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Sin mayor análisis ni discusión y con la aprobación y apoyo de 65 votos los parlamentarios en El Salvador aprobaron la Ley General del Recurso Hídricos que a todas luces agrede los derechos humanos de las familias más vulnerables en el país.
La ley aprobada con los votos de los partidos Nuevas Ideas, PCN, PDC, GANA y Nuestro Tiempo, favorece a proyectos de carácter privado con la sobre explotación del bien público al conceder 15 años de permisos renovables para la extracción, a costa de la posible escasez que estos puedan generar en las comunidades.
Asimismo, condena a los sistemas comunitarios de agua los cuales funcionan sin fines de lucro, a pagar impuestos por el uso de los sistemas comunitarios que han sido gestionados por las mismas comunidades para auto abastecerse del vital líquido, ante la incapacidad del estado de hacerles llegar el servicio.
En El Salvador existen más de 2500 juntas de agua potable rurales y urbanas que abastecen casi al 25% de la población salvadoreña; donde el estado se encuentra históricamente ausente, por lo que la necesidad ha obligado a que el abastecimiento rural sea asumido por las propias comunidades, con apoyo de las ONG y cooperación internacional.
La ley del agua abre las puertas para la explotación privada, incluso en aquellas áreas catalogadas como protegidas y establece en el artículo 71 de la ley, la autorización del uso del agua a sectores privados en cantidades iguales o mayores a 365,000 metros cúbicos de agua al año por 15 años renovables, sin un techo de uso ni estudio de impacto ambiental adecuado. El uso indiscriminado de estas grandes cantidades de agua socava el uso prioritario para el consumo humano doméstico, y genera condiciones para violaciones al derecho humano al agua de la población y en especial de poblaciones vulnerables.
La nueva ley, lejos de ordenar y dar respuesta la crisis hídrica que existe en el país, sigue obedeciendo el interés del presidente de la República de generar mayores posibilidades para grandes proyectos de carácter privado y extractivo, como la construcción y monocultivos, a expensas del interés público representado por los sistemas comunitarios de agua.
La Ley, tampoco desarrolla o promueve la gestión sustentable de cuencas a nivel nacional, ni toma medidas encaminadas a su protección y conservación y pesar que el Río Lempa, la reserva estratégica acuífera más importante del país y que se encuentra en crisis. Según ambientalistas, la ley debería tener claro un Régimen de Administración Especial para el Río Lempa, y un Sistema de Planificación Hídrica que tome en cuenta las amenazas transfronterizas amenaza las principales cuencas del país.
Durante una conferencia de prensa las organizaciones sociales y ambientales aglutinadas en la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, El Foro del Agua, La Mesa de Iglesias y la Universidad Centroamericana hicieron un llamado a la población salvadoreña a no dejarse engañar, ya que la ley del agua es una manipulación que deja a un lado 15 años de lucha por el derecho humano al agua y se enfoca únicamente en dar paso a la privatización del bien público.
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El día 21 de diciembre del presente año, la bancada oficialista de la Asamblea Legislativa en un madrugón aprobó la Ley General de Recursos Hídricos. Ante ello, el Foro del Agua, la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, la Mesa de las Iglesias y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, señalamos sobre dicha Ley:
La Ley continúa perjudicando a las Juntas de Agua Rurales y Urbanas. Esta mantiene el espíritu con que fue presentada en junio pasado por el presidente de la República, es decir una Ley que profundiza la injusticia hídrica. Entre los mecanismos que generan esta injusticia es el cobro del canon a las Juntas de Agua Rurales y Urbanas y que el uso para el abastecimiento de poblaciones no se considera como prioritario.
En El Salvador existen más de 2500 juntas de agua potable rurales y urbanas que abastecen casi al 25% de la población salvadoreña; esta es una obligación del Estado que históricamente ha sido abandonada, por lo que la necesidad ha obligado a que el abastecimiento rural sea asumido por las propias comunidades, con apoyo de las ONG y cooperación internacional.
Si bien la Ley reconoce de manera nominal a las Juntas, no se crea la figura del Permiso de Abastecimiento de Poblaciones Rurales y Urbanas, por medio del cual se pretendía que, en virtud de la función social sin finalidad lucrativa de las Juntas de Agua, la extracción del agua por parte de estas estuviera exento del canon. En consecuencia, al no incorporar esta figura, las Juntas estarán obligadas al pago del canon, lo que podría generar un incremento en las tarifas de las personas de estos sistemas comunitarios, siendo las personas más empobrecidas del país.
Si bien la Ley regula como uso prioritario el uso doméstico y el uso para consumo humano, no incluye el uso para abastecimientos de poblaciones. Los dos primeros son para satisfacer las necesidades básicas familiares de ingesta, aseo personal, limpieza, incluyendo el abrevadero de animales domésticos que no constituya una actividad comercial o lucrativa; mientras que, el uso de abastecimiento de poblaciones es el uso colectivo y sin fines de lucro para abastecer de determinada cantidad y calidad a las comunidades. En este último entran las Juntas de Agua. En consecuencia, al no incorporar el uso de abastecimiento de poblaciones como prioritario en el artículo 63 de la Ley, esto generaría que, por ejemplo, en un conflicto entre el abastecimiento de poblaciones y uso industrial, se corra el peligro que se priorice en el industrial.
No resuelve la injusticia que generan los Convenios suscritos por ANDA y empresas constructoras. Otro de los mecanismos que genera injusticia hídrica, y favorece el robo y despojo son los convenios entre ANDA y las oligarquías de la industria de la construcción. Este Gobierno continúa suscribiendo convenios entre ANDA y las oligarquías de la construcción, mediante los cuales les entrega agua en concesión para el abastecimiento de sus proyectos urbanísticos, generando con ello escasez en poblaciones empobrecidas; como casos duros de estas prácticas tenemos los Convenios suscritos por ANDA con la Familia Dueñas y
la Familia Poma mediante los cuales asigna inconstitucionalmente más de 25 millones de litros de agua al día. Con esta agua ANDA podría abastecer a medio millones de personas, terminando con el desabastecimiento y la injustica en municipios empobrecidos de Apopa, Tonacatepeque, Cuscatancingo, Soyapango, Ilopango y San Martín.
Esta Ley no resuelve estas injusticias, porque en el contenido de esta no se determina que la ANDA estará obligada en transparentar ante la ASA los convenios vigentes de cooperación con empresas constructoras, tomando en cuenta que la ASA debería ser la encargada de revisar dichos permisos y la competente en tramitar nuevas autorizaciones para el aprovechamiento de conformidad al procedimiento respectivo; además, en el orden prioritario para el uso y aprovechamiento del agua, los grandes proyectos urbanísticos, por su finalidad lucrativa, deben estar al mismo nivel que el uso industrial y comercial, esto se debería establecer expresamente en el cuerpo normativo para que no se priorice el abastecimiento de estos proyectos como uso para necesidades primarias, como se ha hecho hasta la fecha.
Tampoco resuelve la injusticia que se genera en el territorio marino costero del país. La explotación ilegal que realiza la agroindustria azucarera en la zona costera, quienes se escudan en la debilidad estructural que enfrenta el MAG para regular el uso del agua para riego agrícola, causa que la oligarquía azucarera (encabezada por la Familia Regalado) pueda usar libremente toda el agua superficial y subterránea de los territorios costeros, teniendo o no permisos y pagando una miseria por el uso del agua. Sin embargo, esta Ley no busca el fortalecimiento de la institucionalidad y el MAG.
Niega la participación ciudadana. Esta Ley crea una institucionalidad burocrática, vertical y centralizada porque sigue negando la participación ciudadana al no reconocer los Comités de Cuencas.
Esta Ley es genérica al no tratar de resolver la situación de crisis en el país. No desarrolla una gestión sustentable de cuencas a nivel nacional, ni medidas encaminadas a su protección y conservación y pesar que el Río Lempa es la reserva estratégica acuífera más importante del país y que se encuentra en crisis, esta no otorga un Régimen de Administración Especial para este Río; y no aborda con detalle el Sistema de Planificación Hídrica, ni las amenazas transfronterizas que pueden impactar en la cuenca de este río.
Es una ley que privatizara el agua en El Salvador. Según el Art. 71 de la ley, la ASA autorizará el uso del agua a sectores privados en cantidades iguales o mayores a 365,000 metros cúbicos de agua al año por 15 años renovables lo que implicaría que estas grandes cantidades de agua no estarían disponibles para usos prioritarios como el consumo humano doméstico, violentando el derecho humano al agua de la población y en especial de los más pobres y vulnerables.
Como organizaciones sociales continuaremos en la exigencia de una Ley General de Aguas que garantice la sustentabilidad y el derecho humano a la población, por encima de los intereses de cualquier grupo oligárquico del país.
San Salvador, 22 de diciembre de 2021.
¡El agua no se vende, se cuida y se defiende!
¡El agua es un derecho, no una mercancía!
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COMUNICADO
PROYECTO CERRO BLANCO EN ASUNCIÓN MITA, GUATEMALA ES TÓXICO PARA EL MEDIO AMBIENTE, LAS PERSONAS Y LA SOCIEDAD
Desde el año 2007, hace 14 años ENTREMARES S.A. obtuvo la licencia de explotación del proyecto minero Cerro Blanco, gracias a los favores recibidos de parte del ministerio de Ambiente y Recursos Naturales que le aprobó un pésimo estudio de impacto ambiental, a pesar de que el equipo de Gestión ambiental del Ministerio, lo rechazo en dos ocasiones por las inconsistencias y falta de información donde aseguraban que no habría impactos al ambiente y a la población.
14 años después se han acumulado una serie de impactos que ponen en riesgo el agua, el ambiente, y la salud de los habitantes de Asunción Mita. El daño alcanza también a la población salvadoreña al contaminar la cuenca media del Rio Lempa lo que afectaría a más de 6 millones de salvadoreños.
Las ilegalidades y abusos cometidos por Entremares S.A. y su fracasado proyecto minero Cerro Blanco, nunca pudieron extraer un gramo de oro, por causa del pésimo Estudio de Impacto Ambiental, que le fue aprobado fraudulentamente por el Ministerio de Ambiente, para que el Ministerio de Energía y Minas les aprobara la licencia de explotación minera, y protegiera los intereses de un proyecto fracasado durante 14 años.
Luego Entremares S.A. se asoció con Gold Corp, empresa canadiense que al darse cuenta de que el proyecto minero era un fracaso anuncio en 2013 que vendería sus acciones, Así Entremares S.A. se quedó solamente protegido por el MEM que les mantuvo vigente la licencia de explotación inventando que la mina estaba en fase de mantenimiento, situación no prevista en la ley de Minería, a pesar de que el MEM debió haber cancelado esta licencia en 2010, pues la ley de Minería ordena que si la empresa en 2 años no ha extraído material y no ha tributado al Estado, debe ser cancelada y cerrada, pues lo único que ha extraído Cerro blanco durante 14 años es un gran volumen de agua termal, rica en arsénico y otros metales, causando graves impactos sociales y ambientales en el territorio de Asunción Mita.
Ahora ENTREMARES S.A. aprovechando que el Ministerio de Energía y Minas incumplió la ley y sus deberes al no cancelarles la licencia de explotación, les dio tiempo necesario para que la empresa Gold Corp pudiera vender los derechos mineros a una empresa canadiense BLUESTONE RESOURCES, que pretende continuar con el Proyecto Cerro Blanco cambiando la metodología de minería subterránea de túneles, por una minería a cielo abierto o tajo abierto, que es mucho más destructiva y cuyos daños al ambiente y al agua son irremediables e irreversibles.
La mina cerro blanco no solo no fue aprobada legalmente, sino que además incumplió con la ley en 2007, al no informar ni consultar debidamente a los vecinos de Asunción Mita sobre los graves impactos a la vida, al agua, a la salud y al ambiente y tampoco dimensiono los impactos más allá de la frontera pues la contaminación se extenderá hacia la cuenca baja del río lempa afectando a millones de salvadoreños. No podemos permitir que se repita la violación continuada del derecho a la información y consulta a los vecinos.
La mina Cerro Blanco en 14 años de fracaso, ha causado la contaminación de la Cuenca Ostúa – Guija – Lempa, afectando y poniendo en riesgo a las poblaciones de Guatemala y El Salvador, también ha contribuido al secamiento de fuentes de agua como es el caso de las aldeas Trapiche Vargas y el Tule, reduciendo la humedad de la capa freática y obligando a profundizar los pozos artesanales para poder acceder al agua, con una minería a tajo abierto, se desequilibran las aguas termales y contaminaran las aguas subterráneas, los pozos se secaran y las aldeas cercanas no podrán acceder al agua, lo que causaría daños a la agricultura y principalmente a la salud de las personas.
La Nueva empresa que recién se cambió el nombre de Entremares S.A. a ELEVAR RESOURCES está tratando de comprar la voluntad de las comunidades cercanas, con ofrecimientos de carreteras, pintura de escuelas, ofreciendo trabajo igual como hizo en 2007 y después al fracasar su proyecto, despidió a la gente de las aldeas incumpliendo sus promesas, muchos trabajaron sin prestaciones laborales, otros tuvieron accidentes y fueron despedidos sin atención médica, ahora esos trabajos técnicos son para otros que no son de las comunidades.
BLUESTONE RESOURCES, aun no cuenta con la licencia ambiental y el Ministerio de ambiente no les ha exigido como nuevos dueños la presentación de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental, como corresponde sino que lo presentan como una actualización del pésimo y fracasado estudio que nunca les permitió trabajar, lo cual pone en riesgo el patrimonio y la vida de las personas de Asunción Mita, Jutiapa, esto sería un acto criminal pues no han informado debidamente a la población y a sus autoridades para reflexionar y enterarse de los peligrosos impactos que trae la minería a cielo abierto para el presente y futuro del municipio, lo que amerita en base a nuestras leyes y al Código Municipal vigente que los vecinos decidan libremente y a conciencia si están de acuerdo o no con este proyecto que pone en grave peligro la vida, el agua, el territorio, la Biodiversidad, la salud y el futuro de las nuevas generaciones de Asunción Mita y El Salvador.
La empresa pretende con ofrecimientos de proyectos, becas y trabajos disfrazar una verdadera consulta y simular que se consultó debidamente a los vecinos, si la gente no está informada ni conoce verdaderamente los graves daños a la tierra, al agua, a la biodiversidad y a la vida de las personas, no está en condiciones de ejercer su libre determinación, por lo que se hace necesaria y urgente la realización de una consulta de vecinos, para informar y consultar debidamente a todos los habitantes de Asunción Mita, fundamentada la Constitución Política de la República y en el Código Municipal vigente.
La empresa ELEVAR RESOURCES pretende llevarse 2,400,000 onzas de Oro, a $ 1,804.09 dólares la onza. Que equivale a un total de $ 4,329,816,000.00 más 10 millones de onzas de plata que equivalen a $ 220,000,000.00 que sería su ganancia real, mientras el Estado percibiría en 10 años en impuestos y regalías apenas Q. 25,000.000.00 y a la Población de Asunción Mita solamente le quedaran, el ambiente degradado, tierras estériles y destruidas, agua contaminada de por vida por el drenaje ácido de Mina, fuentes de agua secas, ríos y lagos contaminados, y un conflicto binacional con El Salvador por dañar las aguas compartidas, además de los daños a la salud a la población de Asunción Mita y El Salvador por riesgo de padecimientos como el Hidroarsenisismo Crónico Regional Endémico -HACRE- y otras enfermedades asociadas a la minería, enfermedades de la piel, renales y cáncer, así que debemos decidir y valorar que, si bien EL ORO TIENE PRECIO, LA VIDA NO.
Ante esta situación
Llamamos a la población de Asunción Mita, a rechazar esta maniobra de la empresa BLUESTONE RESOURCES – ELEVAR RESOURCES que pretende engañar otra vez a las comunidades y presentarse como una empresa nueva, pero que sigue con las mismas ilegalidades, engaños y violaciones de derechos heredados de la empresa delincuente Entremares S.A. Así los ofrecimientos de proyectos, abono, dinero, becas y trabajos, lo presentaran como una encuesta, como una consulta de aprobación de un proyecto que aún no cuenta con las licencias respectivas, ante esto se debe respetar el derecho a información y consulta y los Derechos Humanos de los pueblos de Guatemala y El Salvador.
Los guatemaltecos, salvadoreños y vecinos conscientes de Asunción Mita, exigimos la no aprobación de la licencia ambiental y el cierre definitivo del fracasado proyecto minero Cerro Blanco, que sigue vivo gracias a la corrupción de funcionarios negligentes que son los responsables de haber permitido la contaminación del municipio de Asunción Mita y la cuenca del Rio Ostúa, El lago de Guija, y el Rio Lempa, violentando el derecho humano al agua, al ambiente sano, a la vida y la salud de la población de Asunción Mita y millones de hermanos salvadoreños.
NO AL PROYECTO MINERO CERRO BLANCO, SI AL AGUA Y A LA VIDA DE LOS PUEBLOS.
- SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA DE ASUNCIÓN MITA Y EL SALVADOR,
- COMISION DE JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN, PROVINCIA FRANCISCANA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE C.A.P. Y LA MISION DE LA SANTA CRUZ EN HAITI.
- COLECTIVO MADRESELVA
- ALIANZA CENTROAMERICANA FRENTE A LA MINERÍA -ACAFREMIN-
Guatemala 15 de diciembre de 2021.
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Un grupo de diversas redes de organizaciones sociales y medio ambientales denunciaron sentirse preocupadas ante la amenaza de que el gobierno de El Salvador permita la reactivación de la actividad minera metálica en el país, lo que vendría a agravar la crisis hídrica, los niveles de contaminación ambiental y exponer la vida de las familias en las comunidades.
La posibilidad de que se reactive la minería metálica surge a raíz de las reuniones que ha sostenido representantes del gobierno con delegados del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo, (IGF), organización de origen canadiense que promueve la minería en sus países miembros.
El Salvador mantiene, desde hace cuatro años, una ley que prohíbe la minería metálica en todas sus modalidades, como resultado de la lucha de las organizaciones sociales y medio ambientales. Sin embargo, el gobierno salvadoreño actual se ha caracterizado por transgredir leyes, reglamentos, derechos constitucionales y humanos impulsando políticas inconsultas, lo que agudiza aún más la alerta en las comunidades y organizaciones sobre la posible reversión de la prohibición.
La explotación minera ha impuesto en varios países centroamericanos una situación de crisis que golpea a las familias de las comunidades más pobres y necesitadas. Para el caso en Guatemala la mina Cerro Blanco amenaza con realizar actividades a cielo abierto lo provocaría la devastación del cerro y la contaminación del recurso hídrico de Guatemala y El Salvador.
El gobierno de Guatemala permite desde el año 2014 la contaminación del lago Izabal debido a la actividad minera de la compañía minera de Guatemala Níquel co.
En Nicaragua, la extracción del oro está provocando luto y dolor a las familias indígenas en una situación cada vez más crítica por la pérdida de casi todas las tierras de cultivo, pesca, madera y caza con las cuales los indígenas subsisten.
En Honduras el gobierno mantiene castigados con cárcel, desde hace más de dos años, a ocho defensores ambientalistas del río Guapinol.
Las actividades de la minería metálica en Centroamérica generan conflictos ambientales y arrebatan la vida de defensores ambientalistas, crímenes que hasta hoy continúan impunes y que los gobiernos han preferido ignorar.
Las comunidades, organizaciones sociales, iglesias, universidades y otros sectores de la sociedad salvadoreña que luchan por la prohibición de la minería metálica siguen convencidos de que el país no esta preparado para una reversión de la ley de prohibición de la minería metálica, ya que las causas por las que se prohibió no han sido superadas y se pone en riesgo la vida.
Exigen al Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa que se abstengan de revertir la ley que prohíbe la minería metálica y al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo, (IGF), transparentar los objetivos y resultados de su visita a El Salvador.
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DENUNCIA
Han pasado únicamente cuatro años desde que en El Salvador se prohibió la minería metálica en todas sus modalidades. La lucha de las comunidades que se verían afectadas por esta amenaza duró más de doce años. A esta lucha se sumaron diferentes sectores de la sociedad salvadoreña que estaban conscientes de los impactos que la explotación minera ocasionaría al agua y al medio ambiente en general.
En los últimos días hemos tenido conocimiento de los acercamientos recientes del gobierno salvadoreño con especialistas del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo (IGF), una organización de origen canadiense que promueve la minería en sus países miembros. De acuerdo con el marco de política de esta institución “los objetivos del Foro son mejorar y promover la aportación del sector de la minería, los minerales y los metales al desarrollo sostenible y a la reducción de la pobreza”.
Algunos representantes de esta organización visitaron el país hace un par de semanas y sostuvieron reuniones con distintas instituciones gubernamentales como los ministerios de Medio Ambiente; de Economía, a través de su Dirección de Hidrocarburos y Minas; de Obras Públicas; de Relaciones Exteriores y de Hacienda; así como el Banco Central de Reserva, Alcaldías, FOVIAL; y con algunas instituciones del sector privado y de la academia.
Según el Ministerio de Medio Ambiente, la visita de los especialistas del Foro tenía como objetivo determinar la viabilidad de la explotación de canteras para obtener recursos básicos para la industria de la construcción. Según el MARN, “al finalizar la visita de la empresa consultora, se espera tener un diagnóstico de la industria minera en El Salvador y conocer la situación real de los recursos a fin de evaluar los aspectos sociales, económicos, legales y medioambientales”.
De acuerdo con el MARN, “El Salvador se integró recientemente a este Foro, del que forman parte 78 países alrededor del mundo y que proporciona una serie de servicios a sus miembros, como son evaluaciones; la creación de capacidad y asistencia técnica individualizada; documentos de orientación y conferencia que exploran las mejores prácticas y ofrecen una oportunidad para relacionarse con la industria y la sociedad civil, entre otros”[1]. En otras palabras es la empresa que se encarga de cambiar los espejitos por 1perlitas de oro.
De igual forma, llama la atención la nueva Ley de creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, aprobada por la Asamblea Legislativa el pasado 26 de octubre. Esta nueva Dirección tiene como objetivos autorizar, regular y supervisar el funcionamiento de quienes participen en actividades de minería, sin distinguir entre la minería metálica y la no metálica. Propone, además, la obtención de recursos mineros como “deber de Estado” y establece como facultades de la nueva Dirección, entre otras cosas, establecer, mantener y fomentar relaciones de cooperación con instituciones u organismos extranjeros y multilaterales” vinculados al sector minero; licitar la exploración de áreas especiales donde se localizan yacimientos con potencial económico investigados; y coordinar con el Ministerio de Medio ambiente los procedimientos de evaluación de las propuestas de exploración de minas y canteras.
En ese sentido, estos últimos hechos causan alarma pues parecen encaminados a permitir actividades relacionadas a la minería metálica en el país. Además, estos hechos contrastan con la lucha antiminera que vivió el país durante más de doce años y por la cual fueron asesinados al menos cuatro ambientalistas de Cabañas, quienes ofrendaron sus vidas para que empresas mineras canadienses como Pacific Rim no se instalaran en el país.
Las comunidades, organizaciones sociales, iglesias, universidades y otros sectores de la sociedad salvadoreña que lucharon por la prohibición de la minería metálica seguimos convencidas y convencidos de que el país no está preparado para una reversión de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica. Es claro que las causas por las cuales se prohibió dicha industria no han sido superadas en el país y, por el contrario, la crisis ambiental e hídrica se sigue agudizando día con día.
En tal sentido, como organizaciones de la sociedad civil que en aquel momento luchamos por la prohibición de la minería metálica, hacemos un llamado a la población salvadoreña a estar atentos a las propuestas que el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo (IGF) pueda hacerle al Gobierno, ya que una potencial reversión de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica generaría posibles conflictos entre las comunidades y las empresas mineras, agudizaría la crisis hídrica y ambiental del país y fomentaría conflictos por el agua.
De igual forma, exigimos al Órgano Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa que se abstengan de revertir dicha ley y exigimos al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo (IGF) transparentar los objetivos y resultados de su visita a El Salvador.
Finalmente, exigimos a la Asamblea Legislativa acelerar la ratificación del derecho humano al agua en la Constitución y agilizar la aprobación de una ley general de aguas que garantice prioritariamente agua para la población, que sea accesible en calidad y cantidad suficiente para las comunidades.
San Salvador 16 de diciembre de 2021
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