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Los cultivos de la caña de azúcar se expanden cada vez más en El Salvador acabándose el agua que antes era de las comunidades rurales y exponiendo la vida de cientos de familias debido a la quema descontrolada que se realiza durante la zafra.
Los problemas que genera la industria azucarera cada vez son más graves por la falta de vigilancia y control por parte de las distintas instancias del gobierno.
Durante la época de la zafra los cultivos de caña son incendiados de manera descontrolada lo que obliga a las familias rurales a salir de sus hogares para buscar refugio lejos de los incendios, ya que estos provocan humo intenso que invade los cercos que dividen sus casas de los cañales.
Los habitantes han denunciado cientos de veces su temor de que sus viviendas sean incendiadas o sus familiares sufran asfixia debido a los incendios, sin que hasta el momento ninguna autoridad haga algo al respecto.
En cuanto al agua los cañeros han invadido los terrenos en las zonas rurales del país y están explotando el agua de los pozos sin que ninguna autoridad ejerza algún tipo de control.
Además, están haciendo uso abusivo de los plaguicidas provocando contaminación de los acuíferos, enfermedades respiratorias y renales en la población por el uso indiscriminado de avionetas para la fumigación de los cultivos, químicos nocivos que son arrastrado por el viento hasta los hogares de las comunidades vecinas.
Debido a que estos problemas han sido denunciados en repetidas veces sin que ninguna autoridad haga algo al respecto, las familias rurales acompañadas por diversas organizaciones sociales y ambientales se han dado a la tarea de llevar las demandas hasta los ministerios incompetentes para solicitar a los funcionarios públicos demandas específicas que están enfocadas en priorizar la salud de la población y brindar protección al medio ambiente, en especial al agua. Asimismo, se solicita que se visiten las zonas afectadas para que verifiquen la problemática ambiental y de salud de las zonas.
Estas acciones son una medida de presión y hasta el momento se han realizado dos plantones, el primero de ellos realizado en el Ministerio de Salud, realizado en diciembre de 2019; el segundo planto realizado en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en febrero 2022.
La problemática que genera la industria cañera es abordada mediante una campaña de denuncia y concientización que desarrollara la campaña denominada Azucar Amarga, donde se pone al descubierto la crisis que genera el monocultivo.
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A nivel nacional entre las problemáticas más sentidas por causa del monocultivo de caña de azúcar son las quemas de los cultivos para la zafra. Las afectaciones en las comunidades son diversas y van desde enfermedades respiratorias producto del humo, incendios forestales en bosques y áreas naturales protegidas cercanas al monocultivo de caña, muerte de fauna silvestre por el fuego, afectación de cultivos de alimentos, y generación de gases de efecto invernadero que agravan el cambio climático. Es urgente que el Estado salvadoreño actúe.
Las quemas son realizadas por los productores de caña de azúcar, violentando el articulo 262 A del Código Penal que prohíbe la quema de cualquier cultivo. Ante esta ilegalidad, evidenciada y constantemente denunciada por las comunidades afectadas y organizaciones ambientalistas, la agroindustria azucarera afirma que no son responsables de los siniestros, si no que es obra de mano criminal. Se trata de un absurdo y una mentira si se cae en cuenta que estos hechos de quema, siempre coinciden con el tiempo de la zafra.
Las quemas de cultivo están vinculadas a los incendios forestales. En 2021, solo durante los meses de enero a abril sucedieron 44 incendios forestales que afectaron más de 800 hectáreas de territorio y según el Ministerio de Gobernación, el 95% de dichos incendios son provocados.
Sin embargo, el accionar de las autoridades siempre es reactivo, no se ve una gestión preventiva como podría ser la aplicación efectiva de la ley y la vigilancia oportuna para evitar la quema de cultivos, especialmente de caña de azúcar.
Por estas razones, las comunidades afectadas y las organizaciones que impulsamos la campaña Azúcar Amarga, exigimos al Estado salvadoreño, particularmente al MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A LA PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, con sentido de urgencia:
1. Al MARN: Que asuma un rol activo y protagonista en un esfuerzo para prohibir explícitamente la quema en los cultivos de caña de azúcar. Se trata de una práctica agrícola dañina para las personas y la naturaleza.
2. A la FGR: Que investigue de oficio y proceda judicialmente contra los responsables de los incendios forestales y las quemas en los campos de caña de azúcar.
3. A la PDDH: Que retome su rumbo en el sentido de acompañar a las víctimas de violaciones a sus derechos, como lo que está pasando con las comunidades afectadas por el monocultivo de caña de azúcar.
San Salvador, 16 de febrero de 2022.
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Desde que la Asamblea Legislativa legisló de manera unánime la prohibición de la minería metálica, en marzo del 2017, organizaciones ambientalistas han demandado que el Gobierno Salvadoreño tome la iniciativa para generar un dialogo con Gobiernos vecinos de Guatemala y Honduras para proteger las cuencas compartidas.
Esta demanda se basa en la existencia de proyectos mineros transfronterizos que amenazan con contaminar el agua y agravar la crisis hídrica de nuestro país. Actualmente, la amenaza más inmediata la representa el proyecto minero Cerro Blanco, un proyecto de mina subterránea ubicado en Asunción Mita Jutiapa, que desde el 2007 (14 años) intenta fallidamente extraer oro y plata y que ahora busca convertirse en una mina a cielo abierto.
Desde sus inicios organizaciones ambientalistas hemos demandado la clausura de dicho proyecto ya que la empresa minera nunca supero observaciones técnicas realizadas por el entonces equipo de evaluación del Ministerio de Energía y Minas y no informo debidamente a la población de Asunción Mita sobre los graves impactos a la salud, al medio ambiente y el agua que la minería tendría. Violentando así el derecho a la consulta previa, libre e informada de la población.
El pasado 21 de diciembre, la empresa desarrolladora del proyecto minero Cerro Blanco Elevar Resources quien es una subsidiaria de la empresa minera canadiense Bluestone Resources quien compro la mina en 2017, entregó al Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala una actualización del Estudio de Impacto Ambiental 2007 (EIA-329-2007) solicitando se le autorice convertir la mina subterránea a minaría a cielo abierto.
La minería a cielo abierto es una forma de minería mucho más agresiva para el medio ambiente y peligrosa para la salud humana. Alertamos sobre este nuevo intento del proyecto minero Cerro Blanco de intentar doblar las leyes ambientales de Guatemala y evitar realizar todo el debido proceso que implica entre otras cosas la realización de una consulta amplia en las comunidades que se se verían directamente afectadas por este cambio.
Recalcamos que, sin haber aun comenzado la etapa de explotación, la mina Cerro Blanco ya ha causado graves impactos sociales y ambientales de la Cuenca Ostúa – Guija – Lempa y pone en riesgo a las poblaciones de Guatemala y El Salvador. El drenaje permanente de aguas termales y en bombeo en los pozos de abatimiento por más de 13 años, ha contribuido a la desecación de fuentes de agua de aldeas aledañas y obliga a las comunidades a profundizar los pozos artesanales para poder acceder a agua. Como organizaciones sociales de Guatemala, El Salvador, comunidades de Metapán y Asunción Mita, expresamos nuestra preocupación ante la posibilidad de que el Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala considere suficiente la “actualización” del Estudio de Impacto Ambiental presentada.
Las magnitudes de los cambios solicitados van desde procesar 1000 toneladas diarias de material a procesar 10,952 toneladas diarias y de extraer 3.31 millones de toneladas de material en túnel de 73.4 km a extraer 144.8 millones de toneladas en tajos con una profundidad de hasta 370mt y 1200mt de largo. Todo este material posteriormente se convierte en desechos que se depositan en cerros que generará drenaje ácido y polvos dañinos para la salud.
En total la mina estima que extraerá durante los 12 años de explotación cerca de 38.4 millones de m3 de agua, una extracción que afectará el acuífero local por más de 32 años. Según el modelo que presentan los ríos y riachuelos afectados principalmente serán Tancushapa, Tempisque, San Francisco y el río Ostúa que drena a El Salvador. Todas muestran reducciones fuertes del caudal entre 10% y 70%. El río Ostúa drena en el Lago de Güija y por lo tanto al Rio Lempa.
Según la actualización presentada, este será utilizado para el vertimiento de las aguas extraídas de los pozos de abatimiento y de las aguas mina. Preocupa además que en el actual plan de monitoreo presentado para las aguas vertidas, no existe un control para otros metales pesados y la planta de tratamiento solamente contempla el tratamiento de arsénico.
Todos estos efectos traerán desplazamiento, pobreza, enfermedades, y conflictividad, pero también la mina con los 500 trabajadores que pondrán para la construcción, traerá prostitución, trata y violencia para las mujeres de las comunidades. Estos impactos no se contemplan en el actual estudio. Denunciamos también ante las autoridades competentes, la poca o nula transparencia en la adquisición del proyecto por parte de la empresa Bluestone y su subsidiaria Elevar Resources.
En sus comunicados de prensa y reportes a sus accionistas, Bluestone Resources manifiesta que, ya cuenta con los permisos por parte del gobierno guatemalteco y que solamente necesitan la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental para iniciar la explotación de la mina por un periodo de 11 años y extraer 3 millones de onzas de oro y 10 millones de onzas de plata.
AsImismo, es de nuestro conocimiento que el Ministerio de Relaciones exteriores de Guatemala informó a El Salvador el 21 de diciembre de 2021 que el río Ostúa no sería utilizado por la minera y que por lo tanto no afectaría la cuenca del río Lempa. Ante este inminente riesgo para las comunidades de Asunción Mita y para todas las que habitan y se abastecen del río Lempa exigimos:
1- Al Sistema de Integración Centroamericana y a los gobiernos de Guatemala y El Salvador, que retomen con carácter de urgencia una comisión binacional al más alto nivel para trabajar en un Tratado Regional de Aguas Transfronterizas que busque la protección de cuencas compartidas.
2- A las instituciones multilaterales, velar por la implementación de una Evaluación Ambiental Estratégica garantice la sostenibilidad hídrica para la población guatemalteca y salvadoreña.
3- Que ante la falta de certeza científica sobre los impactos verdaderos de la minería a cielo abierto en una región ambientalmente sensible, se aplique el principio precautorio y se adopten medidas de protección para garantizar los derechos de la población. Llamamos a los gobiernos de la región a adoptar políticas de desarrollo económico que fomenten la sostenibilidad y la utilización de los bienes comunes en beneficio de las grandes mayorías y no en beneficio de empresas transnacionales o nacionales que ponen en riesgo y destruyen la vida de esta y las próximas generaciones.
Llamamos a la población de El Salvador y Guatemala a exigir el cierre definitivo del proyecto minero Cerro Blanco, que en 14 años de operación ha contaminado con arsénico y metales pesados el río Ostúa tributario del lago de Guija y el río Lempa, violentando el derecho humano al agua, al ambiente sano, a la vida y la salud de la población de Asunción Mita, las comunidades de Metapán que viven en la ribera del lago de Guija y a los más de 3 millones de salvadoreños y salvadoreñas que dependen del río Lempa.
San Salvador 15 de febrero de 2022
¡Fuera mineras de nuestras fronteras¡
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Las organizaciones aglutinadas en la Alianza Centroamericana frente la Minería celebramos el veredicto de la Corte Suprema de Justicia de Honduras que declara nulo el proceso criminal iniciado por la empresa minera Inversiones Los Pinares contra 32 personas defensoras del agua del municipio de Tocoa Colón, en noviembre del año 2018.
Los acusados han sido objeto de una campaña sucia de desprestigio público y criminalización estatal por sus actividades de defensa ante la ilegalidad de un proyecto minero de óxido de hierro que pone en riesgo las reservas ecológicas dentro del Parque Nacional Carlos Escaleras, donde nacen los ríos Cauca, San Pedro, Guapinol, Ceibita y Tocoa; que se extienden a la región del Aguán en los departamentos de Colón, Olancho y Atlántida y abastecen de agua potable a la población.
Ocho de los 32 defensores que fueron acusados por la empresa han permanecido injustamente bajo prisión desde agosto del año 2019 y seis fueron declarados culpables por el Tribunal de Sentencia de Trujillo por delitos de daños agravados y detención agravada el pasado 9 de febrero.
A pesar que durante el proceso de audiencia la defensa evidenció la fabricación de pruebas por parte del Ministerio Público, la falsedad de los testimonios de los testigos, quienes son empleados de la seguridad privada de Inversiones Los Pinares, y la colusión entre el ministerio público, la empresa y los miembros del Tribunal de Sentencia.
El proceso de criminalización de las personas defensoras de Tocoa refleja un patrón que se repite en toda la región Centroamericana y que manifiesta la captura de las instituciones estatales por parte de intereses empresariales. Bajo este escenario, la acusación, investigación y audiencias públicas contra personas defensoras del medio ambiente se realizan bajo contextos judiciales que transgreden la garantía de derechos humanos fundamentales como el debido proceso y presunción de inocencia, consagrados en las constituciones de nuestros países y en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Como Alianza celebramos el fallo de la Corte Suprema de Honduras lo consideramos como un buen primer paso para corregir injusticias perpetradas contra personas defensoras de derechos por más de una década. Nos unimos al espíritu celebratorio de las diversas organizaciones de derechos humanos e instituciones internacionales que han acompañado esta lucha y felicitamos al equipo defensor y los miembros del Comité para la Defensa de los Bienes Públicos y Comunes de Tocoa por su férrea defensa de los derechos humanos y la vida de las comunidades de Tocoa.
Enviamos un mensaje fraterno, solidario y firme a nuestros compañeros quienes todavía guardan prisión, demandamos su pronta liberación y la reparación por daños y prejuicios a sus familias. Finalmente, afírmanos nuestro compromiso de seguir acompañando la lucha por la cancelación de las licencias mineras otorgadas de manera ilegal en Tocoa.
11 de febrero de 2022
¡Justicia y libertad para los defensores de Guapinol! #GuapinolInocent
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El pasado 21 de diciembre, la empresa minera Elevar Resources desarrolladora del proyecto minero Cerro Blanco en Asunción Mita Jutiapa, entregó al Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala una actualización del Estudio de Impacto Ambiental 2007 (EIA-329-2007) en la cual, solicita transformar la mina subterránea a una mina a cielo abierto, una forma de minería mucho más agresiva para el medio ambiente y peligrosa para la salud humana.
En 2017 la empresa minera canadiense Bluestone Resources, matriz de la empresa Elevar Resources (antes Entremares), adquirió los derechos del proyecto sin tomar en cuenta que: la empresa minera Entremares nunca supero observaciones hechas por un equipo técnico del Ministerio de Energía y Minas sobre la viabilidad de la misma, no informo debidamente a la población de Asunción Mita sobre los graves impactos a la salud, al medio ambiente y el agua que la minería tendría en su territorio, violentando así el derecho a la consulta previa, libre e informada de la población y que en 14 años Cerro Blanco no ha logrado extraer ni una onza de oro o plata. Evidencia del fracaso de la mina es que de los 63 elementos de infraestructura que fueron aprobados en el EIA-329-2007, solamente 19 se han construidos. Sin embargo, desde 1998 hasta 2020 la empresa ha realizado 739 perforaciones para exploración y 17 pozos de abatimiento que desde 2007 han bombeado agua termal continuamente para intentar bajar el nivel freático del acuífero y poder iniciar la extracción.
Sin haber comenzado la etapa de explotación, la mina ya ha causado graves impactos sociales y ambientales de la Cuenca Ostúa – Guija – Lempa, afectando y poniendo en riesgo a las poblaciones de Guatemala y El Salvador. El drenaje permanente de aguas termales y en bombeo en los pozos de abatimiento de la mina por más de 13 años ha contribuido a la desecación de fuentes de agua de las aldeas Trapiche Vargas y el Tule, reduciendo el nivel de las capas de agua subterránea y obligando a las comunidades a profundizar los pozos artesanales para poder acceder al agua. Esto en un contexto de cambio climático y de extrema sequía en el corredor seco Centroamericano.
Como organizaciones sociales de Guatemala y El Salvador, y comunidades de Asunción Mita, expresamos nuestra preocupación ante los impactos socio-ambientales que este proyecto de minería a cielo abierto pueda generar y exigimos que se realice un estudio de impacto ambiental nuevo junto a una evaluación integral de la cuenca que sea de carácter binacional con participación de ambos gobiernos.
No aceptamos que se presente una “actualización” de un proyecto que iba a procesar 1000 toneladas diarias, para uno que ahora busca prosear 10,952 toneladas diarias. Un proyecto que iba a extraer 3.31 millones de toneladas en un túnel de 73.4 km a uno que ahora busca extraer 144.8 millones de toneladas en tajos con una profundidad de hasta 370 m. Material que posteriormente se convierte en desechos que se depositan en cerros que generará drenaje ácido y polvos dañinos para la salud. En total la mina estima que extraerá durante los 12 años de explotación cerca de 38.4 millones de m3 de agua, extracción que afectará el acuífero local por más de 32 años. Según el modelo que presentan los ríos y riachuelos afectados principalmente serán Tancushapa, Tempisque, San Francisco y el río Ostúa que drena a El Salvador. Todas muestran reducciones fuertes del caudal entre 10% y 70%.
El río Ostúa además según la actualización presentada, será utilizado para el vertimiento de las aguas extraídas. Esto a pesar que el Ministerio de Relaciones exteriores de Guatemala informó a El Salvador el 21 de diciembre de 2021 que el río no sería utilizado por la minera y que por lo tanto no afectaría la cuenca del río Lempa. Preocupa además que en el actual plan de monitoreo presentado para las aguas vertidas, no existe un control para otros metales pesados y la planta de tratamiento solamente contempla el tratamiento de arsénico.
Todos estos efectos traerán desplazamiento, pobreza, enfermedades, y conflictividad, pero también la mina con los 500 trabajadores que pondrán para la construcción, trae prostitución, trata y violencia para las mujeres de las comunidades. Este no se contempla en el actual estudio.
Denunciamos también ante las autoridades competentes, la poca o nula transparencia en la adquisición del proyecto por parte de la empresa Bluestone y su subsidiaria Elevar Resources.En sus comunicados de prensa, Bluestone Resources manifiesta que, ya cuenta con los permisos por parte del gobierno guatemalteco y que solamente necesitan la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental para iniciar la explotación de la mina por un periodo de 11 años y extraer 3 millones de onzas de oro y 10 millones de onzas de plata. Ante esta situación:
- Llamamos a la población a exigir el cierre definitivo del proyecto minero Cerro Blanco, que en 14 años de operación ha contaminado con arsénico y metales pesados el río Ostúa tributario del lago de Guija y el río Lempa, violentando el derecho humano al agua, al ambiente sano, a la vida y la salud de la población de Asunción Mita, las comunidades de Metapán que viven en la ribera del lago de Guija y a los más de 3 millones de salvadoreños y salvadoreñas que dependen del río Lempa.
- Exigimos a los gobiernos de Guatemala y El Salvador que retomen con carácter de urgencia una comisión binacional al más alto nivel que fomente la negociación de un Tratado Regional de Aguas Transfronterizas, que establezca la protección de cuencas compartidas, auxiliándose del Sistema de Integración Centroamericana y de Instituciones Multilaterales para la implementación de una Evaluación Ambiental Estratégica de cuencas transfronterizas, que garantice la sostenibilidad hídrica para la población guatemalteca y salvadoreña.
- Ante la falta de certeza científica sobre los impactos verdaderos de la minería a cielo abierto en una región ambientalmente sensible demandamos que se aplique el principio de “precaución” y que adopten de medidas de protección para garantizar los derechos de la población.
- A los gobiernos de la región a adoptar políticas de desarrollo económico, que fomenten la sostenibilidad y la utilización de los bienes comunes en beneficio de las grandes mayorías de nuestra región, regulando las Inversiones Extranjeras Directas (IED), a efecto de reducir los impactos socio ambientales, que pongan en riesgo el futuro y la vida de esta y las próximas generaciones.
Firman
Asociación de Mujeres Ambientalistas de El Salvador
Alianza Centro American frente a la Minería
Consejos Comunitarios de Desarrollo de Asunción Mita
Colectivo Madre Selva Red
Trinacional por el Rescate del Río Lempa
Movimiento Ecofeminista de El Salvador
Guatemala 7 de enero de 2022
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