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El Gobiernos de Honduras resolvió recientemente la suspensión inmediata de las actividades mineras de la empresa MINOSA, por contravenir las sentencias judiciales que prohíben sus operaciones en el cementerio Maya Chortí de la comunidad de Azacualpa en el departamento de Santa Barbara de Copan.
La resolución responde al conflicto entre la empresa y la comunidad Chortí en Azacualpa que ha denunciado la profanación y destrucción de un cementerio que tiene más de 200 años de antigüedad, pese a haber sido declarado patrimonio cultural en el año 2015 y de existir un amparo judicial emitido por la Corte Suprema de Justicia que le da protección.
La resistencia de la comunidad Maya Chorti comenzó en el año 1998 cuando la empresa Minerales de Occidente S.A de C.V. (Minosa), filial de la minera canadiense Aura Minerals, inicio sus operaciones en una concesión de explotación otorgada por el gobierno hondureño. Desde entonces las comunidades se han organizado para proteger su territorio, su patrimonio cultural y sus derechos constitucionales.
El conflicto se agudizó en el 2012, después que la empresa hiciera pública su intención de exhumar y remover unas 400 osamentas del cementerio local que según organizaciones comunitarias data desde hace 200 años y que pertenece tanto a Azacualpa como a otras comunidades aledañas. Este anuncio fue recibido con consternación en las comunidades que intensificaron su lucha no solo contra el despojo de sus tierras, viviendas y monumentos históricos sino también contra la profanación de los restos sus seres queridos.
En noviembre del 2020, la corte suprema de justicia ratifico la sentencia ante un juzgado local de Santa Rosa, que había ordenado el cese de las exhumaciones. Pero la, empresa en complicidad con la municipalidad y el Ministerio Publico se rehúsa a acatar la orden y ha continuado sus operaciones. Desde diciembre de 202,1 ha seguido el proceso de exhumación con el apoyo de cuerpos de seguridad pública, a pesar de las denuncias de la comunidad.
Estos actos de agresión y descontrol han obligado a la Secretaría de Estado en los Derechos Humanos de Honduras a emitir un tímido boletín en donde comunica a la comunidad nacional a internacional que ha constatado las graves violaciones y desacato judicial por parte de la empresa minera, y que la profanación del cementerio ha hecho retornar el conflicto en dicho territorio. La resolución manda también a suspender las licencias del proyecto y a las autoridades competentes a emitir un reporte al ejecutivo.
Si las autoridades hondureñas no actúan en defensa de los derechos de los pobladores indígenas de la comunidad Chortí, Azacualpa será la siguiente comunidad en desaparecer a consecuencia del desplazamiento forzado que provoca la actividad minera.
Según registros de algunas publicaciones anteriores, las aldeas San Andrés, Platanares y San Miguel fueron reubicadas en la década de 1990 por el extractivismo. En San Andrés, una iglesia con vestigios coloniales del siglo XVIII, incluso declarada patrimonio histórico y cultural, fue también destruida, al igual que el cementerio de Azacualpa.
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Después de permanecer cuatro años injustamente en prisión, el guatemalteco Bernardo Caal Xol fue puesto en libertad, este 24 de marzo, por buen comportamiento. Lo irónico de esta resolución es que Bernardo Caal Xol nunca tuvo mal comportamiento, más bien fue criminalizado por defender al Rio Cahabon y los derechos de las comunidades Q´eqchi´ que de ahí se sustentan desde tiempos ancestrales.
La primera acción en libertad de Caal fue reafirmar, en conferencia de prensa, que su lucha por la defensa del agua se mantiene firme “le hablaría nuevamente a mi pueblo con la cara en alto porque las empresas fueron quienes me fabricaron los delitos, tan solo porque yo les gané los reparos de justicia porque ellos no hicieron las consultas y se instalaron ilegalmente… la lucha de los pueblos debe continuar”, sentenció.
El líder denunció ante la prensa la corrupción que impera en Guatemala y que tiene como finalidad apropiarse de todas las instituciones del Estado. Hizo el llamado a las comunidades para seguirse organizando, denunciando y luchando por detener todas esas injusticias y abusos que se sufren en Guatemala.
Además, dijo que en la prisión aún quedan detenidas personas que están encerradas injustamente y que se debe seguir denunciando y luchando para que también sean liberadas.
Bernardo Caal Xol indígena maya Q’eqchi, es maestro, sindicalista, conocedor y defensor de derechos humanos y ambientales ha mantenido una lucha en la defensa de los ríos sagrados Cahabón y Ox-eek debido a los impactos causados por la Empresa Hidrolectrica OXEC que despoja a la población originaria de su agua y sus territorios en complicidad con instituciones gubernamentales guatemaltecas.
El río Cahabón esta ubicado en el departamento de Alta Verapaz en Guatemala, una de las zonas que posee grandes riquezas en recursos naturales. A pesar de esa riqueza, la población mantiene índices altos en pobreza, desnutrición, alfabetización. Es en está zona donde las empresas que buscan explotar los bienes naturales de la región se encontraron con un movimiento denominado “la ultima resistencia”, liderado por el indígena y Maestro Caal Xol.
La denuncia de los abusos de la empresa OXEC transcendió las fronteras guatemaltecas, por haber destruido 15 hectáreas de bosque y tres colinas sagradas, y por haber violado acuerdos internacionales que consagra el derecho de los pueblos indígenas a dar su consentimiento previo, libre e informado a cualquier proyecto extractivo en sus territorios.
Lo que provocó que el 9 de noviembre de 2018, el tribunal de Cobán condenará a 7 años y 4 meses de prisión al defensor guatemalteco por los supuestos delitos de robo agravado y detención ilegal agravada.
El abuso y la arbitrariedad judicial han hecho de estos cuatro años una tortura para el maestro Caal. Sin embargo, no lograron callar la voz de denuncia, sino por el contrario, está se fortaleció a través de una campaña internacional, que llegó hasta Amnistía Internacional, quienes declararon a Bernardo prisionero de conciencia.
El equipo de abogados de Bernardo Caal informó este 23 de marzo que tras la reunión sostenida en audiencia con el Juzgado de Ejecución en el departamento de Chiquimula, se ordenó la libertad anticipada. Bernardo se encuentra libre pero con limitaciones en el ejercicio de sus derechos, con antecedentes penales y sin la posibilidad de optar por un cargo publico. Ademas, el Ministerio Publico todavía busca condenar a Bernardo por delitos de fraude en su accionar como líder sindical, aunque hasta la fecha no han podido presentar ninguna prueba que lo comprometa.
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El reciente anuncio del gobierno hondureño de declarar el territorio libre de minería a cielo abierto llena de expectativas a las organizaciones defensoras del ambiente y derechos humanos, quienes por años han sido sujetas a campañas agresivas de criminalización por defender el territorio y las fuentes de agua de las comunidades.
El anuncio que ademas deja sin efecto permisos de exploración y explotación minera a la industria minera en Honduras se dio a conocer a través de un comunicado de prensa de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas de Honduras, noticia que fue difundida por redes sociales y que alcanzó las reacciones de diversas organismos y organizaciones ambientalistas a nivel regional.
En Centroamérica, El Salvador fue el primer país a nivel global en prohibir la minería metálica en 2018, mientras que Costa Rica ya había prohibido la minería a cielo abierto en 2010.
En Honduras hay al menos 217 concesiones aprobadas para explotación minera, que abarcan un área de 131.515 hectáreas, según el Foro Social de la Deuda Externa
La Ley General de Minería de 2013 señala que las áreas protegidas son zonas de exclusión de derechos mineros. Sin embargo, hay 42 concesiones aprobadas y solicitadas en esos espacios.
El anuncio del gobierno hondureño representa un alivio y da confianza a las comunidades rurales. Sin embargo, se mantendrán alertas para que está declaratoria sea cumplida firmemente.
La huella de violencia de los proyectos mineros
Con la nueva medida tomada por el gobierno de Honduras se espera poner un alto al alto índice de violencia y asesinatos que marcaba la principal denuncia de las comunidades en territorios en disputa y además que se priorice el cumplimiento de los derechos y el bienestar de la población antes que los intereses financieros.
Las comunidades rurales en Honduras han sido las más afectadas por la introducción de la industria minera. El desalojo de tierras y desplazamiento forzado, la destrucción de la biodiversidad, la contaminación del agua y la violación de derechos humanos, principalmente la criminalización de defensores ambientales, son de las afectaciones más comunes que causan la minería.
Según el más reciente reporte de las Naciones Unidas “Informe alternativo para el Examen periódico universal”, más de 140 activistas de los bienes comunes y la tierra fueron asesinados entre 2010 y 2019. Honduras también aparece como uno de los países mas peligrosos para defensores ambientales del mundo en los reportes más recientes de la organización Global Witness.
Uno de los casos con mayor relevancia internacional, debido a la clara cooptación de las instituciones administradoras de justicia por parte de la industria minera fue el de los defensores del río Guapinol, con 8 privados de libertad por más de 29 meses, por defender el agua de sus comunidades en Tocoa, en el departamento de Colon.
En octubre del año 2018, más de 1,500 efectivos militares y policías desalojan a la fuerza al campamento de 200 personas de comunidades rurales del municipio de Tacoa que se mantenían en resistencia para proteger el río Guapinol ante el desarrollo ilegal de un proyecto minero propiedad de la empresa Inversiones los Pinares/Ecotek.
Ese operativo militar deja como resultado el requerimiento injustificado de 31 defensores ambientales por parte del Ministerio Público por los delitos de incendio agravado, privación de libertad y asociaciones ilícitas, cargos que fueron después clasificados por la defensa como una táctica de amedrantamiento e intimidación contra los opositores de la empresa minera Inversiones los Pinares/Ecotek.
En agosto del 2019, inicia la detención injustificada para siete defensores ambientales que voluntariamente se presentaron ante los juzgados para responder al requerimiento del ministerio público.
Un informe presentado por la Alianza Centroamericana Frente a la Mineria en junio del 2020 concluye que el Estado hondureño enfrento la oposición local al proyecto minero de ILP y sus impactos ambientales, con prácticas sistemáticas de criminalización, persecución y agresión física violenta contra los habitantes que buscan defender el territorio en el que habitan y sus recursos naturales. Las víctimas y los testigos, que hicieron declaraciones ante una delegación internacional de académicos convocada por ACAFREMIN, identificaron a los militares, la policía y hombres armados locales empleados como guardias de seguridad por la compañía como los principales responsables de estas acciones. Estas violaciones de derechos humanos son un ejemplo del daño generalizado y la intimidación que sufren los defensores y defensoras del medio ambiente, los y las líderes indígenas, campesinos/as y pequeños/as agricultores/en Honduras cuando desafían a las industrias extractivas y los mega proyectos.
Después de casi 900 días en custodia, los defensores del río Guapionol fueron liberados, después que una resolución de la Corte de Constitucionalidad que declarara la nulidad del juicio contra los defensores.
El 24 de febrero del 2022 es histórico porque demuestra la resistencia y firmeza de los defensores ambientales y de las comunidades, organizaciones y organismos que se mantuvieron unidos en la lucha por la defensa del agua. Con la prohibición de la minería a cielo abierto, el gobierno de Honduras escribe una nueva fase y marca un antes y después en la explotación y defensa de los bienes naturales y del derecho de los pueblos de conservar el agua y sus territorios.
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138 organizaciones de 33 países piden en una carta abierta una legislación sólida sobre la cadena de suministro de la Unión Europea.
En una carta abierta, 138 organizaciones de 33 países piden a la Comisión Europea que imponga a las empresas fuertes obligaciones en materia de protección del medio ambiente y los derechos humanos en la ley de la cadena de suministro de la UE, con el fin de combatir las violaciones de los derechos humanos y la degradación del medio ambiente causadas por la minería y la agroindustria en el Sur Global.
Las organizaciones piden que los derechos de participación ambiental contenidos en el Acuerdo de Escazú, vigente en Latinoamérica y el Caribe, se incluyan como norma obligatoria en la Ley de la Cadena de Suministro europea.
Lea la carta abierta a la Comisión Europea aquí.
La ley de la cadena de suministro de la UE debe repercutir en la extracción de materias primas
La Comisión Europea está elaborando un reglamento para la UE que obligaría a las empresas a evitar las violaciones de los derechos humanos y la destrucción del medio ambiente en sus cadenas de suministro mundiales. El año pasado, el Bundestag (Parlamento Federal Alemán) aprobó una ley sobre la cadena de suministro para las empresas alemanas, lo cual supone un primer paso importante en materia de empresas y derechos humanos. Sin embargo, esta contiene numerosas deficiencias, por ejemplo, establece obligaciones débiles para las empresas de la cadena de suministro más profunda. En el caso de los proveedores indirectos, empresas que extraen materias primas, por ejemplo, no tienen que aplicar medidas de debida diligencia de forma sistemática, sino solo de forma puntual.
"La minería y la agroindustria suelen ser los sectores donde se cometen las más graves violaciones de los derechos humanos. Por lo tanto, la ley de la cadena de suministro de la UE debe agotar todas las medidas para proteger a las personas afectadas. Entre ellas se encuentran: Obligaciones de diligencia debida a lo largo de toda la cadena de suministro, fuertes obligaciones de protección del medio ambiente y el derecho de acción civil para los afectados", exige Christian Wimberger, responsable de Responsabilidad Social Corporativa de la Iniciativa Cristiana Romero (CIR).
Hay que prevenir la violencia en la minería
Muchas de las organizaciones firmantes de los países de América Latina y otras regiones del Sur Global conocen de primera mano los efectos de la producción de materias primas. En el caso de los proyectos mineros y los monocultivos, se destruyen ecosistemas enteros y se priva a las personas de sus medios de vida. Si se resisten, a menudo son reprimidos por las autoridades estatales o incluso asesinados por grupos criminales.
La agresividad con la que se satisface la demanda de materias primas de la industria se puso de manifiesto en el conflicto por una mina de níquel en el departamento guatemalteco de El Estor, a finales de 2021. Cuando las comunidades indígenas bloquearon una carretera de acceso en protesta por los graves impactos ambientales de la explotación minera, el gobierno declaro un estado de emergencia parcial que permitió que cuerpos militares reprimieran las manifestaciones con violencia. En los últimos años, varios opositores al proyecto minero, dirigido por la empresa ruso-suiza Solway Investments, han sido asesinados.
"A pesar de que el Tribunal Constitucional ha anulado la licencia minera, la empresa simplemente sigue operando. Las comunidades afectadas se quejan de la intensidad de la minería y de la contaminación que provoca. Representantes del pueblo originario Q'eqchi' están detenidos por resistirse. Al imponer el estado de excepción, el gobierno está restringiendo derechos básicos como la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de circulación. Pedimos a la Unión Europea que garantice la salvaguarda de los derechos de las comunidades q'eqchi´ y que envíe una misión de observación a la región", exige la organización guatemalteca Colectivo Madre Selva.
La UE importa grandes cantidades de materias primas
Desde hace años, Guatemala exporta a Grecia níquel que se utiliza en el acero y en las baterías de los coches eléctricos. Los países de la UE, sobre todo Alemania, importan enormes cantidades de materias primas: desde materias primas agrícolas como el aceite de palma y el azúcar hasta minerales como el litio, el cobre y el cobalto. Por tanto, las empresas europeas deben ser obligadas a luchar eficazmente contra las violaciones de los derechos humanos y la degradación del medio ambiente a lo largo de toda su cadena de suministro.
"Con la implementación de los derechos ambientales en la Ley de la Cadena de Suministro de la UE, ésta tiene la oportunidad de dar un primer paso para corregir por fin la desigualdad y la violencia que históricamente ha caracterizado la extracción de materias primas para sus empresas", afirma Pedro Cabezas, coordinador de la Alianza Centroamericana contra la Minería en Centroamérica (ACAFREMIN).
La importancia del Acuerdo de Escazú
Las organizaciones firmantes consideran que el Acuerdo de Escazú, que entró en vigor en 12 países de América Latina y el Caribe en 2021, es una herramienta importante para promover la justicia ambiental en las cadenas de suministro. El innovador acuerdo establece los siguientes derechos para los afectados:
- acceso a la información medioambiental
- participación en los procesos de toma de decisiones sobre intervenciones medioambientales
- acceso a la justicia
- la protección de los defensores de los derechos humanos
Las 138 organizaciones piden a la Unión Europea que añada el acuerdo y sus principios a la lista de normas internacionales que deben cumplir las empresas en sus actividades de debida diligencia.
Para mayor informacion:
- Pedro Cabezas, ACAFREMIN: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Christian Winberger, Christliche Initiative Romero (CIR): Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
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Los principales afluentes de dar vida tanto en Guatemala, como en El Salvador ya no soportan más contaminación y están a punto de recibir el tiro de gracia.
Los ríos Ostúa, Guija y Lempa se pueden convertir en resumideros en donde se recojan las aguas contaminadas por minerales pesados provenientes de la mina a cielo abierto Cerro Blanco.
Si bien la mina se encuentra en el vecino país Guatemala, los ríos se conectan gracias a sus vertientes naturales y arrastran no solo el agua, sino también la contaminación e impurezas que arroja la mina, por lo que organizaciones ambientalistas de ambos países se unen para demandar de los gobiernos la prohibición unánime y el cierre definitivo de la mina Cerro Blanco.
El Salvador mantiene la ley de prohibición de minería metálica, aprobada por la asamblea legislativa en marzo del año 2017. Sin embargo, hasta el momento y pese a que el gobierno conoce sobre la amenaza que significa la mina vecina Cerro Blanco de Guatemala para los ríos Guija y Lempa, no se ha dado ningún pronunciamiento oficial al respecto, lo que pone en alerta a las organizaciones sociales y ambientalistas.
En conferencia de prensa representantes y defensores ambientales de El Salvador y Guatemala advirtieron que es preciso que la población conozca que existen proyectos mineros transfronterizos que amenazan con contaminar el agua y agravar la crisis hídrica de los países.
La amenaza más inmediata la representa el proyecto minero Cerro Blanco, un proyecto de mina subterránea ubicado en Asunción Mita Jutiapa, que desde el año 2007, hace 14 años, intenta fallidamente extraer oro y plata, pero acertadamente es una bomba contaminante para los ríos y ahora busca convertirse en una mina a cielo abierto.
La minería a cielo abierto es una forma de minería mucho más agresiva para el medio ambiente y peligrosa para la salud humana. Como defensores ambientales alertamos sobre este nuevo intento del proyecto minero Cerro Blanco de intentar doblar las leyes ambientales de Guatemala y evitar realizar todo el debido proceso que implica entre otras cosas la realización de una consulta amplia en las comunidades que se se verían directamente afectadas por este cambio.
Las magnitudes de los cambios solicitados van desde procesar 1000 toneladas diarias de material a procesar 10,952 toneladas diarias y de extraer 3.31 millones de toneladas de material en túnel de 73.4 km a extraer 144.8 millones de toneladas en tajos con una profundidad de hasta 370mt y 1200mt de largo. Todo este material posteriormente se convierte en desechos que se depositan en cerros que generará drenaje ácido y polvos dañinos para la salud.
En total la mina estima que extraerá durante los 12 años de explotación cerca de 38.4 millones de m3 de agua, una extracción que afectará el acuífero local por más de 32 años. Según el modelo que presentan los ríos y riachuelos afectados principalmente serán Tancushapa, Tempisque, San Francisco y el río Ostúa que drena a El Salvador. Todas muestran reducciones fuertes del caudal entre 10% y 70%. El río Ostúa drena en el Lago de Güija y por lo tanto al Rio Lempa.
Los defensores ambientales advierten que la mina Cerro Blanco traerán desplazamiento, pobreza, enfermedades, y conflictividad, pero también la mina con los 500 trabajadores que pondrán para la construcción, traerá prostitución, trata y violencia para las mujeres de las comunidades. Estos impactos no se contemplan en el actual estudio. Denunciamos también ante las autoridades competentes, la poca o nula transparencia en la adquisición del proyecto por parte de la empresa Bluestone y su subsidiaria Elevar Resources.
Hacen un llamado a la población de El Salvador y Guatemala a exigir el cierre definitivo del proyecto minero Cerro Blanco, que en 14 años de operación ha contaminado con arsénico y metales pesados el río Ostúa tributario del lago de Guija y el río Lempa, violentando el derecho humano al agua, al ambiente sano, a la vida y la salud de la población de Asunción Mita, las comunidades de Metapán que viven en la ribera del lago de Guija y a los más de 3 millones de salvadoreños y salvadoreñas que dependen del río Lempa.
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