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Es habitual que en la dieta humana se consuma alguna cantidad de azúcar para ciertos alimentos y bebidas; se pasa por desapercibo inconscientemente del daño que se le hace al cuerpo porque se desconoce de donde proviene la azúcar extraída de los grandes ingenios azucareros que pasa a través de la explotación humana y ambiental.
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La Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN) denuncia la continua violación de los derechos humanos y particularmente la reciente violación al derecho al Debido Proceso de los defensores ambientales Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnol Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández, Daniel Márquez y Jeremías Martínez quienes siguen bajo medidas de prisión preventiva por su defensa del Rio Guapinol.
El 18 de diciembre de 2020, la jueza Zoé Guifarro del Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Colón, declaró sin lugar la revisión de medidas cautelares solicitada por el equipo legal de los ocho defensores ambientales recluidos desde septiembre del 2019 por presuntos delitos de incendio agravado y privación injusta de libertad. En su dictamen, la jueza no dio explicación legal para mantener las medidas, a pesar que los cargos de asociación ilícita, que son los que podrían justificar prisión preventiva, fueron desestimados en una resolución anterior; además, no tomo en consideración que los defensores se presentaron voluntariamente a responder por los cargos que se les imputan en agosto de 2019, ni los riesgos a la salud presentados por la emergencia sanitaria COVID-19.
Las medidas carcelarias son el resultado de una denuncia por parte de la empresa Inversiones Los Pinares/Ecotek ante Ministerio Público de honduras como respuesta a la oposición social a su proyecto de extracción de Óxido de Hierro ubicado dentro de la zona núcleo del parque nacional Carlos escaleras. En agosto de 2018, miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCP), con el apoyo de varias organizaciones y comunidades, instalaron el “campamento por el Agua y la Vida” para protestar contra los impactos ambientales causados por la implementación del proyecto minero. Entre las denuncias de la comunidad se encuentran la adjudicación irregular de licencias mineras dentro de un área protegida, los impactos ambientales del proyecto minero en una de las zonas más importantes de recarga y reserva hídrica de la región del Aguan, y la falta de consulta pública ante las comunidades afectadas.
El campamento fue desmantelado en octubre de 2018 haciendo uso excesivo de la fuerza, más de 1500 efectivos policiales y militares fueron movilizados para desalojar a unos doscientos miembros de la comunidad. Seguido al desalojo, la empresa en coordinación con el Ministerio Público iniciaron una campaña de desprestigio y amenazas públicas contra opositores del proyecto, la fabricación de cargos criminales que llevan penas excesivas y la aplicación de la ley con fines políticos. En total 32 personas han sido criminalizadas, 8 de estos se encuentran actualmente en prisión preventiva después de presentarse ante los tribunales para responder a los cargos imputados.
Seguido al dictamen de la jueza Zoé Guifarro, el equipo legal de los ocho defensores presento un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de La Ceiba que debió haberse adminitido de manera expedita, según las normas establecidas en la Ley Sobre Justicia Constitucional de Honduras, pero la Jueza Zoe Guijarro admitió el recurso con tres semanas de retraso, asegurando asi que los defensores pasaran la navidad bajo prisión.
Las irregularidades procesales de este caso solo pueden explicarse por un pacto silencioso entre el poder Ejecutivo, el ministerio público y la empresa Inversiones los Pinares / Ecotek para criminalizar a los opositores del proyecto minero que afectaría a uno de las principales fuentes de agua potable para la región del Aguan.
Desde ACAFREMIN, condenamos la persecución y criminalización contra los defensores del río Guapinol. Este caso es emblemático de un patrón de violencia y violaciones a los derechos humanos de defensores del agua y la tierra perpetradas por los estados de la región en complicidad con empresas extractivas que buscan beneficiarse de la explotación de nuestros bienes comunes a costa de la destrucción de la biodiversidad, las fuentes de agua y la vida de las comunidades.
Como alianza nos unimos as demandas del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, y la comunidad internacional para exigir:
- Que la Corte de Apelaciones de la Ceiba resuelva la libertad inmediata de los 8 defensores del Agua en Caso Guapinol y Sector San Pedro que se encuentran en prisión preventiva de manera arbitraria.
- Que cese la campaña de persecución judicial, amenazas y hostigamiento permanente contra defensores y defensoras de derechos humanos del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, sus organizaciones miembros y familiares de los presos por parte del Estado de Honduras y la empresa Inversiones los Pinares/ECOTEK. Exigimos la Salida Inmediata de la Empresa minera inversiones los pinares y ECOTEK del Municipio de Tocoa Colón.
- En virtud del cabildo abierto que declaro a Tocoa como municipio libre de minería, en noviembre de 2019, exigimos la cancelación inmediata de las concesiones mineras en Tocoa Colón Honduras como una solución al conflicto minero en el municipio.
4 de enero de 2021
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Tras cinco peticiones de revisión de medidas y 15 meses de encarcelamiento injusto para 7 ambientalistas, un juzgado del municipio de Tocoa ordenó una audiencia para los defensores del Río Guapinol.
El Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos en Honduras se refirió a la decisión del Juzgado de Letras Seccional, del municipio de Tocoa, en Colón, en cuanto a la notificación de la audiencia de revisión de medidas para los siete defensores ambientales del Río Guapinol, quienes fueron criminalizados y encarcelados injustamente desde hace 15 meses.
La audiencia se realizará el día viernes 18 de diciembre en Tocoa a las 9 de la mañana. Se tiene previsto que la revisión de medidas para los ambientalistas: Ewer Cedillo Cruz, José Cantarero, José Daniel Márquez, Kelvin Romero Martínez, Porfirio Sorto Cedillo, Orbin Nahúm Hernández, Arnol Alemán y Jeremías Martínez.
El proceso judicial en contra de defensores ambientales está plagado irregularidades y hay preocupación por su bienestar debido a las condiciones de hacinamiento durante la pandemia. En todo el 2020, el equipo defensor solicito en cinco ocasiones la revisión de medidas, pero el sistema judicial se ha negado a brindarle ese derecho a los detenidos, algo que fue criticado por el equipo jurídico, familiares y organizaciones ambientalistas.
“El Juzgado de Tocoa, Colón, a petición nuestra ha señalado una audiencia de revisión de medidas para los defensores de Guapinol”, indicó el abogado Edy Tábora, quien forma parte del equipo de defensa de los ambientalistas.
Los familiares de los detenidos se mostraron complacido con la decisión del Juzgado de Letras Seccional ante la audiencia de revisión de medidas.
“Hemos recibido esta noticia con mucha alegría, nos invade lágrimas, emoción; pero a la vez tristeza de darnos cuenta de cómo este Estado ha tenido a nuestros compañeros por más de 15 meses”, dijo Juana Zuniga, en representación de las familias de los defensores ambientales.
Jeremías Martínez, ambientalista criminalizado y procesado en libertad, enfatizó en la inocencia de todos los defensores del Río Guapinol y criticó el proceso irregular que lleva el sistema judicial en contra de los detenidos.
En el año 2018 la preocupación de 13 comunidades de Tocoa se hizo pública al denunciar impactos nocivos del proyecto minero de la empresa Inversiones los Pinares, como la reducción del agua en sus hogares, la deforestación y la contaminación de ríos como el río Guapinol y el río San Pedro del municipio de Tocoa. El controversial proyecto, propiedad de Lenir Pérez, fue adquirido con irregularidades, amenaza con la contaminación y afectación de las principales fuentes de agua la región del Bajo Aguan. Ante la protesta organizada de las comunidades el gobierno, en complicidad con la empresa, han lanzado una campaña de criminalización contra los defensores del río guapinol.
La Alianza Centroamericana Frente a la Minería presentó este año el informe “Conflicto minero en el Bajo Aguán, zona norte de Honduras”, cuál describe las violaciones de derechos humanos contra defensores ambientales que se oponen al proyecto minero del empresario Lenir Pérez y familia Facussé.
Estado de Honduras ha empleado a sus instituciones legales y represivas, como el Ministerio Público, la Policía y el Ejército, con el propósito de proteger los intereses de la empresa Inversiones los Pinares, según el informe Guapinol Resiste. Además, el derecho a la protesta pacífica y derecho de organización, han sido negados a los defensores del rio Guapinol y en su lugar han sido criminalizados por el estado en beneficio de los derechos empresariales.
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La violencia se intensifica contra guatemaltecos que protegen el medio ambiente. En las últimas dos semanas se han registrado asesinatos, desapariciones y criminalización.
La violencia y criminalización contra los defensores ambientales en Guatemala se ha intensificado. En las últimas horas se han registrado asesinatos, desapariciones y condenas para los protectores del medio ambiente.
Abelardo Quej Ixim, ambientalista y líder comunitario, fue asesinado la noche del domingo seis de diciembre en la zona de la garita que se encuentra en el cruce de la comunidad Nuevo Amanecer Pancoc, en la región de Ribacó. Según medio locales, el activista se encontraba haciendo vigilancia de rutina en el sector y se alejó para hacer sus necesidades fisiológicas. “Fue que escuchamos un disparo y salimos a ver dónde había sucedido y encontramos a nuestro compañero herido en la espalda”, cita.
El sector donde fue asesinado el ambientalista es una zona de alto riesgo para los que protegen el medio ambiente, según la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC).
“La zona es peligrosa para quienes velan por la defensa de la madre tierra, los pobladores q’eqchi’s y poqomchi’s sufren desde hace varios años ataques por parte de compradores ilegales de tierra, madereros, empresarios alemanes y personas relacionadas con el narcotráfico”, cita la nota periodística.
Familiares de las víctimas dijeron que Abelardo Quej Ixim había recibido amenazas de muerte tres días antes del suceso. Además, informaron que el hecho ya fue denunciado antes las autoridades guatemaltecas para que investiguen y den con los responsables del asesinato del ambientalista.
Abelardo Quej Ixim líder comunitario del caserío Nueva Gloria en Purulhá Baja Verapaz Guatemala. El ambientalista ostentaba el cargo de alcalde auxiliar del sector.
Por otra parte, UVOC exigió el esclarecimiento de las desapariciones del activista, Carlos Enrique Coy, quien fue privado de libertad el pasado 3 de agosto. Desde esa fecha, se intensificó los actos de violencia contra campesinos y ambientalista del lugar. Además, criticaron al Estado guatemalteco por anteponer los derechos empresariales antes las necesidades de las comunidades indígenas.
“El Estado hoy en día está para proteger los intereses económicos empresariales de las hidroeléctricas, minerías, cafetales y terrateniente, y en efecto para criminalizar, perseguir y amenazar a las familias campesinas e indígenas, defensores y defensoras de derechos humanos”, dijo UVOC en un comunicado.
Emiten segunda orden de captura contra Bernardo Caal Xol
El pasado 8 de diciembre, el líder comunitario y defensor ambiental, Bernardo Caal Xol, denunció una segunda orden de captura en su contra por el supuesto delito de estafa y robo agravado. La decisión del juez Ricardo Isaías Caal Caal, del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, responde a las acusaciones de la empresa hidroeléctrica OXEC S.A., quien amenaza los ríos de las comunidades del pueblo q’eqchi'.
Desde 2015, Bernardo Caal se opuso al proyecto hidroeléctrico de la empresa OXEC S.A. en el río Cahabón, en Alta Verapaz. La represa hidroeléctrica representaba una amenaza para el río y para las comunidades del pueblo q’eqchi', quienes se abastecen de agua del afluente.
En 2016, el defensor ambiental denunció a la empresa OXEC y al Ministerio de Energía y Minas tras haber permitido la concesión del río de los pueblos sin haber realizado una consulta previa, libre e informada. Tras denunciar a la hidroeléctrica, Caal fue acusado falsamente por empleados de la empresa NETZONE, constructora subcontratada por OXEC, por los delitos de robo, detenciones ilegales e incitar a delinquir. En octubre de 2018, un tribunal sentencio a Bernardo a siete años y cuatro meses de prisión.
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El MINSAL reportó 9,908 personas con insuficiencia renal; muchos de los casos están asociados a las malas prácticas del monocultivo de la caña de azúcar.
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