa no se puede iniciar formalmente para que el país se convierta en un Estado parte de Escazú”
La adhesión del Acuerdo de Escazú fortalecería la institucionalidad para la protección del medio ambiente de violaciones ambientales como las que suceden en la zona del Bajo Lempa como efecto del monocultivo de caña de azúcar.
Sonia Hernández lideresa del Bajo Lempa y representante de la Asociación Para El Desarrollo Para El Desarrollo de El Salvador describe el caso:
“En Tecoluca venimos desde el año 2000 con este problema del monocultivo, ha afectado al sector por la contaminación directa e indirecta y [ha generado conflictos] principalmente por el agua y la salud. La población esta enfrentando graves problemas de salud como la Insuficiencia Renal Crónica a causa del riego masivo de agrotóxicos, ante esto las instancias correspondientes no están haciendo nada al respecto”.
Al final, miembros y lideresas de comunidades participantes en el foro se comprometieron a seguir realizando actividades públicas para presionar al gobierno de Salvador para que la firma del Acuerdo de Escazú y el fortalecimiento de derechos ambientales sea una realidad.
- Visto: 1207
- Detalles
- Escrito por Jennifer Ávila y Danielle Mackey
- Categoría: Honduras
- Visto: 4702
- Detalles
- Escrito por Gervasio Sánchez
- Categoría: Honduras
Mujeres y hombres se enfrentan en Honduras y Guatemala a las amenazas de muerte mientras luchan en sus territorios para proteger los ríos, los bosques y las montañas que sostienen el ciclo de la vida. Este proyecto ha sido organizado por la Asociación Entrepueblos y financiado por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.
- Visto: 2863
- Detalles
- Escrito por Criterio HN
- Categoría: Honduras
El Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (Idamho) presentó un análisis técnico orientado a explicar los estragos que puede causar el estractivismo y las conductas lesivas que pueden reducir al país en un desierto, ya que en el Congreso Nacional se está debatiendo la reforma por medio del Decreto Legislativo No. 238-2012 a la Ley General de Minería, que según el Idamho, “debe detenerse en virtud que es otro golpe a los recursos naturales del país en la línea de continuar el modelo extractivista que destruye los ecosistemas, afecta a las poblaciones y a las finanzas públicas”.
- Visto: 1913
