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Las industrias de la minería, hidroeléctricas y la agroindustria de la caña de azúcar y palma africana continuaron operando con normalidad durante pandemia por la Covid-19 en los países de la región CA4. Esto provocó conflictos ambientales y sociales en muchas comunidades, como: la falta de agua, el despojo de tierra, la criminalización de ambientalistas y contaminación por agroquímicos.

En el marco del juicio contra Roberto David Castillo Mejía, miembro directivo de la empresa DESA acusado de coordinar el asesinato de la defensora Berta Cáceres, la Alianza Centroamericana Frente a la Minería-ACAFREMIN se solidariza con el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH y todos los pueblos indígenas y campesinos que demandan justicia ante la imposición de un modelo económico global que fomenta el despojo de los bienes comunes de Honduras y toda la región centroamericana.  

La lucha por la justicia para Berta Caceres es una lucha emblemática que evidencia la participación de operadores políticos y militares que confabularon con instituciones financieras nacionales e internacionales para fomentar corrupción, persecución y despojo de las riquezas del pueblo Lenca.  Estos operadores son los mismos que implementan un modelo económico con andamiajes legales que debilitan el Estado de Derecho, cooptan los sistemas de justicia y utilizan estrategias de criminalización a líderes y lideresas para garantizar el acceso a los bienes comunes.

Las victorias políticas y legales alcanzadas en condiciones extremadamente adversas por el movimiento que busca justicia para la compañera Berta Cáceres, reafirman la legitimidad de las demandas de las comunidades Lencas que se oponen al Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca. La condena de los asesinos materiales de Berta en el 2019, el juicio actual contra Roberto David Castillo Mejía, autor intelectual del crimen, y la reciente desinversión de FMO del banco FICOHSA revelan un reconocimiento tácito de la violencia que permea el modelo económico neoliberal.  

Centroamérica es una región que alberga a países con riqueza natural y biodiversidad compartida y que están conformados por diversos pueblos ancestrales que aportan conocimientos y prácticas culturales que enriquecen a la humanidad.  Pero la presencia de las industrias extractivas ha provocado la destrucción de nuestra biodiversidad y nuestra cultura, el empobrecimiento y desplazamiento de nuestros pueblos, y la persecución, cárcel y muerte a un gran número de defensores y defensoras de Derechos Humanos, cuya expresión más visible has sido cruel asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres; una mujer valiente y coherente con la defensa de los derechos de los pueblos y la madre naturaleza.

Nos preocupa la intensificación de la economía extractivista que se ha desatado en la región a partir de la Pandemia COVID 19 ante lo cual reiteramos nuestro llamado a construir modelos alternativos de desarrollo, ejerciendo el derecho a elegir libremente modelos sustentables que utilicen racionalmente los bienes naturales de nuestros países, regulando las Inversiones Extranjeras Directas (IED) a efecto de reducir los impactos socio ecológicos que pongan en riesgo el futuro y la vida de esta y próximas generaciones.

Como alianza demandamos que el Estado hondureño y todos los Estados y gobiernos centroamericanos terminen con todas las formas de criminalización de la acción ciudadana, incluidas las protestas, y que respeten el derecho a defender derechos por la preservación de los territorios, el agua, el bosque y la vida.

Hacemos eco a las demandas del COPINH y los pueblos en resistencia en honduras y exigimos al Gobierno de Juan Orlando Hernández:  

1. Que se revierta todo el modelo de concesiones inconsultas en todo el territorio nacional.

2. Que se respete el derecho de las comunidades a participar de los procesos anticorrupción que involucran a los proyectos de muerte.

3. Que se proceda a cancelar inmediatamente la concesión al Proyecto Hidroeléctrico “Agua Zarca”.

4. Que se condene con todo el peso de la ley a Roberto David Castillo Mejía.

5. Que de manera expedita se libren las órdenes de captura a los autores intelectuales del crimen de la compañera Berta Cáceres.

6. Que el pueblo trabaje arduamente por construir un modelo económico, político y de vida basado en el respeto a los derechos humanos y a los derechos de la naturaleza.

 Mayo 21 del 2021

logos organizaciones

La empresa ENTREMARES pretende realizar encuestas los días 3,4 y 5 de mayo para que la población de Asunción Mita de su aprobación para que la mina Cerro Blanco cambie su proyecto minero, de minería de túneles a minería a cielo abierto, sin informar debidamente sobre los graves daños a la tierra, al agua, a la biodiversidad y a la vida de las personas. 

Desde el año 2007, hace 14 años la empresa ENTREMARES S.A. subsidiaria de la empresa minera canadiense Goldcorp, impuso su fracasado proyecto minero Cerro Blanco en las comunidades de Asunción Mita, pero la licencia fue aprobada ilegalmente por el Ministerio de Ambiente, además la empresa no cumplió con la ley al no informar debidamente al pueblo de Mita sobre los graves impactos a la vida, al agua, a la salud y al ambiente, ni consultó a la población, violentando así su derecho a la consulta libre, previa e informada.

Ahora la empresa canadiense BLUESTONE RESOURCES, ha adquirido los derechos mineros fraudulentos de la empresa ENTREMARES y pretende continuar con el Proyecto Cerro Blanco cambiando la minería subterránea de túneles, por una minería a cielo abierto o tajo abierto, que es mucho más destructiva y cuyos daños al ambiente y al agua son irreversibles.

A pesar que la mina nunca pudo extraer un gramo de oro, ya ha causado graves impactos sociales y ambientales de la Cuenca Ostúa – Guija – Lempa, afectando y poniendo en riesgo a las poblaciones de Guatemala y El Salvador.  Los trabajos de la mina han contribuido al secamiento de fuentes de agua en Guatemala, como es el caso de las aldeas Trapiche Vargas y el Tule, reduciendo la humedad de la capa subterránea y obligando a las comunidades profundizar los pozos artesanales para poder acceder al agua.  En El Salvador, la mina amenaza con contaminar el Rio Lempa que es la principal fuente de agua para dos tercios de la población del gran San Salvador y es fuente de abastecimiento para la pesca, ganadería y agricultura.

La mina ha comprado la voluntad de las comunidades cercanas, con carreteras, pintura de escuelas y ofreciéndoles trabajo, pero después de fracasar su proyecto en el 2013 despidió a los trabajadores sin prestaciones laborales, otros sufrieron accidentes y fueron despedidos sin atención médica.  Ahora la empresa BLUESTONE ofrece trabajos, pero a trabajadores que no son de las comunidades cercanas a la mina.

BLUESTONE RESOURCES, no cuenta con la licencia ambiental y no ha presentado un nuevo Estudio de Impacto Ambiental que debe ser informado debidamente a toda la población, sus autoridades y organizaciones de contraloría ambiental para garantizar el derecho a la información.

La empresa pretende extraer 2.4 millones onzas de Oro, con un valor $ 1,800 dólares la onza. Y que le quedara a la población de Asunción Mita, decenas de millones de toneladas tierra contaminada, agua contaminada por el Drenaje Acido de Mina, fuentes de agua secas, ríos y lagos contaminados, daños a la salud, riesgo de padecimientos como el Hidroarsenisismo Crónico Endémico -HACRE- y otras enfermedades asociadas a la minería, enfermedades de la piel, renales y cáncer.

Ante esta situación

Llamamos a la población de Asunción Mita, a rechazar esta maniobra de las empresas ENTREMARES Y BLUESTONE RESOURCES, que pretenden engañar otra vez a las comunidades y presentar los resultados de esta encuesta como una consulta de aprobación de un proyecto que aún no cuenta con las licencias respectivas sin respetar el derecho a información y consulta de los pueblos de Guatemala y El Salvador.

Exigimos el cierre definitivo del fracasado proyecto minero Cerro Blanco, que solo ha contaminado la región, El Rio Astúa El lago de Guija, y el Rio Lempa, violentando el derecho humano al agua, al ambiente sano, a la vida y la salud de la población de Asunción Mita y millones de hermanos salvadoreños.

Demandamos que los gobiernos de la región establezcan un dialogo para negociar un Tratado Regional de Aguas Transfronterizas para proteger las cuencas compartidas. 

San Salvador, Guatemala 3 de Mayo de 2021

Fotografias por: Karla Rodas

Los monocultivos han desatado a lo largo de la historia daños directos para el medio ambiente y graves consecuencias en materia económica, social y cultural; entre los principales monocultivos que han abarcado grandes extensiones de tierras en países de Centroamérica se encuentran principalmente el de la palma africana y la caña de azúcar en las zonas costeras.

Los defensores criminalizados denunciaron la contaminación del Río Choluteca por las descargas de aguas sucias y desperdicios que lanza la empresa avícola “El Cortijo”. Las afectaciones está impactando en varias comunidades de Tegucigalpa.

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