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Organizaciones sociales y ambientales de El Salvador denunciaron los impactos negativos que genera la agroindustria azucarera en el consumo abusivo del agua, lo que deja a las comunidades en desventaja y empeora la crisis hídrica que ya padecen.
El monocultivo de caña de azúcar utiliza más de 5,600 metros cúbicos de agua por hectárea cultivada, adicionalmente los ingenios usan 10 metros cúbicos de agua para lavar cada tonelada métrica, por lo cual producir un kilo de azúcar requiere entre 1,500 y 3,000 litros de agua.
Este uso excesivo del agua para cultivar caña y producir azúcar, es sumamente preocupante, más aún, considerando que El Salvador es el único país en la región centroamericana que se encuentra con tendencia a una situación de estrés hídrico (1,700 m3 per cápita por año), lo que lo sitúa entre los países en Latinoamérica y el Caribe con la más baja disponibilidad de agua por habitante.
Debido a esas cantidades de agua que demanda la agroindustria es que existe gran preocupación por las familias rurales, ya que cultivar caña y producir azúcar se realiza en la época más calurosa y seca del año y las plantaciones de caña extraen grandes cantidades de agua para su irrigacion.
Las organizaciones mantienen una campaña de concientización pública que pone al descubierto las prácticas nocivas que se generan en la industria azucarera debido a la contaminación ambiental por el uso de agrotóxicos, quemas de las plantaciones, lo que contamina el agua y aire, por mencionar algunas.
Según los representantes de las organizaciones todas esas acciones nocivas impactan negativamente en la salud de la población generándoles graves padecimientos como insuficiencia renal y enfermedades respiratorias.
La creciente demanda de azúcar en los mercados internacionales estimula la producción a gran escala en el país y en países centroamericanos, lo que conlleva altos costos ecológicos y sociales, por lo que demandan del gobierno salvadoreño que desarrolle políticas públicas para mitigar los daños que causa esta industria y que sus beneficios sean en favor de las mayorías; que reforme la reciente aprobada Ley del agua, ya que está da cabida a la injusticia hídrica y violenta uno de los derechos fundamentales de los humanos como lo es el derecho humano al agua.
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- Escrito por Acafremin
- Categoría: Comunicados
Está ampliamente documentado que el monocultivo de caña con sus perjudiciales métodos de producción destruye la biodiversidad, deteriora los suelos agrícolas, agota y contamina las fuentes de agua, altera el microclima, contamina el aire y provoca enfermedades crónicas en la población.
La creciente demanda de azúcar en los mercados internacionales estimula la producción a gran escala en el país, pero esto conlleva altos costos ecológicos y sociales.
Una de las grandes preocupaciones son los impactos en el agua. Cultivar caña y producir azúcar requiere de un elevado suministro de agua. Este monocultivo se produce en la época más calurosa y seca del año y los cultivos dependen en gran medida de la irrigación. Las comunidades circundantes a los campos de caña reportan que los niveles freáticos han caído dramáticamente en años recientes y lo atribuyen al aumento de la producción de caña y la falta de regulación gubernamental del uso del agua.
Si bien, el pasado mes de diciembre se aprobó la Ley General de Recursos Hídricos, nos preocupa que esta tiene un enfoque privatizador y que lejos de enfrentar la problemática hídrica del país, los profundiza, beneficiando y protegiendo a los sectores que históricamente han abusado y contaminado el agua, como es el caso de la agroindustria azucarera.
En la actualidad, el monocultivo de caña de azúcar utiliza más de 5,600 metros cúbicos de agua por hectárea cultivada, adicionalmente los ingenios usan 10 metros cúbicos de agua para lavar cada tonelada métrica de caña, por lo cual producir un kilo de azúcar requiere entre 1,500 y 3,000 litros de agua.
Este uso abusivo del agua para cultivar caña y producir azúcar, es sumamente preocupante, más aún, considerando que El Salvador es el único país en la región centroamericana que se encuentra con tendencia a una situación de estrés hídrico (1,700 m3 per cápita por año), lo que lo sitúa entre los países en Latinoamérica y el Caribe con más baja disponibilidad de agua por habitante.
Por tanto, como organizaciones que acompañamos a comunidades en condición de vulnerabilidad, que reivindicamos los derechos humanos de la población y que trabajamos por la justicia ambiental, exigimos:
- Que el Estado salvadoreño cumpla y haga cumplir efectivamente la legislación vigente para regular y evitar los abusos que comete la agroindustria del azúcar.
- Que se implementen políticas públicas dirigidas a eliminar los impactos que causa esta industria en la salud, la calidad de vida y los ecosistemas a nivel
- Que reformen los aspectos contenidos en la Ley General de Recursos Hídricos que promoverían una privatización del agua (asocios públicos privados y concesiones) y la injusticia hídrica en El
Finalmente, hacemos saber a la opinión pública que continuaremos, cada vez con mayor fuerza, con la campaña “Azúcar Amarga” denunciando los graves impactos del monocultivo de caña de azúcar y los abusos de la agroindustria azucarera, así mismo, estaremos vigilantes del rol que asuma el Estado, ante todos estos crímenes sociales y ambientales.
#AzucarAmarga
San Salvador, 31 de enero de 2022.
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- Escrito por Pedro Cabezas
- Categoría: Campañas
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The importance of environmental rights for the Sustainable Corporate Governance of the European Union
Dear President of the European Commission, Ursula von der Leyen,
Dear Vice-President Věra Jourová,
Dear Commissioner Didier Reynders,
Dear Commissioner Thierry Breton,
The European Union is currently developing a Sustainable Corporate Governance on the duties of companies for responsible supply chains, which aims to require European companies to carry out due diligence in their supply chains and business relationships with the objective of analyzing risks and developing measures to prevent and remedy violations of human rights and environmental standards. The undersigned organizations believe that this measure is an important opportunity to contribute to prevent severe impacts that occur in the production of raw materials for the European market. To achieve this, it is necessary that the regulation is fully applied to the whole supply chain, that it introduces civil liability and that it is in force for all companies operating in high risk sectors. In terms of environmental rights, the Escazú Agreement provides a guideline for the application of regulations for the mining and agro-industrial sectors. Therefore, we urge the European Union to include the principles of this important agreement into the regulation.
The extraction of minerals such as lithium, copper, gold or nickel as well as large agro-industrial monocultures contribute greatly to the destruction of biodiversity in Latin America. As a consequence, many rural and indigenous communities are losing their means of subsistence at a rapid rate. In addition, these megaprojects cause social conflicts and serious human rights violations. The organization Global Witness warns that every year numerous land defenders are killed as a result of conflicts in relation to these projects. In many cases, companies establish extractive and monoculture projects with the support of government corruption networks and without consulting the affected populations in a free, prior and informed manner. When affected communities protest against these projects, they are often violently repressed by security forces and criminalized by the judicial systems in these countries. As organizations that work in the defense of human rights of these communities, we know very well the human pain that these conflicts generate.
The European Union is one of the largest consumers of these raw materials. Therefore, as environmental and human rights organizations, it is clear to us that the European Union has a responsibility to prevent and mitigate these impacts by promoting responsible production and consumption patterns and by requiring companies to comply with environmental and human rights due diligence.
It is particularly important that the regulation refers to and supports international conventions that seek to achieve these objectives. One of these most innovative instruments is the Escazú Agreement, which entered into force in Latin America and the Caribbean in April 2021 and has as its objectives to guarantee the right to a healthy environment and sustainable development, strengthening the rights of communities involved in environmental conflicts. Currently, the convention has already been ratified by 12 countries and it is based on four central pillars:
- access to environmental information
- public participation in environmental decision-making processes
- access to justice in environmental concerns
- protection of human rights defenders
We consider these key principles central to promoting environmental justice in supply chains and raw material production not only in Latin America and the Caribbean, but also in other countries where extractive companies are operating. The Escazú Agreement and its principles must be integrated into the list of relevant international standards that companies must comply with as part of the due diligence measures prescribed in the regulation.
The fulfilment of these standards should be a minimum condition for European companies that seek to establish business relationships with local companies operating mines, monocultures, hydroelectric power stations and other mega-projects. In this way, the European Union would support Latin American countries in their attempts to build more sustainable economic systems and more democratic societies. Finally, a reference to the Escazú Agreement would be in tune with the UN Sustainable Development Goals and the Aarhus Convention.
Sincerely
PRESS HERE TO SIGN ON TO THE LETTER
PROMOTING ORGANIZATIONS
- Abogados Defensores de DDHH(Guatemala)
- Colectivo Wasi Pacha (Bolivia)
- Grupo de trabajo cambio climático y justicia (GTCCJ) (Bolivia)
- Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (Perú EQUIDAD)(Peru)
- Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales (Latinoamerica)
- Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)(Honduras)
- Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales (Colectivo CASA) (Bolivia)
- Germanwatch e.V. (Germany)
- Reacción Climatica (Bolivia)
- Institute for Global Peace Work (Tamera)(Portugal)
- Movimiento en Defensa del Valle de Tucabaca (Bolivia)
- Carrera de Biología, Universidad mayor de San Andrés (Bolivia)
- Bolivia Libre de Transgenicos (Bolivia)
- Consumidores Conscientes (Bolivia)
- NOAH Friends of the Earth Denmark (Denmark)
- Deutscher Caritasverband e.V. (Bermany)
- Universidad Mayor de San Andres UMSA (Bolivia)
- Asociacion para el Desarrollo de la Población afectada por el Nemagon (Costa Rica)
- Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (IDAMHO)
- European Environmental Bureau (Bolivia)
- Sub Central de cabildos indígenas del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure)(Bolivia)
- Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey (Bolivia)
- Territorios en Resistencia (Bolivia)
- Comunidad Indígena el Portón Roboré (Bolivia)
- Coordinadora Nacional en Defensa de Territorios Indígena Originarios Campesinos y Áreas Protegidas - CONTIOCAP (Bolivia)
- SOMOS SUR (Bolivia)
- Circolo Culturale "primomaggio" (Italia)
- Confederación Sindical de Comisiones Obreras (España)
- Guatebelga VZW (Belgica)
- SOLdePAZ.Pachakuti (Asturies)
- RED INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS RIDH (Suiza)
- Reds - Red de Solidaridad para la transformación social (España)
- Cafe Cortado (Germany)
- Nación Indígena Qhara Qhara (Bolivia)
- Plataforma en Defensa de las Áreas Protegidas De Abel Iturralde (Bolivia)
- Centro de Desarrollo Humano CDH (Honduras)
- Fundacion COMUNIDEC (Ecuador)
- Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES (Honduras)
- Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES (El Salvador)
- Resistencia Tucabaca Roboré (Bolivia)
- Fundacion RENICC (Nicaragua)
- Red nacional de Comunidades Afectadas por la Mineria Honduras - RENACAMIH
- Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras - FOSDEH (Honduras)
- Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) (Honduras)
- Asociacion Nayra Pacha (Bolivia)
- Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales - Colectivo CASA (Bolivia)
- RED NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL (Bolivia)
- Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika - FDCL (Germany)
- Oekumenisches Netz Rhein-Mosel-Saar/Ecumenical Network Rhine-Moselle-Saar (Germany)
- Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt e.V. ASW (Action for World Solidarity) (Germany)
- Asociacion de Comites de Vigilancia de Santa Cruz - ACOVICRUZ (Bolivia)
- Aid/Watch (Australia)
- Colectivo Madre Selva (Guatemala)
- Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública (Bolivia)
- Project on Organizing, Development, Education, and Research (PODER)(Mexico/Latin America)
- Otros Mundos Chiapas (Mexico)
- Zentrum für Mission und Ökumene - Nordkirche weltweit (Germany)
- INKOTA-netzwerk e.V. (Germany)
- Action Solidarité Tiers Monde (ASTM) (Luxembourg)
- Fundación Gaia Pacha (Bolivia)
- MISEREOR (Germany)
- Our Food Our Future (EUROPE)
- IM Swedish Development Partner (Sweden)
- Cora Network for Corporate Accountability (Germany)
- Campaña Minería Perú – "La riqueza se va, la pobreza se queda” (Germany)
- Earthworks (United States)
- CATAPA vzw (Belgium)
- Chico Mendes Alemania (Germany)
- Centro de Promoción y Educación Profesional Vasco de Quiroga(Mexico)
- Philippines Australia Solidarity Association (Australia)
- Reacción Climática (Bolivia)
- Centro de Informacion y Documentacion - CEDIB (Bolivia)
- Colectiva Feminista para el Desarrollo Local (El Salvador)
- Asociación comunitaria para el desarrollo SERJUS - ASERJUS (Guatemala)
- Movimiento Nacional Ambientalista Frente a la Mineria Industrial (Nicargua)
- Servicion Ecumenico para la Reconciliacion y Reconstruccion SERR (United States)
- Centro de Derechos de Mujeres, CDM (Honduras)
- Comité de Unidad Campesina de Guatemala
- CENTRO DE INVESTIGACION Y SERVICIO POPULAR (Bolivia)
- FOS - socialistische solidariteit vzw (Belgium)
- TROCAIRE (Irlanda)
- Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos - UDEFEGUA (Guatemala)
- Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericano - IETI (Spain)
- Defensa y Conservacion Ecologica de Intag, DECOIN (Ecuador)
- Protection International (PI) (Global)
- International Movement of Catholic Agricultural and Rural Youth-MIJARC (Belgium)
- Escritores Contra el Cambio Climático (Honduras)
- Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA (Chile)
- TerraJusta (Bolivia)
- Instituto Alameda - Democracia y Desarrollo (Peru)
- Plataforma Internacional contra la Impunidad (Suiza)
- GegenStroemung – INFOE e. V. (Germany)
- Instituto de Permacultura de El Salvador
- PowerShift e.V. (Germany)
- Armenian Environmental Front Civic Initiative (Armenia)
- London Mining Network (United Kingdom)
- Igapo Project (France)
- The Andrew Lees Trust (United Kingdom)
- Vanguardia Torrijista (Panama)
- Asociacion para el Desarrollo Economico y Social de El Salvador - ADES
- Organización Comunal de la Mujer Amazonica (Bolivia)
- ASOCIACIONDE MUJERS DEFENSORAS DE LA VIDA (Honduras)
- SalvAide Canada
- Ökumenische Initiative Mittelamerika e.V. (Germany)
- Fair Trade Town Hamburg (Germany)
- DEFENSORAS DE LA VIDA Y DE LA PACHAMAMA (Peru)
- Red europea de Comités Oscar Romero (SICSAL-Europa)
- Earth Thrive (United Kingdom and Serbia)
- Focus Association for Sustainable Development (Slovenija)
- FUNDACIÓN ECUMÉNICA PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ - FEDEPAZ(Peru)
- Leapfrog2SD (Belgium)
- Movimento Saude Mental (Brazil)
- Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor (Peru)
- INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO (INCADE)(Colombia)
- Articulação Comboniana de Direitos Humanos (Brazil)
- Iglesias y Minería (Latin America)
- Rettet den Regenwald (Germany)
- Salva la Selva (Spain)
- Almanaque del Futuro (Bolivia, Ecuador, Peru)
- Forum Fairer Handel (Germany)
- Alianza Centroamericana Frente a la Mineria (ACAFREMIN)
- Christliche Initiative Romero
- Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazu-El Salvador
- Union de Comunidades Rurales de El Salvador- UCRES
- Derecho Ambiente y Recursos Naturales(Peru)
- Goliathwatch(Germany)
- Informationsstelle Peru
- WEED - World Economy, Ecology & Development - Germany
- Guatemala Solidarität Österreich (Austria)
- Association of Ethical Shareholders Germany
- Mines mineral and people (India)
- Asociacion para el Desarrollo de El Salvador - CRIPDES
- Deakin University (Australia)
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- Escrito por ACAFREMIN
- Categoría: Campañas
PRESIONE AQUI PARA FIRMAR LA CARTA
La importancia de los derechos ambientales para la Gobernanza Empresarial Sostenible de la Unión Europea
Estimada Presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen,
Estimada Vice-Presidenta Věra Jourová,
Estimado Comisario Didier Reynders,
Estimado Comisario Thierry Breton,
La Unión Europea está actualmente elaborando una gobernanza empresarial sostenible sobre los deberes de las empresas en cadenas de suministro responsables. Esta pretende obligar a las empresas europeas a cumplir con su debida diligencia en sus cadenas de suministro y sus relaciones comerciales, analizando los riesgos y llevando a cabo medidas para prevenir y reparar violaciones a los derechos humanos y estándares medioambientales. Las organizaciones abajo firmantes creemos que esta medida es una oportunidad importante para contribuir a evitar graves impactos que se dan en la producción de materias primas para el mercado europeo. Para lograr esto, es necesario que la regulación se aplique a toda la cadena de suministro, introduzca responsabilidad civil y que sea vigente para todas las empresas que operan en sectores de riesgo. En materia de derechos ambientales, el Acuerdo de Escazú da una pauta para la aplicación de la regulación a los sectores minero y agroindustrial. Por lo tanto, exhortamos a la Unión Europea a incluir los principios de este valioso acuerdo en la regulación.
La extracción de minerales como litio, cobre, oro o níquel así como los grandes monocultivos agroindustriales contribuyen enormemente a la destrucción de la biodiversidad en los países del sur global. Como consecuencia, muchas comunidades rurales e indígenas están perdiendo sus medios de subsistencia de manera acelerada. Además, estos megaproyectos causan conflictos sociales y graves violaciones a los derechos humanos. La organización Global Witness advierte cada año que una gran cantidad de personas defensoras de la tierra son asesinadas a raíz de conflictos relacionados con estos proyectos. En muchos casos, las empresas establecen proyectos extractivos y de monocultivos con el apoyo de redes de corrupción gubernamental y sin consultar debidamente a las poblaciones afectadas de manera previa, libre e informada. Cuando las comunidades afectadas protestan contra estos proyectos, estas son frecuentemente reprimidas violentamente por cuerpos de seguridad y criminalizadas por órganos del sistema judicial en estos países. Como organizaciones que trabajamos en la defensa de los derechos en estas comunidades, conocemos muy bien el dolor humano que estos conflictos generan.
La Unión Europea es uno de los consumidores más grandes de materias primas. Por lo tanto, como organizaciones ambientales y de derechos humanos tenemos claro que la Unión Europea tiene la responsabilidad de mitigar y prevenir estos impactos, promoviendo patrones de producción y consumo responsables y obligando a las empresas a cumplir con la debida diligencia medioambiental y de derechos humanos.
Es particularmente importante que la regulación se refiera y apoye a convenios internacionales que buscan alcanzar estos objetivos. Uno de estos instrumentos más innovadores es el Acuerdo de Escazú, que entró en vigor en América Latina y el Caribe en abril de 2021. El acuerdo regional tiene como objetivo garantizar el derecho a un ambiente sano y al desarrollo sustentable, fortaleciendo el ejercicio de los derechos de comunidades involucradas en conflictos medioambientales. Actualmente, el convenio ha sido ratificado ya por 12 países y tiene a su base en cuatro pilares centrales:
- el acceso a la información ambiental
- la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales
- el acceso a la justicia en asuntos ambientales
- la protección de personas defensoras de derechos humanos
Consideramos estos principios claves para promover la justicia ambiental en las cadenas de suministro y la producción de materias primas no solo en América Latina y el Caribe, sino también en países de otras regiones donde operan empresas extractivas y agroindustriales. El Acuerdo de Escazú y sus principios deben ser integrados en la lista de estándares internacionales que las empresas deben cumplir como parte de las medidas de debida diligencia prescritas en la regulación.
El cumplimiento de estos estándares debe ser condición mínima para que empresas europeas establezcan relaciones comerciales con empresas locales que operan minas, monocultivos, hidroeléctricas y otros megaproyectos. De esa manera, la Unión Europea apoyaría a los países latinoamericanos en sus esfuerzos de construir sistemas económicos más sostenibles y sociedades más democráticas. Finalmente, una referencia al Acuerdo de Escazú estaría en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y la Convención de Aarhus.
Atentamente,
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ORGANIZACIONES FIRMANTES
- Abogados Defensores de DDHH(Guatemala)
- Colectivo Wasi Pacha (Bolivia)
- Grupo de trabajo cambio climático y justicia (GTCCJ) (Bolivia)
- Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (Perú EQUIDAD) (Peru)
- Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales (Latinoamerica)
- Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)(Honduras)
- Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales (Colectivo CASA) (Bolivia)
- Germanwatch e.V. (Germany)
- Reacción Climatica (Bolivia)
- Institute for Global Peace Work (Tamera)(Portugal)
- Movimiento en Defensa del Valle de Tucabaca (Bolivia)
- Carrera de Biología, Universidad mayor de San Andrés (Bolivia)
- Bolivia Libre de Transgenicos (Bolivia)
- Consumidores Conscientes (Bolivia)
- NOAH Friends of the Earth Denmark (Denmark)
- Deutscher Caritasverband e.V. (Bermany)
- Universidad Mayor de San Andres UMSA (Bolivia)
- Asociacion para el Desarrollo de la Población afectada por el Nemagon (Costa Rica)
- Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (IDAMHO)
- European Environmental Bureau (Bolivia)
- Sub Central de cabildos indígenas del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure)(Bolivia)
- Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey (Bolivia)
- Territorios en Resistencia (Bolivia)
- Comunidad Indígena el Portón Roboré (Bolivia)
- Coordinadora Nacional en Defensa de Territorios Indígena Originarios Campesinos y Áreas Protegidas - CONTIOCAP (Bolivia)
- SOMOS SUR (Bolivia)
- Circolo Culturale "primomaggio" (Italia)
- Confederación Sindical de Comisiones Obreras (España)
- Guatebelga VZW (Belgica)
- SOLdePAZ.Pachakuti (Asturies)
- RED INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS RIDH (Suiza)
- Reds - Red de Solidaridad para la transformación social (España)
- Cafe Cortado (Germany)
- Nación Indígena Qhara Qhara (Bolivia)
- Plataforma en Defensa de las Áreas Protegidas De Abel Iturralde (Bolivia)
- Centro de Desarrollo Humano CDH (Honduras)
- Fundacion COMUNIDEC (Ecuador)
- Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES (Honduras)
- Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES (El Salvador)
- Resistencia Tucabaca Roboré (Bolivia)
- Fundacion RENICC (Nicaragua)
- Red nacional de Comunidades Afectadas por la Mineria Honduras - RENACAMIH
- Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras - FOSDEH (Honduras)
- Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) (Honduras)
- Asociacion Nayra Pacha (Bolivia)
- Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales - Colectivo CASA (Bolivia)
- RED NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL (Bolivia)
- Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika - FDCL (Germany)
- Oekumenisches Netz Rhein-Mosel-Saar/Ecumenical Network Rhine-Moselle-Saar (Germany)
- Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt e.V. ASW (Action for World Solidarity) (Germany)
- Asociacion de Comites de Vigilancia de Santa Cruz - ACOVICRUZ (Bolivia)
- Aid/Watch (Australia)
- Colectivo Madre Selva (Guatemala)
- Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública (Bolivia)
- Project on Organizing, Development, Education, and Research (PODER)(Mexico/Latin America)
- Otros Mundos Chiapas (Mexico)
- Zentrum für Mission und Ökumene - Nordkirche weltweit (Germany)
- INKOTA-netzwerk e.V. (Germany)
- Action Solidarité Tiers Monde (ASTM) (Luxembourg)
- Fundación Gaia Pacha (Bolivia)
- MISEREOR (Germany)
- Our Food Our Future (EUROPE)
- IM Swedish Development Partner (Sweden)
- Cora Network for Corporate Accountability (Germany)
- Campaña Minería Perú – "La riqueza se va, la pobreza se queda” (Germany)
- Earthworks (United States)
- CATAPA vzw (Belgium)
- Chico Mendes Alemania (Germany)
- Centro de Promoción y Educación Profesional Vasco de Quiroga(Mexico)
- Philippines Australia Solidarity Association (Australia)
- Reacción Climática (Bolivia)
- Centro de Informacion y Documentacion - CEDIB (Bolivia)
- Colectiva Feminista para el Desarrollo Local (El Salvador)
- Asociación comunitaria para el desarrollo SERJUS - ASERJUS (Guatemala)
- Movimiento Nacional Ambientalista Frente a la Mineria Industrial (Nicargua)
- SERR (United States)
- Centro de Derechos de Mujeres, CDM (Honduras)
- Comité de Unidad Campesina de Guatemala
- CENTRO DE INVESTIGACION Y SERVICIO POPULAR (Bolivia)
- FOS - socialistische solidariteit vzw (Belgium)
- TROCAIRE (Irlanda)
- Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos - UDEFEGUA (Guatemala)
- Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericano - IETI (Spain)
- Defensa y Conservacion Ecologica de Intag, DECOIN (Ecuador)
- Protection International (PI) (Global)
- International Movement of Catholic Agricultural and Rural Youth-MIJARC (Belgium)
- Escritores Contra el Cambio Climático (Honduras)
- Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA (Chile)
- TerraJusta (Bolivia)
- Instituto Alameda - Democracia y Desarrollo (Peru)
- Plataforma Internacional contra la Impunidad (Suiza)
- GegenStroemung – INFOE e. V. (Germany)
- Instituto de Permacultura de El Salvador
- PowerShift e.V. (Germany)
- Armenian Environmental Front Civic Initiative (Armenia)
- London Mining Network (United Kingdom)
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- The Andrew Lees Trust (United Kingdom)
- Vanguardia Torrijista (Panama)
- Asociacion para el Desarrollo Economico y Social de El Salvador - ADES
- Organización Comunal de la Mujer Amazonica (Bolivia)
- ASOCIACIONDE MUJERS DEFENSORAS DE LA VIDA (Honduras)
- SalvAide Canada
- Ökumenische Initiative Mittelamerika e.V. (Germany)
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- Red europea de Comités Oscar Romero (SICSAL-Europa)
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- WEED - World Economy, Ecology & Development - Germany
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- Deakin University (Australia)
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En noviembre del 2021, la empresa Elevar Resources de Guatemala, presentó de manera sigilosa un Estudio de Impacto Ambiental ante el Ministerio de Energía y Minas para operar en modalidad a cielo abierto la mina Cerro Blanco, ubicada en Asunción Mita, Guatemala, a escasos 6 kilómetros de la frontera con El Salvador.
Defensores ambientales han alertado que la mina es una amenaza grave que pone en peligro la vida, la salud, el medio ambiente y los derechos de las poblaciones de Guatemala y El Salvador, porque contaminaría la cuenca compartida del río Ostúa, lago de Guija y río Lempa, debido a las cantidades de metáles pesados (como el arsénico) y químicos (cianuro) que se liberan en el medio ambiente por la actividad minera.
En enero del 2017, la empresa canadiense Goldcorp anunció la venta de su proyecto minero Cerro Blanco a la empresa de capital de alto riesgo Bluestone Resources. Desde entonces, Bluestone ha logrado posicionar el proyecto efectivamente en la bolsa de valores de Toronto, Canadá, alcanzando un capital de 94 millones de dólares canadienses para explotar la mina, según el último reporte financiero emitido por la empresa en septiembre del año 2020.
Goldcorp, inició trabajos de exploración para una mina subterránea desde el año 2005. Sin embargo, un Estudio de Impacto Ambiental, que fue denunciado por organizaciones sociales por ser aprobado de manera irregular, no previó la presencia de aguas termales en la zona, lo que hizo imposible la explotación.
Hoy la amenaza de contaminación y afectaciones ambientales es mucho más grave. Bluestone pretende explotar la mina en modalidad cielo abierto, devastando el cerro y generando un cráter aproximado de 275 metros de profundidad. Ambientalistas argumentan que la empresa no ha presentado un mapa hidrológico de aguas termales de alto contenido de arsénico, que son el detonante de contaminación para las cuencas hidrológicas altas, medias y bajas que proveen de agua a las poblaciones de ambas naciones.
Bluestone Resources promociona la mina como el segundo yacimiento de oro más grande de Guatemala y mantiene una campaña agresiva de engaño y compra de voluntades en las comunidades.
Según Julio González, defensor ambiental y miembro del Colectivo Madreselva, la empresa minera esta obligada a realizar una consulta pública con las comunidades para informarles sobre el impacto que genera la minería a cielo abierto. Pero en lugar de la consulta se montó una exposición donde se brindan regalos a las personas que asisten y en donde la empresa se compromete a realizar una que otra obra en beneficio de las comunidades.
Un comunicado emitido el 27 de noviembre por la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES), lanza un energíco mensaje que exige frenar la mina guatemalteca Cerro Blanco por considerarla una amenaza ambiental para el país, los obispos de la iglesia católica señalaron que los principales ríos de El Salvador nacen en Honduras y Guatemala, como es el caso del río Lempa, que nace en el departamento guatemalteco de Chiquimula. El 15 de diciembre, en una conferencia de prensa conjunta, organizaciones de Guatemala y El Salvador denunciaron en la Ciudad de Guatemala la falta de transparencia administrativa en la adjudicación de licencias a la empresa Bluestone.
El proyecto Cerro Blanco, se desarrolla en una propiedad de 174 hectáreas ubicadas en el municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa, Guatemala - a 14 kilómetros de El Salvador, y opera a través de la subsidiaria Sociedad Entre Mares de Guatemala, S. A.
En el año 2004, la empresa presentó un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), para la exploración y explotación de oro al Ministerio de Energía y Minas de Guatemala (MEM), y fue denegado en dos ocasiones debido a deficiencias técnicas. Pero, según denuncias de organizaciones ambientales, en el año 2007, el MEM otorgó un permiso de exploración por 25 años de forma irregular, violentando así normas de derecho administrativo de la República de Guatemala y poniendo en riesgo la salud de comunidades en Guatemala y El Salvador debido a los posibles impactos ambientales generados por la mina.
Tanto el gobierno de Guatemala como el de El Salvador mantienen una política de persecución y hostigamiento a los defensores ambientales, de derechos humanos y organizaciones sociales, mientras facilitan el camino a empresas multinacionales para la explotación de los recursos naturales, sin priorizar las necesidades y derechos de poblaciones.
Asimismo, las instituciones de justicia mantienen un perfil bajo y alineado a la disposición de los gobiernos, es por esta razón que González manifiesta que “la justicia esta comprada, debemos hacer énfasis en el actuar de los ciudadanos para defender los derechos, ya no solo humanos sino constitucionales para detener esos impactos que son irreversibles”, consideró.
El ambientalista es firme cuando dice que se mantendrán vigilantes ante las anomalías de este nuevo Estudio de Impacto Ambiental y que no permitirán que se retomen las actividades mineras en el lugar. Asegura que acudirán a las instancias que sean necesarias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Hace un llamado a las poblaciones y comunidades de ambos países a prestar atención y defender los derechos humanos y proteger el medio ambiente, ya que estos daños que se ocasionarán en los recursos naturales y en las personas serán irreversibles.
González manifiesta que se ha librado una lucha de oposición de 14 años a este proyecto porque cualquier intervención minera es un impacto ambiental que destruye ecosistemas, genera desplazamiento de poblaciones y aumenta los niveles de arsénico y químicos que se utilizan en el proceso de explotación, lo que provoca enfermedades crónicas como el cáncer, enfermedades respiratorias e insuficiencia renal en las poblaciones.
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