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El cultivo de la caña de azúcar genera males colectivos que siguen sin ser atendidos por las autoridades gubernamentales de los países de Centroamérica. Recién finaliza la zafra en El Salvador y el recuento hecho por las comunidades y organizaciones sociales y ambientales reflejan datos alarmantes en cuanto a contaminación y explotación excesiva de fuentes de agua, riesgo por enfermedades crónica y contaminación ambiental.
Mientras los países de primer mundo venden la idea del mercado azucarero como una buena oportunidad e incentiva a la región centroamericana a expandir sus producciones a estos cultivos. Sin embargo, no dicen las consecuencias que deja a las poblaciones el cultivar la azúcar amarga.
Según datos de una investigación de mercado ejecutado por la CentralAmericaData en Centroamérica, Guatemala y El Salvador son los países con mayor producción de azúcar y por ende los más afectados por las malas prácticas que implementa esta industria.
Los representantes de organizaciones sociales y ambientales que acompañaron, en conferencia de prensa, a líderesas y líderes comunitarios para denunciar la expansión descontrolada de cañales que ocupan cada vez más territorio y la extracción de agua, dejando a las comunidades en relegadas y sin el vital líquido.
Otra de las problemáticas denunciada son los riegos aéreos con agroquímicos tóxicos que ponen en riesgo la vida de las poblaciones colindantes. Según los denunciantes el aire hace que el veneno se extienda en las casas de habitación y en los cultivos o huertos caseros, lo que les esta provocando serios problemas de salud e intoxicación.
Los productores de la caña aplican fertilizantes, fungicidas y herbicidas en grandes cantidades. Entre los productos comúnmente usados están: el paraquat 2 4D, Actara 25-WG, Jade 23, Benomyl y Carbendazium; pero el que más se utiliza en El Salvador es el Glifosato, que se usa como herbicida y también como madurante, el cual lo aplican unos 20-25 días antes de la cosecha a través de medios aéreos.
Los incendios descontrolados por la quema de la caña también se han vuelto un riesgo para las poblaciones que viven en las comunidades aledañas a los cultivos, ya que lo único que separa las viviendas de las quemas de caña son unos cercos de alambre.
Durante el 2021 en los meses de enero a abril sucedieron 44 incendios forestales que afectaron más de 800 hectáreas de territorio y según el Ministerio de Gobernación, el 95% de dichos incendios son provocados. Solo en la zona costero marina de El Salvador existen aproximadamente 36 mil hectáreas cultivadas con caña y utilizan 205 millones de metros cúbicos de agua.
Todos estos impactos han sido denunciados, reiteradamente por comunidades afectadas, por organizaciones ambientalistas y de derechos humanos. Sin embargo, este tipo de prácticas que afectan los derechos de la población, continúan con total impunidad, por lo que nuevamente, en el marco de la finalización de la zafra 2021 / 2022 las organizaciones y comunidades incorporadas en la campaña “Azúcar Amarga” exigen al gobierno prohibir el uso de agrotóxicos, así como la aplicación de la ley ante el delito de quema en los cultivos de caña de azúcar, regular y controlar los usos del agua para garantizar el consumo humano, y frenar la expansión de este monocultivo que tanto afecta a la población en general.
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Cada año, al concluir la zafra, la agroindustria azucarera anuncia, con aires de grandeza, un incremento en la producción de azúcar. La cosecha 2018 / 2019 mostró un incremento del 4.6% en relación al periodo anterior. De igual manera, la cosecha 2019 / 2020 cerró con un nuevo récord en el que se produjo un total de 17.9 millones de quintales de azúcar; en el periodo 2020 / 2021 fue de 17.04 millones y en la zafra 2021 / 2022, que concluyó el pasado mes de abril, se produjo 17.5 millones de quintales de azúcar.
Además, la última cosecha produjo 53.9 millones de galones de melaza, con lo cuál los productores de caña y especialmente los ingenios azucareros obtienen ganancias millonarias; no obstante, la bonanza económica de este sector, contrasta con la realidad de las poblaciones aledañas a los campos en los que se desarrolla el monocultivo y con la vida de las y los trabajadores en él.
Las comunidades que habitan en las regiones circundantes a los cañales, son poblaciones empobrecidas, en condición de vulnerabilidad a quienes se les transgrede el derecho a la salud, agua y medio ambiente sano, que han sufrido por largos años los graves impactos del monocultivo de la caña de azúcar a partir de quemas, aplicación de químicos tóxicos y la contaminación del suelo y agua.
Los productores de la caña aplican fertilizantes, fungicidas y herbicidas en grandes cantidades. Entre los productos comúnmente usados están: el paraquat 2 4D, Actara 25-WG, Jade 23, Benomyl y Carbendazium; pero el que más se utiliza en El Salvador es el Glifosato, que se usa como herbicida y también como madurante. Se aplica unos 20-25 días antes de la cosecha generalmente a través de medios aéreos que además son ineficientes.
Las malas prácticas mencionadas han sido denunciadas y algunas están prohibidas, pero se han mantenido generado, entre otros males, una epidemia de insuficiencia renal crónica. El padecimiento y las muertes por esta enfermedad aumentan en la proximidad a las zonas agrícolas donde se aplican los agroquímicos, especialmente en los cultivos de la caña de azúcar y la cantidad de enfermos y muertos por esta enfermedad va en aumento cada año. A pesar de la gravedad de este fenómeno, el Estado, por negligencia o incapacidad, no ha logrado decretar una prohibición de los agroquímicos.
Con respecto a la quema de los cañales, además de daños a la salud, tiene altos costos ambientales como el deterioro del suelo, la destrucción de biodiversidad, la alteración del microclima, la contaminación y la generación de gases de efecto invernadero. En 2021, solo durante los meses de enero a abril sucedieron 44 incendios forestales que afectaron más de 800 hectáreas de territorio y según el Ministerio de Gobernación, el 95% de dichos incendios son provocados. Por otra parte, cultivar caña y producir azúcar requiere un elevado uso de agua.
La caña se produce en la época más calurosa y seca del año y los cultivos dependen en gran medida de la irrigación, lo que agota los suministros de agua para los pequeños productores y comunidades locales. Solo en la zona costero marina de El Salvador existen aproximadamente 36 mil hectáreas cultivadas con caña y utilizan 205 millones de metros cúbicos de agua. Todos estos impactos han sido denunciados, reiteradamente por comunidades afectadas, por organizaciones ambientalistas y de derechos humanos; sin embargo, este tipo de prácticas que afectan los derechos de la población , continúan con total impunidad, por lo que nuevamente, en el marco de la finalización de la zafra 2021 / 2022, las organizaciones y comunidades incorporadas en la campaña “Azúcar Amarga” exigimos al gobierno prohibir el uso de agrotóxicos, así como la aplicación de la ley ante el delito de quema en los cultivos de caña de azúcar, regular y controlar los usos del agua para garantizar el consumo humano, y frenar la expansión de este monocultivo que tanto afecta a la población en general.
¡¡Otra agricultura es posible, sin monocultivos, ni agroquímicos!!
Campaña Ciudadana “Azúcar Amarga”
San Salvador, 06 de mayo de 2022
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El día internacional de la Tierra, 22 de abril, el lago de Guija, en la frontera de El Salvador y Guatemala, se volvió el punto de encuentro de dos pueblos que mantienen una lucha permanente por la defensa del agua y el lugar donde hicieron un llamado de atención para que se garantice la conservación y protección de los afluentes hídricos que dan la vida a cientos de comunidades en ambos lados de la frontera.
Las Organizaciones ecológicas de El Salvador y Guatemala realizaron en conmemoración del Día de la Tierra, una marcha acuática para denunciar la contaminación de afluentes trasfronterizos causada por la mina a cielo abierto Cerro Blanco que se desarrolla en una propiedad de 174 hectáreas ubicadas en Asunción Mita, departamento de Jutiapa, Guatemala, a 14 kilómetros de El Salvador.
Los defensores ambientales recorrieron en lancha el lago de Guija para demandar a las autoridades de ambos países centroamericanos frenen la minería a cielo abierto que genera una cadena de contaminación en las cuencas compartidas iniciando en el río Ostúa tributario del lago de Guija que a su vez alimenta al río Lempa.
El pasado 21 de noviembre, la empresa Elevar Resources, subsidiaria de Bluestone en Guatemala, entregó al Ministerio de Medio Ambiente una actualización del Estudio de Impacto Ambiental 2007 (EIA-329-2007) solicitando se le autorice convertir la mina subterránea a minería a cielo abierto. Pero, organizaciones ambientalistas señalan que la minería a cielo abierto es una de las industrias más contaminantes del planeta y peligrosa para la salud humana.
Esta extracción pone en riesgo los afluentes hídricos de ambos países por la liberación de metales pesados como el arsénico, que a su vez pone en riesgo la vida de las familias en las comunidades.
Julio González activista del Colectivo Madre Selva asegura que es necesario que los gobiernos se comprometan a proteger el medio ambiente, especialmente el agua que está amenazada por la industria extractiva que es altamente contaminante.
“Se está alentando y permitiendo que se puedan desarrollar más proyectos mineros, en el caso de la mina Cerro Blanco esta es un contaminante tanto para Guatemala como para El Salvador”, dijo.
La empresa Elevar Resources, subsidiaria de la canadiense Bluestone Resources, pretende incrementar la extracción de 1000 toneladas diarias de material a procesar a 10,952 toneladas diarias y de extraer 3.31 millones de toneladas de material en túnel de 73.4 km a extraer 144.8 millones de toneladas en tajos con una profundidad de hasta 370mt y 1200mt de largo.
Todo este material posteriormente se convierte en desechos tóxicos que se depositan en cerros y que eventualmente generará drenaje ácido que contaminan las aguas, el suelo y el aire y son dañinos para la salud de las familias en las comunidades.
Todos estos efectos traerán desplazamiento, pobreza, enfermedades, y conflictividad, pero también la actividad económica de la mina, con los 500 trabajadores que pondrán para la construcción, traerá prostitución, trata y violencia para las mujeres de las comunidades.
Las familias que viven en la comunidad Las Cuevitas en Metapán, El Salvador, a las orillas del lago de Guija aseguran sentirse preocupadas pues la contaminación que ya presenta el lago es un problema que afecta sus tareas diarias y las actividades mineras en el vecino país de Guatemala incrementarían aún más los niveles de contaminación.
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Cada 22 de abril se celebra “el Dia Mundial de la Tierra” con el objetivo era crear una conciencia global sobre los problemas socio ambientales del planeta como la sobrepoblación, la contaminación, la destrucción de la biodiversidad y el cambio climático que ponen en riesgo la supervivencia de los seres humanos. Este es un día para reconocer a la Tierra como nuestra casa común, como la madre que nos da vida a través de una íntima interdependencia entre la naturaleza y los seres vivos que la habitamos.
En ningún país del continente americano es tan necesario reconocer esta interdependencia como en El Salvador: el estado con el territorio más pequeño, con la taza de densidad poblacional más alta, con limitadas reservas forestales, con la menor accesibilidad de agua per cápita en la región centroamericana y con mas del 90% de aguas superficiales contaminadas por la industria y la actividad humana. A esto se añade la vulnerabilidad territorial debido a la intensa actividad sísmica y a su ubicación en el corredor seco de Centroamérica, que lo convierte uno de los países más susceptibles a los embates del cambio climático.
Esta crisis ecológica que se agudiza cada día, se vuelve el trasfondo de una sociedad que aspira a vivir en un sistema político democrático basado en el estado de derecho, pero que vive en una crisis socio-económica crónica causada principalmente por las demandas de un sistema económico extractivo que requiere gobiernos dóciles a las demandas de las grandes corporaciones para transformar los recursos naturales en productos de consumo para el mercado global.
En ese sentido, ningún gobierno de la posguerra ha logrado generar el tipo de transformación estructural necesaria para que El Salvador pueda buscar la vía de la sustentabilidad ambiental que garantice la vida de las futuras generaciones. Sucesivos gobiernos, a partir de los acuerdos de paz de los 90s, han fallado en erradicar los problemas de corrupción, pandillas, inmigración, pobreza, y la progresiva degradación ambiental del país. Tampoco han logrado implementar un estado de derecho con instituciones públicas independientes que respondan principalmente a los intereses de la ciudadanía.
Por su parte el gobierno actual ha retornado a las prácticas antidemocráticas del pasado: instrumentalizando a las instituciones castrenses que regularmente toman acciones para restringir los derechos de la población, desmantelando la frágil institucionalidad democrática del país, atacando a la libertad de prensa y la libertad de organización e implementando medidas económicas que han resultado en un mayor endeudamiento del país y un mayor despojo de nuestros recursos naturales.
Minería transfronteriza una amenaza inminente para el país
Una de las amenazas más inmediatas a la sobrevivencia de nuestro medio ambiente es la contaminación que podría ser causada por la minería transfronteriza. A pesar que la minería metálica esta prohibida a nivel nacional desde abril del 2017, en las zonas transfronterizas de Honduras y Guatemala existen más de 50 áreas de interés minero que podrían desarrollarse y contaminar las principales fuentes de agua para los salvadoreños.
El proyecto más avanzado que amenaza con contaminar la cuenca del rio Lempa que abastece de agua a dos terceras partes de la población del Gran San Salvador es la mina Cerro Blanco, de la empresa canadiense Bluestone Resources.
El pasado 21 de diciembre, la empresa Elevar Resources, subsidiaria de Bluestone en Guatemala, entregó al Ministerio de Medio Ambiente una actualización del Estudio de Impacto Ambiental 2007 (EIA-329-2007) solicitando se le autorice convertir la mina subterránea a minaría a cielo abierto. La minería a cielo abierto es una de las industrias más contaminantes del planeta y peligrosa para la salud humana.
En esa ocasión, las comunidades organizadas y organizaciones ambientalistas de Guatemala y El Salvador alertamos sobre este nuevo intento del proyecto minero Cerro Blanco de manipular las leyes ambientales de Guatemala para evitar realizar todo el debido proceso que implica, entre otras cosas, la realización de una consulta amplia en las comunidades que se verían directamente afectadas por este cambio.
La magnitud de los cambios propuestos por la empresa es extrema: desde procesar 1000 toneladas diarias de material a procesar 10,952 toneladas diarias y de extraer 3.31 millones de toneladas de material en túnel de 73.4 km a extraer 144.8 millones de toneladas en tajos con una profundidad de hasta 370mt y 1200mt de largo. Todo este material posteriormente se convierte en desechos tóxicos que se depositan en cerros y que eventual generará drenaje ácido que contaminan las aguas y polvos que son dañinos para la salud. Todos estos efectos traerán desplazamiento, pobreza, enfermedades, y conflictividad, pero también la mina con los 500 trabajadores que pondrán para la construcción, traerá prostitución, trata y violencia para las mujeres de las comunidades.
Como organizaciones sociales de Guatemala, El Salvador, comunidades de Metapán y Asunción Mita, hemos expresado nuestra preocupación ante la posibilidad de que el Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala considere suficiente la “actualización” del Estudio de Impacto Ambiental presentada, pero hasta la fecha no hemos tenido una respuesta oficial por parde de las autoridades. En Salvador también hemos denunciado la falta de iniciativa por parte del gobierno para retomar con carácter de urgencia una comisión binacional al más alto nivel para trabajar en un Tratado Regional de Aguas Transfronterizas que busque la protección de cuencas compartidas.
Este Dia de la Tierra reunidos en el lago de guija para protestar los impactos de la Mina Cerro Blanco, instamos a las autoridades gubernamentales de el salvador y Guatemala a reflexionar sobre la necesidad de transformar la relación que nuestras sociedades tienen con su entorno natural y la necesidad de implementar leyes que exijan la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades económicas extractivas que destruyen nuestro medioambiente, así como el pago justo de los impuestos y fianzas por parte de las empresas, respetando los procesos de consultas públicas y el derecho de las comunidades a decir no a proyectos de muerte.
Llamamos a la población de El Salvador y Guatemala a exigir el cierre definitivo del proyecto minero Cerro Blanco, que en 14 años de operación ha contaminado con arsénico y metales pesados el río Ostúa tributario del lago de Guija y el río Lempa, violentando el derecho humano al agua, al ambiente sano, a la vida y la salud de la población de Asunción Mita, las comunidades de Metapán que viven en la ribera del lago de Guija y a los más de 3 millones de salvadoreños y salvadoreñas que dependen del río Lempa.
¡El agua es vida, fuera empresas mineras de nuestras fronteras!
San Salvador, 22 de abril de 2022
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Cinco años han pasado desde que El Salvador declaró el territorio libre de minería metálica y aunque los proyectos de extractivismo se detuvieron durante este periodo, nuevamente se denuncia el riesgo de que puedan resurgir, pese a tener una ley de prohibición.
Durante los cinco años de prohibición, las organizaciones aglutinadas en la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica han mantenido una campaña permanente para que el Estado salvadoreño desarrolle las normativas necesarias para la aplicación de la ley y que salde las deudas pendientes con la población salvadoreña, sin que hasta hoy se haya logrado algún avance.
Deudas pendientes de compensación
La lucha social contra las empresas mineras, no terminó con la aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador aquel histórico 29 de marzo de 2017, fue apenas un paso para frenar la amenaza del extractivismo minero en el país.
Las empresas mineras saquearon los bienes minerales del subsuelo salvadoreño, durante poco más de un siglo sin asumir ninguna responsabilidad por los impactos negativos ocasionados al medio ambiente y la salud de las personas; una responsabilidad que hoy debe asumir el Estado. Las deudas pendientes de compensación se enlistan en:
- Pendiente quedan la justicia y reparación para los familiares de las víctimas de la violencia minera en el departamento de cabañas.
- Pendiente de aplicar cierres técnicos de minas que frenen la contaminación del agua y los suelos causados por 15 minas abandonadas en el oriente del país
- Pendientes procesos de remediación ambiental en las comunidades afectadas por la explotación de minas, particularmente las afectaciones en la comunidad San Sebastián, en Santa Rosa de Lima, que desde hace más de una década sufre los impactos del drenaje acido causado por la mina del mismo nombre.
- Pendiente la conversión de la minería artesanal y la creación de condiciones y alternativas idóneas para que las familias que residen en los cantones de San Sebastián y Santa Rosa de Lima subsistan de actividades económicas alternativas.
Protección de aguas transfronterizas
En el quinto aniversarios de la prohibición, las organizaciones aglutinadas en la Mesa Contra la Minería Metálica también hicieron un llamado al gobierno de El Salvador para que haga uso de los tratados y convenios internacionales para denunciar la amenaza de contaminación del lago de Guija y el rio Lempa ante los avances del proyecto minero a cielo abierto Cerro Blanco, ubicado en Asunción Mita, Guatemala.
La empresa canadiense Bluestone Resources anuncio que el proyecto tiene el visto bueno del gobierno guatemalteco y que espera explotar 2.4 millones de onzas de oro y 10 millones de onzas de oro en un período de 11 años. Según ha declarado el presidente de la empresa, Jack Lundin, “Cerro Blanco” se convertirá en la mayor productora de oro de Centroamérica.
Para evitar la contaminación transfronteriza que amenaza al país, La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador-MNFM, junto a otros espacios ambientales han propuesto al gobierno que lidere la negociación de un Tratado de Aguas Transfronterizas, pero a la fecha la cancillería salvadoreña no ha tomado con la suficiente seriedad la problemática. Según un estudio realizado por el Centro de Investigación sobre Inversiones y Comercio, existen más de 40 concesiones mineras que amenazan al país en las fronteras de Honduras y Guatemala.
En el quinto aniversario de la prohibición, ambientalistas también demandaron que la prohibición minera se eleve a un rango constitucional y denunciaron la adhesión del Estado salvadoreño al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible- IGF, una institución financiada por el gobierno canadiense para promover sus empresas mineras a nivel internacional.
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